Renovación urbana y segregación socio-espacial en Costanera Sur

18/08/2011

Por María Florencia Rodriguez*



Las disputas por la apropiación del espacio urbano adquieren gran relevancia en distintas áreas de la ciudad, tal como ocurre en la Costanera Sur donde existen "tensiones" entre diversos actores, quienes pretenden impulsar dinámicas urbanas de neto sesgo empresarial y aquellos que buscan resolver la necesidad de acceso al hábitat.

Allí, a pocos metros del barrio de Puerto Madero, entre terrenos lindantes a la Reserva Ecológica y a la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, se encuentra el barrio Costanera Sur Rodrigo Bueno. Sus primeros pobladores se asentaron en el lugar, a principios de la década del '80, cuando era una zona depreciada que carecía de interés por parte de los diversos sectores de la sociedad. En un contexto de empobrecimiento y, ante la imposibilidad de acceder al mercado inmobiliario formal, estos habitantes rellenaron los predios y construyeron sus casillas de manera precaria, a los fines de poder reproducir sus condiciones de vida en la ciudad.

Ubicado en un área degradada, en el año 2000 el GCBA orientó hacia el asentamiento una política de omisión y tolerancia otorgando módulos de maderas y chapas a varias familias, pero sin un acompañamiento de políticas integrales que permitiesen mejoras notables en las condiciones de vida de los habitantes. Así, fueron las propias familias residentes quienes pusieron todo su esfuerzo en la construcción de sus viviendas y en la provisión de servicios para garantizar su subsistencia.

El asentamiento se consolida bajo la omisión e indiferencia del Estado, adquiriendo "visibilidad" a partir del 2004 ante el interés de diferentes inversores por impulsar procesos de recualificación y renovación en esa área de la ciudad. Estos procesos datan de los años '90, donde la reconversión de las tierras portuarias en el barrio de Puerto Madero y el desarrollo de grandes inversiones privadas orientadas a obtener altas tasas de rentabilidad generaron una revalorización del área costera que tuvo incidencia en la zona donde se encuentra el barrio Rodrigo Bueno.

Una muestra de ello, es el mega proyecto inmobiliario "Santa María del Plata"  (o también conocido Solares Santa María) que impulsa IRSA en los predios de la ex ciudad Deportiva de Boca Juniors linderos al asentamiento, orientado a sectores de altos ingresos. En el año 2003, la ex Subsecretaria de Espacio Público y Desarrollo Urbano (GCBA) autorizó de manera "condicionada" este proyecto de urbanización, situación que tendió a cuestionar la permanencia del asentamiento en el área en cuestión.

Es así que el papel del Estado cambiaría en paralelo a las transformaciones urbanas. A través del decreto 1247, en el año 2005, el GCBA impulsó un desalojo en el asentamiento otorgando subsidios habitacionales a los vecinos para que se retiraran del lugar, bajo el argumento de que era necesaria "la recuperación de esas tierras para la Reserva". No obstante, detrás de este argumento subyacían otras lógicas e intereses, puesto que el asentamiento constituía una "amenaza" para el desarrollo de estos proyectos inmobiliarios, razón por la cual se tornó necesario su desplazamiento.

La entrega del subsidio estuvo acompañada de una serie de acciones violentas intimidatorias, entre ellas, la suspensión de servicios (agua, electricidad, limpieza de los pozos ciegos y recolección de residuos), y el control físico del lugar, mediante la instalación de una guardia policial en la entrada del barrio y la construcción de un muro de tierra de cinco metros de altura con el objeto de ocultar esta población, agudizando aún más los procesos de segregación socio-espacial.

Ante esta situación, los habitantes del barrio denunciaron el proceder del GCBA, motivo por el cual la Jueza Elena Liberatori estableció -en septiembre del 2005- un amparo judicial que suspendía el desalojo y exigía al gobierno local garantizar a los habitantes mejores condiciones de habitabilidad.

Estas pujas en torno a los usos del espacio urbano siguen vigente incluso en la actualidad con el actual gobierno local. En marzo del presente año, la magistrada dictó sentencia sobre la causa de Rodrigo Bueno, en la cual exigió al GCBA desafectar formalmente el terreno del barrio de la Reserva Ecológica, anular los decretos que justificaban el desalojo del predio e incluir a Rodrigo Bueno al programa de urbanización de villas (contemplado en la Ley 148), al mismo tiempo, que ordenó al actual gobierno a presentar, en un plazo de 120 días, un plan de integración urbana y social del barrio. Este fallo se da en un marco donde diversos actores promueven la urbanización del barrio. Con la colaboración de los propios habitantes y profesionales, la presidenta de la Comisión de la Vivienda de la Legislatura de la Ciudad -Rocío Sánchez Sandía-  elaboró un proyecto de ley que dispone la reurbanización y radicación definitiva del lugar, puesto que estos habitantes existen desde mucho antes que la Reserva, y con un entramado socio-espacial solidificado que hace posible la integración de este barrio con el resto de la ciudad. Sin embargo, a pesar de estas intervenciones, el ejecutivo se opone a la posibilidad de implementar políticas de inclusión y garantizar el reconocimiento del derecho a la vivienda digna a esta población. Mauricio Macri apeló al fallo de la jueza a los fines de avalar el desarrollo del proyecto de IRSA, que él mismo presentó -en mayo de 2010- ante la Legislatura para autorizar la construcción de este barrio privado.

Así, la disputa entre impulsar procesos de renovación urbana orientada a la lógica del capital y satisfacer la necesidad de acceso al hábitat, se convierte en una lucha por la apropiación del espacio entre diversos sectores de la sociedad, cuya intervención -por parte del actual Gobierno de la Ciudad- tiende a beneficiar al sector empresarial fortaleciendo el carácter excluyente de la ciudad.

*Lic. en sociología, becaria doctoral CONICET (IIGG-FSOC-UBA), investigadora del departamento de economía política y sistema mundial del CCC.

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