Desde la perspectiva del despliegue de las relaciones de fuerza, el análisis de políticas públicas implica situarlas en el marco de la disputa entre proyectos políticos antagonistas por el control material y simbólico de la vida social. En este sentido, el establecimiento de un gobierno de signo neoliberal en la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2007 y su reafirmación en el campo electoral en 2011 plantea una serie de tensiones, desafíos e interrogantes en el campo popular. Más aún, considerando que la gestión del Pro forma parte de un proyecto político neoliberal mucho más amplio, de alcance mundial, que se proyecta sobre nuestro continente a través de diversas iniciativas, desplegando un conjunto articulado de estrategias económicas, políticas, mediáticas, culturales e ideológicas orientadas a revertir el profundo proceso de transformaciones que atraviesa Nuestra América desde hace más de una década. Desde esta perspectiva, el proyecto educativo del gobierno del Pro en la Ciudad de Buenos Aires constituye una dimensión específica de una racionalidad de gestión en la que el rol del Estado, la relación entre lo público y lo privado y el ejercicio de derechos fundamentales por parte de la población adquieren connotaciones específicas. En el marco de este artículo nos interesará particularmente la dinámica resultante de los modos de implementación de un conjunto de políticas neoliberales y las resistencias que éstas han suscitado en la comunidad educativa, particularmente por parte de los sindicatos docentes, las organizaciones estudiantiles y el resto de la comunidad educativa.

El proyecto educativo del Pro

El campo de la educación constituye un ámbito privilegiado –aunque no excluyente- en la disputa respecto de la construcción en el mediano y largo plazo de determinados tipos de subjetividades ciudadanas con arreglo a una serie de proyecciones económicas, políticas y culturales que hacen a la configuración de un orden social. En función de su anclaje en la perspectiva de una orientación política inscripta en un proyecto civilizatorio neoliberal, la actual gestión de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presenta un planteo claro en lo que refiere al tipo de ciudadanía que se procura favorecer desde el sistema educativo, como así también respecto del rol que los distintos actores que lo componen habrán de desempeñar en este sentido.

En una publicación titulada Ahora…calidad. Apuntes para el debate sobre política educativa en la Argentina, el ministro de Educación porteño Esteban Bullrich se refiere a los propósitos y el sentido de la Educación en nuestro país, afirmando que:

…el mundo está muy difícil, mucho más para los jóvenes. Ya no compiten por una posición de trabajo únicamente con sus vecinos de escuelas o de barrio; ahora compiten con países de toda la región, con India, con China, y no sólo compiten por sus resultados en la educación formal, sino por conocimiento de idiomas, por la actitud hacia el trabajo, por el esfuerzo. Es decir, ya no es suficiente tener buenas notas (aunque nunca lo fue), sino que los valores, los principios de puntualidad, las disciplinas, en entender el uno al otro, saberse comunicar y resolver problemas son cada vez más y más importantes.i

Desde esta perspectiva, la educación debe estar orientada a la formación de trabajadores dóciles, flexibles y rápidamente adaptables a los cambios que tienen lugar en el mercado global. En el mismo sentido, la legisladora del Pro Gabriela Michetti sostuvo en en el III Foro por la Calidad Educativa organizado por el Proyecto Educar 2050ii durante el mes de septiembre de 2011 que:

…según una investigación del CEP realizada en compañías y empresas de primera línea, lo que los dirigentes empresariales y los ejecutivos marcan es que hay una precarización laboral (sic) y una incapacidad muy grande de los jóvenes de adaptarse al sistema de trabajo y a las reglas que impone el sistema de trabajo. La empresa, la plasticidad que hoy se necesita y la flexibilidad que hoy se necesita para poder introducirse en un mercado que es absolutamente abierto, cambiante, dinámico y que no tiene ya esa marca que tenía unas décadas atrás, donde uno empezaba una carrera y en la misma empresa la podía terminar o en el mismo rubro la podía terminar, con una carrera tipo de postas ascendiendo desde jefe de departamento, desde cadete a veces, hasta gerente. Eso no existe más porque el mercado es muy cambiante y los jóvenes no están adaptados y no tienen las herramientas para tener ese nivel de plasticidad y de dinamismo del mercado laboral.

De modo que desde la perspectiva del proyecto pedagógico que encabeza el ministro de Educación Esteban Bullrich, el sistema educativo se constituye en un ámbito orientado principalmente a la fabricación de un ejército de trabajadores que cuente con aquellas herramientas conceptuales y disposiciones actitudinales que se consideran indispensables para desempeñarse con idoneidad en un mercado de trabajo globalizado y altamente competitivo.

