El juez Baltasar Garzón fue suspendido cautelarmente en sus funciones después de que el juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, acordara la apertura del juicio oral en su contra por presunto prevaricato. El motivo es la decisión de Garzón de declararse competente para investigar los crímenes de la represión franquista desde su juzgado de la Audiencia Nacional. Varela considera que hay base para proceder contra Garzón por haber ignorado la Ley de Amnistía promulgada en España en 1977.

Hace poco más de un mes estuvo en la Argentina el juez Ramón Sáez Valcárcel para interiorizarse de la marcha y desarrollo de los juicios contra los represores de la última dictadura en nuestro país.

Al igual que Baltasar Garzón es juez de la Audiencia Nacional Española y, junto a otros dos magistrados, le tocó defenderlo cuando la fiscalía desestimó su competencia para juzgar los crímenes del franquismo.

¿Cuáles fueron sus motivos para no convalidar el juicio oral al juez Garzón?

Yo intervine en la fase jurisdiccional en la causa por los crímenes de la represión del franquismo, pero no en la causa que se ha abierto contra el juez Garzón. Cuando el fiscal recurre la decisión de Garzón de declararse competente y calificar los hechos como crímenes internacionales, la causa va a la sala penal, donde yo trabajo, y allí es donde se decidió estimar el recurso y declarar la incompetencia de la Audiencia Nacional para esa investigación. Fue en esa decisión en la que formulé un voto discrepante afirmando que se trataba de hechos que podían ser calificados como crímenes internacionales por su condición de sistematicidad y por lo tanto correspondía la investigación.

Ahora, más allá del debate generado en relación a la competencia de la Audiencia Nacional, ¿acusar de prevaricato a Garzón no es excesivo?

Sin duda. Una cosa es la incapacidad hasta el momento del Estado español de cumplir con la legislación internacional que obliga a investigar este tipo de crímenes, y otra cosa es cuestionar como prevaricato una decisión que está dentro de lo razonable, de lo que es interpretable, en relación a la justicia internacional. La paradoja es que en España la única persona a la que se ha encausado y perseguido en relación a los crímenes del franquismo es al juez que intentó, sólo intentó, abrir una investigación al respecto.

¿Cómo vive la sociedad española este proceso? ¿Hasta dónde participa de este debate, que es histórico, pero que tiene muchísima actualidad?

Precisamente, la persecución penal contra el juez que trató de iniciar la causa sobre los crímenes del franquismo lo que ha hecho es agudizar ciertas contradicciones y hacer visible lo que se quería seguir manteniendo en la invisibilidad. En buena medida se ha creado una plataforma contra la impunidad, hubo movilizaciones en muchas ciudades y el mismo día que el juez Garzón fue suspendido hubo una manifestación espontánea en las puertas de su tribunal. Lo que la gente decía era: “qué vergüenza”. En alguna medida eso demuestra un cierto estado emocional, y por lo tanto político, de un sector de la sociedad que considera que 35 años después de la muerte del dictador -no se olviden: en la cama- y 32 años después de la Constitución que inaugura un estado de derecho en mi país, ya es hora de ajustar algunas cuentas con el pasado y buscar a los desaparecidos, exhumar sus restos, identificarlos y entregarlos a las familias. Pero también debemos expulsar del ordenamiento jurídico las sentencias de los tribunales de la represión que siguen formando parte del sistema como actos del derecho. Lo mismo con la limpieza de los espacios públicos de placas, nombres de calles o de plazas que exaltan el crimen y a los criminales.

Los resortes que se activaron a partir de los intentos de comenzar la investigación por los crímenes del franquismo ¿estaban ocultos o convivían con la sociedad española? ¿Cómo es la relación con las organizaciones de ultraderecha que impulsaron la acusación de prevaricato?

