Bancos Cooperativos: Mantener la esencia.
Estatuto marco. Tras la imposición dictatorial de reconvertir las cajas de crédito, en 1979 el IMFC diseñó un nuevo concepto de banco cooperativo.
Apoco de culminar el año 1979, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) encaró uno de los mayores retos de su historia institucional y dirigencial: la elaboración de un estatuto tipo, herramienta de ordenamiento que sugería que fuera adoptada por los nuevos bancos cooperativos integrados tras la fusión de las legendarias cajas de crédito.
Base imprescindible del funcionamiento de las nuevas entidades, el estatuto aparecía como una necesidad del movimiento ante el renovado contexto que exigía afinar y readecuar los principios y objetivos con los cuales los bancos cooperativos iban a desarrollar su quehacer cotidiano.
«Es necesario comprender que este desafío que se le plantea al movimiento no se gana solo con una óptima organización de servicios, un excelente sistema de organización y la presencia de alta tecnología que no obstante tenemos y usaremos. Lo que cuenta aquí -en esta hora y siempre- es la respuesta de los hombres y mujeres por quienes existe y a los cuales sirve la institución cooperativa. Se ha dicho también que este cuerpo legal, elaborado por el IMFC, si bien no era el deseado, constituye, de acuerdo a las circunstancias en las que surgió, el más adecuado para estos momentos».
Así reflejaba Acción, en diciembre de 1979 -luego de la ofensiva de la dictadura cívico-militar al cooperativismo de crédito- el inicio de un ciclo de reuniones destinadas a debatir un tema fundamental: los aspectos clave del estatuto tipo elaborado por la central cooperativa y adoptado por los nuevos bancos cooperativos integrados, como por ejemplo, el Banco Credicoop.
Descentralización de los recursos, democracia interna y el respeto por las autonomías locales eran algunos de los postulados que daban cuerpo al texto que actualizaba la vida institucional de las entidades. «La forma institucional que se avecina es nueva y quienes fueron hasta hoy los herederos y administradores de una sociedad ya fundada, se convierten en esta etapa en los fundadores de las nuevas entidades, consecuentemente, en los responsables de definir su rostro futuro y colocar la piedra basal de su tradición», comentaba Acción sobre las exigencias y responsabilidades que marcaba el nuevo escenario.
Como sostiene Daniel Plotinsky en el texto "Cooperativismo y gestión participativa en contextos turbulentos. El Banco Credicoop en la Argentina de la convertibilidad y la crisis" http://www.idelcoop.org.ar/revista/199/cooperativismo-y-gestion-participativa-contextos-turbulentos-banco-credicoop-argentina, el cambio organizativo liderado por el IMFC planteó el desafío de preservar la naturaleza cooperativa adecuándose a los nuevos requerimientos económicos y políticos de la época.
Con esa visión, el estatuto que adoptó Credicoop a partir de la sugerencia del Instituto Movilizador intentó valorizar, entre otros, tres aspectos centrales. Por un lado, el «resguardo de la autonomía de las entidades que le daban origen, reservando la operatoria con los asociados a las filiales. La Casa Central del Banco sería un organismo de coordinación». Por otro, se establecían instancias de participación y toma de decisiones en las filiales como la asamblea de delegados -órgano máximo de la entidad-, el consejo de administración-compuesto por un representante de cada filial, rasgo que distinguía a los bancos adheridos al IMFC de los otros bancos cooperativos- y las comisiones de asociados.
Finalmente, también se priorizaba el uso zonal de la reinversión de los recursos de cada filial. En tal sentido, el artículo 13 del estatuto sostenía que «los recursos financieros captados por cada filial deberán reinvertirse en la misma y dentro de sus respectivas zonas de influencia. No podrán destinarse a otra filial sin el acuerdo de los consejeros designados para su administración».
Con la creación de un estatuto tipo para los bancos cooperativos, el movimiento nucleado en el IMFC comenzaba así un cambio organizacional que asumía la responsabilidad de planificar el porvenir de entidades que guardaban una fuerte tradición pero que ya no eran las legendarias cajas de crédito de la década del 60.
Las reformas de la banca solidaria
Así como cambian los contextos, también cambian las instituciones. En 1995, frente a las nuevas dimensiones que había adquirido el Credicoop, el consejo de administración se planteó comenzar una política activa destinada a «garantizar la continuidad en el tiempo del Banco Credicoop como entidad genuinamente cooperativa, participando activamente tanto en el seno del movimiento cooperativo -nacional e internacional- como en los movimientos populares que comparten nuestras aspiraciones de construir una sociedad más justa y solidaria».
Bajo esa premisa, el primer paso encarado por la entidad fue la reforma de su Estatuto Social con el propósito de crear una estructura que contribuyera a garantizar la conformación de espacios genuinos de participación compatibles con una gestión eficaz de la entidad. Como se mencionó, la normativa original de Credicoop había tomado como modelo el estatuto tipo elaborado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos para los bancos regionales que se crearon en el periodo 1978/1979, por lo tanto ya no era una herramienta apta para la gestión de una entidad que había obtenido un amplio alcance nacional y cuya organización ya no era la de un banco incipiente. «El tema de los temas para nosotros es encontrar el equilibrio del doble carácter de empresa y movimiento social», informaba el documento de la Asamblea General del banco de 1995 sobre la reforma.
El nuevo estatuto fue aprobado en mayo de 1998 y presentó como rasgos fundamentales la división del territorio nacional en 22 zonas y la conformación de un consejo de administración compuesto por representantes de cada una de ellas en forma proporcional. A partir de ese momento, el Banco Credicoop cuenta con tres niveles de gestión institucional: las comisiones de asociados (CA), en el ámbito de cada filial; las comisiones asesoras zonales (CAZ), correspondientes a cada una de las zonas; y el consejo de administración central (CAC).
Con ese marco, dirigentes y todo el entorno cooperativo nuevamente volvieron a planificar el funcionamiento de entidades democráticas como son las organizaciones cooperativas. Con el antecedente del proceso inaugurado por el IMFC en 1979, el Banco Credicoop reformuló finalmente su estatuto con una mirada que se expresó en el documento base 2002 de la entidad: «No es un lujo que nos queremos dar porque somos buenos empresarios cooperativos sino que hace a la razón de ser del "para qué estamos"». Una definición de la naturaleza cooperativa que en su tradición creó sistemas decisorios fundados en los pilares de la representación democrática y la participación.
Maximiliano Senkiw
Asesoramiento histórico: Daniel Plotinsky
Fotos: archivo Acción
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