Otra dimensión central en el proyecto educativo del Pro se relaciona con la configuración de un mercado educativo al interior del sistema educativo, cuyo actor privilegiado es el sector de la educación privada, que concentra alrededor del 48% de la matrícula en todos los niveles. En el informe Panorama Educativo, publicado en 2009 por la Dirección de Investigación y Estadística del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se indica que:

…el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aporta al sostenimiento de la educación del sector privado. Así, el 62 por ciento de las unidades educativas privadas de todos los niveles y modalidades recibe algún porcentaje de aporte estatal y, en particular, el 42 por ciento de ese total (es decir, el 26 por ciento de todas las unidades educativas privadas) recibe del estado una suma equivalente al 100 por ciento del sueldo del personal docente afectado al currículo oficial.iii

En la versión de 2010 de dicho informe se afirma que en ese año, el 16,2% del presupuesto educativo porteño se orientó hacia el sostenimiento de la educación privada, destinando solamente un 8,9% del mismo en el área de infraestructura y mantenimiento edilicioiv. En la misma línea, el presupuesto sancionado en 2011 por la Legislatura porteña establecía que el gasto en educación privada fuera de 1008,8 millones de pesos, representando el 15,4 % del presupuesto total del Ministerio de Educación. Sin embargo, el monto final de la ejecución en educación privada fue superior, alcanzando 1246,6 millones de pesos, esto es, el 17,2 % por ciento del presupuesto del ministerio. El presupuesto 2012 prevé la asignación de 1.132 millones de pesos para el sector privado, lo cual implicará un 32% de incremento, que deberá ser contrastado con el monto finalmente ejecutado.

Los primeros ensayos de la gestión neoliberal: avances y retrocesos (2008-2010)

Durante sus primeros cuatro años de gestión, el macrismo desplegó un conjunto de iniciativas orientadas principalmente a avanzar en una serie de recortes que comprometen el acceso a la educación por parte de sectores populares, la privatización de la educación pública y el disciplinamiento de docentes y estudiantes. Muchas de estas iniciativas encontraron ejes de resistencia en los sindicatos docentes y en las organizaciones estudiantiles, y en repetidas oportunidades el Pro se vio obligado a retroceder o, al menos, a negociar.

Cabe mencionar, en este sentido, el conflicto desatado en 2008 por la reducción de 30.000 becas estudiantiles, medida que marca una clara orientación política en lo que refiere al rol del Estado en tanto garante de derechos. La inmediata respuesta fue la toma de establecimientos educativos en el marco de un proceso de organización de los movimientos estudiantiles, quienes recibieron el apoyo de legisladores, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos. En ese marco, la legislatura porteña debió tratar y aprobar una Ley de Becas a los fines de regular el otorgamiento de las mismas. Como saldo del conflicto, se restituyó la mitad de las becas faltantes. El Ministerio de Educación reaccionó solicitando a los directivos de las escuelas la confección de listas de los estudiantes que participaron de las tomas de establecimientos, que, en la mayoría de los casos, no fueron entregadas. Ese mismo año, el memo 494.822-DGEGE-2008 prohibía a los docentes realizar declaraciones en medios de comunicación masiva, medida que sólo puede ser leída en términos de una acción de gobierno profundamente autoritaria y de carácter punitivo y que, desde nuestra perspectiva, da cuenta de una orientación marcadamente conservadora y represiva en el gobierno de lo educativo.

La reducción del número de las jornadas de reflexión docente –que fueron restituidas recién en 2012–, restringe considerablemente las instancias de debate y reflexión entre los equipos docentes y directivos al interior de las instituciones educativas, que resultan centrales en términos pedagógicos para la construcción y afianzamiento de Proyectos Educativos Institucionales que garanticen una enseñanza de calidad.

En noviembre de 2009, el GCBA intentó instalar oficinas de la Policía Metropolitana dentro del complejo Puerto Pibes, en el que funciona la Escuela Pública Nº 11 DE 10 “Indira Gandhi”, lo cual constituye, además de un claro acto de usurpación, una medida de gobierno cargada de una dimensión simbólica contundente. En el marco de las acciones de resistencia llevadas adelante desde la escuela junto a organizaciones sociales, la construcción debió detenerse por orden de un fallo de la justicia porteña. Ese mismo año, la gestión macrista decide, por primera vez, descontar de los salarios docentes el monto equivalente a tres días de paro realizado en los meses de marzo y abril en el marco de una puja salarial, desplegando una práctica de carácter ilegal que desconoce el derecho a huelga establecido en la Constitución Nacional. Al respecto, fallos judiciales de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad y el Tribunal Superior de Justicia ordenaron la restitución de los montos descontados, aplicando una multa al entonces ministro de educación Mariano Narodowski por cada día en que los haberes no fuesen restituidos. Hacia fines de ese año, el ministro es separado del cargo en el marco de su participación en una red de espionaje que realizaba escuchas telefónicas a docentes, entre otros actores políticos y sociales. Su sucesor, Abel Posse, que fuera funcionario diplomático de la última dictadura militar, se vio obligado a renunciar a poco de haber asumido en el cargo en virtud de las masivas críticas que provocó su designación, a partir de sus declaraciones públicas en las que el funcionario demonizaba a los jóvenes y reivindicaba a la última dictadura militar.

