En el marco de la Semana del Acceso Abierto reproducimos un extracto del artículo "Barajar y dar de nuevo: ¿No será hora de apostar a crear una industria editorial científica nacional?" publicado recientemente en la revista El cohete a la luna, por los autores Viviana Martinovich y Hugo Spinelli. Gira en torno a un interrogante innovador: ¿Por qué no apostar a crear una industria editorial científica nacional?

Durante el gobierno de la coalición Cambiemos los recortes en las áreas de ciencia y tecnología dejaron una deuda millonaria en dólares por contratos de acceso a grandes paquetes de revistas científicas que no fueron pagados. El problema que debe afrontar el nuevo gobierno plantea una gran oportunidad de repensar el modelo de publicación y distribución de la producción científica que ha sido hegemónico durante más de medio siglo pero que ha comenzado a debilitarse y tiene grandes chances de reestructurarse a nivel internacional.

Para tener una idea de montos, por este tipo de contratos Argentina pasó de pagar 11,2 millones de dólares en 2009 a 22,5 millones en 2018. Brasil pasó de gastar 71 millones de dólares en 2009 a U$S 103,8 millones de dólares en 2018. ¿Qué se compra con estos contratos? El acceso a bases de datos que contienen resultados de investigaciones financiadas, en un alto porcentaje, con fondos gubernamentales. Pero si las investigaciones las financia el Estado, ¿por qué para acceder a esos contenidos hay que pagar anualmente sumas millonarias a empresas multinacionales? ¿No deberían ser de dominio público? Esta es la discusión que, en las últimas dos décadas, el movimiento de acceso abierto ha puesto en la agenda pública mundial.

Como resultado, más de sesenta instituciones de una docena de países como Estados Unidos, Alemania, Suecia, Canadá, Finlandia, Francia, etcétera, cancelaron contratos similares a los que hoy adeuda la Argentina, en un fenómeno que se dio en llamar “Big Deal cancellations”. Esta cancelación de contratos con las grandes editoriales científicas como Elsevier, Springer Nature o Taylor & Francis no se dio por recortes neoliberales a los presupuestos nacionales destinados a las ciencias, ni por la crisis provocada por el Covid-19, sino por un análisis más político y estratégico del gasto público destinado al proceso de investigación, publicación y distribución de las investigaciones financiadas por el Estado.

Pero la renegociación de la deuda de estos grandes contratos impagos que dejó el gobierno anterior es sólo una de las aristas del tema. Otra es el pago de los article publishing charges (APC), o cargos por el servicio editorial de publicación de un artículo. En las partidas presupuestarias que los países destinan a las áreas de investigación y desarrollo, que llegan a manos de los grupos de investigación a través de becas o convocatorias de proyectos de investigación, hay un porcentaje del monto asignado que los equipos de investigación pueden destinar al pago de servicios de publicación. Ya es conocido que las revistas editadas en países de América Latina, en su mayoría, no cobran cargos por este tipo de servicios editoriales, por lo tanto ¿a quién van destinados esos fondos? Nuevamente a la gran industria editorial científica.

Por lo tanto, el Estado paga los sueldos de los grupos de investigación y financia las investigaciones a través de becas o subsidios, y en vez de que esas investigaciones se publiquen en revistas de acceso abierto para que la sociedad pueda reapropiarse de esos resultados, el Estado paga servicios de publicación y distribución a grandes compañías editoriales que cierran el acceso para comercializarlo. El Estado vuelve a pagar, en este caso los Big Deals, para acceder al mismo producto que ya financió.

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