Nota de Coyuntura: “¡Extra, extra!: el Gobierno de la Ciudad te da descuentos para un jardín privado” - Natalia Stoppani

La falta de vacantes en el nivel inicial en la Ciudad de Buenos Aires es un tema que se arrastra desde hace años. Si bien esto es sabido, lo que sí es propio del gobierno macrista es la profundización del conflicto seguido de la baja sistemática del presupuesto destinado a educación en general y a infraestructura en particular. Y para sumar un dato más: con la tarjeta “Ba con Vos”, los trabajadores dependientes del GCBA tienen la posibilidad de obtener un descuento del 50% en el Milenio III College, jardín de infantes y escuela primaria del barrio de Belgrano.

Para hacer memoria: en el año 2006, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ya reclamaba por la falta de vacantes mediante una acción judicial contra el GCBA (el problema afectaba a 6000 chicos aproximadamente1); en febrero de 2009, el entonces Ministro de Educación porteño Mariano Narodowski y la ex Ministra de Desarrollo Social María Eugenia Vidal fueron multados con 50 pesos diarios por no presentar un plan de obras para satisfacer la necesidad de escuelas para la población demandante; en 2011, se establece un acta compromiso entre ACIJ (como representante legal de diversos denunciantes) con el gobierno de Mauricio Macri por medio del cual se comprometían a cumplir un plan de construcción de escuelas de nivel inicial, entre muchos otros compromisos; en marzo de 2013, la cantidad de niños/as que aún no contaban con la vacante ascendía a 67672; en 2014 un informe realizado por la Multisectorial por la Educación Pública demostró que sobre 387 casos analizados con posterioridad a la inscripción on line 2013, el 60% remitía a faltas de vacantes de nivel incial3; en 2015, diversos medios de comunicación denunciaron junto a los sindicatos la falta de, al menos, cuatro mil vacantes para jardín maternal y jardín de infantes4.

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Este problema, que como se ve tiene historia, se volvió mucho más visible con el sistema de inscripción on line de la Ciudad durante 2013. Es decir, además de ser un sistema que no pudo ni resolver lo que antes se hacía a mano y escuela por escuela, puso sobre la mesa que siguen sin ser suficientes las vacantes existentes. Asimismo, pone de manifiesto que el Gobierno no construye las escuelas que hacen falta y que muchas familias terminan inscribiendo a sus hijos en la escuela privada. Otras formas de responder a este tema por parte del Gobierno de la Ciudad son, por un lado, la creación de los Centros de Primera Infancia (no escuelas) que dependen del Ministerio de Desarrollo Social y, por el otro, la instalación de aulas container supuestamente “provisorias”. No contentos con ello, el presupuesto destinado a infraestructura escolar para el 2015 mostró un descenso de casi nueve puntos respecto al 20085, dejando de manifiesto la falta de voluntad política del gobierno para generar vacantes nuevas y así cumplir con el derecho a la educación de todos los niños y niñas.

Para rematar la gravísima crisis de infraestructura y vacantes que posee nuestra Ciudad, en la web oficial se publica un beneficio educativo que poseen todos los trabajadores del gobierno que tengan la tarjeta “Ba con vos”: el 50% de descuento para acceder a la matrícula anual en una escuela privada. También aparecen descuentos para universidades privadas como la Di Tella, así como hace dos años había beneficios para la UADE. Nos preguntamos quién paga esa “media beca” y cómo es posible que un gobierno que no garantiza el derecho a la educación de miles de niños y niñas en la escuela pública, ofrezca un descuento para una escuela privada ¿No es esto una forma de inducir a la educación privada cuando no hay vacantes en la pública?, ¿Acaso no es una forma más de privatización implícita de la matrícula de la escuela pública?. Cuestionamos si esta medida no implica una malversación del erario público, ya que en lugar de ir destinado para las necesidades de las mayorías, es usado para beneficiar a aquellos pocos que pueden pagar una cuota en una escuela privada. Nos preguntamos a qué modelo de Ciudad responden estas medidas. Y sin duda acá tenemos una respuesta: para una Ciudad gobernada por mercaderes de la educación, que en lugar de responder con derechos a los problemas sociales, lo hace con negocios y servicios.

Observatorio de Políticas Educativas

Natalia Stoppani

1Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-120669-2009-02-27.html

2Ver: http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2013/04/INFORME-Falta-de-Vacantes-2013.pdf

3Ver: http://www.centrocultural.coop/blogs/observatorio/wp-content/uploads/2014/06/multisectorial-por-la-educacion-publica-primer-informe-de-trabajo-octubre-2013-mayo-2014.pdf

4Ver: http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/falta-de-vacantes-en-las-escuelas-portenas-un-problema-que-se-repite-7814.html

5Ver: http://www.centrocultural.coop/blogs/observatorio/2014/10/23/evolucion-del-presupuesto-educativo-en-la-ciudad-de-buenos-aires/

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11289541_885736611508210_4907041057939145857_o1Desde el Observatorio de Políticas Educativas hemos inaugurado en 2014 nuestra página de Facebook, con el objetivo de seguir informando y difundiendo lo que investigamos, producimos y  reflexionamos sobre la educación en la Ciudad de Buenos Aires.

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Agenda: Presentamos “Ciudad Empresa” - 14/5 - 18 hs.

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Evolución del presupuesto educativo en la Ciudad de Buenos Aires.

Evolución del presupuesto educativo en la Ciudad de Buenos Aires

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Nota de coyuntura: “Una declaración en apoyo al macrismo, o de cómo se intenta ocultar la naturaleza política de la educación” - por Analía Peralta

La Academia Nacional de Educación (1) publicó en el mes de octubre de 2014 en su página web una declaración que hiciera en razón de la sanción de la “Unidad de Evaluación de la Equidad y la Calidad Educativa” (2) en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta declaración, la flamante Unidad de Evaluación es señalada como oportuna, acertada y necesaria, en tanto los miembros de la Academia consideran prioritario para el país consolidar una “cultura evaluativa” del sistema educativo en su conjunto.

Ya hemos reflexionado en otras oportunidades sobre las críticas que pueden hacerse a la Unidad de Evaluación y los interrogantes que se abren con su creación (3); por ello, en este caso, nos gustaría detenernos en algunas consideraciones respecto a la declaración citada.

En primer lugar, la afirmación en el escrito de que es necesario “superar ciertas desconfianzas e innecesarias cargas ideológicas y políticas”; como si las resoluciones sobre la evaluación educativa -qué evaluar, cómo evaluar, quién evaluará y con qué fin- estuvieran exentas de intereses y como si estas decisiones fueran tomadas de modo desideologizado y neutral. Al respecto, debemos considerar que las reformas en educación no solamente se tratan de “hacer cosas”, sino que cada una de las medidas que se implementa está cargada de sentidos, es decir, no se trata de construcciones fácticas o naturales, sino políticas e ideológicas, en tanto los significados y los argumentos que las sostienen defienden ciertos intereses.

En segundo lugar, el hecho de que se haga hincapié en la evaluación de “la formación docente inicial y en servicio”. Aquí, la realidad educativa pareciera ser responsabilidad de los y las docentes, omitiendo en esta consideración las condiciones en las que todos los días maestros y profesores desarrollan su tarea: edificios precarios, con falta de material y con condiciones laborales que también se precarizan sistemáticamente. Antes de señalar como responsables protagónicos a los docentes más allá de lo razonable, deberíamos pensar que hay otros factores que son también influyentes. En este contexto, la reflexión debería pasar por pensar que son los y las docentes, en todo caso, quienes en estas condiciones sostienen día a día las trayectorias de los y las estudiantes. Por otro lado, la formación docente en servicio es un reclamo histórico del gremio docente y pocas veces se lograron avances en esta materia. Una vez realizada la formación inicial (la de su profesorado) los docentes deben seguir actualizándose, por ello su formación permanente resulta un factor clave; pero sobre este punto no debemos considerar sólo la cantidad de actividades formativas ocurridas, sino su relevancia, su valor y las contribuciones al aprendizaje del profesorado. Al respecto, debemos recordar  que el cuestionamiento al Gobierno de la Ciudad ha sido en reiteradas oportunidades en relación al vaciamiento de la Escuela de Capacitación Docente - CePA, la cual es la encargada de realizar cursos y postítulos para la formación permanente de maestros y profesores (4).

En tercer lugar, el hecho de que en la declaración, la creación de esta Unidad sea considerada una muestra de madurez política que debería imitarse en lo gremial. Al respecto, cabe mencionar que en el mes de agosto de este año, Mauricio Macri y su ministro de educación Esteban Bullrich mantuvieron un espacio de intercambio con los miembros de la Academia de Educación (5), donde hablaron (entre otras cosas) de los obstáculos que pone el sindicalismo para llevar adelante las reformas que impulsa el oficialismo urbano. En este sentido, debemos decir que tanto las afirmaciones que contiene la declaración como el encuentro que mencionamos, apoyan la idea de los diferentes intereses que atraviesan la educación. Las organizaciones sindicales docentes se oponen a muchas de las reformas macristas no en un afán caprichoso y de oposición sin sentido, sino que lo hacen porque defienden la escuela pública y porque entienden que estas medidas atentan contra las conquistas sindicales que se consiguieron a lo largo de la historia, como fue el caso de las Juntas de Clasificación en 2011 (política que en el mismo encuentro el Jefe de Gobierno se enorgullece de haber logrado y cuya ley aún no fue aplicada).

