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La microempresa es una actividad económica que se caracteriza por su informalidad, pequeña escala, carácter familiar, autogeneración de empleo, uso intensivo de mano de obra, baja productividad, reducida dotación de activos fijos y especialmente una total ausencia de crédito regular por falta de garantías reales, que la excluye del mercado financiero formal. Es allí donde aparecen en escena las microfinanzas, un conjunto de servicios enfocados en la atención de micro, pequeñas y medianas empresas sin acceso a las instituciones financieras tradicionales. Y con ellas el microcrédito: bajos montos a corto plazo, pagaderos en cuotas semanales, quincenales o mensuales, con garantías no tradicionales, baja mora de las carteras pero con tasas de interés muy por encima de la comercial.

Los impulsores de los programas puestos en marcha en la región –asociaciones civiles, ONG, sociedades anónimas y cooperativas, entre otros–, pronto avizoraron la rentable conjunción de baja mora y toma de créditos a altas tasas de interés por parte de los excluidos de los circuitos financieros formales. No todo era micro. Poco y nada medió para que descuidaran aspectos centrales de las necesidades del sector y concentraran su atención sólo en los aspectos financieros. Esta modalidad convirtió al microcrédito en una herramienta de asistencialismo financiero muy cara para los pobres y propició la consolidación de la «industria de las microfinanzas».

Si bien en la región los países pioneros fueron Perú y Bolivia, de acuerdo con el último informe realizado por la consultora Unidad de Inteligencia Económica, para Microscopio 2011, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), «Latinoamérica es la mejor región del mundo para el negocio de las microfinanzas, debido a que 8 de los 12 primeros países del mundo con el mejor entorno para este “negocio” se encuentran en el subcontinente». Perú y Bolivia encabezan el ranking mundial. El Salvador, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Paraguay figuran en la primera docena.

El sector de las microfinanzas boliviano, a más de tres décadas de haber hecho su irrupción entre los emprendedores de la economía informal, de la mano de ONG, que captaron recursos para la lucha contra la pobreza de instituciones nacionales e internacionales a bajas tasas (entre el 1% y el 3%), pronto descubrió dos características fundamentales: la primera, que los pobres pagan y, por ende, son una fuente inagotable de beneficios. En la actualidad, «otorgan créditos a una tasa de interés que oscila entre el 24% y el 43% anuales», asegura, entre otras, la Asociación de Pequeñas Unidades Productivas de El Alto paceño. En 2009, un grupo de emprendedores bolivianos se encadenó en la Plaza de Armas de la ciudad de La Paz y durante una huelga de hambre aseguraron que las políticas microfinancieras imperantes en toda la década de los 90 y la siguiente no hicieron más que aumentar su situación de extrema exclusión.

De la mano del neoliberalismo y la supremacía del libre mercado, el sector de las microfinanzas, devenido ya en industria, adquirió características propias –lindantes con la usura– en los distintos países. Los gobiernos, generaron normativas «prudenciales» para regular el desarrollo del sector, pero sin demasiados resultados.

El caso argentino

En Argentina la aplicación del microcrédito es más reciente, pero en sus inicios también fue concebido con el mismo enfoque que en el resto de Latinoamérica. Hasta 2005 los microcréditos eran otorgados por las Instituciones de Financiamiento a Microempresas (IMF) –sociedades anónimas, cooperativas, asociaciones civiles, ONG que surgieron en la década del 90–. «Había, aproximadamente, 110 IFM activas, no reguladas por el Banco Central, que compartían una característica esencial: altas tasas de interés. Llegando a cobrar hasta 70% anual», sostiene la directora del Departamento de Proyectos y coordinadora de la operatoria de microcréditos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Patricia Arpe.

Lo que marcó la diferencia de nuestro país respecto del resto de la región es el rol que ocupa el Estado en la promoción y apoyo al sector, a través de la Ley Nacional de Promoción del Microcrédito (26.117), sancionada en 2006. «La normativa creó el marco regulatorio y promocional que contempla la particularidad del sector de emprendedores y de las organizaciones sociales a través de la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS)», aclara Arpe. Y agrega: «A través del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social Carlos Cajade, creado a partir de la ley, se financia a entidades para que puedan prestar a emprendedores, convirtiéndose en una herramienta de política pública para el desarrollo y fortalecimiento de la economía social».

Los fondos son provistos por el Ministerio de Desarrollo Social –a través del presupuesto público–, en forma no reembolsable, a Redes y Consorcios (interviene el Estado provincial o municipal) que presenten un proyecto viable, previa aprobación de la CONAMI.

Los destinatarios de los créditos son personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos –mayoritariamente del sector informal– que se organizan en torno a la gestión del autoempleo y que realizan actividades de producción de manufacturas, comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales. Arpe explica que «las metodologías para otorgar un crédito son cuatro: crédito individual (un crédito, una persona o una cooperativa); grupo solidario (gente que se agrupa para recibir una línea de crédito. El aval es el grupo, es solidario y responde por todos); banco comunal y microcrédito autogestionario. Es en pesos y la tasa de interés es del 6%. Muy por debajo de las exigidas por la “industria de las microfinanzas”, nacionales y regionales». Los montos, refiere la directora que los designa la Organización Ejecutora (OE) en función de las actividades económicas. Van desde $1.000 hasta el tope fijado por ley, que actualmente es de 12 salarios mínimos vital y móvil ($27.600).

«El programa, además de generar fuentes de trabajo e inclusión social –señala Arpe–, también se propone fortalecer a las organizaciones de la economía social, ya que son estas organizaciones ejecutoras las que reciben el financiamiento en forma no reembolsable, es decir, se hacen de un primer monto de subsidio a través del Ministerio. Lo tienen que rendir, pero no lo tienen que devolver, con lo cual esa organización se fortalece, se activa. Lo que tiene que lograr es prestarlo adecuadamente para volver a prestarlo a otros». Se le financia también el 30% de la operatoria, tanto de recursos humanos como gastos operativos. También la capacitación está a cargo de los técnicos de la CONAMI, a través de un software, desde el cual se rinden los fondos. En la actualidad, 1.500 organizaciones de la economía solidaria están inscriptas en el programa.

Mirta Quiles - http://www.acciondigital.com.ar