Introducción

Este artículo se compone de dos secciones. La primera, pretende dar cuenta de la evolución de la desigualdad en la distribución del ingreso de las personas considerando el ingreso per cápita familiar (IPCF) entre los años 2003 y 2009¹. Para ello, se ha recurrido a las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) - Continua publicadas por el INDEC. La serie se inicia con la base del tercer trimestre de 2003, mientras que para el resto de los años se consideran los datos correspondientes al segundo trimestre². Se utilizarán tres medidas distintas: (i) la brecha de ingresos entre el primer y el décimo decil, excluyendo en este caso a los hogares sin ingreso; (ii) la brecha de ingresos entre el primer y el quinto quintil, incluyendo aquí a los hogares sin ingreso; (iii) la evolución del coeficiente de Gini (calculado en base a percentiles). También se presenta información sobre la evolución real de los ingresos, considerando el Nivel General del IPC-INDEC hasta 2006 y del IPC-CITY a partir de 2007³.

El objetivo de la segunda parte es estimar el impacto distributivo que tendría la aplicación del plan de universalización de las asignaciones familiares por hijo con vigencia a partir de noviembre de 2009 (Decreto 1602/09). Para ello, se simulará el resultado de dicha política sobre la última base EPH de microdatos disponible, correspondiente al segundo trimestre de 2009.

Finalmente, se presentan algunas líneas de reflexión a modo de cierre.

1. Evolución de la distribución del ingreso per cápita familiar

Tal como muestran los Cuadros 1 y 2, la brecha de ingresos entre los deciles extremos muestra una profunda disminución entre 2003⁴ y 2007 (de 37 a 23,5 veces), continúa descendiendo hasta 2008 (22,0 veces) y crece levemente en 2009 hasta alcanzar un nivel similar al de 2007 (23,6 veces). Mientras que en el tercer trimestre de 2003 las personas que se encontraban en el primer decil del IPCF del hogar se apropiaban del 1,00% del ingreso total, en el segundo trimestre de 2009, esta proporción aumentó al 1,42% (con un incremento en la participación sobre el ingreso total del 42%), en tanto la proporción de la que se apropiaban las personas que se encontraban en el 10º decil disminuyó del 38,57% al 33,88% (con una baja relativa en la participación del 12,5%). Cabe mencionar que el pico en la participación de primer decil sobre el ingreso total se observó en el segundo trimestre de 2008 (1,48%). Finalmente, debe tenerse en cuenta que la reducción de la brecha entre 2003/2004 y el resto de los años hubiera sido sustancialmente mayor de haberse considerado para la clasificación en deciles a aquellas personas que integraban hogares cuyos integrantes no percibieron ingresos en el periodo relevado por la encuesta.

Cuadro 1. Personas. Ingreso promedio por decil de IPCF y brecha de ingresos entre el décimo y el primer decil. Total de aglomerados EPH, 2003-2009. En pesos corrientes y constantes del segundo trimestre de 2009.

Fuentes: Elaboración propia en base a EPH-INDEC, IPC-INDEC (2003-2006) e IPC City – Buenos Aires City (2007-2009).

Cuadro 2. Personas. Ingreso promedio en pesos corrientes y constantes del segundo trimestre de 2009 por decil de IPCF y brecha de ingresos entre el décimo y el primer decil. Total de aglomerados EPH, 2003-2009. Tercer trimestre de 2003=100.

Fuentes: Elaboración propia en base a EPH-INDEC, IPC-INDEC (2003-2006) e IPC City – Buenos Aires City (2007-2009).

El IPCF medio total pasa de $298,9 en el tercer trimestre de 2003 a $974,6 en el segundo trimestre de 2009. En pesos constantes del segundo trimestre de 2009, el IPCF del tercer trimestre de 2003 era de $645,5, mostrando un incremento hasta el segundo trimestre de 2009 del 51%. La recuperación de los ingresos reales se dio fundamentalmente entre 2005 y 2007: entre los segundos trimestres de ambos años, el incremento fue del 27,7%. A partir de ese momento, el valor real del ingreso continuó incrementándose muy levemente (1,3% entre 2007 y 2008 y 2,9% entre 2008 y 2009, siempre considerando los segundos trimestres).