En cuarto lugar, la declaración afirma que es necesario consolidar una “cultura evaluativa”. Ante esto, vale decir varias cuestiones. Por un lado, estas declaraciones dan a pensar que estos agentes son los primeros que piensan que la evaluación es necesaria, cuando nuestro país tiene históricamente programas y métodos específicos de evaluación de muchos de los actores y políticas. Por otro lado, pareciera ser que la evaluación es algo que falta, cuando en realidad se desconoce lo ya realizado, aún en el propio ámbito de la Ciudad. Y aquí vale aclarar que fue toda una disputa política el hecho de incluir en esta ley a los trabajadores pre existentes que se ocupaban de la evaluación en el propio Ministerio porteño, como si la evaluación nunca hubiese sido tarea de nadie. Finalmente, agregamos sobre esta afirmación que el hecho de considerar la necesidad de consolidación de una “cultura evaluativa” posiciona a la evaluación como un todo homogéneo. No negamos la importancia de la evaluación; ésta debe permear todas las artistas y actores de “lo educativo”, pero de ninguna manera las cosas empiezan con el gobierno de turno, sino que, en muchos casos, hay historia y personas que pensaron esos asuntos y tienen voz para transmitirlas y mejorarlas.

En esta declaración, la Academia Nacional de Educación sienta posición. Una posición antagónica con la que sostenemos nosotros, pues sabemos que los temas fundamentales de la educación -el qué, el cómo y el para qué- son cuestiones que no tienen una única respuesta, y por ello afirmamos eso que el oficialismo y sus intelectuales orgánicos intentan ocultar: la educación es política. Y podemos decirlo porque sabemos que entre la multiplicidad de respuestas que puede darse a esos debates que deben cobrar protagonismo en la escena educativa encontramos: aquella que empobrece la educación pública, reduciendo año tras año el presupuesto del área y aquella que piensa en fortalecer las instituciones y a sus docentes, principales artífices del acto educativo y quienes deben tener poder de decisión sobre lo pedagógico; aquella que extranjeriza los contenidos a través de la implementación de pruebas internacionales de las cuales se desprende lo que se va a enseñar y aquella que piensa en un sistema educativo que atienda nuestra realidad, nuestra historia y que recupere las tradiciones pedagógicas emancipadoras de Nuestra América para pensar la educación que queremos; aquella que pone en marcha una vez más un sistema de inscripción on-line lleno de falencias que no permite (como ellos afirman) que la inscripción se haga más fácil, sino que da como consecuencia la migración a escuelas privadas que son calificadas como las que “funcionan” (tales los dichos del Jefe de Gobierno) y aquella que valoriza la actividad que se desarrolla en las escuelas públicas, esas que son de todos, que no discriminan por la posibilidad de pagar un arancel y donde entendemos es el único lugar donde se construye lo común, haciendo lugar a lo diverso y donde sabemos está el germen para construir una sociedad más justa y cada vez más democrática. Por último, está la respuesta que deslegitima la tarea que llevan adelante muchos maestros y profesores en las escuelas públicas, y aquella que la valoriza (6), pues sabe que a pesar de las regulaciones políticas que pesan sobre los docentes, son ellos quienes intentan día tras día hacer de la escuela un lugar habitable, donde se construyan trayectorias significativas que permitan a nuestros estudiantes conformarse como ciudadanos críticos, capaces de entender la realidad y que les permita imaginar realidades distintas, y que en el mismo proceso, el acto pedagógico, los nutra en la capacidad de crearla y transformarla y no los deje sujetos a ser individuos empleables para el mercado, aquel futuro prefijado que les tiene destinado el neoliberalismo.

El apoyo brindado por los miembros de la Academia Nacional de Educación a la creación de la Unidad de Evaluación no nos asombra; sabemos que allí se nuclean los sectores más conservadores de la intelectualidad educativa: la membresía a ella de Abel Posse -ministro de Educación del macrismo que debió renunciar a 12 días de comenzada su gestión dada la resistencia de la comunidad educativa por sus escandalosas declaraciones haciendo apología de la última dictadura militar, de la cual, además fue funcionario- es un ejemplo, la declaración a la que hacemos referencia, otra, pues ella invisibiliza los argumentos que sostienen su crítica, naturalizando cuestiones que son de índole política. Esta declaración, al contrario, nos fortalece en la idea de que es necesario construir una alternativa pedagógica para la Ciudad, para que el derecho a la educación no siga siendo sólo una declaración de buenas intenciones, sino el horizonte que nos mueva para seguir en la batalla cultural tan necesaria para conformar una escuela para todos y para todas.

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(1) Creada en 1984,  se presenta en su página web como un ámbito de reflexión sobre los problemas de la educación del país con el objetivo de apoyar los avances que favorezcan el avance de la democracia y la justicia social.

(2) http://www.acaedu.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=650:declaracion-respecto-de-la-creacion-de-la-unidad-de-evaluacion-de-la-calidad-y-equidad-educativa-en-caba&catid=62:novedades&Itemid=154

(3) Nota de Coyuntura del Observatorio de Políticas Educativas: “La Ciudad ya tiene ley de evaluación: el faro macrista”. http://www.centrocultural.coop/blogs/observatorio/2014/08/25/nota-de-coyuntura-la-ciudad-ya-tiene-ley-de-evaluacion-el-faro-macrista-natalia-stoppani/

(4) http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-252759-2014-08-12.html; http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-144154-2010-04-19.html

(5) http://www.youtube.com/watch?v=DXrzC3uPoYM#t=1942

(6) Muestra de ello fueron los Encuentros “Hacia una pedagogía emancipadora” que se desarrollaron en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini en 2013 y 2014.

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Nota de coyuntura: “La Ciudad ya tiene ley de evaluación: el faro macrista - Natalia Stoppani

En la sesión de la Legislatura porteña del jueves 21 de Agosto se aprobó la “Ley de la evaluación integral del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con los votos de todo el macrismo, parte del bloque UNEN y las legisladoras del bloque de Confianza Pública, liderado por Graciela Ocaña.

La ley aprobada es el resultado de un proyecto inicial presentado por el Jefe de Gobierno, Expediente N° 805-J-2013, el cual no pudo ser aprobado a fin del año pasado, puesto que el oficialismo no logró juntar los votos necesarios para ello. Este año, se presentaron otros tres proyectos, además de otro ya existente en el 2013 de autoría de los legisladores del FPV y de NE que entonces tenían mandato legislativo. El bloque de UNEN, el interbloque kichnerista junto a Seamos Libres y el bloque del MST que tiene como legislador a Alejandro Bordart fueron los autores de los tres proyectos que ingresaron este año. El debate sobre los proyectos en danza fue desarrollado en la comisión de asesores de educación de la Legislatura, los cuáles estaban condicionados por algo central: el proyecto cabecera era el macrista, nunca se planteó un debate serio con la comunidad educativa involucrada en la ley y siempre existió la sospecha de que el macrismo ya tenía los votos contados para el desenlace que finalmente ocurrió. El derrotero del “debate” legislativo y los tejes de la política concluyó el jueves pasado con la aprobación de un proyecto que se enuncia como “consensuado”, pero que fue cerrado a espaldas de la comunidad educativa .

El “Instituto de Evaluación de la Equidad y Calidad Educativa” que se quería aprobar en 2013 se transformó en la “Unidad de Evaluación de la Equidad y la Calidad Educativa”. El cambio de nombre puede no reflejar una concepción distinta de evaluación que la que viene manejando el macrismo en sus políticas en general, tema ya planteado en otras notas[1]. Por ello, más allá de aquel cambio de nombre, lo que nos sigue interpelando de lo sancionado son preguntas como las siguientes: ¿Cuál es la necesidad de crear una unidad específica cuando ya hay una Dirección jerarquizada a ese rango hace a penas dos años?, ¿Por qué es necesario un ente específico cuando ya había personal generando indicadores y evaluaciones?, ¿Acaso lo que había no funcionaba como se esperaba?, ¿Será que el macrismo quiere implantar una noción de evaluación que está sustentada en visiones tecnocráticas?.

