Por Valeria Mutuberría Lazarini  y María Florencia Rodríguez

La ocupación del Parque Indoamericano en Villa Soldati fue el tema central en las últimas semanas. La orden de desalojo efectuada por la jueza María Cristina Nazar –ante la solicitud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires– dio lugar al desplazamiento del asentamiento mediante la intervención de la Policía Federal y la Metropolitana. Esto generó un clima de tensión que dejó un saldo de al menos tres muertos y una gran cantidad de heridos. El operativo fue acompañado de un discurso xenófobo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde la construcción del sujeto de derecho –“merecedor” de la ciudad– parece reducirse sólo a los “vecinos que pagan sus impuestos”. Sin embargo, estos aspectos dejan de lado una discusión más profunda, que refiere a pensar sobre la política habitacional en la ciudad.

La gestión de Mauricio Macri en materia de vivienda ha afectado notoriamente a los sectores de menores ingresos. En primer lugar, con la transferencia –de hecho– de funciones y recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a la Corporación del Sur, a la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), y al Ministerio de Espacio Público, tendiendo a fragmentar la responsabilidad para llevar adelante las políticas habitacionales y de infraestructura orientada a los sectores populares. A esto se le suma la subejecución del Presupuesto en materia de vivienda. En el año 2009 el Presupuesto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) aprobado por la Legislatura ascendía a 519.635.601 pesos, del cual sólo se utilizó 238.567.839 pesos, es decir el 45 por ciento del monto total. Por su parte, en el año 2010 la partida presupuestaria se redujo a 409.488.393 pesos, ejecutándose un escaso monto de 73.708.009, equivalente a un 18 por ciento del total aprobado.

Ahora bien, el hecho de mayor gravedad fue la aplicación de procesos de expulsión y desalojos impulsados de manera sistemática a través de la Unidad de Control de Espacio Público, conocida como la UCEP. Con el objetivo de “mejorar el orden y la organización en el espacio público”, esta unidad procedía de madrugada expulsando de manera violenta a quienes se encontraban en plazas, parques e inmuebles ocupados. Las cifras indican que en siete meses, el Gobierno de la Ciudad efectuó una cantidad de 444 desalojos durante el año 2009, lejos de implementar políticas urbanas que garanticen la reubicación de las personas damnificadas.

Actualmente, en la ciudad de Buenos Aires el déficit habitacional alcanza a unas 500.000 personas que viven en situaciones críticas en materia habitacional, con todo lo que ello implica: condiciones de salubridad, problemas de acceso al trabajo, problemas de acceso a la educación y a la salud. Para tener en cuenta, la población que reside en villas y asentamientos asciende por lo menos a 150.000 habitantes, esto es un 50 por ciento más que en el año 2001. En cuanto a las personas en situación de calle, se estima un total de 2000 personas, un 100 por ciento más con respecto al año 2007.

Sin embargo, nos encontramos con una importante paradoja. Mientras la ciudad está vedada para los sectores de menores ingresos, la actividad de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires es muy significativa. Un claro ejemplo es el aumento de los permisos de construcción, que dejan dinero en el Gobierno de la Ciudad pero que no es volcado en las comunidades más afectadas, teniendo un rol central las empresas constructoras privadas en contraposición con la iniciativa autogestionada o cooperativa. Esto se desarrolla en un contexto donde priman procesos de renovación y revalorización del suelo en áreas centrales de la ciudad, dirigidos principalmente al turismo internacional y a los sectores de altos ingresos.

La ciudad se convierte, de esta manera, en un espacio de disputa entre los diversos sectores que la habitan, donde la ocupación de predios se convierte en una estrategia impulsada por el sector popular a los fines de hacer frente al problema habitacional, irresuelto, hasta el momento por el poder estatal. Esto nos hace reflexionar sobre las deficiencias de la política habitacional en la actualidad. Por un lado, las políticas de acceso al suelo y a la vivienda carecen de articulación entre los diferentes niveles de jurisdicción (Gobierno de la Ciudad y gobierno nacional), a la vez que las cuestiones del “hábitat” no son abordadas de manera integral, acompañadas de políticas sanitarias, educativas, laborales y sociales.

Queda claro que las políticas habitacionales del actual gobierno de la ciudad no hacen más que alimentar la idea de la mercantilización absoluta de la ciudad, donde accede solo aquel que cuente con los recursos para hacerlo. Dados los sucesos de las últimas semanas, es importante mencionar que pensar en la política habitacional es pensar también qué tipo de ciudad se quiere y para quiénes.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-158971-2010-12-20.html