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Declaración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos

Hace 38 años, el 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado cívico militar instauró la dictadura más sangrienta de la historia argentina, provocando en su infame acción depredadora la desaparición y muerte de treinta mil seres humanos.

Al igual que otros procesos sufridos por nuestro pueblo desde el 6 de septiembre de 1930, con el derrocamiento del entonces Presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen, el argumento utilizado por los usurpadores del poder constitucional fue la necesidad de poner orden en una sociedad convulsionada. Los alzados en armas, con el respaldo material y el sustento ideológico de los grupos económicos concentrados, sus voceros mediáticos y la injerencia de potencias extranjeras, allanaron el camino a sangre y fuego, para instalar el perverso modelo neoliberal anunciado por el entonces Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, el 2 de abril de 1976.

El objetivo de los golpistas, en esencia, fue poner a nuestro país al servicio de una división internacional del trabajo donde se nos asignaba el papel de proveedores de materias primas, especialmente productos del agro y la ganadería, para lo cual había que destruir la industria nacional, suprimir a las pequeñas y medianas empresas del mercado, favorecer la concentración de la riqueza y establecer la más brutal exclusión social.

La dictadura secuestró, desapareció, se apropió de criaturas nacidas en cautiverio, sembró el terror e introdujo profundos cambios en la cultura de la sociedad. "Cada uno en lo suyo defendiendo lo nuestro", acuñaron como uno de sus lemas, claramente orientados a pulverizar los vínculos solidarios, fracturar a la población y avanzar con sus planes criminales.

A 38 años de aquellos trágicos acontecimientos, los juicios a los represores uniformados y a los cómplices civiles dan muestra de la magnitud de las atrocidades cometidas.

Pero además, las expresiones provenientes de referentes y sectores que pretenden echar un manto de olvido, borrar la memoria y dejar el pasado para los anales de la historia, son los que atentan contra la vigencia de las instituciones democráticas y evocan con nostalgia la mano dura y la subordinación a las grandes corporaciones locales y extranjeras.

Nuestro pueblo celebró en 2013 tres décadas consecutivas de continuidad democrática. Un hecho inédito desde el momento fundacional de la República Argentina. Treinta años de vigencia constitucional, aunque con recurrentes tensiones provocadas por aquellos que temen perder sus privilegios y resisten cada medida destinada a mejorar la calidad de vida de la población mediante una justa distribución de la riqueza.

Por ello, la conmemoración de un nuevo aniversario de aquel hecho de lesa humanidad debe ser un renovado compromiso de la ciudadanía consustanciada con la democracia, para garantizar que las instituciones republicanas funcionen tal como lo establece la Carta Magna, que se respeten y ejerciten los derechos humanos, que podamos avanzar hacia un país con crecimiento económico, justicia social y dignidad frente al mundo.

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos

Consejo de Administración

Buenos Aires, marzo de 2014.