Para intentar aproximar respuestas a estas preguntas, es fundamental pensar que se trata de una ley enmarcada en una política educativa signada por el aumento respecto al financiamiento al sector privado de la educación, por la disminución del presupuesto destinado al mantenimiento edilicio de las escuelas y de una baja considerable del presupuesto educativo año tras año. En ese sentido, esta ley no sorprende, sino que agrega un eslabón más al camino de un gobierno que, desde que asumió, viene disminuyendo el presupuesto destinado a gasto social (respecto al presupuesto general de año tras año y aún contemplando los datos de la inflación promedio anual) y aumentando el utilizado en publicidad y deuda porteña. La ley sancionada genera incertidumbres respecto al para qué de la evaluación de la educación en general para un gobierno cuyo discurso viene apoyando las evaluaciones estandarizadas, los rankings internacionales, la competencia entre escuelas y el apego a modelos educativos que nada tienen que ver con nuestra realidad local. Y aquí hubo políticas concretas que materalizan estos discursos: el implante de las “escuelas de innovación” siguiendo el caso de Finlandia; el “Boletín tu escuela”, conjunto de datos por escuela y por comuna que al ser lanzado por el Ministro Bullrich, este afirmó que quienes estén mejor ubicados con los datos del boletín, podrían recibir una biblioteca escolar o un viaje de egresados; la adhesión a las evaluaciones PISA y peor aún, la creación de una Pisa porteña; la importación del Bachillerato Internacional para tener escuelas que puedan insertarse en el mundo global a través del idioma.

Por otro lado, es preciso analizar algunas cuestiones puntuales del la ley sancionada para marcar las notas más distintivas que hacen a la caracterización esbozada en los párrafos precedentes. Por empezar y como rasgo más sobresaliente, la ley crea una unidad definida como “descentralizada” que recibirá un fondo asignado por el presupuesto general de todos los años más “las herencias, legados y donaciones y otros conceptos que reciba conforme a la normativa vigente que rige en la Ciudad de Buenos Aires”. Este ente descentralizado es una de las formas organizativas que la administración pública admite según la Ley 70 y su presupuesto se define en el presupuesto general que año tras año se vota. Sin embargo, sorprende que además de ello se permitan esos “otros conceptos”, ya que nos preguntamos qué son esos fondos y de dónde provendrían, sino son de lo votado por las fuerzas políticas en el ámbito que corresponde: la Legislatura. Asimismo, el mundo de lo educativo en general es mirado por organizaciones internacionales de crédito, fundaciones y empresas que suelen colocar dinero en pos de “la calidad educativa” y, muchas veces, suelen condicionar en forma indirecta la propia política educativa local.

Por otro lado, la Unidad tendría un Director Ejecutivo, un Comité Consultivo y un Comité Científico Académico. El Director, además de presidir el Comité Consultivo, es designado por el Poder Ejecutivo, con un jurado propuesto por el propio Poder Ejecutivo. Será el propio Director Ejecutivo el que a su vez designe al Presidente del Comité Científico Académico, comité que tiene como tarea “…velar por la calidad de los proyectos y programas desarrollados por la Unidad. Podrán elevar al Consejo Consultivo y al Director propuestas que tengan por finalidad contribuir con la misión de la Unidad” (Artículo 21). Por otro lado, el Consejo Consultivo estará formado por 11 miembros, de los cuáles 6 serían representantes del oficialismo o funcionarios: el Director Ejecutivo lo designa el PE; el Presidente del Académico lo designa el Director Ejecutivo; de las tres fuerzas principales de  la Legislatura, lo más probable es que una sea la del color político del Ejecutivo y, por ende, otro representante oficialista sea parte de este consejo; los dos representantes del Ministerio son funcionarios del oficialismo; y el Consejo de Educación de Gestión Privada puede designar para el Consejo, al representante del Ministerio que lo integra. Sea este gobierno o el que le suceda, el oficialismo siempre tendrá el control y podrá decidir todo, aún con el resto de los miembros en contra. Desde ya que el gobierno tiene la prerrogativa de tomar decisiones y es claro que quien tiene el poder desarrolla tiene el derecho de legislar para que su mirada general termine primando. Lo que es polémico de esta composición es: que no se incluye la posibilidad de que haya consultas permanentes con otros actores de la comunidad educativa (que son los directamente interpelados con las decisiones que se tomen allí); que no queda claro cuáles son los resguardos que se prevén para garantizar el  derecho a la educación (cómo se tomarán las decisiones, cómo funcionará el Consejo, qué criterios se contemplarán para las políticas de evaluación ) y que posee funciones más resolutivas que consultivas. En este sentido, si se crea un organismo que tiene a su cargo prácticamente todas las funciones de la unidad y encima está compuesto por mayoría de funcionarios oficialistas, entonces no se garantiza que las resoluciones contemplen a los otros actores. Otro dato para agregar es que en ningún lugar se especifica cómo se resolverá qué representante de los supervisores debe integrar el Consejo. Finalmente, podríamos decir que el peso de la norma radica en las funciones que tiene este Consejo y, por ende, la Unidad y es aquí donde nos volvemos a preguntar acerca de los motivos de generar una nueva estructura político administrativa para velar por la evaluación de todo el sistema educativo.

Finalmente y para ir cerrando los puntos nodales de esta ley, preocupa y mucho las definiciones conceptuales que la ley encierra, si tomamos en cuenta las definiciones políticas que el macrismo viene adoptando hace tiempo. En el artículo 5°, la ley afirma que “la equidad es el principio que guía las acciones de todos los actores involucrados en el sistema educativo, el cual busca igualar las oportunidades de desarrollo de los alumnos y alumnas, independientemente de su origen social, género o de la conformación de su hogar.

Por consiguiente, garantiza a todos igualdad de acceso, permanencia, trato, aprendizaje y egreso a una educación de calidad.” La idea de “igualdad de oportunidades” supone la imagen de una posta de carrera, en la que lo importante es que todos lleguen al momento de la salida. Es decir, remite a garantizar que todas las personas tengan las mismas posibilidades u oportunidades de acceder, en este caso, al sistema educativo. Sin embargo, la idea de la educación como derecho humano supone que todos tienen derecho a la educación[2] y no hay ninguna barrera (social, económica, cultural) que pueda condicionarlo.

Por otro lado, el macrismo modificó no sólo la definición de calidad sino de evaluación respecto al proyecto original del 2013, ya que los primeros artículos de la ley sancionada usan frases como: “evaluación integral”, “derecho social a la educación”, “la evaluación como proceso continuo y formativo”, entre otras. Sin embargo y de nuevo, remitiéndonos a la política general, trae sospecha definiciones que a priori se presentan como “progresistas” y que conllevan una política competitiva y estandarizada como la que hasta ahora desarrolló.  Si uno observa, por tomar sólo un ejemplo de evaluaciones usadas por el macrismo, lo que sucede con el Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana  (ICCS)[3], puede notar que es una evaluación estandarizada y descontextualizada. También si pensamos en los indicadores que generados con el aval de la actual Dirección de Evaluación, también notamos que son, por lo menos, alarmantes: el Indice de Equidad y Calidad Educativa creado por el macrismo muestra en un mapa cuáles son las comunas con índices bajos de “calidad”[4]. Son este tipo de estudios los que marcan, por un lado, la asociación directa que pretenden difundir entre evaluación y mejora de los aprendizajes y, por el otro, la competencia que subyace a la generación y exposición de datos (cuando ni siquiera se explica cómo se definen esos datos).

Lo que hace reflexionar es que el macrismo se apropie de palabras y argumentos de quienes afirmamos que la evaluación es un proceso inherente a todo acto educativo. ¿Será que esto es una estrategia de las “nuevas derechas” para convencer al electorado?. Mucho para pensar y para mirar sobre las repercusiones político prácticas de leyes como la sancionada. ¿Cuáles serán las consecuencias de estas medidas? El tiempo dirá, pero ya tenemos muchos indicios de que las posiciones políticas no cambian en forma amanecida, sino que en todo caso, es políticamente correcto afirmar ciertas nociones a pesar de que la política concreta sea perfectamente antagónica.

Natalia Stoppani

Observatorio de Políticas Educativas


[1] Sugerimos ver “La Ciudad Empresa: espacios, ciudadanos y derechos  bajo la lógica de mercado“, de autoría colectiva y editado por Ediciones del CCC, año 2013.

[2] Cuando hablamos del derecho a la educación remitimos, entre otras cosas, a la idea de ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo.

[3] Para más información, ver: https://equidadycalidadeducativa.buenosaires.gob.ar/archivos/evaluaciones/iccs/marco.pdf

[4] Para más información, ver: https://equidadycalidadeducativa.buenosaires.gob.ar/indicadores/

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Primer Informe de Trabajo de la Multisectorial por la Educación Pública

Compartimos el Primer Informe de Trabajo (Octubre 2013- Mayo 2014) de la Multisectorial por la Educación Pública respecto de la situación de la falta de vacantes en la actualidad tras el fracaso de la inscripción online  en la Ciudad de Buenos Aires.

