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En septiembre de 2013 se presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual se intentó expropiar los bienes muebles así como el uso por dos años del inmueble donde funcionaba la marca Dulce Carola, para destinarla a los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo "Ex trabajadores de Dulce Carola" Ltda.

Quienes explotaban esta empresa antes de ser recuperada por quienes verdaderamente la trabajan, lo hacían utilizando diversas sociedades comerciales a saber, Virtus, Uderlen SRL, Marlio.

Este proyecto, que siguió la lógica de las recuperaciones desde 2004 hasta la fecha en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, intentar primero mediante una ley (como la mencionada) "expropiar el alquiler" por dos años para luego de vencido el plazo ir, con otra ley, por la propiedad del inmueble, logró ser aprobado por la Legislatura en la sesión del 5 de diciembre de 2013.

Pero la lucha de los trabajadores por conservar su fuente de trabajo no solo se encontrará jaqueada por el poder judicial, quien hasta la fecha no ha decretado la quiebra de este conjunto empresario, sino que tendrá otro adversario, el poder ejecutivo local. Es así como el Jefe de Gobierno mediante el decreto 29/14 del 13 de enero de 2014 considerará que esta proyecto nunca deberá convertirse en ley esgrimiendo para ello tres motivos.

El primero, la falta de un requisito en el trámite legislativo, esto es haber realizado una audiencia pública, la cual es necesaria toda vez que el proyecto daba la facultad a la Cooperativa de actuar como expropiante del inmueble una vez que hayan transcurrido los dos años de ocupación, o sea de utilización de ese "alquiler expropiado". Es por esto que el Jefe de Gobierno, en vez de vetar ese artículo, decidió fulminar todo el proyecto en un claro mensaje hacia los trabajadores y la sociedad en general. "... el resguardo del derecho a la propiedad privada requiere, entre otras cuestiones, el respeto al régimen jurídico de la expropiación", dirá en el considerando de su decreto, dejándonos en claro una vez mas que el prefiere que se respete la propiedad por sobre el trabajo.

El segundo argumento tiene relación con un artículo del proyecto de ley que eximía a la Cooperativa del pago de todo impuesto, tasa, sellado o timbrado que tenga origen en la tramitación de las habilitaciones y certificaciones administrativas para la continuidad de la actividad desarrollada. Según el Jefe de Gobierno, esto significa "un beneficio individual en detrimento del interés común que debe guiar toda política de gobierno", beneficio que, a juzgar por los hechos acaecidos en los últimos meses, si está en manos de los trabajadores es susceptible de ser vetado pero si está en manos de un empresario del juego no.

Finalmente, el proyecto mencionaba que los gastos que demande la ley serán imputados a la partida presupuestaria que corresponda del ejercicio 2013. Para el Jefe de Gobierno, es este otro argumento para invalidar el proyecto ya que el cargo se efectuó sobre un ejercicio ya vencido y no fue considerado en el ejercicio 2014, sin tener en cuenta que el sistema permite considerar estos "imprevistos" y mas aún cuando no significan un elevado monto en el presupuesto general del Gobierno de la Ciudad Autónoma.

Pero no es de extrañar que el Jefe de Gobierno actúe de esta forma, ya en 2011 veto el proyecto de ley 4008 afectando a 6 Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (ERT) y en 2012 hizo lo mismo con el proyecto de ley 4452 afectando en este caso a 9 ERT. En los dos casos proyectos similares al que nos encontramos analizando en el presente, lo que demuestra que las razones para fulminar estas empresas no tiene que ver con cuestiones "técnicas" (un trámite legislativo, una exención tributaria o una consideración presupuestaria) sino netamente políticas.

Quedará entonces ver que sucederá con los proyectos de ley en este sentido que fueron presentados en el año 2013 y aun no se han tratado en el recinto, esto es el caso de las ERT Ale Ale, IMPA, Arcucci y 23 de febrero. Hasta ahora todo parece indicar que el Jefe de Gobierno encontrará alguna razón para desconocer los proyectos aprobados por los representantes del pueblo en la Legislatura, siempre que este voto esté en consonancia con la recuperación de las fuentes de trabajo en manos de sus trabajadores.

M. Eleonora Feser

Investigadora del Dto. de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini"