“Voces...” surge como una propuesta colectiva del Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, con el objetivo de contribuir al debate en torno a una nueva Ley de Medios.

Para eso, realizamos entrevistas para conocer la opinión de trabajadores y trabajadoras de la comunicación acerca del anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en marzo de este año.

La reglamentación vigente -ley 22.285- es un decreto dictado en 1980 por la última dictadura militar. Tiene 29 años de vigencia, de los cuales 25 transcurrieron en democracia. En el momento de su sanción y aplicación tuvo como objetivo responder al modelo de “in-seguridad” nacional: fue la pata comunicacional y mediática que sirvió para encubrir la desaparición, tortura y asesinato de ciudadanos y ciudadanas y formó parte de un aparato siniestro que sirvió para consolidar un modelo político y económico para la Argentina.

Quienes integramos colectivos de comunicación, universidades, sindicatos, medios comunitarios y alternativos, hemos pronunciado a lo largo de todos estos años la necesidad de cambiar la legislación vigente por otra en la que se resguarden las garantías constitucionales que le corresponde a cualquier ciudadano o ciudadana pleno de derechos.

Pero, como sabemos, existe un pequeño pero muy poderoso sector de la sociedad que maneja los medios de comunicación en nuestro país. La monopolización del espectro radiofónico es un ejemplo claro de la finalidad mercantil que los medios poseen en la Argentina. La concentración mediática está, hoy por hoy, en manos de dos “pulpos” como son el grupo Clarín y Telefónica.

Por tanto, la posibilidad de contar con una regulación más democrática de las frecuencias de radio y televisión será en detrimento de los intereses empresariales que estos monopolios u oligopolios informativos detentan. Pero de este modo, se comenzaría a desandar por un camino más participativo en los medios de comunicación.

Punto de partida

Este libro significa para nosotros un punto de partida y de llegada al mismo tiempo.

Un punto de llegada porque representa la materialización de un trabajo que venimos realizando hace algunos años a través de las sucesivas charlas-debates que organizamos –con la valiosa participación de intelectuales, periodistas y militantes de esta causa–, en las que venimos analizando el rol de los medios en la sociedad y en la necesidad de una nueva ley que regule las comunicaciones.

Las intervenciones de cada invitado/a, el debate con los asistentes y los diferentes aspectos y enfoques abordados nos permitieron profundizar, conocer nuevas variables y afinar la mirada en ese punto conflictivo que aún el sistema democrático no ha podido resolver.

Pero, a la vez, Voces... es un punto de partida, ya que implica un hito para nuestro departamento que nos obliga a un nuevo desafío: fortalecer el debate a través de actividades, pronunciamientos públicos e investigaciones que estén orientadas a consolidar la urgencia de tener medios de comunicación que nos identifiquen y nos incluyan como ciudadanos y no como consumidores.

En relación a su metodología, reivindicamos especialmente que el libro sea el producto de una genuina construcción colectiva.

Cada uno de los siete autores (Inés Farina, Luis Pablo Giniger, Ianina Lois, Adrián Pulleiro, César Zubelet y quienes suscriben) no sólo aportó la/s entrevista/s que lleva su firma, sino que también participó en la elección de entrevistados, en la producción de los distintos cuestionarios y en la realización del prólogo y su primera edición.

Asimismo, la diversidad de autores profundizó la diversidad de voces de este libro: lo alternativo, lo académico, lo local, lo gremial, lo tecnológico, lo jurídico, lo oficial, lo educativo, lo cooperativo, lo filosófico, etc.; son algunos de los ejes que atraviesan el análisis de una nueva ley de medios, gracias a la pluralidad de entrevistadas/os.

Pensamiento único

La ley vigente forma parte de un proyecto político y económico de Nación y también de un modo cultural de reconocer al sujeto social. La disponibilidad de medios de comunicación por parte de grupos económicos poderosos intensificó el discurso único de ese sector. El mismo que representa el viejo modelo dictatorial pero aggiornado al modelo neoliberal que las democracias latinoamericanas supieron afianzar.

El debate sobre una Ley de Medios más democrática nos lleva a plantear públicamente políticas de comunicación más claras. Empezando por reconocer a las audiencias como ciudadanos y ciudadanas con derechos y a los medios de comunicación como herramientas básicas de la democracia.

Los medios masivos responden a una lógica centralista y capitalista. El desafío es federalizar un proyecto de comunicación que, en alguna medida, es también el de Nación. Un proyecto comunicacional que contenga a los distintos sectores sociales -cooperativas, universidades, sindicatos, municipalidades, colectivos y agrupaciones sociales y estudiantiles- que puedan expresarse libremente y potenciar su voz de un modo inclusivo y representativo.

El modelo vigente contempla a los sujetos sociales de un modo unidireccional. Se sustenta en el poder del mercado y en una reglamentación que, más que representar, excluye. El desafío de una nueva ley es la inclusión de quienes aún no hemos podido ser contenidos por este sistema. Abrir la participación a todos los sectores que lo deseen, nos permitirá fortalecer una democracia en tiempos en que las “prepotencias mediáticas” azuzan fantasmas de aquellos años de plomo.