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Nota de coyuntura: “Las aulas container son de derecha.” - Analía Peralta

aulas-container-21Todos debemos recordar cuando en Diciembre del año pasado, el novedoso sistema de inscripción on line mostró la desatención del Gobierno de la Ciudad respecto a la construcción de escuelas públicas en todos los niveles del sistema y la resistencia despertada en la comunidad educativa ante el anuncio y posterior instalación de contenedores a modo de aulas1. Con las aguas más calmas, aunque no con el problema solucionado, el pasado 22 de Abril, el diario La Nación publicó un escrito de opinión sobre este tema2. En un nuevo intento por mostrar que las políticas que se desarrollan son neutrales, se realiza una defensa de esta medida enunciando que el problema es de tipo “técnico” y no “ideológico” y que, si bien es considerada “mala”, la instalación de contenedores como aulas apunta a solucionar un tema “urgente”: el crecimiento de la demanda de escuela pública en la Ciudad. Utilizando argumentos que van desde comparaciones con otros países donde este tipo de aulas también fueron instaladas (y que se defienden como “sistemas educativos valiosos”), hasta la descalificación de quienes estaban en contra como seres irracionales, apasionados e ineptos para la comprensión de los problemas (y la autora posicionándose como la persona informada que puede pensar claramente y aportar la palabra verdadera y desideologizada a los asuntos), la nota resulta una apología de la política macrista en general y de los contenedores en particular, en pleno proceso de posicionamientos para medir candidatos presidenciables.

La nota comienza con una pregunta como título: “Las aulas container ¿son de derecha?”. Nosotros decimos enfáticamente “Sí”, y argumentamos: no coincidimos con la “solución de emergencia y temporal” que sostiene la autora ni con la hipótesis de que el único “error” de la gestión fue que no pudo prever el crecimiento de la demanda, situación por la que culpabiliza a quienes viviendo en la Provincia de Buenos Aires quieren estudiar en la Ciudad (como si la Constitución porteña no zanjara esta cuestión afirmando que todas las personas tienen los mismos derechos en la Ciudad, independientemente de su lugar de residencia). Bien sabemos que la falta de vacantes es un problema viejo sobre el que no puede alegar desconocimiento el macrismo. Por ello, las aulas container no son soluciones de urgencia, son una medida más para desvalorizar la escuela pública y hacer, de modo subrepticio, que quienes puedan pagar una cuota en una escuela privada opten por hacerlo. Los problemas que estas aulas container traen no son negados en la nota, sino que se reconoce que éstas son ruidosas, húmedas, calurosas en verano, frías en invierno ¿quién querría que sus hijos e hijas estudien allí?

Tampoco nada nos hace pensar que sean medidas temporales, como también se destaca en la nota. En Canadá, uno de los sistemas educativos que se cita como “modelo”, estas aulas (que en todas las latitudes se instalan en los patios, es decir, reduciendo el espacio para la actividad física y la recreación) son utilizadas hace varios años e incluso, tal como afirma la autora, se multiplican.

Un dato interesante que nos sirve para argumentar por qué sostenemos que la desatención de lo público se hace carne en esta gestión es que en Argentina contamos con una Ley Nacional de Educación del año 2006 que establece la obligatoriedad desde la sala de 5 años hasta la finalización de la escuela secundaria. Esta ley también establece que la sala de 4 años debe universalizarse, es decir, desde hace 8 años deberían haberse tomado las medidas necesarias para incrementar la oferta de instituciones. Otro dato es que la Ciudad de Buenos Aires tiene una Ley de obligatoriedad de la secundaria que data del 2002 (Ley 898/2002), 4 años antes de la sanción de la Ley Nacional. 12 años ya de su entrada en vigencia: todos y todas deberían estar en la escuela. El macrismo, en sus más de 7 años de gestión, no ha sabido responder a esta necesidad que distintas organizaciones vienen denunciando, incluso diferenciando que la zona más afectada por la falta de instituciones es la zona Sur, donde proliferan las escuelas privadas. Lo saben las organizaciones, lo debe saber el oficialismo porteño. Claramente no se trata de un problema nuevo.  instalaciones-precarias-no1

Las aulas container, lejos de ser una solución, son un problema grave: el martes 20 de mayo el juez Roberto Gallardo decidió la clausura de los módulos instalados en el “Lengüitas” del barrio de Palermo debido a que el ex rector de la institución sufrió 2 descargas eléctricas al ingresar a esos espacios donde todos los días niños y niñas pasan su jornada escolar. Es el mismo juez que en febrero había prohibido la instalación de estas aulas en la institución por considerarlas riesgosas. Sin embargo, haciendo caso omiso a la disposición judicial, las aulas fueron instaladas.

A casi 3 meses de iniciado el ciclo lectivo, el problema que vienen a “solucionar” las aulas container –la falta de vacantes- parece haber perdido intensidad. Sin embargo, una importante cantidad de familias sigue esperando un lugar en la escuela pública y muchas son las organizaciones que continúan preocupadas por la vulneración del derecho a la educación. Con el problema generado por la inscripción on line, tampoco se tienen a la fecha datos concretos de cuántos niños y niñas continúan sin conseguir vacante porque el Ministerio de Educación de la Ciudad no brinda esta información, incluso con un pedido de la justicia mediante.

Entonces, volvemos a decir: “Sí, las aulas container son de derecha”. ¿Por qué? Porque entendemos que el macrismo encarna los valores del neoliberalismo, porque sabemos que la multiplicidad de medidas adoptadas durante su gestión apuntan a desvalorizar el espacio de lo público en general y de la escuela pública en particular, porque instala con cada política que despliega y con cada discurso que emite la idea de que la escuela privada es mejor y reserva el espacio público (que no pierde oportunidad para precarizar y vaciar) para los sectores más vulnerables. El correlato es que la matrícula de las instituciones particulares crece día a día, y mientras las escuelas públicas tienen problemas de infraestructura y de falta de instituciones (por mencionar sólo algunos), el presupuesto para el área de educación privada crece año tras año en el presupuesto porteño3. aulas-container1

Son de derecha porque no se plantean como una solución a corto plazo y para pasar esta supuesta “ineficacia” en la gestión educativa terminan siendo “la solución”. También porque no alcanza con el reconocimiento del error, como el Ministro cree hacerlo en diversas aclaraciones cuando habla sobre el tema, sino que se necesitan respuestas concretas y dignas para toda la comunidad. Y son de derecha porque lo que subyace es una mirada de la educación como una cuestión individual: te anotas por internet, si tuviste problemas le reclamás a la web o al 147, si no tenés la vacante quizás es porque te equivocaste en la inscripción (y no porque el sistema nunca captó las cinco opciones que elegiste) y la culpa de no tenerla es tuya porque vivís en otro distrito. Son de derecha, entonces, porque a meses del inicio del ciclo lectivo el Gobierno de la Ciudad deja en vilo a miles de familias y les genera problemas en vez de garantizar derechos. Apañado por los medios hegemónicos que omiten en sus ediciones diarias muchos de los conflictos que se suscitan alrededor del asunto, mañana amaneceremos con otra novedad y la gravedad de lo que nos alarmaba hace unos meses pasa desapercibida.

Y lo pensamos en términos ideológicos porque esa es la forma de pensar y entender la educación. El macrismo no peca de ingenuo ni de incapaz a la hora de elaborar sus medidas, sino que responde a intereses bien concretos: abre la puerta de bienvenida al mercado día tras día a través de convenios con empresas y ONGs que responden a intereses empresariales, subsume lo pedagógico a las necesidades de las corporaciones, despliega la pedagogía del autoritarismo4 sin consultar y sin permitir la participación de la comunidad educativa, y por último y esencial, niega el derecho a la educación a miles de niños, niñas y adolescentes. Un derecho que hoy es tan universal como sistemáticamente vulnerado en nuestra Ciudad.

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1http://www.centrocultural.coop/blogs/observatorio/#InscripcionOnline http://www.centrocultural.coop/blogs/observatorio/#AulasContainer

2 http://www.lanacion.com.ar/1683081-las-aulas-container-son-de-derecha

3 http://www.centrocultural.coop/blogs/observatorio/2013/12/26/nota-de-coyuntura-%C2%BFcomo-termina-el-ano-educativo-en-la-ciudad-de-buenos-aires/

4 http://www.infonews.com/2013/10/23/sociedad-104696-pedagogia-del-autoritarismo.php

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Informe: Así arrancamos el 2014 en la Ciudad

A fines de 2013 repasamos el agitado año que se había desplegado en la Ciudad de Buenos Aires respecto a la educación1. Lejos de haberse solucionado algo de lo que denunciamos en aquel momento, el comienzo de 2014 nos muestra que éste será también un año de arduas batallas que deberemos librar en defensa de nuestra escuela. Así vemos cómo algunos temas se reactualizan y otros nuevos se colocan en agenda.

He aquí un análisis de los problemas más resonados en política educativa con los que comenzamos 2014.

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1 http://www.centrocultural.coop/blogs/observatorio/2013/12/26/nota-de-coyuntura-%C2%BFcomo-termina-el-ano-educativo-en-la-ciudad-de-buenos-aires/

[Haciendo Click en los títulos podrá acceder a los apartados completos]

Paritaria Docente

Breve resumen acerca de las negociaciones por el salario docente en el país y la Ciudad de Buenos Aires.

A principio de año comenzaron las negociaciones entre el Gobierno Nacional y los gremios docentes de todo el país para acordar el monto del aumento salarial. Luego de varias instancias de debate, en las cuales no se llegó a un acuerdo entre las partes, los docentes de 19 provincias resolvieron tomar medidas de fuerza realizando un paro los días 5 y 6 de marzo. Paralelo a las reuniones con el Gobierno Nacional, el Gobierno Porteño y los gremios acordaron un aumento salarial del 44%, aunque adhiriendo a las medidas de fuerza de los docentes de todo el país en el marco del reclamo por la falta de vacantes y las aulas container.