En el año 2010, luego de agotar todas las instancias administrativas y de diálogo, los estudiantes organizados decidieron tomar nuevamente los establecimientos educativos como respuesta al profundo deterioro edilicio que presentaban las escuelas de la ciudad, recibiendo el apoyo de grupos de padres y docentes. Nuevamente, la respuesta del gobierno de la ciudad fue la confección de listas negras y el inicio de acciones judiciales en contra de los jóvenes.

Sin embargo, el despliegue de otro conjunto de medidas de gobierno no suscitó, en este primer período, conflictos que articulasen resistencias con la envergadura suficiente para tensar la relación de fuerzas en el campo educativo. Tal es el caso del progresivo incremento en el otorgamiento de subsidios al sector de la educación privada, la profundización en las condiciones de precarización laboral de docentes y demás trabajadores de la educación, el deterioro en términos académicos y pedagógicos de la Escuela de Capacitación Docente–Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA), y la implementación del programa de evaluación docente para maestros de primaria, entre otras.

El conflicto por la eliminación de Juntas de Clasificación Docente en 2011: un punto de inflexión

La presentación del “Proyecto de ley sobre democratización, transparencia y modernización de la clasificación y designación docente” en la Legislatura porteña por parte del ministro de Educación Esteban Bullrich y la legisladora del Pro Victoria Morales Gorleri en septiembre de 2011, desató un conflicto educativo que se extendió hasta el mes de diciembre de ese año. Con la modificación del Estatuto, el Ministerio de Educación apuntaba a intervenir de manera directa en la designación de los trabajadores de la Educación de la Oficina Única de Clasificación Docente, reservándose así las facultades correspondientes para establecer criterios de selección y órdenes de mérito, asignación de puntajes en función de la validación de títulos, capacitaciones, cursos, participación en instancias académicas, congresos, foros, etc. Además de restringir la participación de los docentes en este tipo de decisiones, el proyecto original del oficialismo garantizaba al Poder Ejecutivo porteño un enorme margen de discrecionalidad en el momento de evaluar los antecedentes profesionales, y determinar quiénes son los educadores mejor capacitados para estar al frente de las aulas.

La resistencia de la comunidad educativa, en particular de los sindicatos docentes, determinó que el proyecto no fuera aprobado tal como había sido planteado por el Poder Ejecutivo. Ello derivó finalmente en la aprobación de un proyecto alternativo presentado por el entonces diputado de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya. Si bien la norma modificatoria del Estatuto del Docente no elimina las juntas de clasificación en los términos planteados en el proyecto del oficialismo, reduce su número de 14 a 7, modifica su composición reduciendo la proporcionalidad entre docentes y representantes del ministerio de educación y limita muchas de sus funciones, que pasarán a la órbita de una Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (Coreap), integrada por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. El proyecto aprobado contempla asimismo toda una serie de aspectos complementarios, tales como la creación de una comisión del Estatuto, la implementación del legajo único docente, la titularización masiva de docentes interinos –aún de aquellos que no cuentan con título docente o título de base– y la implementación del régimen de profesor por cargo para nivel secundario, entre otras, cuyo verdadero alcance se definirá en el marco del proceso de reglamentación de la nueva ley. Por lo pronto, cabe afirmar que se trata sin lugar a dudas de una reforma regresiva, en tanto afecta derechos adquiridos y limita la participación de los trabajadores de la educación en el sistema de clasificación y designación de sus pares, lo cual se relaciona directamente con el control sobre los procesos de trabajo docente en términos de gobierno de la educación. Lo que está en juego en definitiva es el tipo de docentes que estarán al frente de las aulas durante los próximos años.

Al respecto, en el mes de noviembre de ese año, mientras el conflicto por la eliminación de las juntas se encontraba en uno de sus puntos más álgidos, el ministro Bullrich afirmaba en diálogo con Radio 10 que:

…hoy no vemos que se elija a los mejores docentes. Si hay algo que no podemos decir en la Argentina a esta altura es que el sistema educativo tiene calidad. Nosotros estamos proponiendo que los mejores docentes sean los que lleguen a los cargos y hoy no pasa eso.v

En la misma sintonía, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, declaraba en el Diario La Nación que:

…lamentamos mucho (esta huelga), estamos trabajando para mejorar las escuelas y claramente queremos tener los mejores docentes.vi

Surge inmediatamente la pregunta acerca de qué es un buen docente desde la perspectiva del titular del Poder Ejecutivo porteño.