Democracia informativa y económica

“No existe democracia informativa sin democracia económica”. El lema del Primer Congreso Internacional de la Comunicación que organizó la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) en 1998 se convirtió en un axioma, una proposición tan clara y evidente que no necesita demostración.

Por tanto, democratizar las comunicaciones implicaría también lograr una democracia económica que pueda respaldar las intenciones de una Ley y al cuerpo social que pretende representar. Los sectores sociales que pretendan tener sus medios de comunicación necesitan antes tener acceso económico y formativo que hoy no está disponible.

Asimismo, Lidia Fagale, secretaria adjunta de la Utpba, deja en claro en la entrevista que se le realizara para esta publicación, que “ninguna ley puede ser analizada sin evaluar la existencia de una fuerza social con capacidad para hacerla cumplir, desarrollarla, sostenerla e imponerla”.

El posicionamiento de quienes trabajamos actualmente en el campo comunicacional, sea desde el lugar que sea, debe quedar lo suficientemente claro de modo tal que quienes no son trabajadores de la comunicación puedan contar con una ley de medios democrática. Esta es una inquietud que también les es propia.

A modo de síntesis se puede decir que el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está basado en los 21 puntos propuestos por una serie de organizaciones reunidas en la Coalición para una Radiodifusión Democrática.

Reduce las licencias de 24 a 10 por operador y contempla una fracción del espectro en 3 partes iguales: 33% para las personas jurídicas con fines de lucro, 33% para los organismos del Estado y 33% para las personerías jurídicas sin fines de lucro.

Licencias conflictivas

El otorgamiento de las licencias es un punto que aún despierta contradicciones cuando se habla de democratizar el espectro: que un grupo pueda acopiar una decena de licencias aún es mucho, según las voces que se pronunciaron a lo largo de los debates en el CCC.

El vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Damián Loretti, sugirió la habilitación de “un mecanismo de capítulo de derecho del público, de apertura de audiencias públicas para la renovación de licencias, obligación de transparencias de los licenciatarios en su relación con el Estado y hacia el público” para evitar posiciones dominantes.

Por su parte, la docente e investigadora de la Universidad de Córdoba María Cristina Mata alertó sobre “cierta 'ingenuidad' atribuida al proyecto en tanto no contiene reaseguros contra modalidades de encubrimiento de propietarios”.

“La reducción temporal de las licencias y su prórroga mediando la realización de audiencias públicas, la revisión periódica de las licencias son, entre otros aspectos, elementos superadores que tienden a la desconcentración del mercado y a impedir la constitución de monopolios y oligopolios”.

Entre el 33% que corresponde a las personas jurídicas sin fines de lucro se encuentra el sector cooperativista. Hasta ahora su participación fue retaceada con artimañas legales para que no pueda desarrollar su propio medio. La reglamentación vigente permite a las cooperativas tener medios de comunicación pero excluye a las de servicios públicos, que son las que se encuentran en mejores condiciones económicas para tener este medio.

La figura de la personería jurídica sin fines de lucro en este marco legal es de suma importancia dada la universalidad del concepto. El anteproyecto propone otorgar un 33% para este sector de la sociedad pero no especifica cuanto le corresponderá al sector cooperativista, a las iglesias, a las agrupaciones sociales, etc., con lo cual hay indicios que el debate continuará más allá de la sanción de esta iniciativa.

Las garantías económicas para que el sector del 33% de la sociedad civil que quiera tener su señal de radio o televisión no están contempladas explícitamente en la propuesta de reglamentación. Este es un punto que los entrevistados han destacado como una ausencia o un vacío legal. Aquí se presenta un desafío para la sociedad civil desde un sentido organizativo y que sea capaz de desarrollar alternativas de comunicación.

Construcción de ciudadanía

La construcción de ciudadanía por parte de los medios de comunicación es un factor fundamental al momento de hablar de medios integrados o representando a las mayorías.

En este sentido los medios tienen gran responsabilidad que no implica únicamente el rol de contralor sino que apunta específicamente a que los ciudadanos y ciudadanas se sientan formando parte de un proyecto inclusivo.

Guillermo Mastrini, docente e investigador de la UBA, sostuvo que los medios tienen una gran responsabilidad en la construcción de ciudadanía y advirtió: “Nosotros tenemos graves problemas en cuanto a la expresión ciudadana y en términos de cómo se forman las agendas informativas”.

El investigador consideró que los medios son un ámbito para “contribuir a generar espacios de diálogo comunicacional ciudadano”. Observó, además, que quizás los avances en este sentido pueden visibilizarse de un modo más significativo en un pueblo del interior que tiene su propia señal comunitaria y no en las grandes ciudades en las que la cultura ciudadana está relacionada a la “Gran Televisión”.

