En la sesión de la Legislatura porteña del jueves 21 de Agosto se aprobó la “Ley de la evaluación integral del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con los votos de todo el macrismo, parte del bloque UNEN y las legisladoras del bloque de Confianza Pública, liderado por Graciela Ocaña.

La ley aprobada es el resultado de un proyecto inicial presentado por el Jefe de Gobierno, Expediente N° 805-J-2013, el cual no pudo ser aprobado a fin del año pasado, puesto que el oficialismo no logró juntar los votos necesarios para ello. Este año, se presentaron otros tres proyectos, además de otro ya existente en el 2013 de autoría de los legisladores del FPV y de NE que entonces tenían mandato legislativo. El bloque de UNEN, el interbloque kichnerista junto a Seamos Libres y el bloque del MST que tiene como legislador a Alejandro Bordart fueron los autores de los tres proyectos que ingresaron este año. El debate sobre los proyectos en danza fue desarrollado en la comisión de asesores de educación de la Legislatura, los cuáles estaban condicionados por algo central: el proyecto cabecera era el macrista, nunca se planteó un debate serio con la comunidad educativa involucrada en la ley y siempre existió la sospecha de que el macrismo ya tenía los votos contados para el desenlace que finalmente ocurrió. El derrotero del “debate” legislativo y los tejes de la política concluyó el jueves pasado con la aprobación de un proyecto que se enuncia como “consensuado”, pero que fue cerrado a espaldas de la comunidad educativa .

El “Instituto de Evaluación de la Equidad y Calidad Educativa” que se quería aprobar en 2013 se transformó en la “Unidad de Evaluación de la Equidad y la Calidad Educativa”. El cambio de nombre puede no reflejar una concepción distinta de evaluación que la que viene manejando el macrismo en sus políticas en general, tema ya planteado en otras notas

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. Por ello, más allá de aquel cambio de nombre, lo que nos sigue interpelando de lo sancionado son preguntas como las siguientes: ¿Cuál es la necesidad de crear una unidad específica cuando ya hay una Dirección jerarquizada a ese rango hace a penas dos años?, ¿Por qué es necesario un ente específico cuando ya había personal generando indicadores y evaluaciones?, ¿Acaso lo que había no funcionaba como se esperaba?, ¿Será que el macrismo quiere implantar una noción de evaluación que está sustentada en visiones tecnocráticas?.

Para intentar aproximar respuestas a estas preguntas, es fundamental pensar que se trata de una ley enmarcada en una política educativa signada por el aumento respecto al financiamiento al sector privado de la educación, por la disminución del presupuesto destinado al mantenimiento edilicio de las escuelas y de una baja considerable del presupuesto educativo año tras año. En ese sentido, esta ley no sorprende, sino que agrega un eslabón más al camino de un gobierno que, desde que asumió, viene disminuyendo el presupuesto destinado a gasto social (respecto al presupuesto general de año tras año y aún contemplando los datos de la inflación promedio anual) y aumentando el utilizado en publicidad y deuda porteña. La ley sancionada genera incertidumbres respecto al para qué de la evaluación de la educación en general para un gobierno cuyo discurso viene apoyando las evaluaciones estandarizadas, los rankings internacionales, la competencia entre escuelas y el apego a modelos educativos que nada tienen que ver con nuestra realidad local. Y aquí hubo políticas concretas que materalizan estos discursos: el implante de las “escuelas de innovación” siguiendo el caso de Finlandia; el “Boletín tu escuela”, conjunto de datos por escuela y por comuna que al ser lanzado por el Ministro Bullrich, este afirmó que quienes estén mejor ubicados con los datos del boletín, podrían recibir una biblioteca escolar o un viaje de egresados; la adhesión a las evaluaciones PISA y peor aún, la creación de una Pisa porteña; la importación del Bachillerato Internacional para tener escuelas que puedan insertarse en el mundo global a través del idioma.

Por otro lado, es preciso analizar algunas cuestiones puntuales del la ley sancionada para marcar las notas más distintivas que hacen a la caracterización esbozada en los párrafos precedentes. Por empezar y como rasgo más sobresaliente, la ley crea una unidad definida como “descentralizada” que recibirá un fondo asignado por el presupuesto general de todos los años más “las herencias, legados y donaciones y otros conceptos que reciba conforme a la normativa vigente que rige en la Ciudad de Buenos Aires”. Este ente descentralizado es una de las formas organizativas que la administración pública admite según la Ley 70 y su presupuesto se define en el presupuesto general que año tras año se vota. Sin embargo, sorprende que además de ello se permitan esos “otros conceptos”, ya que nos preguntamos qué son esos fondos y de dónde provendrían, sino son de lo votado por las fuerzas políticas en el ámbito que corresponde: la Legislatura. Asimismo, el mundo de lo educativo en general es mirado por organizaciones internacionales de crédito, fundaciones y empresas que suelen colocar dinero en pos de “la calidad educativa” y, muchas veces, suelen condicionar en forma indirecta la propia política educativa local.