Inscripción online

En el mes de noviembre de 2013 el Gobierno de la Ciudad puso en marcha un nuevo sistema de inscripción online para las escuelas públicas de la Ciudad que, lejos de cumplir con las promesas de agilidad y transparencia en la asignación de vacantes, trajo aparejado numerosos problemas que al día de hoy el Ministerio de Educación de la Ciudad no resuelve, haciendo caso omiso a su responsabilidad constitucional de garantizar la escolaridad de todos los niños, niñas y adolescentes.

En este apartado se presentan los conflictos desatados en torno a este tema y las premisas que sostiene el macrismo para sostener un sistema tan novedoso como problemático.

Aulas Container

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires instaló 33 aulas container (y otros 8 equipamientos modulares que funcionan como baños, cocinas, comedores y áreas de gobierno) para cubrir la falta de vacantes tras la implementación del sistema de inscripción online, destinando $26.000.00 a la adquisición y puesta en funcionamiento de estos módulos. El 90% de estos contenedores fueron instalados en la zona sur de la Ciudad y en algunos casos donde debería haber escuelas construidas.

En este apartado se analizarán los argumentos del macrismo en defensa de esta medida, a la vez que el rechazo que generó de parte de la comunidad educativa.

Las voces del PRO frente al confilcto: sesión del miércoles 5 de Marzo de 2014

El miércoles 5 de marzo pasado se convocó a una sesión extraordinaria en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar diversos proyectos vinculados a la inscripción online, las aulas container y los conflictos desatados en torno a ello. El objetivo, a su vez, era poder interpelar al Ministro de Educación Esteban Bullrich, cuestión que finalmente no ocurrió. El discurso de la transparencia en la gestión macrista y la voz oficial encarnada en algunos de sus líderes en la Legislatura serán analizados en este apartado.

Oídos sordos a las demandas educativas y aspiraciones presidenciales. El discurso de Mauricio Macri en la apertura de las sesiones legislativas de la Ciudad

En la apertura de las sesiones legislativas el 28 de febrero, el Jefe de Gobierno porteño, anticipó la agenda de gobierno 2014 en materia de política educativa. Haciendo caso omiso a los reclamos y lejos de brindar respuesta a las problemáticas más urgentes, buscó posicionarse como candidato presidencial en 2015. Señaló que la educación es una prioridad absoluta y pidió calidad educativa. Defendió la inscripción online y la política de obras escolares. En este aparatado nos proponemos reflexionar sobre su discurso en relación a la situación educativa de la Ciudad.

Paritaria Docente

La paritaria docente fue uno de los temas que convulsionó a la comunidad educativa. El 21 de febrero distintos gremios (Ctera, SADOP, UDA, CEA) se reunieron con el Jefe de Gabinete de la Nación Jorge Capitanich y el Ministro de Educación Alberto Sileoni para negociar el piso salarial de los docentes de todo el país.

Si bien todos los sindicatos acordaron no aceptar un aumento menor al 30%, existieron diferentes posicionamientos en cuanto a los montos pedidos. La Ctera pidió un aumento del 35%, lo cual subiría el salario actual de un docente de jornada simple y sin antigüedad de $3.416 a $4.860, que debería ser otorgado en el primer semestre del corriente año y además contar con una cláusula de monitoreo por inflación. Los sindicatos SADOP, UDA, CEA y Ademys pidieron un aumento del 61% que elevaría el salario a $5.500.

La oferta del Gobierno Nacional en esta primera reunión fue un aumento del 22%, lo cual llevaría el salario a $4.167, dividido en tres cuotas: una de 12% en marzo y dos de 5% en agosto y noviembre. Por presentismo se pagarían $1.000 en junio y otros $1.000 en diciembre, lo que resulta en $4.333 mensuales. Los sindicatos rechazaron la oferta por considerarla insuficiente y así pasaron a un intermedio.

Durante las negociaciones, el Jefe de Gabinete manifestó la voluntad del Gobierno Nacional de continuar el diálogo con el gremio docente; aunque en caso de que no se llegase a un acuerdo se anunció que el aumento saldría por decreto. En este agitado clima, los sindicatos docentes comenzaron a planificar medidas de fuerza. Ctera anunció un paro de 48 horas para el 5 y 6 de marzo, que postergó el inicio de las clases en 19 provincias, incluso algunas de aquellas que ya habían negociado con sus gobiernos provinciales (Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Pampa).

Al calor de estos conflictos, el Gobierno Nacional hizo una nueva propuesta: un aumento del 31%, en cuatro etapas hasta junio de 2015. Se mantendría el 22% para este año en tres cuotas (12% en marzo, 5% en agosto y 5% en noviembre), más un 9% en marzo del año próximo. Además, se incluirían tres cuotas de $1000 en concepto de presentismo, en junio y diciembre de este año y en junio de 2015. Nuevamente, los sindicatos rechazaron la oferta del gobierno por tratarse, según palabras de algunos de sus representantes, de una propuesta igual a la anterior, pero con un 9% que no sería percibido este año. También hicieron hincapié en que la propuesta realizada por el Gobierno Nacional no alcanzaba para resarcir la inflación de 2013.

Paralelo a las tratativas con el Gobierno Nacional, los docentes porteños comenzaron la negociación con el Gobierno de la Ciudad. La primera propuesta del equipo de Mauricio Macri fue un aumento salarial del 25% sobre el salario inicial de $4.200 que se otorgaría en dos tramos durante marzo y agosto y llevaría el salario a $5.400. Esta propuesta fue rechazada por los sindicatos, quienes manifestaron que no aceptarían un aumento menor al 30%, como se había acordado en las provincias de Córdoba y Santa Fe.

En la última reunión, el Gobierno porteño ofreció un incremento del 44% para el salario inicial que lo elevaría a $5.150 en marzo y $6.150 en agosto, mientras que para el resto de los niveles un 31% de aumento al básico en dos pagos, un 20% en marzo y un 11% en agosto, para cobrar en septiembre. Se podría afirmar que esta última oferta fue “aceptada”, pero que, en tanto los plazos para percibir el aumento eran demasiado extensos y que el acta elaborada por el Gobierno de la Ciudad no contemplaba la problemática de la inscripción online y la falta de vacantes, los docentes convocarían a un paro para el 5 y 6 de marzo junto a otras medidas de fuerza (como movilizaciones al Ministerio de Educación y a la Legislatura Porteña) y no firmarían el “acta acuerdo”. Vale agregar que el paro del 5 y 6 de Marzo en la Ciudad tenía como argumento también, en el caso de la UTE, el paro nacional convocado por la CTERA.

Por lo dicho, es pertinente destacar que las medidas de fuerza tomadas por los sindicatos porteños no llegan a comprenderse del todo si tomamos las discusiones acerca del salario como un elemento aislado de las condiciones de trabajo de los docentes y el resto de la comunidad educativa. En este sentido, es importante no perder de vista aquellos conflictos que persisten y contribuyen a perjudicar la escuela pública, por los cuales padres y docentes alzan su voz: la cantidad de niños y niñas sin vacantes que debieron migrar a colegios privados o empezar las clases en un colegio que no era la primera elección de sus padres, la implementación de aulas container en las escuelas de la CABA como respuesta a la falta de espacios reales para la escolarización, el discurso de la gestión de la Ciudad que hace referencia a la educación como un asunto prioritario para el Estado cuando en los hechos se empeña en construir una educación estatal para pobres, dejando al sector privado como una opción forzada para el resto de la comunidad.

Inscripción online

Bajo el argumento de transparentar el sistema de ingreso a las escuelas, en noviembre del año pasado el Gobierno de la Ciudad instauró un nuevo sistema de inscripción online para las escuelas de gestión estatal de todos los niveles bajo su órbita (inicial, primario, secundario y terciario). Al momento de su lanzamiento, este sistema fue criticado por gran parte de la comunidad educativa con distintos argumentos: éste no garantizaba la primera elección de institución por parte de las familias; despersonalizaba la relación entre las familias y las escuelas en relación con la información que se brinda a las primeras sobre formas de trabajo de la institución y orientación de la misma, además de propiciar el conocimiento de sus docentes y autoridades; perjudicaba a las familias que no cuentan con recursos tecnológicos para hacer la inscripción y discriminaba en relación con las escuelas de gestión privada sobre las cuales, amparadas en el “derecho de admisión” con el que se benefician las empresas, no llega el novedoso sistema.

Como una muestra más de la forma intempestiva de gestionar del macrismo, sin consulta con los directivos, sin pruebas para comprobar el buen funcionamiento del sistema, sin aclarar a la población si el sistema tradicional presencial de inscripción seguía funcionando o era definitivamente reemplazado, y a pesar de las severas críticas con las que se inauguró la nueva modalidad de inscripción, la misma se puso en vigencia y comenzó a mostrar la ineficacia de un sistema presentado como una solución que pretendía agilizar y transparentar. Además del colapso en la página web donde se hizo la carga de datos el primer día de su implementación, también colapsó el número establecido para reclamos, un 147 que sirve para todo (emergencias, reclamos por recolección de residuos, trámites de renovación de licencias de conducir, información turística, entrega de turnos de distintas dependencias y consultas de las más variadas), mostrando así la incapacidad en dimensionar el problema por parte de quienes de forma (pensemos que) descuidada (y agregamos entonces, irresponsable) gobiernan la Ciudad.