Al respecto, Mata planteó que la Ley incorpore la figura de “ciudadanía comunicativa”, esto es, que la normativa en la materia debe “tender al ejercicio de los derechos que todos y todas tenemos a poder informarnos y expresarnos”.

La figura del Defensor del Público es un punto común entre los entrevistados. Si bien esta defensoría está contemplada en el anteproyecto, Luis Lázaro, Coordinador General del COMFER, opinó que se trataría de un organismo que “debería ubicarse en la demanda de las audiencias y tratar de estar más conectada con las necesidades sociales de acceso a la información”.

Para Mata, el artículo 19 del anteproyecto que hace referencia a esta figura “debería ampliarse y completarse añadiéndose, como misión y función de la Defensoría; la promoción de esos derechos a través de actividades y acciones tendientes a su reconocimiento y ejercicio, alentando especialmente la labor de las universidades y los medios en este sentido”.

Nuevas tecnologías

La urgencia de una nueva ley se fundamenta no sólo en una cuestión de derechos constitucionales: el avance tecnológico convirtió a la actual reglamentación en una postal suspendida en el tiempo. La democratización del espectro radioeléctrico se observa en el desarrollo que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han tenido en estos últimos años, sepultando cada vez más el modelo analógico y dando lugar a un nuevo escenario digital. El Triple Play es uno de los grandes temas que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual contempla. ¿Pero en qué consiste?

Pablo Hernández, docente universitario y titular de la cátedra Políticas y Planificación de la Comunicación de la UBA, explicó que se trata de un sistema de digitalización en el que el vínculo físico es por cable o por fibra óptica permitiendo la posibilidad de que circulen más información.

En este sistema entraría el Triple Play (Internet, Televisión y Telefonía) que ofrece al usuario una conectividad mayor con el mundo y una autoprogramación. Por eso es más dificultosa su regulación.

Para Hernández, el desafío es “garantizar cierta pluralidad de emisores y acceso a la posibilidad de emitir en un horizonte digital donde hay oferta de aire por espectro y por vínculo físico”, ya que la maximización de esa oferta garantiza la participación de muchos actores en una misma zona.

Hoy por hoy el sistema de servicios de televisión por cable es excluyente. Allí, también se evidencia la brecha social entre pobres y ricos donde sólo algunos acceden a una oferta variada de programación de televisión.

La alianza entre un Estado y ciertos sectores económicos emisores, dice Hernández, fueron los responsables que durante más de 50 años hubiera pocos operadores. Todo esto lo llevó a concluir que:

(...) la premura en la digitalización del espectro no tiene que ver con la provisión de servicios de radiodifusión, que podrían mejorar, sino con la liberación del espectro para telefonía celular, Internet y todos los servicios de valor agregado que son muy rentables, a través de la explotación del dividendo digital.

Palabras finales

Desde el Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación hacemos el aporte de esta publicación en un escenario por demás difuso, en el que se entrecruzan intereses económicos y políticos en detrimento de una democracia madura que permita la participación de todos y todas.

Como comunicadores sociales, apoyamos la iniciativa de contar con una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que esté a la altura de la demanda que desde distintas organizaciones sociales y académicas vienen solicitando a los gobiernos democráticos que sucedieron al genocida gobierno de facto.

Sabemos que no es suficiente. Que esta Ley no alcanza para democratizar las comunicaciones, pero tampoco queremos que se dilate más esta urgencia política, social y cultural que nos debemos de cara al futuro. La dirigencia política no ha podido resolver durante estos años las presiones de los grupos económicos que dominan los medios.

Comunicación y Democracia se articulan en el espacio público que es donde se dirimen los intereses de los sectores sociales. A mayor participación, mejor institucionalización. Las políticas de comunicación sirven de sustento normativo y político de las industrias culturales, de las estructuras económicas y de los modos en los que la ciudadanía participa en ese espacio público y se constituye como tal. Los procesos de comunicación sirven a la integración y es la base de una plataforma social que contenga a la diversidad y que garantice su visibilización.

Por último, y sin miedo a ser repetitivos sino coherentes, dos párrafos del prólogo que repetimos en cada una de nuestras apariciones públicas:

No hace falta ser un agudo analista político para comprender que la Argentina todavía está lejos de contar con un sistema de medios que garantice la multiplicidad de voces y proponga un modelo distinto al que durante tantos años se ha afianzado. Sin embargo, compartimos la idea de que es tiempo de contar con una norma que entienda y estimule la comunicación como un servicio público en función de las necesidades de los sectores menos tenidos en cuenta por el sistema.

Nos parece difícil que la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cambie radicalmente la situación actual en materia de medios de comunicación. Sin embargo, no da lo mismo que la ley de la dictadura siga vigente frente a otra que permita que nuevos actores se incorporen al mapa de medios y genere mejores condiciones para que la voz de los que no suelen estar presentes cuente con un espacio.