La ultraderecha en España no tiene expresión política, por lo tanto quienes han ejercido la acusación son casi fantasmas del pasado que juegan en el ámbito de los procesos penales. Pero lo que si es cierto es que es una reivindicación para toda la derecha, que va desde la ultra hasta posiciones de centro. En mi país todavía se debe asumir, y por lo tanto revisar, un relato histórico que niega que hubo un Golpe de Estado y una guerra civil que sirvió para exterminar al enemigo político, a las fuerzas democráticas. Fue una dictadura que duró casi 40 años y que fue feroz. La democracia no solamente se hace con demócratas, sino que se funda con los valores y los símbolos de los que lucharon por la libertad y los derechos y eso es algo que no se ha producido en España donde hasta hace muy poco, y aún hoy en algunos lugares, hay figuras o estatuas que recuerdan al dictador como un hombre público.

Da la sensación de que existe un ensañamiento contra el juez Garzón, porque además se lo intentó impugnar para que asuma en la Corte Internacional de La Haya...

Lo que Garzón hizo antes de ser suspendido es solicitar que se le permitiera abandonar los servicios activos e irse a la fiscalía de la Corte Penal Internacional donde el fiscal Luis Moreno Ocampo le había contratado como asesor. Lo que él intentaba de esa manera es no ser suspendido, pero a pesar de haber entrado antes la solicitud no se tramitó sino hasta después de que se abriera el juicio oral y se le suspendiera. La cronología de los hechos posiblemente pueda permitir una lectura de que hay datos que no parecen razonables o de que no se respetan ciertas reglas.

Finalmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, órgano de gobierno de los jueces españoles) autorizó a Garzón a trasladarse a La Haya para ocupar en los próximos siete meses un puesto de consultor de la Fiscalía.

A partir de este contrapunto, ¿está en juego el prestigio del poder judicial español?

Yo trabajo dentro del sistema judicial español y puedo afirmar que confío en él y que además es un sistema que está dotado de altos niveles de independencia. Los jueces tienen su visión de las cosas, aunque muchos lo nieguen tienen su ideología, muchos se afirman en la vieja imagen del juez como “aplicador” de la ley. Eso ya no es así, hoy en día los jueces tienen un amplio margen para la interpretación y probablemente ahí es donde hay que buscar las claves de determinadas decisiones, pero confío en que al final se afirme en los tribunales que no es prevaricar hacer una interpretación razonable. Puede ser discutible, se puede compartir o no, yo la comparto como la comparte gran parte de la comunidad jurídica internacional. Desde luego los expertos en derecho penal internacional así lo ven de manera casi unánime y, aunque hay otras posiciones dentro del mundo del derecho, eso no autoriza la persecución y mucho menos la condena por un delito de prevaricato.

Quizás la justicia española debería tener en cuenta los contextos a la hora de hacer interpretaciones.

A mí me parece que hay que distinguir lo que es la independencia de los jueces respecto a los otros poderes del Estado y de los intereses económicos, de la independencia interna. Yo creo que no hay ninguna duda de que una condena por prevaricación afecta la libertad de interpretación. Todo texto es la ley, hoy en día el juez no dialoga sólo con la ley, sino que dialoga con la Constitución, con los derechos internacionales por los derechos humanos, con los valores y los principios y por lo tanto el trabajo del juez, como el trabajo de cualquier intérprete, requiere de libertad de pensamiento. Por eso una condena por prevaricación que venga a criminalizar una posición razonable de la interpretación de la ley afectaría la dimensión de la independencia interna, sobre todo porque estaría mandando un mensaje a los miembros de la carrera judicial de lo que es tolerable y de lo que es intolerable y hoy en día lo que parece que no es tolerable es la impunidad de los grandes crímenes.

¿Cómo continúa la causa y cómo cree que resultará el proceso?

Yo soy un hombre de derecho y confío en mi posición, por eso espero que la solución sea una solución justa y razonable. Ya se ha formalizado la acusación, ya se ha abierto el juicio oral. El abogado de Garzón ha pedido al Tribunal Supremo que lo absuelva, ya que señala que su comportamiento no constituye delito. Resta conocer la opinión de los jueces en el juicio que se celebrará en unos meses.