Las diferencias fueron notorias en la evolución real de los ingresos considerando los diferentes deciles. Comparando el tercer trimestre de 2003 y el segundo de 2009, se observa que los aumentos han sido decrecientes a medida que aumenta el nivel de ingresos. Mientras que el crecimiento real de los ingresos del primer decil más que se duplicó, alcanzando el 106,3% entre ambos periodos, los del décimo decil crecieron el 31,9%, menos de un tercio que aquéllos. Sin embargo, entre 2008 y 2009 esta tendencia no se ha mantenido, y han sido los ingresos del décimo decil los que más han crecido (6,9%), mientras que los del primer decil retrocedieron 0,5% (no así los del segundo y tercer decil, cuyos ingresos fueron los que más se incrementaron luego del décimo decil, con alzas del 2,3% y 3,1% respectivamente).

El análisis por quintiles (Cuadros 3 y 4), incluyendo aquí a las personas que formaban parte de hogares sin ingresos, muestra que la brecha entre los ingresos del quinto y del primer quintil se ha reducido de 20,4 veces en el tercer trimestre de 2003 a 12,5 veces en el segundo trimestre de 2009. La disminución más fuerte se registra entre 2004 y 2005, cuando la brecha pasa de 20,2 a 14,8 veces (esta abrupta caída obedece, en parte importante, a la disminución de la cantidad de personas que residían en hogares sin ingresos, que pasó del 3,5% en 2004 a ubicarse por debajo del 1% en los años restantes). Luego, la caída mostró un carácter más leve hasta el segundo trimestre de 2008 (11,9 veces), con un ligero incremento en el segundo trimestre de 2009 (12,5 veces).

Cuadro 3. Personas. Ingreso promedio por decil de IPCF y brecha de ingresos entre el quinto y el primer quintil. Total de aglomerados EPH, 2003-2009. En pesos corrientes y constantes del segundo trimestre de 2009.

Fuentes: Elaboración propia en base a EPH-INDEC, IPC-INDEC (2003-2006) e IPC City – Buenos Aires City (2007-2009).

Cuadro 4. Personas. Ingreso promedio en pesos corrientes y constantes del segundo trimestre de 2009 por quintil de IPCF y Brecha de ingresos entre el quinto y el primer quintil. Total de aglomerados EPH, 2003-2009. Tercer trimestre de 2003=100.

Fuentes: Elaboración propia en base a EPH-INDEC, IPC-INDEC (2003-2006) e IPC City – Buenos Aires City (2007-2009).

El IPCF medio real aumentó 54,3% entre el tercer trimestre de 2003 y el segundo de 2009, con incrementos más intensos en los quintiles de menores ingresos (117,4% en el primero y 84% en el segundo quintil frente al 25,9% del quinto quintil). Si bien entre 2008 y 2009 el incremento real se observó en los quintiles extremos (en los quintiles tres y cuatro se mantuvo en niveles similares), el mismo alcanzó niveles mucho más elevados en el quintil de más altos ingresos (6,2%) que en los dos compuestos por las personas con menos IPCF (1,5% en el primer quintil y 2,6% en el segundo), lo que explica el aumento de la brecha (Gráfico 1).

Gráfico 1. Personas. Ingreso promedio en pesos constantes del segundo trimestre de 2009 por decil de IPCF. Total de aglomerados EPH, 2003-2009. Tercer trimestre de 2003=100.

Fuentes: Elaboración propia en base a EPH-INDEC, IPC-INDEC (2003-2006) e IPC City – Buenos Aires City (2007-2009).

