Hace tiempo que la Ley de Radiodifusión está en debate y finalmente parece haber llegado la decisión política de modificarla para adecuarla a los tiempos históricos, hacerla más democrática y ponerla en consonancia con el importante avance tecnológico en materia de comunicaciones. El proyecto está muy avanzado y, según sus autores, en poco tiempo más llegaría al Congreso para su debate. El texto, que lleva el título de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue elaborado gracias al aporte de varios sectores. Uno de los que más empeño puso en su diseño es Luis Lázaro, Coordinador General del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER).

“La democracia no ha logrado resolver los problemas estructurales que tiene la Ley 22.285–sostiene Lázaro- y tampoco pudo dar cuenta de los cambios que se han ido dando en ciencia y tecnología. Hoy una parte importante del consumo de la comunicación pasa por medios electrónicos como el cable o el satélite, servicios que en la norma de la dictadura son caracterizados como complementarios”.

De este modo el funcionario destaca tres características de la actual normativa que refiere a: a) Un esquema de transmisión de contenidos que deja de lado a muchos radio-operadores, B) Los mismos están exentos del pago de impuestos al estar fuera de la legislación argentina, y c) La importancia igualitaria de los medios comerciales como los de gestión social y los medios públicos. Todas estas características deben ser contempladas en la próxima regulación de modo tal que se fortalezca el proceso democrático y profundice el modelo de un país inclusivo y federal.

- Esta regulación para fortalecer lo público ¿no corre el riesgo de fomentar el manejo gubernamental de los medios de comunicación?

- En principio, lo que la ley plantea es el acceso al organismo de regulación y a los medios públicos nacionales para distintos sectores sociales, también a las provincias, al sector empresario, a los trabajadores y algunos de los ámbitos del Estado Nacional que se ocupan de determinadas problemáticas como la niñez o la discriminación. Después de tantos años de altísima concentración en el mercado, la gestión de “lo público” hoy tiene mucho que ver con la gestión de gobierno y en ese sentido hace falta un compromiso gubernamental, para hacer más medios que rescaten el sentido de “lo público”.

- ¿Cómo se puede establecer en esta ley la articulación de los mensajes que se emitan desde los medios de comunicación?

- Eso no está planteado en la ley porque tiene que ver con políticas de comunicación. La función de un canal público de comunicación estatal, como es el caso de Canal 7, es de tipo generalista, que no se dedica solamente al entretenimiento ni a la información, sino que tiene que combinar contenidos y debe hacerlo respetando a los distintos sectores sociales a los que está destinado el mensaje y a las distintas identidades culturales que integran la Nación. Con lo cual yo diría que esa es la definición del concepto de “lo público” en términos de la gestión de un medio de comunicación estatal. Esto no quita que el Estado pueda tener a futuro otros medios como canales de noticias, otros vinculados a la promoción de los derechos humanos o culturales, como Encuentro. Lo que sí es importante es que la Ley no va a restringir sino que va a fomentar una mayor oferta de contenidos por parte del Estado.

- ¿Cuál va a ser el alcance real de estos nuevos contenidos? Me refiero a la igualdad en el acceso.

- Lo que uno encuentra hoy es un escenario cooptado por el mercado y lo que hay que hacer es introducir y plantear un esquema de mayor participación de contenidos y señales de carácter público con la participación de contenidos y actores sociales. Esto tiene que ver con la diversidad, el pluralismo y el federalismo porque la idea es que haya una autoridad de aplicación que haga cumplir las cuotas de producción propia y de producción local, de manera que en cada uno de los lugares en donde hay una licencia de radio y/o TV, se cumplan y se respeten esos contenidos. Esto es cumplir con los procesos de recuperación de la información y de la identidad local y la generación de puestos de trabajo y desarrollo de las economías regionales.

- ¿Cuál es el rol que van a cumplir organismos como el COMFER?

