Dos proyectos que aguardan tratamiento legislativo proponen modificar la actual Ley de Concursos y Quiebras en beneficio de las organizaciones que adoptan la forma cooperativa para fortalecer la producción

Modificada por última vez en el año 1995, con un corrimiento de eje que hizo de los trabajadores las víctimas más débiles cuando una empresa entra en crisis, la actual Ley de Concursos y Quiebras va camino a una reforma. Hay dos proyectos en danza, uno del oficialismo y otro de la diputada Victoria Donda. Ambos están inspirados en iniciativas de organizaciones que nuclear a trabajadores de empresas recuperadas y pretenden dar prioridad a estos nucleamientos.

«Dado que la actual Ley contempla la posibilidad de que una cooperativa de trabajo continúe con la explotación de una empresa si ésta quiebra, el proyecto plantea, en tanto jurisprudencialmente ya está dado así, que los créditos laborales sean tomados en su totalidad, y que sirvan para comprar bienes inmuebles», señala Marcela Macellari, abogada de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo.

La reforma permitiría así compensar los bienes concursados con la deudas que se tienen con los trabajadores, que actualmente se cobran sólo en un 50%, y paliar dos de las mayores amenazas que penden sobre las fábricas y empresas recuperadas: el desalojo y el remate de los bienes.

«Hoy en día, la cooperativa puede trabajar, pero a la hora del remate no tiene ningún tipo de privilegio. Apuntamos a que las indemnizaciones valgan en moneda para comprar, y que no sea necesario recurrir a una expropiación para evitar el remate», afirma la letrada.

La iniciativa de la diputada Donda, además de avalar estos cambios, plantea la Reforma de la Ley de Quiebras desde la etapa del concurso. «Se propone un comité de control formado por tres trabajadores, el cual debe ser informado permanentemente por el juez y el síndico sobre lo que ocurre durante el concurso. Sucede que las empresas están concursadas a veces durante años  y en ese período se venden las fábricas, los autos, las máquinas, y en la quiebra no queda nada. Si bien se sabe que la información es pública, es muy difícil que un trabajador vaya al juzgado y se le muestren los expedientes», explica Macellari.

El proyecto de la diputada de Libres del Sur también hace partícipes a los trabajadores en la etapa intermedia entre el concurso y la quiebra, el período de salvataje. «Es el registro para que un tercero se anote a salvar la empresa, y lo que plantea Donda es permitir que una cooperativa formada por los trabajadores se anote también, con el respaldo de los créditos laborales», puntualiza Macellari.

Otros puntos planteados, como parte de las reformas, son elevar la prohibición de volver a concursar en un período de un año a cinco años (antes de 1995 la prohibición de volver a presentarse en concurso se extendía a diez años) y también volver a instaurar la figura de la quiebra fraudulenta, elemento eliminado en la modificación del año 95. Actualmente, ambos proyectos están en dictámenes, y se aguarda su tratamiento en el próximo período legislativo.

 

ACCION, año XLIV, Nº 1.066