Por Valeria Mutuberría Lazarini y María Florencia Rodríguez

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra transitando el segundo gobierno de Mauricio Macri (2011-2014), actual jefe de gobierno de la Ciudad. Durante su primer mandato, que se desarrolló en el período 2007-2010, Macri impulsó varias medidas que fomentaron la exclusión. La aplicación de desalojos, la desarticulación de las políticas habitacionales, la subejecución presupuestaria de programas sociales y la no resolución de los problemas vinculados a la educación, fueron algunos de los aspectos que caracterizaron su gestión. No obstante, esta situación persiste en su segundo mandato, puesto que –hasta el momento– ha tendido a profundizar estos lineamientos.
Mauricio Macri ha desarrollado, a lo largo de estos años, un proceso sistemático del uso del veto, en el cual alcanzó a desafectar 107 propuestas de ley –todas ellas vinculadas al fortalecimiento de los Derechos Humanos y sociales– a pesar de contar con la aprobación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esto lleva a preguntarnos, en qué consiste el uso de la herramienta del veto. A muy grandes rasgos, el veto constituye una facultad que tiene el Poder Ejecutivo de observar los proyectos de ley sancionados por la Legislatura. En nuestro régimen actual donde hay un sistema colegislativo (Poder Ejecutivo – Poder Legislativo), el veto es uno de los mecanismos a través de los cuales el Ejecutivo interviene en el proceso de formación de las leyes. Si bien en la etapa constitutiva (la sanción del proyecto de ley) interviene exclusivamente la Legislatura, la norma legal no adquiere existencia sino hasta después de ser aprobada o desaprobada (a través del veto) por el presidente, el jefe de gobierno en este caso.

Actualmente, el Poder Legislativo está representado por 60 legisladores ubicados en 12 bloques políticos, de los cuales el PRO representa el 43% (26 legisladores). Le sigue el FPV con el 13% (ocho legisladores), Proyecto Sur con el 10% (seis legisladores), Buenos Aires para todos 7% (4 legisladores), Nuevo Encuentro, Coalición Cívica y Frente Progresista y Popular representan cada uno el 5% (tres legisladores cada uno), UCR y Bases para la Unión representan el 3% (cada uno dos legisladores) y el MST, PJ – Sindical peronista y Unión Federal el 2% (cada uno un legislador). Esto muestra que en términos absolutos el PRO tiene la mayoría; pero que en términos relativos hay una participación plural de distintas fuerzas. De esta manera, con la utilización del veto el Poder Ejecutivo se garantiza la posibilidad de frenar las decisiones de un grupo más plural y democrático, como es una Legislatura o el Congreso donde las minorías están representadas.

Presentamos las novedades de Marzo 2012. "En clave de emergencia. Economía, política y poder en el mundo: reconfiguraciones" de Ernesto López (ISBN: 978-987-1650-24-8) y "Mariano Moreno y un teatro de operaciones · La gracia de tener" de Manuel Santos Iñurrieta (ISBN: 978-987-1650-25-5).

Guantánamo es una base naval estadounidense implantada en la bahía del mismo nombre, en el sureste del territorio cubano. Junto con las islas Malvinas y la Guayana Francesa, es una de las últimas posesiones coloniales existentes en América.

Por Federico Nacif

A 19 años de la sanción de la Ley de Inversiones Mineras las autoridades nacionales y provinciales, junto a las cámaras empresariales, plantean la necesidad de tener un “debate serio y sin dogmatismos” sobre la explotación de nuestros minerales metalíferos. Sin embargo, dicha invitación adolece de una doble falencia.

En primer lugar, el debate propuesto surge como reacción a los crecientes cuestionamientos de amplios sectores sociales, y es posterior, por lo tanto, al diseño, sanción e implementación de la normativa que conforma el régimen de inversión y explotación minera vigente. En 1993, en el marco de la Ley de Inversiones Extranjeras (sancionada en 1976), se aprobó la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y se suscribió el Acuerdo Federal Minero entre el Estado Nacional y las provincias. De esta forma, el régimen de inversiones actualmente vigente -basado en amplias facilidades arancelarias, desgravación impositiva, estabilidad fiscal por 30 años y limitadas regalías provinciales- fue diseñado y aprobado al margen de un verdadero debate político nacional, con el silencio cómplice de la prensa masiva nacional. En el debate parlamentario de la Ley de Inversiones Mineras, el entonces diputado Castillo (PJ Catamarca) explicó la urgencia del momento: “Pocas veces en el mundo se dan situaciones coyunturales donde hay gran cantidad de capital que busca una inversión; esta es una de ellas. Por lo dicho, solicito que aprobemos rápidamente este proyecto” (pág. 6618).

Los intelectuales, artistas, científicos, profesionales independientes y ciudadanos que suscribimos este documento manifestamos nuestro repudio a los intentos de desestabilización de la democracia ecuatoriana, puestos en marcha por una alianza de fuerzas internas e internacionales, que buscan frenar al proceso de transformaciones emprendido por el pueblo del Ecuador mediante su Revolución Ciudadana.

Desde hace cinco años, el gobierno democrático de Rafael Correa, con el pleno y reiterado respaldo de una amplia mayoría ciudadana, ha efectuado notables transformaciones en la vida social, económica y política del Ecuador, especialmente orientadas a beneficiar a la población pobre, antes marginada y excluida de la atención estatal.

Ante un numeroso grupo de intelectuales -invitados a la Feria del Libro de La Habana-, el líder revolucionario intercambió ideas sobre la actualidad internacional. El Comandante demostró, que su privilegiado cerebro conserva todos los atributos que le dieron justa fama. El objeto de esta mesa es compartir las impresiones de algunos intelectuales que participaron en este nuevo hito en la historia heroica de una Revolución y su Comandante.

Nos complace informar a los lectores que ya se encuentra a su disposición la catalogación completa de la importante colección que hemos recibido en carácter de donación, por parte de Juan Carlos Amigo, director de la revista Realidad Económica, del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).