- Para quienes hemos crecido con la impronta de un COMFER que es más la expresión de la ley de la dictadura, la máxima aspiración es que desaparezca este organismo y realmente tener un organismo que represente a la democracia y al interés de la sociedad. El objetivo es que sea un nuevo organismo; integrado y conducido por el Poder Ejecutivo con participación del Parlamento y donde estén representados, en un consejo federal, los distintos sectores de las provincias, de los licenciatarios, de las universidades nacionales y de los distintos actores involucrados con la comunicación.

- ¿Es posible que se cree una defensoría del público o de la audiencia?

- Sí, apuntamos a eso. Por ejemplo, hay contenidos que infringen la ley, aunque no la de radiodifusión sino la Ley del Menor o contra la discriminación, etc. Entonces el organismo actúa como poder fiscalizador para aportar pruebas a un proceso judicial. La defensoría del público debería ubicarse en la demanda de las audiencias y tratar de estar más conectada con las necesidades sociales de acceso a la información y a la comunicación tanto en los contenidos como en las posibilidades reales de poder participar del mundo de la información y el conocimiento. Una estructura que no sea la misma que la autoridad regulatoria para canalizar por las vías que correspondan las asignaturas del público.

- Con respecto a la regulación de los mensajes que se emiten por los medios ¿Cuál será el rol de organismos como el INADI o espacios como el observatorio de medios?

- El observatorio sobre la discriminación es un acuerdo de distintas instituciones y de acuerdo a estas instituciones o en la medida en que sea necesario. Puede ser que la sociedad o los productos audiovisuales evolucionen con menos discriminación y mayor integración social y que en ese caso no sea necesario tener un observatorio. Es importante dejar en claro que no hay una regulación sobre los mensajes sino opiniones que no son vinculantes pero que tratan de llamar la atención de la sociedad y de los medios sobre algunas conductas.

- ¿Qué pasará con la propiedad y la gestión de los medios de comunicación?

- Lo que hay que hacer es generar espacios que hasta ahora estaban vacantes. Durante la década del 90, se estigmatizó al Estado y al sector público para beneficiar negocios del sector privado, no sólo de la comunicación, y, en este sentido, lo que se vivió fue, en forma inversamente proporcional a la concentración y a la expansión de conglomerados privados, la desarticulación y el debilitamiento del sector público. Hubo casos emblemáticos como Canal 7, la agencia TELAM y Radio Nacional, abandonados y puestos al borde de la privatización o el cierre. Recordemos que recién en el 2005 se logra reformar el art. 45, dos veces declarado inconstitucional justamente por discriminar frente a la ley a sectores sociales como titulares de licencias.

- Estos sectores sociales, que esperemos que tengan la suficiente contemplación en la nueva ley, ¿van a recibir algún tipo de asesoramiento de cómo comunicar?

- No, lo que nosotros estamos diciendo es que va a haber mayor oferta de emisores, mayor oferta de voces: privadas-comerciales, voces públicas, voces sociales, todos deberán responder a la ley por exigencias similares en cuanto al contenido de las emisiones, requisitos técnicos, a la calidad profesional de las prestaciones. En ese sentido, la ley tiene que ser igualitaria y defender el interés general por sobre el interés sectorial. La norma debe apuntar a establecer exigencias y yo diría aun más, cuanto menos comercial sea el medio mayores serán los requisitos de producción propia y de producción local, porque la lógica de ese contenido está ligada a la sociedad que lo genera.

- ¿Cómo se establecerá el régimen de licencias?

- Habrá regulaciones, aunque en la medida que haya un organismo fortalecido por la sanción democrática de una ley, va a tener una posibilidad de lograr su cumplimiento de una manera mucho más efectiva que lo que es este organismo que fue generado en la dictadura y que está sometido permanentemente a una intervención. La expectativa es tanto en la función de la regulación como en la posibilidad real de lograr su cumplimiento.

