Según los registros del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), casi 10.200 de las 14.679 cooperativas registradas en la Argentina se crearon en los últimos 6 años. De ese total, más de 8.000 son cooperativas de trabajo, lo que explica que las mismas -que en 1980 eran el 27% del total- hayan crecido hasta representar hoy casi dos tercios de las entidades existentes en nuestro país.El crecimiento del cooperativismo de trabajo comenzó durante la década del 90, y reconoce entre sus causas el progresivo aumento de la desocupación; la flexibilización y precarización de las condiciones laborales; la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores; y la formulación estatal de programas sociales basados en la creación, el desarrollo y el financiamiento de entidades cooperativas.

Las cooperativas de trabajo son más de 8.000 en el país.

Articulo de Daniel Plotinsky publicado el Domingo 31 de Enero de 2010 en Miradas al Sur.

Los proyectos del Estado nacional orientados a consolidar una red de inclusión social y asegurar una mejor calidad de vida, tuvieron su punto de partida en 2003 con el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la obra”, al que le siguieron el Programa Federal de Emergencia Habitacional “Techo y trabajo”, el Plan “Agua + trabajo”, el Programa de Inversión Social (PRIS) y el reciente lanzamiento del Plan de Ingreso Social con Trabajo (agosto 2009). Esta política estatal, basada en la generación de puestos de trabajo orientados a la realización de obras públicas con impacto en la calidad de vida: servicios básicos, infraestructura urbana y comunitaria, espacios verdes y viviendas, generó desde el principio expectativas y opiniones encontradas.

Las visiones críticas ponen el acento en los modos de implementar los planes y en algunas limitaciones y riesgos que los mismos conllevan. El recurso a la forma cooperativa para resolver la desocupación e informalidad laboral presenta el riesgo de convertirlas en un instrumento de contención social, desnaturalizando su carácter autónomo, participativo y democrático. La implementación de los proyectos generó una confrontación entre algunas organizaciones sociales, que se consideran excluidas, con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y algunos intendentes, poniendo de manifiesto modalidades operativas que implican el riesgo de alterar el objetivo y la calidad del instrumento elegido al permitir que se consoliden relaciones de dependencia sostenidas por un intercambio recíproco de favores entre personas de recursos desiguales. Finalmente, se objeta que estas cooperativas creadas desde el Estado no son “genuinas”, ya que no nacen del impulso voluntario y autónomo de sus miembros.

Otras visiones prefieren valorar que estas políticas sociales buscan superar la tradicional modalidad asistencialista y expresan además la voluntad estatal de intervenir activamente en la economía a favor de los que menos tienen, marcando un camino que es necesario continuar profundizando. La elección del modelo cooperativo aparece entonces como una auspiciosa expresión del cambio en la actitud del Estado hacia la economía social y le otorga al proyecto un valor agredado ya que permite avanzar en el desarrollo de valores solidarios y una práctica autogestiva que le ofrece a los trabajadores una posibilidad más directa de compromiso e involucramiento con el objetivo de la organización y con sus miembros. Para eso, se debe impulsar al Estado a que los planes vayan más allá de la disponibilidad a financiar el trabajo, las herramientas y los medios materiales que permitan un desarrollo constante y sostenido del sector, para reconocer las aspiraciones, la visión, los valores y el carácter transformador de las empresas de la economía social.

Sin embargo, hay que ser conscientes de que involucrarse personalmente en proyectos de carácter social depende de percepciones y valoraciones subjetivas, por lo que alentar el compromiso y crear posibilidades concretas de involucramiento en los asuntos comunes corresponde al campo de la lucha ideológica y política. Las prácticas autonómicas y autogestivas raramente emergen de la conciencia abstracta, mucho menos de la experiencia individual.

Por eso el desafío para el movimiento cooperativo es acompañar a estas cooperativas de trabajo en un camino de desarrollo laboral y cultural que les permita despegarse gradualmente del Estado y promover una participación real y efectiva de sus asociados, consolidando su carácter autogestivo a partir de la sustentabilidad económica e ideológica. En un escenario signado por la desigualdad social, la conversión de estas entidades en genuinos exponentes de la economía social y solidaria generaría nuevos espacios de poder que permitan luchar de manera efectiva por una sociedad más justa, equitativa y solidaria.