Y sin embargo, esto fue apenas el principio.

Este sistema, en el que se gastó 15 millones de pesos, incurrió en violaciones a la normativa que establece las prioridades en las inscripciones, el Artículo 28 del Reglamento Escolar, como son: niños y niñas con domicilio en el área de la escuela y que fueron alumnos y alumnas de la sala de cinco años, la inscripción de hermanos y hermanas a la misma institución, hijos e hijas del personal de la misma. Algunos de estos “errores” fueron rápidamente atendidos (previo reclamo de quienes pudieron comunicarse con el 147) quitando vacantes ya asignadas y confirmadas, no solucionando el problema, sino trasladándolo a una nueva familia. Además de estos errores, fueron detectados otros, como que algunas escuelas no aparecían en la nómina de las opciones del sistema, o que las de jornada completa se ofrecían como de jornada simple. Así y todo este intento de solución, nada fue subsanado.

La inscripción online dejó al descubierto un problema crucial: la falta de vacantes en la escuela pública. Aunque se trate de un problema histórico, debemos decir que éste fue profundizado durante el macrismo, en la medida de lo realizado para intentar subsanarlo. El Gobierno de la Ciudad, según el artículo 24 de nuestra Constitución, es el encargado de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita desde el nivel inicial hasta el superior, pero como denunciamos en publicaciones anteriores, poco es lo que hizo en más 6 años de gestión por mejorar y aumentar la infraestructura de las escuelas públicas, a lo que podemos sumar el cierre de 92 cursos y grados en el año 2013, que hoy serían necesarios para intentar remediar de alguna manera la falta de vacantes. Es decir, se puso sobre la mesa un tema viejo, demasiado viejo y complejo como para no haber sido resuelto desde que el PRO asumió su primer mandato. Desde el 2008 diversas organizaciones vienen denunciando este faltante, sobre todo en nivel inicial, motivo por el cual el ex Ministro de Educación Mariano Narodowsky fue multado luego de acciones judiciales llevadas a cabo por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Si existiera la posibilidad de que las medidas de gobierno se tomaran de forma ingenua, bien podríamos pensar que la “solución” dada a la falta de vacantes de instalar contenedores como aulas en los patios de las escuelas sería una efectiva solución. Sin embargo, afirmamos que estas medidas (la implementación del nuevo sistema de inscripción y la instalación de las aulas container) buscan vaciar la escuela pública y funcionan como estrategia de traslado de la matrícula a instituciones privadas. La realidad funciona como prueba: uno de los datos con los que se contaba era que al cierre de la inscripción se reconocía oficialmente la recepción de 4.800 reclamos siendo 17.000 el número de vacantes faltantes. ¿Dónde están los restantes? Muchas familias cuyos hijos e hijas están en “lista de espera” han manifestado su decisión de enviar a sus hijos e hijas a instituciones privadas ante la falta de vacantes en la escuela pública y el inminente comienzo de las clases. Otro dato es la denuncia realizada por las familias del ofrecimiento de bonos de $1.400 para inscribir a los niños y niñas en instituciones privadas.

El sistema de inscripción (aunque a esta altura no podemos hablar de inscripción, dado que no está garantizada y se sumerge a miles de familias en la incertidumbre y el desconcierto respecto a dónde educarán a sus hijos e hijas) sirvió para fortalecer la fuga a escuelas privadas y para mostrar en forma masiva que miles de niños y niñas no saben dónde irán a estudiar, pero también para fortalecer a la comunidad educativa en su reclamo, a aquellos que siguen eligiendo la escuela pública. Ante la falta de soluciones por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad, familias y docentes buscaron la forma de manifestarse de distintas maneras para hacer público su reclamo; así, se han organizado concentraciones, marchas, festivales, reuniones en espacios públicos. Además, se ha buscado la forma de compartir solidariamente información (dejando de lado prácticas individualistas) sobre las escuelas donde hay vacantes (y que el sistema plagado de fallas no ha sabido asignar) a través de las redes sociales, correos electrónicos y páginas web. En las escuelas hay carteles donde indican si tienen vacantes. La organización es la respuesta, ante la falta de soluciones por parte de los funcionarios del PRO.

La educación en la Ciudad hoy ha dejado de ser un derecho, y esta situación ya ni se oculta. Y uno de los puntos más lamentables de la disputa es que hemos retrocedido en el debate respecto de la educación. Asistimos a la triste realidad de que ya no discutimos por acceso, permanencia y egreso (el derecho a la educación entendido de forma integral), sino que nos han llevado a debatir sólo por el acceso a la escuela. Estamos ante un gobierno que habla de calidad educativa cuando no puede siquiera garantizar algo primordial como tener un lugar donde educarse, y que en vez de consagrar la condición de derecho inalienable de la educación, la convierte en un privilegio concedido por la gracia gubernamental.

Aulas Container

La solución que ha dado el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires al problema de la falta de vacantes fue la construcción de aulas container en distintas zonas de la Ciudad. En el Boletín Oficial del 14 de enero el Gobierno de la Ciudad llamó a licitación “para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipamientos modulares” con el objetivo de “incrementar las aulas existentes a efectos de cubrir las vacantes generadas para el inicio del ciclo lectivo 2014”. El monto destinado fue de $26.650.000 y las empresas beneficiarias son Ruca-Panel SRL y Las Cortes S.R.L que proveerán las “construcciones varias prefabricadas removibles”.

De acuerdo a los pliegos de las licitaciones, casi un 90% de estos contenedores serán ubicados en la zona Sur de la Ciudad (Comunas 4, 8 y 9); La Boca, Villa Soldati, Bajo Flores, Saavedra y Lugano son algunos de los barrios donde están destinados. Los 33 equipamientos modulares licitados tendrán funciones diversas: aulas, baños, comedores, cocinas y áreas de gobierno. Se trata de equipamientos que tienen aproximadamente 45 metros cuadrados, y cuestan 650.000 pesos incluyendo la instalación eléctrica, desagües, aire acondicionado, aislación de lana de roca mineral, ventanas con doble vidrio hermético y persianas de PVC.

La instalación de estos contenedores generó un rechazado generalizado por parte de la comunidad educativa que ha realizado diferentes movilizaciones para resistir la medida impidiendo la colocación de los módulos.

Uno de los puntos a resaltar es que en muchos casos se intenta instalar estas “aulas” donde se debería contar con escuelas nuevas. Por ejemplo, para el Playón de Piedra Buena el mismo macrismo aprobó en 2012 en la Legislatura la construcción de un Polo Educativo mediante ampliaciones y remodelaciones, las cuales ya deberían estar terminadas, porque de hecho hasta se contaba con los fondos asignados a partir de la venta de los terrenos de Catalinas Norte. El proyecto preveía la construcción de cuatro escuelas: primaria, media, inicial y educación especial junto con un polideportivo para lo cual estaba previsto un presupuesto de $30.000.000 Es decir, la demanda de la construcción de escuelas en la zona era una problemática del barrio mucho antes de la puesta en práctica de la inscripción online, ya que desde hace varios años las escuelas no alcanzan a cubrir la demanda de matrícula. Así, se están instalando aulas container en donde debería haber escuelas ya construidas.

Desde el macrismo defienden la instalación de las aulas modulares planteando que las mismas son estructuras modernas en seco que se implementan en todas partes del mundo y que no son “container”, como se han usado en otras provincias. La diputada del PRO Karina Spalla, defendió este tipo de construcciones en la sesión de la Legislatura del 26 de febrero planteando que son utilizadas por el gobierno de Santa Fe y que fueron utilizadas por la Fuerza Aérea Argentina (aunque el legislador kirchnerista Gabriel Fuks le recordó que en esa ocasión las mismas fueron instaladas en Puerto Príncipe, Haití, para atender una situación de emergencia)2. El PRO argumenta también que entrará la misma cantidad de alumnos que en un aula regular y con las mismas condiciones de confort, que son espaciosas y absolutamente seguras.

En el mes de febrero, el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo dio lugar a un recurso de amparo para impedir que se siga adelante con la instalación de aulas modulares en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas del barrio de Palermo, ya que las medida del módulo eran de 2 x 4 mts, con una puerta de acceso y una sola ventana pequeña. Además, el fallo agrega que “a simple vista se pudo verificar que se trata de sitios sumamente precarios, con los paneles que forman paredes unidos de manera irregular, y con instalaciones eléctricas deficientes, con cables a la vista que se encuentran directamente apoyados sobre las estructuras metálicas.3 A pesar de esta medida judicial y el rechazo generalizado que las aulas container generaron, los módulos se instalaron en la mayoría de los lugares.