- ¿Cómo se sostendría a estos medios sociales o no lucrativos? En Europa, por ejemplo, se cobra un impuesto a los usuarios…

- Son modelos diferentes de gestión. El europeo es un modelo de servicio público que luego comienza lentamente a privatizarse, y sostenido por fuentes de financiamiento como los gravámenes al público y publicidad. Nosotros tenemos un esquema en el que la televisión abierta y gratuita se financia por publicidad y en el caso de la televisión pública se lo hace en forma mixta con publicidad e impuesto y con la llegada de sistemas pagos o sistemas de abonos se ha introducido un doble financiamiento con el cobro de abono y publicidad. En grandes líneas, estos modelos que se vinculan con las características comerciales del mercado no diferirán demasiado, a lo mejor más regulados para evitar ciertas desventajas que los servicios gratuitos puedan tener con los sistemas pagos.

- ¿Qué pasará con la publicidad no tradicional y su incidencia en los mensajes?

- Lo que va a variar es que se tribute sobre el total de la publicidad emitida, sobre todo en el cable. Hoy hay una gran torta que escapa del tributo porque son señales emitidas fuera del país y que se distribuyen en el marco de la vieja ley sin ninguna facultad del organismo regulador para aplicarles sanciones en forma directa. La venta que realizan estas señales de sus productos no tributan. Pero se trata de equilibrar la distribución de esa torta. Si se viola la Ley de Radiodifusión, por ejemplo en cuanto al horario de protección al menor, la sanción que le corresponde por esa sanción va al distribuidor de cable. Lo que pretende la futura norma es que el distribuidor de la señal tenga que estar registrado en el país y tener una habilitación para distribuir ese contenido que lo haga responsable material y económicamente, tanto por el contenido como por las normas en materia de publicidad.

- Con respecto a la elaboración de un plan técnico, ¿cómo se ha hecho en la dictadura y ahora en estos años de democracia?

- Cualquier plan técnico responde a un modelo de comunicación y de país. Tiene que ver con qué distribución se realiza en función de la capacidad que tiene el espectro a través de la frecuencia para responder a determinados modelos de comunicación. Tenemos que articular diversos emisores y diversos actores sociales que en algunos casos han estado excluidos, básicamente el sector social, que recién a partir de una serie de experiencias de organización y trabajo, lograron, a través de la reforma del art. 45, empezar a resolver su situación. Lo que se trata es de aprovechar el escenario de mejoras tecnológicas para optimizar las posibilidades del espectro y multiplicarlo logrando que, al aumentar la cantidad posiciones, puedan entonces equilibrarse los actores.

- ¿Qué va a pasar con el triple play?

- El triple play tiene que ver con el escenario de la convergencia entre radiodifusión y las telecomunicaciones, la posibilidad de prestar simultáneamente los servicios de internet, televisión y telefonía. Al día de hoy están separadas jurídicamente las posibilidades de que la telefonía y la radiodifusión puedan prestarse de manera simultánea. Los operadores de telefonía no pueden ingresar al escenario de la radiodifusión y si bien algunos radiodifusores podrían tener licencia telefónica, como el caso de la telefonía celular, no permite eso ofrecer en forma domiciliaria un servicio combinado de TV, telefonía e internet.

- ¿Cómo lo contemplará la nueva ley en el caso de los servicios públicos, por ejemplo el caso de las cooperativas?

- Es una decisión política. En principio, los prestadores de servicio público no podrán a la vez ser prestadores de servicios de radiodifusión. Aunque es probable que haya una excepción para el sector cooperativo.

- ¿Pero se limitará fehacientemente el poder que tienen hoy los grandes medios y se hará que cumplan?

- Siempre tiene que haber un límite. En un escenario en que haya pluralidad de voces y diversidad, implica generar principios de regulación frente a las conductas monopólicas u oligopólicas, implica establecer reglas de juego que, como vos decís, estén para ser cumplidas. Están previstas prevenciones frente a la concentración indebida del mercado, a los monopolios, tanto en el orden nacional como en el plano local.