La evolución del coeficiente de Gini muestra, en consonancia con lo analizado en el caso de las brechas, una caída del 12,9% entre el tercer trimestre de 2003 (0,528) y el segundo trimestre de 2009 (0,460): mientras que entre 2003 y 2008 la caída fue constante, entre 2008 y 2009 se observó un leve incremento de la desigualdad, alcanzando el coeficiente de Gini en este último año un nivel similar que en 2007. En el Gráfico 2 se presenta tanto la evolución del citado coeficiente como la de las brechas entre deciles y quintiles en los años considerados.

Gráfico 2. Personas. Brechas entre deciles y quintiles extremos y coeficiente de Gini. Total de aglomerados EPH, 2003-2009.

Fuentes: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Los datos presentados hasta aquí dan cuenta de una importante mejora en la distribución de los ingresos y una consecuente disminución de la desigualdad, medida en términos del IPCF de las personas, entre el tercer trimestre de 2003 y el segundo trimestre de 2008: la brecha entre el 10% de las personas con IPCF más alto y el 10% con IPCF más bajo se redujo de 37,0 a 22,0 veces mientras que la brecha entre los quintiles ubicados en los extremos de la distribución del IPCF bajó de 20,4 a 12,5 veces. Finalmente, el Gini mostró un descenso desde un valor de 0,528 a otro de 0,450. Sin embargo, en el segundo trimestre de 2009 se observa, en relación al mismo periodo de 2008, un leve retroceso en la tendencia positiva de la distribución de los ingresos registrada desde el inicio del periodo analizado, mostrando las medidas de desigualdad en ese año valores similares a los de 2007 (brecha entre décimo y primer decil de 23,6 veces, brecha entre quinto y primer quintil de 12,5 veces y coeficiente de Gini de 0,460). No obstante, este proceso no fue resultado del empeoramiento de la situación de las personas incluidas en los segmentos de más bajo IPCF, sino a una mayor mejora relativa de los ingresos reales por parte de las personas que se ubicaban en la cúspide de la distribución del ingreso, invirtiéndose la tendencia observada hasta ese momento. Por otra parte, el leve aumento observado en el coeficiente de Gini, más que a la ampliación de la brecha entre las personas con más y menos IPCF se debió al estancamiento de los ingresos reales de las personas ubicadas en los tramos medios y medios altos (quintiles segundo y tercero).

Por lo tanto, este contexto de leve aumento de la desigualdad no resulta contradictorio con una leve disminución de la proporción de personas bajo la línea de la pobreza. El último dato no cuestionado del INDEC indicaba que en el segundo semestre de 2006, el 26,9% de las personas residentes en los aglomerados urbanos en que se releva la EPH era pobre por ingresos. A partir de ese momento, dada la burda manipulación del índice de precios y los valores de las canastas básicas alimentaria (CBA) y total (CBT) que ha tenido, y sigue teniendo lugar en el INDEC, no es posible conocer la evolución de la pobreza. Dado que aún no se han publicado las bases semestrales, no resulta posible realizar estimaciones certeras considerando valores alternativos para ambas canastas; no obstante, cálculos propios indicarían que en el segundo semestre de 2009, el porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza se ubicaría en torno al 23,9%⁵, valor levemente inferior al de finales de 2006, pero mucho más bajo que los que han circulado por diversos medios de comunicación en los últimos meses, que indicaban que la situación de pobreza estaría alcanzando entre el 30% y el 40% de la población.

