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Movilizaciones, marchas y solicitadas marcaron un momento bisagra para el cooperativismo de crédito nucleado en el Instituto.

La historia de lucha y organización del movimiento cooperativo vinculado con el IMFC contiene numerosos hitos, entre los que se encuentran las movilizaciones del año 1965. Por aquellos tiempos, la actividad de las cajas de crédito ocupaba un destacado lugar en la vida económica de obreros, comerciantes y pequeños y medianos empresarios de todo el país. Esa relevancia fue precisamente la que motivó, a mediados de la década del 60, el ataque de diversos actores financieros decididos a desplazar al cooperativismo de la economía nacional.

El año aludido comenzó de forma auspiciosa para el IMFC con la elaboración del anteproyecto de Ley de Cajas de Crédito Cooperativas que buscaba dar un marco legal definitivo a esas entidades, y con la realización de la Primera Conferencia Nacional sobre Cooperativismo que se llevó a cabo en la ciudad de Corrientes y las Jornadas de Derecho y Administración Cooperativa. Sin embargo, en otros ámbitos comenzaban a presentarse los primeros signos de una ofensiva que se mantendría durante todo el año.

El primero de ellos sucedió en abril, cuando un anteproyecto de ley presentado en el Senado pretendió poner bajo el control del Banco Central a las entidades de crédito. Sin avales y con la rápida oposición del IMFC, el texto no prosperó, aunque la ofensiva no se detuvo allí: en junio las asociaciones de Bancos del Interior (ABIRA) y de Bancos de la República Argentina (ABRA) exigieron la aplicación de medidas restrictivas de la operatoria de las cajas y el Banco de la Nación Argentina dispuso prohibir a sus clientes la negociación de cheques librados por cooperativas de crédito.

En julio el mismo banco anunció el cierre de las cuentas corrientes de las cooperativas, dejando en claro que la ofensiva de los sectores financieros más concentrados encontraba su cauce en esas distintas maniobras. Frente a esto, el IMFC daba su inmediata respuesta: solicitadas, convocatorias públicas, refuerzo del vínculo intercooperativo y con organizaciones sociales, instituciones y personalidades y gran cantidad de actos conformaron la defensa del sector. A ello se sumaron los apoyos de instituciones gubernamentales encabezadas por distintas cámaras de diputados provinciales y concejos deliberantes de Resistencia, Capitán Sarmiento, Gálvez y Paraná, entre otras ciudades.
A lo largo de 1965 se organizaron numerosas manifestaciones públicas que reunieron a decenas de miles de cooperativistas que coincidían en la defensa del movimiento. Rosario, Córdoba y Tucumán fueron algunos de los lugares que se movilizaron frente al ataque contra el cooperativismo. No obstante, el 8 de agosto se convirtió en un acontecimiento clave: más de 50.000 asistentes convocados por el IMFC en ocasión de la conmemoración del Año de la Cooperación promovido por las Naciones Unidades se congregaron en el Luna Park colmando no solo el estadio sino sus inmediaciones.

«En defensa del Cooperativismo - Por la Ley de Cajas de Crédito Cooperativo» era la consigna de una de las mayores concentraciones que registra el cooperativismo en el país. Más de 600 cooperativas junto con sus dirigentes y asociados, organizaciones del movimiento obrero, gobernadores, legisladores y el vicepresidente de la Nación, Carlos Perette, asistieron al acto que tuvo, entre otros oradores, al presidente del IMFC, Jaime Kreimer. Fue el dirigente quien sostuvo en el Luna Park que el cooperativismo de crédito era la unión de los proveedores de dinero y los usuarios del crédito que determinan por sí mismos lo que debe hacerse con su dinero, «así como el cooperativismo agrario fue creado como herramienta de defensa del productor del campo, víctima permanente de los monopolios comercializadores de la producción».

Expresión pujante

El masivo acto del Luna Park sirvió además para que el vicepresidente Perette entregara una copia del decreto 6.231 que creaba una comisión -con plena participación de los representantes del movimiento- que se encargaría de estudiar la legislación cooperativa. «Concebimos al cooperativismo como una expresión pujante del pueblo y no puede nadie ni nada pretender ponerle membrete», sostuvo el vicepresidente en su discurso.

La ofensiva continuó con sus presiones: el 4 de noviembre de 1965 se conoció una resolución del Banco Central que establecía que las cooperativas debían inscribirse en el Registro de Entidades Financieras no Bancarias, quedando al arbitrio del Banco Central la aceptación o no de la operatoria de las entidades. Días después, el 8 de noviembre, el Consejo de Administración del IMFC aprobó una resolución en donde se recomendaba el desconocimiento de las normas dictadas por el Banco Central y se impulsaba nuevamente un conjunto de actividades orientadas a desbaratar las decisiones de los altos intereses financieros que se ocultaban detrás de la institucionalidad bancaria. En la mencionada resolución, el Instituto aludía a la «política monetaria del FMI» que pretendía «reducir gradualmente la cartera bancaria» y «concentrar los préstamos en pocas operaciones de altos rendimientos» dejando de lado «las posibilidades de recibir créditos las medianas y pequeñas empresas».

Pronunciamientos, solicitadas, declaraciones de organizaciones como la CGT o la Cámara de Diputados de Córdoba en defensa del sector y un concurrido acto en el estadio del Club Atlético Atlanta (en el barrio porteño de Villa Crespo) fueron algunas de las medidas que demostraron nuevamente la férrea posición del cooperativismo nucleado en el IMFC.

Asimismo, en noviembre también los cooperativistas lograron concretar una audiencia con el presidente Arturo Illia, que ordenó la realización de una reunión de los integrantes del Consejo de Administración del Instituto con el directorio del Banco Central. Sin embargo, a pesar de ese encuentro, el 29 de noviembre la entidad bancaria envió, en una maniobra provocadora, una delegación para inspeccionar al IMFC tensando aún más la dificultosa relación.
En diciembre, en un clima político recargado por las presiones militares y el lobby internacional, el cooperativismo logró, a través de la intervención del gobernador de Santa Fe, Aldo Tessio, y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, aprobar el pedido de no innovar en materia de legislación cooperativa hasta tanto la comisión prevista en el mencionado decreto 6.231 no emitiera su posición y sus estudios sobre el proyecto de Ley de Cajas de Crédito Cooperativo.

La decisión fue positiva ya que, en forma paralela, el Banco Central tuvo que postergar los plazos fijados que intentaban terminar con las operaciones de las cajas y el accionar del IMFC. En un principio la postergación tenía vigencia hasta el 31 de enero de 1966 pero luego de intensas gestiones realizadas por el Ministerio de Economía de la Nación, el Banco Central accedió a una nueva prórroga sin fecha fijada.

Quedaba así desbaratado a fines de 1965 el intento de impedir el desarrollo del cooperativismo aunque la embestida era solo una escena de una trama que en 1966 tendría uno de los episodios más oscuros con la dictadura de Juan Carlos Onganía. A pesar de ello, 1965 ya había quedado en la historia del cooperativismo argentino como una señal de la fuerza y la representatividad incuestionable de la economía solidaria y justa; elementos que serían luego la barrera de contención para enfrentar a los poderes militares.

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