Me vienen a convidar a arrepentirme/ me vienen a convidar a que no pierda/ me vienen a convidar a indefinirme/ me vienen a convidar a tanta mierda. […]

Yo quiero seguir jugando a lo perdido/ yo quiero ser a la zurda más que diestro/ yo quiero hacer un congreso del unido/ yo quiero rezar a fondo un “hijo nuestro”/ Dirán que pasó de moda la locura/ dirán que la gente es mala y no merece/ más yo seguiré soñando travesuras/ (acaso multiplicar panes y peces).

“El necio”

Silvio Rodríguez

La educación es en sí misma una actividad que se funda en la idea de transición. La finalidad (declarada o implícita) de todo acto educativo es producir una transformación. En principio, en la dimensión individual pero, también, en la vida social de un grupo, de un pueblo, de una nación.

Por supuesto que el modo de nombrar esa transformación, los fundamentos más profundos que invitan a promoverla y los medios a través de los cuales se trata de alcanzarla difieren entre perspectivas de la enseñanza. Sin embargo, desde cualquier enfoque pedagógico se asume que educar es una acción orientada hacia algún tipo de cambio, es decir, a alguna forma de transición (entre etapas, niveles, estadíos, modos de pensar, de hacer, etcétera).

Por ese motivo, los discursos políticos sobre la educación constituyen un terreno sumamente fértil para la declamación de las grandes transiciones que se añoran. La educación como motor de las transformaciones es una idea que muchas veces se enuncia de modo persuasivo para ampliar y apuntalar adhesiones y compromisos en relación con un rumbo de gobierno, un programa político, una serie de ideas y medidas orientadas a favorecer determinados intereses.

Si se explora la historia de nuestro país, específicamente, en relación con los discursos generados por los elencos dirigentes de distintos gobiernos en diferentes etapas, podemos encontrar numerosas y variadas fundamentaciones (algunas mucho más lúcidas e interesantes que otras) a través de las cuales se establecieron asociaciones estrechas entre la educación y la concreción de determinados ideales políticos.

En la marca de origen de nuestro sistema educativo a fines del siglo XIX y en los discursos de los políticos que impulsaron su consolidación es posible hallar múltiples ejemplos paradigmáticos de estas asociaciones.

El diputado Mariano Demaría, miembro informante del proyecto de Ley de Educación Común, dio inicio al debate parlamentario durante la primera presidencia de Julio Argentino Roca con un discurso que incluyó las siguientes palabras:

Excusaré […] recordar a la Cámara el ejemplo de otras naciones que, a medida que han ido civilizándose, han tratado de hacer adelantar la educación común, convencidas de que es la difusión de la enseñanza lo que más eficazmente contribuye a la libertad, a la paz y al mantenimiento de las instituciones.

Con posterioridad, el sistema educativo argentino atravesó varias transformaciones que incluyeron ampliaciones de la oferta de niveles y modalidades, expansión del acceso de la población, reorganizaciones de los mecanismos de gobierno y funcionamiento institucional, entre otras.

Uno de los ejes más interesantes e importantes en los cuales pueden detectarse las mutaciones es en el de la orientación del perfil de ciudadano/a que se imprime en las currículas. Es evidente el sesgo que cada proyecto político hegemónico logró que permeara en los documentos prescriptivos de la enseñanza y en los discursos y estilos de gestión y organización de la vida de las instituciones educativas.

De algún modo cada una de esas modificaciones representa transiciones entre momentos de la organización del sistema que se corresponden con etapas de la historia política de nuestro país. Podría afirmarse que los distintos procesos políticos del siglo XX en Argentina han dejado una huella muy fuerte en la vida de las instituciones educativas, provocando transiciones que, en algunos casos, se convirtieron en hitos paradigmáticos de los distintos gobiernos.