Hacia una radicalización de la estrategia de disciplinamiento docente y una profundización del rumbo neoliberal

La decisión de aplicar nuevamente, durante la primera mitad de 2012, descuentos sobre los salarios docentes por los días de paro realizados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 en el marco del conflicto por las Juntas de Clasificación, pone de manifiesto una intencionalidad política dirigida a profundizar el disciplinamiento de los trabajadores de la educación. Se trata de una medida –inconstitucional, por cierto- que apunta a socavar la capacidad organizativa y de movilización de los sindicatos docentes.

En ese contexto, la resolución firmada en el mes de marzo de este año por el Director de Educación de Gestión Pública Maximiliano Gulmanelli, que disponía el cierre de 212 cursos y grados en la ciudad encontró la resistencia de grupos de padres y familias que comenzaron a organizarse bajo la consigna de la defensa de la escuela pública, junto a los sindicatos docentes que, restringida su capacidad para convocar al paro, los apoyaron desde diversas iniciativas, tales como actos y abrazos a las escuelas afectadas, presentaciones en la Legislatura y en la Justicia e intervenciones en los medios de comunicación. Nuevamente, el macrismo se vio obligado a retroceder y redujo a 96 la cantidad de cursos a cerrar, de los cuales sólo 41 se han hecho efectivos por el momento.

Seis meses más tarde, y a poco de haber instalado una línea telefónica 0-800 para recibir denuncias sobre posibles casos de “intromisión política” en las escuelas de la ciudad, Esteban Bullrich decidió separar de su cargo a seis trabajadores de la Escuela Nº 3 DE º8 por haber realizado una dramatización en la que se presentaba una…

…representación disvaliosa de las imágenes del Sr. Jefe de gobierno y del suscripto –revistiendo la situación, según el ministro de Educación– …una gravedad institucional insoslayable, por cuanto los máximos responsables de velar por el servicio público de Educación han permitido que los alumnos se vean comprometidos en una situación de neto corte político”vii.

Ante esta situación, los gremios mayoritarios –UTE y ADEMYS– convocaron a un nuevo paro docente, que contó con un elevado porcentaje de acatamiento –calculado en un 90% aproximadamente según cifras aportadas por los sindicatos– y una movilización a la Jefatura de Gobierno para exigir la inmediata reincorporación de los docentes separados de sus cargos. En esta instancia, cabe destacar la participación de un amplio conjunto de organizaciones sociales y políticas, lo que brindó a la movilización un acompañamiento que trascendió el ámbito exclusivamente educativo.

El conflicto no ha sido resuelto aún y sería imprudente aventurar posibles desenlaces en este sentido. Sin embargo cabe consignar a modo de conclusión, en primer lugar, que estas nuevas ofensivas del macrismo marcan un claro precedente en cuanto a la radicalización de una serie de prácticas de gobierno de carácter marcadamente autoritario, que a su vez apuntan a una producción simbólica de sentido orientada tanto a disciplinar a los docentes como a construir una representación negativa respecto de los mismos en la opinión pública.

En segundo lugar, ello se inscribe en el marco del despliegue de políticas orientadas a profundizar el rumbo neoliberal en términos de la capitulación del Estado en tanto garante del Derecho a la Educación y la privatización del sistema educativo. Éste es interpelado e intervenido por el macrismo desde una perspectiva de mercado centrada, fundamentalmente, en una orientación pedagógica acorde a las demandas del sector empresario y en una fuerte apuesta al sector de la educación privada.

Finalmente, sin perjuicio de la progresiva implementación de nuevas modalidades de protesta en las escuelas y en los distritos escolares, la recuperación del paro docente como instrumento de lucha, aún a pesar de los descuentos salariales, constituye un hecho contundente que gravitará en el despliegue de las relaciones de fuerza en cuyo marco tienen lugar los conflictos educativos en la ciudad de Buenos Aires. De todas formas, el alcance real de las futuras políticas educativas del macrismo dependerá en gran medida de la capacidad de articulación que demuestren los sindicatos docentes porteños, los familiares organizados, los centros de estudiantes y el resto de las organizaciones políticas y sociales para resistirlas mientras se continua trabajando firmemente, a pesar de todo, en la construcción de una educación emancipadora desde la escuela pública.

Notas