Mientras que la Agencia de Administración de Bienes del Estado remata las tierras públicas al mejor postor, los servicios colapsados muestran los efectos perversos de las privatizaciones y suben exponencialmente las tarifas, cabe preguntarse por el rol de las ciudades en el capitalismo actual. Este artículo reflexiona sobre cómo los territorios contribuyen a resolver algunas de las contradicciones, esbozando interpretaciones acerca de cómo la lógica financiera codifica en su lenguaje a la ciudad.

Recientemente presencié una conferencia brindada por un ex funcionario de la cartera de finanzas en la última etapa de la era kirchnerista, hoy asesor del ministro de economía. Un sujeto de traje elegante, corbata de seda y acento burgués. Un “experto” en temas financieros y urbanos que ha asesorado a diversos organismos públicos. Escuchándolo, me preguntaba sobre esas trayectorias que, como la suya, no conocieron grietas. “¡Traición!”, podrían gritar algunos compañeros enfurecidos. Otros quizás preferirían usar el término “cooptación”, o tal vez referirse al “pragmatismo político” del salto. Yo en cambio pensaba que esta transición fue quizás menos una reconversión que un pasaje entre una y otra orilla no muy distantes entre sí.

Pensando entonces en este sujeto y sus devenires, me pareció importante diferenciarme de las miradas que cuestionan éticamente estos cambios de bandera. Se me ocurría que quizás hay consensos –para usar un término sencillo– que permiten que estos pasajes sean menos dramáticos para los sujetos que para sus acérrimos críticos. ¿A qué consensos me refiero? En el caso de este personaje, que quizás ya sea más imaginario que real, los consensos tienen que ver con un saber experto sobre “el mundo de las finanzas” que no conoce naciones, ideologías ni mucho menos grietas. Entiende de Swaps, Sub-primes y Derivatives, pero también es capaz de “hablar en siglas” como MBS, CDO y ABS, entre muchas otras.

Ahora bien, el lector se preguntará –y con razón– qué tiene esto que ver con la ciudad, la cultura urbana o –siquiera– con la vivienda o el derecho a la ciudad. Pues yo pretendo argumentar aquí que mucho. ¿Por qué? Porque el sistema financiero internacional con sus actores hegemónicos, profundamente entrelazados con estructuras legales y reglas internacionales de contabilidad, ligados a grandes consultoras y sus métodos de cálculo, ha transformado el capitalismo y, con él –o a través de él– la forma de organización del territorio.

Pero traigamos esta afirmación que parece tan evidente como inasequible, un poco más cerca. ¿Qué tiene que ver esto con Buenos Aires, Córdoba, Rosario o La Quiaca? El modo en que el capital financiero ha transformado el territorio ha sido múltiple. En nuestras ciudades hemos sido receptores de excedentes internacionales y de una extracción de excedentes locales que entró/salió del país a través de un sistema financiero “abierto” y se fijó en el espacio construido local. Es decir, excedentes que se hicieron derechos sobre cosas fijas, in-móviles. Ejemplos de lo cual pueden ser la infraestructura privatizada de servicios públicos, una parte de los cuales pasó a estar en manos de holdings concentrados globales, o diversos objetos urbanos que actuaron como refugios en tanto activos de renta, como shoppings, torres de oficinas, hoteles de lujo, centros de entretenimiento, etc.

Que lo inmobiliario o la infraestructura se convirtieran en un “buen destino” para las inversiones internacionales fue posible, podría afirmarse, porque se ha construido un consenso en las instituciones financieras sobre el rol de las ciudades en la fijación de estos excedentes y el papel de los gobiernos en atraer esos capitales, “seduciéndolos” con esquemas win-win, como repetía este funcionario de corbata de seda. Lo cual no sería otra cosa que la conocida concentración/centralización del capital a nivel global, junto con la mutación de las soberanías nacionales, pero ahora en modo recargado. ¿Y por qué “recargado”? Porque mientras 28 bancos llamados “sistémicos” –too big to fail– organizan hoy la circulación del capital a nivel global, la inversión en bienes urbanos tiene una función clave: contribuye a distribuir el riesgo sectorial, geográfico e intertemporal. Con la novedad de que la liquidez internacional hoy alcanza records históricos y que diferentes innovaciones financieras contribuyen a aumentar la velocidad de rotación del capital. Así, los territorios entran y salen de los mapas de inversiones, al ritmo de los cálculos sociales de riesgo/rentabilidad y diversificación de carteras. Los municipios quiebran, la infraestructura se degrada y también los sectores populares desahuciados –para usar un término ibérico– pierden sus casas en manos de los bancos.