Las políticas hacia la educación han dejado verdaderos símbolos grabados en la memoria colectiva, como hitos emblemáticos de diferentes etapas, de muchos/as argentinos/as que no participan de la vida diaria del sistema educativo. Podemos mencionar, por ejemplo:

• La Reforma Universitaria respaldada por el yrigoyenismo;

• el establecimiento de la gratuidad de los estudios universitarios y la creación de la universidad obrera durante el primer peronismo;

• la habilitación del funcionamiento de universidades privadas en el gobierno de Frondizi (el debate “Laica o Libre”);

• la feroz intervención y represión hacia docentes y estudiantes en la dictadura encabezada por el General Onganía (la “Noche de los Bastones Largos”);

• los proyectos de alfabetización universal y de educación popular impulsados por la breve experiencia camporista (la Crear);

• la severa reglamentación persecutoria de la última dictadura cívico-militar que incluía la prohibición de ciertos contenidos y obras literarias en el nivel inicial por considerarlos promotores de la subversión;

• el Congreso Pedagógico y la normalización institucional de las universidades luego de la recuperación de la democracia en el gobierno de Alfonsín;

• la transferencia de los servicios educativos de la Nación a las provincias y la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU ) para evaluar y acreditar carreras durante las presidencias de Menem en la década del ‘90.

Los aspectos resaltados hasta aquí son aquellos que se vinculan con la voluntad explícita de las diferentes administraciones del Estado. Por supuesto que existen también transiciones importantes que se originan en ciclos de duración más prolongada y que no emergen de las medidas gubernamentales.

Se trata de movimientos más profundos e inasibles que explican transiciones importantes dentro de las instituciones educativas. Se relacionan con las transformaciones de las prácticas, criterios, intencionalidades de los/as docentes adultos/as que practican la enseñanza. Y también con los modos de relacionarse, hábitos, expectativas, deseos, temores de sujetos niños/as, adolescentes y jóvenes que estudian en ellas.

En esa línea puede señalarse que se han modificado los sentidos con los cuales se enseñan y se aprenden ciertas disciplinas y cambia el lugar y la valoración que ocupan determinados objetos de enseñanza. Y esto ocurre por efecto de múltiples factores concurrentes que abarcan tanto la dinámica interna de los avances que se producen dentro de las investigaciones en un campo del conocimiento como las experiencias histórico-sociales que atraviesa la población.

Por ejemplo, en relación con una disciplina escolar como la Historia, cuya presencia en el sistema tiene raíces contemporáneas con los momentos fundacionales de todo el aparato institucional de la educación, pueden identificarse varias transiciones asociadas: en las prácticas desplegadas por los/as docentes, en las preguntas que organizan su abordaje en las escuelas, en las inquietudes de los/as estudiantes sobre las problemáticas que involucra su estudio.

Todos estos aspectos fueron atravesando cambios a lo largo del tiempo y no es posible atribuir la explicación de esos desplazamientos a las decisiones políticas de los sujetos que dirigen el sistema de educación. Es más razonable buscar explicaciones afuera de las escuelas y de su conducción para comprender el origen de esas modificaciones.

En otros aspectos, en cambio, es posible identificar algunas permanencias notables en la organización del funcionamiento de las instituciones educativas. Existen continuidades que permiten advertir que aun cuando las diferencias entre gobiernos constitucionales y dictaduras son ostensibles así como las que pueden encontrarse entre gobiernos democráticos de diferentes signos político-partidarios, hay algunas dimensiones en las cuales se pueden registrar fuertes resistencias a los cambios en cualquier etapa que se analice.

Un interesante estudio de la investigadora Laura Graciela Rodríguez sobre la historia del Ministerio de Educación en la Argentina y las autoridades que lo condujeron demuestra que desde la sanción de la Constitución Nacional en 1853 y la organización institucional de las escuelas en el marco de un Estado moderno, solamente una mujer ocupó la máxima jerarquía del sistema educativo. Se trata de la ministra Susana Decibe durante el gobierno de Carlos Menem. El dato es realmente impactante si se tiene en cuenta que han transcurrido 166 años y han gestionado 98 ministros en un área de gobierno en la cual el Estado ejerce control sobre funciones y actividades realizadas predominantemente por mujeres.

En el inicio del siglo XXI, la experiencia del kirchnerismo en el gobierno representó una etapa de renovación y transformaciones notables, sobre todo, en el terreno de la educación.

La sanción de la Ley Nacional de Educación en 2006 representó un cambio muy trascendente en la organización de numerosos aspectos del sistema educativo, básicamente porque intentó revertirse el rumbo que se había profundizado en la década previa recuperando un rol central para el Estado nacional. A su vez, el establecimiento de la Paritaria Nacional Docente fue un elemento fundamental de la nueva etapa porque permitió encuadrar las relaciones entre los actores colectivos responsables de la educación con periodicidad regular y alcanzar acuerdos muy importantes que excedían largamente la mera definición del salario de los/as trabajadores/as.

