Minería: un debate para la ley

05/03/2012

Por Federico Nacif

A 19 años de la sanción de la Ley de Inversiones Mineras las autoridades nacionales y provinciales, junto a las cámaras empresariales, plantean la necesidad de tener un “debate serio y sin dogmatismos” sobre la explotación de nuestros minerales metalíferos. Sin embargo, dicha invitación adolece de una doble falencia.

En primer lugar, el debate propuesto surge como reacción a los crecientes cuestionamientos de amplios sectores sociales, y es posterior, por lo tanto, al diseño, sanción e implementación de la normativa que conforma el régimen de inversión y explotación minera vigente. En 1993, en el marco de la Ley de Inversiones Extranjeras (sancionada en 1976), se aprobó la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y se suscribió el Acuerdo Federal Minero entre el Estado Nacional y las provincias. De esta forma, el régimen de inversiones actualmente vigente -basado en amplias facilidades arancelarias, desgravación impositiva, estabilidad fiscal por 30 años y limitadas regalías provinciales- fue diseñado y aprobado al margen de un verdadero debate político nacional, con el silencio cómplice de la prensa masiva nacional. En el debate parlamentario de la Ley de Inversiones Mineras, el entonces diputado Castillo (PJ Catamarca) explicó la urgencia del momento: “Pocas veces en el mundo se dan situaciones coyunturales donde hay gran cantidad de capital que busca una inversión; esta es una de ellas. Por lo dicho, solicito que aprobemos rápidamente este proyecto” (pág. 6618).

En realidad, el “debate” sobre las reformas que las mineras exigían se desarrolló en otros ámbitos, lejos de la participación social que provee a las normas su legitimidad. Según un informe de la Subsecretaría de Minería, a partir de 1994 el Banco Mundial comenzó una serie de “intercambios analíticos” con las autoridades del gobierno de Menem para desarrollar un “plan de reordenamiento” acorde a la “transformación general del sector provocada por la fuerte inversión de empresas extranjeras”. Para ello, se propuso acelerar la desregulación del sector “en forma orgánica y coincidente con el resto de las áreas”, y se recomendó la inmediata implementación del Proyecto de Asistencia Técnica para el Desarrollo del Sector Minero Argentino (PASMA). Luego del traspaso de los recursos naturales a los estados provinciales (art. 124 de la nueva Constitución Nacional), este proyecto funcionó como guía de acción para las reformas que faltaban. Por un lado, el ordenamiento y la unificación de los códigos de minería nacional y provinciales. Por otro, la subordinación de las Evaluaciones Ambientales a las propias secretarías mineras provinciales (Ley Nº 24.585). No se consultó, para ello, a las distintas organizaciones políticas y sociales, pero sí a las instituciones privadas interesadas (la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras), a los organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la ONU, y hasta empresas como Minera Alumbrera, BHP y Barrick Gold (http://www.mineria.sanjuan.gov.ar/pasma/pdf/PASMA-1.pdf).

En segundo lugar, el actual llamado al debate requiere de ciertos presupuestos mínimos para que sea “serio y sin dogmatismos”. Esto es, la disponibilidad de un ámbito común, público y abierto, de contrastación empírica, evidente y accesible, de los axiomas en que se respalda el discurso de la “Minería Sustentable”, más allá de la información técnica producida por las mismas fundaciones vinculadas al sector. El único evento de este tipo fue el Foro Minería y Sociedad organizado por la Universidad Nacional de San Juan en octubre de 2010,  que con valentía y no sin inconvenientes dispuso el Rector Benjamín Kuchen (pueden verse las ponencias en www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar).

Este debate público, urgente y necesario, pero también complejo y extremadamente sensible (y por ello, propenso a que los medios masivos busquen reducirlo a escándalo mediático), requiere para ser llevado en forma seria y responsable de una última condición. La Ley General del Ambiente, que establece los presupuestos mínimos para una gestión sustentable del ambiente, se basa en el principio precautorio: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces”.

Si llegó la hora de debatir en la Argentina sobre el mejor uso y destino de nuestros minerales metalíferos, deben suspenderse los proyectos megamineros en explotación y los que están por inaugurarse. Muchos de ellos, como el binacional Pascua Lama (que pretende comenzar la extracción en 2013) no sólo importan a la problemática ambiental, económica y social, sino también a los debates sobre la propia soberanía nacional.

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