En Argentina la situación es ligeramente diferente, pero no ajena a las tendencias globales. Aún en momentos de tenue “desconexión”, la conexión con el mundo global de las finanzas se dio por medio de un sistema financiero cuyo rol histórico fue el de facilitar el endeudamiento y la fuga de capitales. En lo urbano, el vaciamiento de empresas públicas de servicios con seguro de cambio en los 90 se produjo al mismo tiempo que se extranjerizaba la banca y se reformaba la ley de inversiones extranjeras directas. A su vez, la venta de inmuebles y tierras estatales cuyos compradores tomaron deuda en dólares, junto con la facilitación de permisos urbanos y el relajamiento de otras normativas, operó en favor de la proliferación de grandes emprendimientos urbanos.

En estos procesos, la arquitectura legal/contable perfeccionó la red que conecta a los agentes financieros con la ciudad, permitiendo que el excedente local ingresara en los flujos internacionales. Y si seguimos la secuencia de esas conexiones, vemos que el mercado de capitales, el sistema financiero y otros traductores proceden de manera muy exigente para filtrar las inversiones “legítimas” y “no legítimas”, interconectando escalas y territorios. De esta manera, contribuyen a organizar la forma del espacio urbano, mediante –por ejemplo– la producción de los objetos deseables quasi universales, tales como grandes hoteles, shoppings, oficinas de lujo, etc; pero también valorizan otros “autóctonos” y “singulares”. En todos ellos, lo deseable tiene que ver con la renovación, imponiendo “lo nuevo” sobre “lo viejo”; el combate al “vacío” (o vaciamiento) o al “abandono”. Pero también “la naturaleza”, “la seguridad”, “la comunidad” o “el exotismo” aparecen movilizados en las publicidades y actúan como generadores de buenos negocios inmobiliarios. Y desde luego, las porciones “renovadas” (y valorizadas) se fabrican en oposición a su contracara estigmatizada.

De esta manera, la “destrucción-creativa” del capital en la ciudad transforma el espacio público, el parque inmobiliario de calidad constructiva, el patrimonio histórico, entre otros, al mismo tiempo que desplaza poblaciones, desinvierte en infraestructura no rentable, privatiza, aísla, etc. Lo nuevo sobreimpuesto a lo viejo destruye riqueza social, pero no sin crear a la vez nuevas contradicciones.

En tales procesos, que han caracterizado al capitalismo a lo largo de su historia, la novedad está dada, a los fines de los que nos interesa aquí, por las estructuras financieras e institucionales que permiten su producción. En el caso de Argentina, desde la flamante ley de “asociaciones público-privadas”, hasta las estructuras de los fideicomisos financieros, los productos derivados, los fondos comunes de inversión, entre otros, han pasado a tener una relevancia muy significativa para explicar una parte de las grandes inversiones. En dichas estructuras los agentes mediadores entre los recursos y su aplicación (calificadoras, bancos, sociedades de bolsa, los agentes fiduciarios, inversores, etc.) se multiplican y complejizan. Con ello, se aumentan los costos, pero, sobre todo, aumenta la “participación” de todos los actores involucrados en la toma de decisiones. Los consensos, siempre complejos, contribuyen a articular esas relaciones.

Pero allí, en esas relaciones, es donde los esquemas win-win comienzan a desprenderse de las posibilidades de gobierno por parte de las autoridades tradicionales (funcionarios, legisladores, reguladores, burócratas, planificadores). Las estructuras se autonomizan y los papeles circulan internacionalmente de forma tal que nuevas autoridades disputan ahora los criterios de organización del territorio. Se puede decir entonces que muchas autoridades tradicionales han participado de la creación de dispositivos cuyos efectos ya no pueden gobernar: entre otras cosas, porque no pueden penetrar el secretismo propio de guaridas fiscales, de activos o deudas off-balance-sheet, organizaciones societales tendientes al ocultamiento, etc. Y no hablamos sólo de delitos económicos que pueden ser (o no) objeto de judicialización, sino de todo aquello que escapa al control mediante mecanismos legales, aún en los países donde los controles son estrictos.