El gobierno aumentó nominal y proporcionalmente el presupuesto destinado al sector, impulsó la creación y ampliación de universidades y la construcción de muchas nuevas escuelas de diferentes niveles y modalidades. Fue ostensible la revalorización de la educación técnica y se le dio impulso a la educación sexual integral. Por otra parte, se establecieron numerosas medidas para garantizar el acceso y la finalización de los estudios de niños/as, jóvenes y adultos/as con dificultades económicas.

En el terreno de la formación docente, una pieza estratégica de cualquier proyecto político-pedagógico, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tal como había quedado establecido en el nuevo marco normativo (la Ley Nacional de Educación), avanzó en la creación del Instituto Nacional de Formación Docente.

A través de este organismo estatal y en virtud de los acuerdos que se alcanzaron mediante la Paritaria Nacional Docente, se pudo concretar un novedoso, ambicioso y largamente demandado dispositivo de capacitación gratuita de alcance federal para docentes en ejercicio de todo el país. Se trató del Programa “Nuestra Escuela”, encuadrado en el Plan Nacional de Formación Docente, que desplegó una oferta diversa y sólida en diferentes campos y sobre distintas temáticas relevantes para la práctica docente.

En el año 2015 se produjo un giro contundente en el rumbo político del país. Una alianza de sectores sociales se encolumnó detrás de un proyecto que asumió el cambio de las políticas impulsadas por el kirchnerismo como bandera y sello partidario. A partir de una estrategia publicitaria de marketing político y multipresencia en medios audiovisuales y redes sociales se instaló la idea de la necesidad de una administración modernizante que produjera una transición para dejar atrás el denostado programa populista.

En el terreno de la educación, la transición propuesta se planteó como una “revolución” que permitiría el acceso igualitario de todos los niños a la educación desde los tres años construyendo 3.000 nuevas escuelas; modernizaría la infraestructura tecnológica garantizando conexión a Internet y computadoras para todos los alumnos del país; lograría una escuela secundaria con egresados capaces de generar trabajo y no de salir a buscarlo y conseguiría una convivencia armoniosa con los gremios docentes a partir del mejoramiento de las condiciones laborales.

En los hechos, los/as argentinos/ as no hemos tenido la posibilidad de ver la concreción de ninguna de esas promesas pero sí se avanzó en la eliminación de la Paritaria Nacional Docente, la reducción del presupuesto universitario y el porcentaje del PBI destinado a la educación en general, el intento de cierre de escuelas nocturnas y programas que permitían la finalización de estudios y la pulverización del salario docente.

En el campo específico de la formación de maestros/as y profesores/as, el gobierno desmontó los postítulos y especializaciones que brindaba el Instituto Nacional de Formación Docente y hoy avanza a paso firme con el cierre de profesorados en distintas jurisdicciones del país.

Paralelamente, se expanden a paso redoblado los convenios del Estado nacional con empresas privadas y organizaciones no gubernamentales integradas por funcionarios de la Administración Cambiemos o allegados/as muy directos al elenco político dirigente para incorporar servicios al sistema educativo. Se trata de una amalgama que combina una visión del mundo de corte netamente empresarial que pretende desplegarse a través de la educación con negocios privados garantizados por el erario público.

En síntesis, asistimos a la paradoja de un discurso que pregona y declama la necesidad de un progreso modernizante pero que sirve de fundamento para impulsar medidas que nos retrotraen a tiempos y escenarios anteriores. Frente a esa contradicción discursiva que pervierte el valor de la palabra, nos queda el recurso de la necedad que propone el cantautor cubano. La necedad de rechazar el engaño que pretende mostrar como retrógrado y conservador a todo/a aquel/lla que no se sume al coro enceguecido por globitos y que identifica estos cambios como las soluciones que necesita la educación en Argentina.

Es tiempo de rechazar las invitaciones a indefinirse y de provocar nuevas transiciones impulsadas desde abajo. Aquellas que permiten seguir soñando travesuras. Para eso hay que confluir con los colectivos docentes, las organizaciones de estudiantes, los sindicatos y los espacios de educación popular que se concretan en la militancia barrial/territorial. Estos son los sectores que, por sus propias condiciones de existencia, impulsan nuevas transformaciones recurriendo a la educación como herramienta.