(Primera parte) INTRODUCCION

En La Argentina, el golpe de estado de 1955 que depuso al gobierno encabezado por Juan Domingo Perón modificó las reglas de juego estatales imponiendo –en el ámbito económico- una política financiera que favoreció la penetración de la gran banca internacional y aceleró un proceso de dominación y control de numerosas empresas de capital nacional por parte de empresas extranjeras. 

Las reformas al sistema financiero impulsadas en 1957 por la auto- proclamada Revolución Libertadora se caracterizaron por: derogar el régimen de “depósitos nacionalizados” instaurado por el gobierno peronista en 1946; disminuir significativamente las prestaciones crediticias de los bancos públicos, particularmente las de los bancos Industrial e Hipotecario; favorecer la penetración de la banca extranjera en el marco de una política que buscaba acelerar la radicación de capitales extranjeros como motor del desarrollo económico argentino e intensificar el control restrictivo sobre la asistencia crediticia a las pequeñas y medianas empresas de capital nacional, que representaban una importante porción de la estructura económica y social de la Argentina (BROOMAN, 1966; ITZCOVICH, 1969; MARTINEZ, 1970; TREBER, 1977; ARNAUDO, 1985 y RAPOPORT, 2000).

En este contexto, en que la capacidad de financiación del sistema bancario era claramente insuficiente, un grupo de dirigentes cooperativos se propuso dinamizar la función de las cooperativas de crédito transformándolas en pequeños “bancos populares” que pudieran financiar la actividad de la pequeña y mediana empresa nacional. Con el objetivo de promover esa transformación fue creado en noviembre de 1958 el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Soc. Coop. Ltda. (IMFC).

La nueva entidad de 2do. grado tuvo una actuación significativa en las modificaciones producidas en el cooperativismo de crédito a partir de finales de la década del ´50 al poner en marcha una dinámica social que produjo un crecimiento exponencial de las instituciones cooperativas, en un proceso que excedió incluso las expectativas originales de sus promotores.

En el significativo papel jugado por el IMFC coinciden quienes estuvieron vinculados de alguna manera a su actividad, los que analizan el tema en investigaciones económicas o trabajos jurídicos y aquellos que fundamentan en esa afirmación la necesidad de prohibir su actividad (KREIMER, 1983, pp. 1-6; GRELA, 1965, p. 17; MIZRAHI, 1976, pp. 26-29 y CEMLA, 1968, pp. 38-40).

Si se observa la cantidad de cooperativas de crédito que se crean a partir de 1959 y se consideran las decenas de testimonios que describen el papel del Instituto Movilizador en las mismas, puede afirmarse que el objetivo fundacional de promover la creación de nuevas entidades se cumplió exitosamente. En diciembre de 1958 existían en la República Argentina 197 cooperativas de crédito, de las cuales 124 operaban en el ámbito del Gran Buenos Aires. Su funcionamiento era cuasi mutual y su operatoria era cerrada, basada en el capital propio y formas inorgánicas de ahorro.

Siete años después funcionaban en el país 974 entidades cooperativas de crédito, las que operaban en más de 300 localidades de 17 provincias y manejaban entre el 9% y el 11% del total de los depósitos del sistema financiero. La operatoria de estas entidades era cuasi bancaria y se basaba en la captación de recursos a través de cuentas a la vista y la existencia de una cámara compensadora nacional de ordenes de pago (SCHUJMAN, 1979, p. 5)

El significativo crecimiento del cooperativismo en un sector tan sensible como el financiero generó la temprana oposición de los bancos nacionales y extranjeros y algunas organizaciones políticas y sociales. Esa presión puso a las cajas de crédito cooperativas en la mira del Estado desde 1962, aunque este tuvo una actitud vacilante que se expresaba en el dictado de una serie de normas restrictivas que eran casi simultáneamente suspendidas, postergadas o derogadas (STRUBBIA, 1968, pp. 26-27 y GORINI, 1999, Entrevista)

Esta actitud se modificó en 1966 al instaurarse la autodenominada Revolución Argentina, lo que dio comienzo a una etapa caracterizada por sucesivos ataques estatales y luchas del movimiento cooperativo de crédito por sobrevivir, dando fin a un ciclo de expansión del cooperativismo de crédito argentino (STRUBBIA, 1968, pp. 19-23; SCHUJMAN, 1979, pp. 7-9 y GLEIZER, 1981, pp. 3-4).

En este contexto, nos proponemos analizar la expansión y transformaciones producidas en el cooperativismo de crédito en la Argentina entre los años 1958 y 1966, tratando de examinar el papel jugado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en la conformación del mismo como un sistema financiero alternativo.

La hipótesis general es que el acelerado crecimiento del cooperativismo de crédito en ese período fue posible porque permitió cubrir las necesidades insatisfechas de servicios financieros –particularmente crediticios- de las pequeñas y medianas empresas, y que en ese contexto el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos fue el principal motor de esa expansión porque pudo articular:

a) La organización de un eficiente sistema de servicios administrativos, financieros y legales que le permitió promover, vincular e integrar la operatoria de las cooperativas de base.

b) La promoción de una concepción del cooperativismo que se percibe como un movimiento económico- social que debe actuar como herramienta para la transformación, en un sentido “progresista”, de la estructura económico- social del país.

c) La creación de un sujeto social que, al asumir su identidad cooperativa como una forma de compromiso socio- político, se encargó de gestionar y administrar colectivamente las entidades preservando la unidad de criterio y construyendo un sentido de pertenencia que incluyó a gran parte de los asociados de las mismas.

Daniel Plotinsky