La realidad vuelve a mostrar las falsedades en las que incurre el macrismo. El Ministerio de Educación anuncia en su página web4 que inaugurará 11 nuevas escuelas de nivel inicial, pero 5 de ellas son armadas con contenedores dentro de otras escuelas o en descampados. Por ejemplo, el Jardín de Infantes Comunal Nº 13 D.E. 21 funcionará con aulas modulares instaladas en la Avenida Roca y en el Polo Educativo Piedra Buena se instalarán 8 aulas para que funcione la Escuela Infantil Nº11.

La falta de vacantes en la escuela pública y esta desbocada solución se explican porque el gobierno porteño no construyó las escuelas que estaban previstas, tal como afirmamos anteriormente. Cabe destacar que el presupuesto 2014 destinado a educación representa una baja en la participación del presupuesto total respecto a años anteriores. Si bien el Ministro destacó que el área de educación es la que presenta la asignación más alta, ésta pasó de representar (según los proyectos de presupuesto de cada año) un 26% del presupuesto global en 2012 con $8.536.007.522 a un 24,3% en 2013 con $9.865.840.897, para finalmente en 2014 tener una participación de un 21,7% con un monto de $12.752.227.379. Este dato resulta por demás llamativo, ya que muestra una caída progresiva de la participación del área educativa en el presupuesto de la Ciudad. A su vez, en medio de la polémica por la falta de vacantes y las aulas container, el Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri redujo el monto estipulado para infraestructura escolar en el Presupuesto 2014, de 231 a 216 millones de pesos -un 7 % menos-, mediante un decreto firmado el 3 de enero, el primero del año. Por otro lado, varios legisladores han denunciado, que las aulas container cuestan el doble que las de material ya que un aula de material cuesta alrededor $350.000, casi la mitad de lo que cuestan los contenedores ($650.000).

Las familias reclaman la puesta a disposición de edificios ociosos o el alquiler de edificios para el ciclo lectivo 2014, para ser utilizados como establecimientos educativos, a la vez que la construcción de jardines y escuelas y la finalización de las obras iniciadas.

Sumando el gasto en el sistema de inscripción online (15 millones de pesos) al gasto en la instalación de los contenedores, el PRO está destinando 42 millones de pesos a la política de lo improvisado o en definitiva, a la política en contra de la escuela pública, que sabemos no se trata de una medida improvisada.

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2 Versión Taquigráfica 1 – 1ª Sesión Extraordinaria – 26 de Febrero de 2014 – Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3 http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-justicia-prohibio-las-aulas-containers-de-2×4-en-el-lenguas-vivas-3253.html

4 http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/nuevas_escuelas.pdf

Las voces del PRO frente al conflicto: sesión del miércoles 5 de Marzo de 2014

El discurso de la transparencia en la gestión pública parece ser el caballito de batalla macrista. Si recordamos el conflicto por las juntas de clasificación docente de diciembre del 2011, el proyecto presentado por la entonces y actual presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura - Victoria Morales Gorleri - se llamaba Democratización, transparencia y organización del sistema de clasificación docente”. El macrismo se plantea como una forma de gobernar que pretende volver transparente diversas aristas del ejercicio del poder político y para ello, parece considerar a la tecnología como el medio más indicado: Buenos Aires continuará trabajando con las nuevas tecnologías para darle cada día más transparencia a la gestión pública. Desde el primer día de nuestra gestión hemos trabajado privilegiando siempre la transparencia de la gestión y de todo lo que hacemos con la idea de que lo público esté cerca de los ciudadanos y al servicio de sus necesidades. Y este es el camino a seguir para que podamos construir una sociedad más dinámica, pujante y moderna que, con la mejor tecnología, contribuya a simplificarle la vida a los vecinos”5.

Con las juntas, propuso una digitalización y virtualización que aún hoy, a más de dos años de la sanción de la ley, no aplica. Con la inscripción para la escuela pública, también propone una informatización deficiente. Por la no aplicación de una ley o por el fracaso de un sistema virtual no estamos diciendo que la informatización de diversos “trámites” no sirva o que la tecnología es en sí negativa. De lo que estamos hablando es de un discurso que pone en primer lugar a la tecnología y la informática como herramientas que en sí mismas mejoran la calidad de vida de las personas, obviando la despersonalización de los vínculos sociales que ello muchas veces genera, el no acceso de toda la población a internet o a una computadora y la contratación de empresas afines a la gestión que cobran millones por hacer un servicio que funciona mal.

El pasado miércoles 5 de marzo, legisladores y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires lograron convocar a una sesión extraordinaria para tratar diversos proyectos vinculados a la inscripción online (pedidos de informes sobre los resultados de la inscripción, pedidos para que la Auditoría de la Ciudad realice una auditoría de gestión y de los sistemas informáticos de la misma, proyectos de ley sobre inscripción integral, declaraciones de preocupación y pedidos de interpelación al Ministro de Educación por parte de la Legislatura). Lamentablemente, los votos no alcanzaron para poder interpelar al Ministro Bullrich ni para aprobar ninguno de los proyectos mencionados. ¿Por qué? Porque el macrismo votó en contra de habilitar el tratamiento de los mismos. Lo “extraño” fue que la Jefa del Bloque del PRO, Diputada Polledo, afirmó en su intervención (antes del voto), que “el ministro dio su palabra y va a venir”6 ¿Lo habrá dicho en forma irónica? ¿Será que dará explicaciones otro día?

Si bien se necesita del voto positivo de las dos terceras partes de los presentes para habilitar el tratamiento de proyectos en sesiones extraordinarias, y a pesar de haber previsto la situación antes descripta, la sesión sirvió para escuchar la voz de alguno de los representantes del PRO en la casa legislativa. Ninguno de los diputados y las diputadas que hablaron por el macrismo reconocieron las faltas del sistema de inscripción, sino que, y por el contrario, aseguran que significó la posibilidad de poder contar la cantidad de personas que desean ingresar a la escuela pública. En palabras de la Diputada Polledo: “Si bien aquí todos sabemos que de digitalizar la inscripción surgió el problema que hoy nos reúne acá – no negamos la realidad -, no debemos dejar de señalar el avance que significó para esta ciudad tener por primera vez un universo real de la demanda que tiene.” El deseo que expresan miles de familias que cargaron sus datos en la página del Ministerio ¿será algún día atendido por el macrismo de forma digna, es decir sin hacinar a los niños y niñas en contenedores sin las medidas mínimas de confort y seguridad?

El macrismo ofreció datos sobre la cantidad de escuelas construidas desde el inicio de su gestión, cifra rebatida desde hace tiempo por la oposición con el argumento de que muchas de esas escuelas fueron simplemente inauguradas por el oficialismo o bien, construidas con dinero del Gobierno Nacional. También aseguraron que las vacantes para niños de 4 y 5 años están cubiertas, mientras que para la sala de 3 años se alcanzó el 85% de la demanda. Ante la no cobertura de la sala de 3 y siendo de público conocimiento que el mayor problema con el faltante de vacantes tiene que ver con los niños y niñas cuya edad va de 0 a 3 años, Victoria Morales Gorleri afirmó lo siguiente: “Por supuesto que entendemos el caso de la falta de vacantes en el nivel inicial para niños que tienen entre cero y tres años, y nos duele la realidad de las familias a las que no les hemos encontrado respuestas. Pero no es que estamos con los brazos cruzados, sin hacer nada y proponiendo dos escuelas para el futuro en nuestra gestión. No, señor presidente. Esta gestión ha inaugurado 51 edificios escolares, de los cuales 29 fueron de nivel inicial.”7

Y para finalizar toda una serie de argumentos que no hacían más que alabar a la gestión y la construcción de aulas container (sin hacer mención alguna a cifras exactas sobre la cantidad de chicos y chicas que al día de la fecha no tienen la vacante garantizada), la Diputada Rueda (también del PRO), volvió sobre otro tema recurrente en las declaraciones del gobierno8: “Señor presidente, la verdad es que me preocupa mucho todo lo ocurrido alrededor del tema de las vacantes en la ciudad. No se puede hacer política a toda costa y a cualquier costo. No se puede hacer política con la escolaridad de los chicos, porque ahí están los sueños y proyectos de muchas generaciones de argentinos”.

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5 https://pro.com.ar/mauricio/2012/09/04/tecnologia-para-darle-mas-transparencia-a-la-gestion-publica/

6 Versión Taquigráfica – 1ª Sesión Extraordinaria – 26 de Febrero de 2014 – Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

7 Ibídem.

8 Mauricio Macri realizó declaraciones públicas afirmando que los reclamos por el tema vacantes y aulas containers era hacer “politiquería”. Ver en http://www.telam.com.ar/notas/201402/52026-mientras-padres-y-docentes-reclaman-por-vacantes-macri-defiende-las-aulas-pasillo.html

Oídos sordos a las demandas educativas y aspiraciones presidenciales. El discurso de Mauricio Macri en la apertura de las sesiones legislativas de la Ciudad

En su discurso de apertura de las sesiones legislativas9 el pasado 28 de febrero el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, proporcionó una muestra de los pilares que regirán la agenda de gobierno 2014 de la Ciudad de Buenos Aires en materia de política educativa.