Por otro lado, la Unidad tendría un Director Ejecutivo, un Comité Consultivo y un Comité Científico Académico. El Director, además de presidir el Comité Consultivo, es designado por el Poder Ejecutivo, con un jurado propuesto por el propio Poder Ejecutivo. Será el propio Director Ejecutivo el que a su vez designe al Presidente del Comité Científico Académico, comité que tiene como tarea “...velar por la calidad de los proyectos y programas desarrollados por la Unidad. Podrán elevar al Consejo Consultivo y al Director propuestas que tengan por finalidad contribuir con la misión de la Unidad” (Artículo 21). Por otro lado, el Consejo Consultivo estará formado por 11 miembros, de los cuáles 6 serían representantes del oficialismo o funcionarios: el Director Ejecutivo lo designa el PE; el Presidente del Académico lo designa el Director Ejecutivo; de las tres fuerzas principales de  la Legislatura, lo más probable es que una sea la del color político del Ejecutivo y, por ende, otro representante oficialista sea parte de este consejo; los dos representantes del Ministerio son funcionarios del oficialismo; y el Consejo de Educación de Gestión Privada puede designar para el Consejo, al representante del Ministerio que lo integra. Sea este gobierno o el que le suceda, el oficialismo siempre tendrá el control y podrá decidir todo, aún con el resto de los miembros en contra. Desde ya que el gobierno tiene la prerrogativa de tomar decisiones y es claro que quien tiene el poder desarrolla tiene el derecho de legislar para que su mirada general termine primando. Lo que es polémico de esta composición es: que no se incluye la posibilidad de que haya consultas permanentes con otros actores de la comunidad educativa (que son los directamente interpelados con las decisiones que se tomen allí); que no queda claro cuáles son los resguardos que se prevén para garantizar el  derecho a la educación (cómo se tomarán las decisiones, cómo funcionará el Consejo, qué criterios se contemplarán para las políticas de evaluación ) y que posee funciones más resolutivas que consultivas. En este sentido, si se crea un organismo que tiene a su cargo prácticamente todas las funciones de la unidad y encima está compuesto por mayoría de funcionarios oficialistas, entonces no se garantiza que las resoluciones contemplen a los otros actores. Otro dato para agregar es que en ningún lugar se especifica cómo se resolverá qué representante de los supervisores debe integrar el Consejo. Finalmente, podríamos decir que el peso de la norma radica en las funciones que tiene este Consejo y, por ende, la Unidad y es aquí donde nos volvemos a preguntar acerca de los motivos de generar una nueva estructura político administrativa para velar por la evaluación de todo el sistema educativo.

Finalmente y para ir cerrando los puntos nodales de esta ley, preocupa y mucho las definiciones conceptuales que la ley encierra, si tomamos en cuenta las definiciones políticas que el macrismo viene adoptando hace tiempo. En el artículo 5°, la ley afirma que “la equidad es el principio que guía las acciones de todos los actores involucrados en el sistema educativo, el cual busca igualar las oportunidades de desarrollo de los alumnos y alumnas, independientemente de su origen social, género o de la conformación de su hogar.

Por consiguiente, garantiza a todos igualdad de acceso, permanencia, trato, aprendizaje y egreso a una educación de calidad.” La idea de “igualdad de oportunidades” supone la imagen de una posta de carrera, en la que lo importante es que todos lleguen al momento de la salida. Es decir, remite a garantizar que todas las personas tengan las mismas posibilidades u oportunidades de acceder, en este caso, al sistema educativo. Sin embargo, la idea de la educación como derecho humano supone que todos tienen derecho a la educación

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y no hay ninguna barrera (social, económica, cultural) que pueda condicionarlo.

Por otro lado, el macrismo modificó no sólo la definición de calidad sino de evaluación respecto al proyecto original del 2013, ya que los primeros artículos de la ley sancionada usan frases como: “evaluación integral”, “derecho social a la educación”, “la evaluación como proceso continuo y formativo”, entre otras. Sin embargo y de nuevo, remitiéndonos a la política general, trae sospecha definiciones que a priori se presentan como “progresistas” y que conllevan una política competitiva y estandarizada como la que hasta ahora desarrolló.  Si uno observa, por tomar sólo un ejemplo de evaluaciones usadas por el macrismo, lo que sucede con el Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana  (ICCS)

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, puede notar que es una evaluación estandarizada y descontextualizada. También si pensamos en los indicadores que generados con el aval de la actual Dirección de Evaluación, también notamos que son, por lo menos, alarmantes: el Indice de Equidad y Calidad Educativa creado por el macrismo muestra en un mapa cuáles son las comunas con índices bajos de “calidad”

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. Son este tipo de estudios los que marcan, por un lado, la asociación directa que pretenden difundir entre evaluación y mejora de los aprendizajes y, por el otro, la competencia que subyace a la generación y exposición de datos (cuando ni siquiera se explica cómo se definen esos datos).

Lo que hace reflexionar es que el macrismo se apropie de palabras y argumentos de quienes afirmamos que la evaluación es un proceso inherente a todo acto educativo. ¿Será que esto es una estrategia de las “nuevas derechas” para convencer al electorado?. Mucho para pensar y para mirar sobre las repercusiones político prácticas de leyes como la sancionada. ¿Cuáles serán las consecuencias de estas medidas? El tiempo dirá, pero ya tenemos muchos indicios de que las posiciones políticas no cambian en forma amanecida, sino que en todo caso, es políticamente correcto afirmar ciertas nociones a pesar de que la política concreta sea perfectamente antagónica.

Natalia Stoppani

Observatorio de Políticas Educativas