Vayamos a algunos ejemplos documentados por investigadores extranjeros. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha propagado el uso del mecanismo del Tax Increment Financing (TIF) que se basa en financiar/subsidiar proyectos urbanos mediante la venta de productos financieros municipales atados al crecimiento de la recaudación futura en zonas no desarrolladas. Dicho de manera un poco más simple, este mecanismo que se extendió por fuera de las fronteras y está comenzando a usarse en algunas ciudades latinoamericanas, endeuda a los municipios y promete el repago privilegiado de esas deudas con los flujos futuros del aumento del cobro de impuestos en lugares de la ciudad que aún no fueron construidos. Del otro lado de la cadena, se encuentran los fondos de jubilación de algún colectivo local que desconoce que sus ingresos futuros están atados a una ruleta rusa. Esto porque lo ficticio del “futuro desarrollo” incorpora un riesgo tal que pone en peligro el proyecto, al mismo tiempo que incrementa enormemente las tasas que se pagan por ese capital y, con ellas, las comisiones de los intermediarios. Ciudades como Detroit, que sufrió en 2013 la peor bancarrota municipal de la historia de USA, o Chicago, que estuvo al borde del default el año pasado, son algunos de los casos más resonantes de utilización de TIF.

Otro ejemplo interesante es el de la empresa de servicios de agua en Londres. El servicio que provee la misma se encuentra fuertemente regulado por el Estado. Sin embargo, esta empresa privada es hoy controlada por un fondo australiano especializado en el gerenciamiento de infraestructura en el mundo. Con este nuevo management, la empresa ha refinanciado su deuda anterior y se ha endeudado aún más con el sistema financiero internacional mediante una compleja estructura de garantía: titulando la recaudación de la factura de agua de los usuarios de Londres a 50 años. Es decir que, para pagar sus deudas, la empresa lo hará necesariamente mediante el aumento de su recaudación por el servicio de agua en las próximas generaciones. El “bien hipotecado” se desvanece en el aire porque ya no es un stock, sino un flujo; y porque ya no se trata de un plazo corto, sino de varias décadas en las que ese flujo debe necesariamente aumentar para permitir el repago. Así, el acceso al servicio de agua (su precio, las decisiones de inversión, su calidad) queda sujeto, por un lado, a una estructura institucional-financiera que en las condiciones actuales no puede ser alterada por las autoridades estatales ni por los usuarios (quienes no pueden elegir la empresa que les provee el agua ni tienen voz en la facturación). Pero, por otro lado, queda atado a un dispositivo financiero cuya viabilidad se basa en la garantía dada por la estructura institucional. En otras palabras, vemos en ambos ejemplos que las normativas han actuado facilitando la conformación de una estructura privada que luego resulta ingobernable por los canales tradicionales: controlar la provisión o la calidad del agua no es lo mismo que regular el grado de apalancamiento de un fondo ubicado en una guarida fiscal.

En el caso argentino, los procesos son quizás menos extremos y sofisticados, pero no por ello menos dinámicos. En la historia reciente, hemos visto cómo un fondo pudo lograr bloquear las cuentas del país en el extranjero. También, hemos sido testigos de diversos intentos de controlar la fuga de capitales y la evasión fiscal que han encontrado sus límites en los tratados internacionales y las guaridas fiscales. En el caso de las empresas de servicios públicos, observamos la quiebra de la empresa Correo Argentino o el incumplimiento de obras por parte de la empresa privatizada de agua al mismo tiempo que aumentaba los gastos destinados a firmas vinculadas.

Por otro lado, y a pesar de la innegable condición local y territorializada de los fenómenos urbanos, vemos que las propuestas de innovaciones financieras y de gestión en lo urbano circulan cada vez con más frecuencia entre los expertos nacionales de corbata de seda y acento burgués. Capilarmente estamos –nuevamente– siendo testigos de transformaciones importantes: nueva normativa de asociaciones público-privadas, endeudamiento público, relajamiento de los controles societales, desmembramiento de los organismos que controlan el delito económico, fuga de capitales y evasión impositiva, etc. Pero también estamos volviendo a ver una dilapidación de tierras e inmuebles públicos, propuestas de cambios en el código de construcción, cambios en el código civil, aumentos de tarifas en favor de las empresas privatizadas, mayor protagonismo de los empresarios en el diseño de políticas urbanas, entre otras cosas. Todos estos fenómenos –que se nos presentan fragmentados, incomprensibles y desligados entre sí– están cambiando nuestras ciudades y tendrán efectos de muy largo plazo sobre el acceso de los sectores populares a la vivienda, el agua o el gas.

Nos encontramos así con agentes y dinámicas más complejas que se producen en varias escalas, en una pluralidad de relaciones de fuerza y con conexiones que desafían nuestras categorías. Diríamos: se producen mutaciones y rescalamientos que obligan a repensar los conceptos con los que abordamos no sólo lo urbano, sino también las nociones de “público/privado” en general. Y si bien “la complejidad” también es “compleja” para quienes articulan y conectan la circulación del excedente –ya que las contradicciones abundan para quienes gestionan el capital– los desafíos para quienes no gobernamos los medios de producción resultan sin duda mayores… porque algunos consensos simplemente no encuentran grietas.