Recordemos rápidamente el contexto en que Macri se presentó a la legislatura. A 6 días del comienzo de las clases y al cabo de una semana de fuertes denuncias y reclamos en torno a la grave crisis educativa en la Ciudad y al vaciamiento de la escuela pública, miles de chicos y chicas no tenían (ni tienen aún) garantizada su vacante. Reinaba (todavía lo hace) la angustia y la incertidumbre en las familias, pero también en funcionarios, directivos y docentes, quienes deben afrontar con gran desconcierto el comienzo del ciclo lectivo en ausencia de las condiciones básicas y fundamentales de carácter administrativo, de infraestructura y laborales. En los días previos a la inauguración legislativa, en diversos barrios de la Ciudad transcurrieron protestas en reclamo de vacantes, en denuncia de deficiencias edilicias, obras inconclusas o de la instalación de aulas container como solución edilicia permanente. En este sentido, distintos colectivos desplegaron actividades con el fin de visibilizar y clamar por soluciones a la altura de la gravedad de estas problemáticas. Así, la Multisectorial x Vacantes en la Ciudad se reunió en Filosofía y Letras (17/02), Unidos por la Escuela Pública realizó festivales en distintos parques de la Ciudad (23/2), los supervisores de la Ciudad brindaron una conferencia de prensa en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio El Olimpo (27/2), además de otras  iniciativas que hicieron que el tema de las vacantes estuviera en el centro de debate.

En el clima de movilización y efervescencia que se vivía en la Ciudad por aquellos días (y que hoy persiste), Macri realizó una intervención pública en la que hizo oídos sordos a los reclamos y se ocupó de presentar su plan de gobierno de cara al 2015. Haciendo caso omiso a las múltiples manifestaciones de disconformidad y lejos de brindar respuesta a las problemáticas más urgentes de la Ciudad, buscó posicionarse como candidato presidencial para el próximo año. Con este propósito construyó un discurso ambiguo y abstracto, en el que optó por la estrategia discursiva de superponer la órbita de gobierno de la Ciudad con la propia de la Nación, así como la referencia permanente a su “política de Estado10 que se “propone proyectar la Ciudad para los próximos 10 años11. En este marco anunció los ejes de su programa de gobierno para la Ciudad y que, se entiende, pretende potencialmente extender a la Nación. A modo de balance de su gestión sentenció: “en estos 6 años y 3 meses de gobierno hemos encarado miles de proyectos, muchos han cambiado la vida de la gente12. Cabe preguntase, en vista de los acontecimientos, en qué sentido lo han hecho.

En relación a la política educativa en particular señaló que gracias a las “obras realizadas en los 6 años de gestión13, lograron terminar con el “flagelo” de la crisis edilicia. Asimismo se ocupó de destacar que la educación es una prioridad absoluta para ellos. Nuevamente, cabe preguntarse cuál es la educación por la que están trabajando. ¿Qué será lo que entiende por mejorar la educación el gobierno macrista?

De la alocución de Macri se desprenden dos elementos especialmente significativos: el concepto de calidad educativa y la idea de desafíos de la educación del siglo XXI. Este señalamiento resulta clave para comprender tanto lo realizado como lo proyectado en materia educativa en la Ciudad, dado que ambos componentes pueden cargarse de los sentidos más heterogéneos. En los hechos, las medidas aplicadas en la Ciudad no hacen más que implementar un programa de gobierno de corte neoliberal asociado al ciudadano consumidor responsable por su propio destino que se vincula con los otros por medio de relaciones mercantilizadas. En este plano, Macri defendió el sistema “moderno” de inscripción online e indicó que la creación del Instituto de la Evaluación de Calidad y la Equidad Educativa permitirá mediar y evaluar seriamente para, desde allí, poder mejorar la educación. Nuevamente observamos que se trata de hacer primar la lógica de mercado: medir e imponer estándares, generar rankings punitivos que premian a los privilegiados y castigan a los ya postergados. Y por sobre todo, significa no solucionar los problemas de la educación pública, la cual se precariza, sumida en la mala gestión y el abandono.

En su discurso, Macri convocó a no politizar la educación y a transformarla en una política de Estado. Esta línea no es menor. Propone abandonar la educación a la única incumbencia - supuestamente neutra y aséptica - de los equipos de gobierno, a la eficiencia de sus funcionarios.

La educación es política porque impacta directamente en la vida de las personas, porque nos constituye como sociedad y engendra en sí la potencialidad de la transformación social. Por estos factores, entre tantos otros, ninguna sociedad debe renunciar jamás a problematizar y participar activamente en la discusión sobre su educación. En especial si, como sociedad, no pretende caer en la contribución mordaz a la agravación de la desigualdad social. En este sentido, y en relación a los propósitos de la gestión política de la Ciudad, encontramos una distancia entre el discurso y los hechos. A modo de ejemplo, observemos la política dirigida al sur de la Ciudad. Por un lado, Macri se jactó ante la Legislatura de que en virtud de la política social de su gestión que se ha propuesto “recuperar la zona sur”, Parque Patricios se ha convertido en parte componente de un distrito “con pujanza al que los jóvenes acuden en busca de nuevas oportunidades14. Por otro lado, un grupo de padres se encuentra tomando un edificio escolar abandonado en reclamo de su acondicionamiento para que vuelva a funcionar como escuela primaria. Este sería uno de los ocho mil espacios denunciados como ociosos que podrían brindar respuesta a la falta de vacantes y a las deficiencias en la infraestructura edilicia escolar. Es importante señalar que los reclamos por falta de escuelas y la instalación de aulas container se concentran en mayor medida en la zona sur de la Ciudad.

En la misma sintonía, el Jefe de Gobierno proclamó las “puertas abiertas al diálogo15 ante “la diversidad de ideas”, lo cual definió “como una forma de ver la democracia”. Y fue aún más allá al proclamar que quiere “una Argentina democrática, donde todos tengamos ganas de participar, porque sabemos que lo nuestro es un aporte16”. En paralelo y en los hechos concretos, dos días antes su bloque rechazó el pedido de interpelación a su Ministro de Educación Esteban Bullrich. ¿Por qué le huyen al diálogo? Si tienen los datos y han trabajado adecuadamente en estos 6 años, ¿por qué le temen a la interpelación? ¿Por qué no pueden dar cuenta de lo realizado? Todo parece indicar que la distancia entre el discurso retórico y la práctica concreta contiene la respuesta a estas preguntas.

Sin lugar al diálogo y haciendo caso omiso a las denuncias y reclamos, se inicia un nuevo ciclo lectivo que se vuelve a encontrar con las problemáticas arrastradas desde años anteriores, ahora agravadas. Y ello se debe a las medidas concretas tomadas por la gestión macrista: la reducción y la subejecución presupuestaria educativa, el incumplimiento del plan de obras, el cierre de cursos y grados, la instalación de contenedores como aulas, el sistema de inscripción que da como resultado la migración a las escuelas privadas, entre muchas otras. Pese a la manipulación discursiva, la educación pública no parece una prioridad para el gobierno macrista y su defensa constituye una responsabilidad del conjunto de la sociedad. Es imperioso retomar el debate que sirva para fortalecer la defensa del derecho a la educación. Una batalla ardua en este contexto de la Ciudad, pero necesario para pensar qué educación queremos.

Un nuevo ciclo lectivo se inicia plagado de conflictos y medidas que se irán desarrollando con el correr del año. Sabemos que, a pesar de las expresiones en defensa de la escuela pública que esgrime el macrismo, lo convulsionado de este comienzo demuestra que ya no es sólo falta de diálogo o consenso con la comunidad educativa e incluso con los representantes legislativos a la hora de tomar decisiones o dar cuenta de ellas, sino que la implementación de medidas y el cinismo con el que las defienden (aún en contra de lo que la realidad misma nos alerta) demuestra que la educación pública no es una prioridad para esta gestión. Así, su defensa constituye una responsabilidad del conjunto de la sociedad.

Afirmamos entonces que, lejos de tratarse de problemas aislados o recientes, se exige el cambio de rumbo de la política educativa macrista.

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9 El inicio formal de las sesiones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo el día viernes 28 de febrero de 2014. El discurso de apertura del jefe de gobierno Mauricio Macri transcurrió luego de las 9 de la mañana y duró menos de treinta minutos.

10 Versión Taquigráfica – 1ª Sesión Ordinaria – 28 de Febrero de 2014 – Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11 Ibídem.

12 Ibídem.

13 Ibídem.

14 Ibídem.

15 Ibídem.

16 Ibídem.

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26/2: Movilización a la Legislatura Porteña por la falta de vacantes

Desde el Observatorio de Políticas Educativas, adherimos y convocamos a la movilización que se realizará el día miércoles 26 de Febrero a las 14 hs. en la puerta de la Legislatura Porteña para exigir, una vez más: ¡ningún pibe sin vacante!

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Compartimos con ustedes el documento elaborado por familias damnificadas por la situación y en defensa de la escuela pública, leído en la conferencia de prensa realizada el día martes 25/2 a las 12 hs. en el Salón Perón de la Legislatura.

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