La importante mejora en la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza observada al menos hasta 2008 han obedecido a un alto y sostenido crecimiento económico junto a políticas estatales activas, aunque insuficientes. El estancamiento en esta materia observado entre aquel año y 2009, puede deberse en parte a la existencia de los efectos de la crisis financiera internacional, típica situación en la que históricamente en Argentina se han producido regresiones en términos distributivos. Sin embargo, más probable resulta que se deba a que quienes permanecen en situaciones de alta vulnerabilidad social son aquellos que conforman el núcleo duro de la pobreza, y cuya situación excede por mucho la evolución coyuntural del mercado de trabajo. De las personas que formaban parte del primer quintil de IPCF en el segundo trimestre de 2009, el 51,7% tenía menos de 18 años de edad y el 75,5% formaba parte de hogares cuyo jefe no había finalizado sus estudios secundarios (en el 54,6% de los casos, el jefe apenas había finalizado sus estudios primarios). El 59% integraba hogares cuyo jefe se encontraba desocupado, o trabajando en forma precaria (asalariados no registrados, cuentapropistas no profesionales), el 22,9% formaba parte de hogares cuyo jefe era económicamente inactivo (fundamentalmente, amas de casa y jubilados) y apenas el 17,9% de estas personas integraban hogares cuyo jefe mostraba una inserción ocupacional adecuada. En este marco, resulta posible hipotetizar que la extensión de las asignaciones familiares por hijo, al dirigirse primordialmente a estos sectores de la población, redundará en una importante reducción de la desigualdad en la distribución de ingresos y, a la vez, asegurará un piso de ingresos mínimo para esa gran porción de argentinos que aún se encuentra excluida y que desde siempre ha visto vulnerados sus más básicos derechos. En la sección siguiente se estimará el impacto de dicha medida, simulando su efecto sobre los datos del segundo trimestre de 2009.

2. El impacto distributivo de la universalización de las asignaciones familiares por hijo para la protección social

Criterios adoptados para la estimación del impacto

Dada el alto nivel de empleo no registrado que caracteriza al mercado de trabajo argentino, por un lado, y el tipo de información que releva la EPH por el otro, resulta complejo estimar con precisión el impacto de la medida recientemente adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional que extiende las asignaciones familiares a trabajadores no registrados que perciben ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil y a trabajadores desocupados. La posibilidad de que exista más de un núcleo familiar en un hogar o de que quien perciba las asignaciones resida en otro hogar, la imposibilidad de determinar qué tipo o qué parte de los ingresos monetarios provenientes de planes sociales dejarán de percibir los hogares cuando cobren el nuevo beneficio, el monto impuesto por la normativa como límite para acceder al beneficio –que se concibe como una “señal”, puesto que resulta imposible corroborar la información brindada por las personas-, el hecho de que el desempeño laboral por fuera de las normas previstas no sólo afecte a quienes sean asalariados, sino también a una gran cantidad de cuentapropistas, e incluso a una porción de personas clasificadas como patrones que se desempeñan en actividades de baja productividad y no se encuentran legalmente registrados, entre otras cuestiones, obligan a adoptar ciertos criterios que pueden traer aparejados errores de inclusión y de exclusión, es decir, incluir como beneficiarios a personas que no serían sujeto de derecho de este beneficio y excluir a otros que sí lo serían. Por dicho motivo, a continuación se explicitan los criterios seguidos.

Se ha considerado que perciben el beneficio estipulado por las AUH aquellas personas menores de 18 años que residen en hogares donde ningún adulto posee una “ocupación suficiente” y, además, el ingreso per cápita familiar no supere los $830⁶. La noción de ocupación suficiente intenta dar cuenta de una multiplicidad de situaciones, considerando por un lado, los criterios establecidos por el decreto 1602/09 para definir quiénes se excluyen del universo de beneficiarios (puesto que perciben las asignaciones familiares por encontrarse en relación de dependencia, o bien porque pueden deducir ciertos montos del pago del impuesto a las ganancias⁷) y, por otro lado, la forma en que estas diversas situaciones se pueden detectar en las bases de microdatos de la EPH. Así, se considera que poseen una ocupación suficiente aquellas personas que sean: (a) patrones y tengan al menos secundario completo; (b) cuentapropistas y su nivel educativo sea superior o universitario completo o mayor; (c) asalariados (excluyendo servicio doméstico) a los que les realicen los aportes jubilatorios o los realice por su cuenta; (d) ocupados de cualquiera de estas categorías –se incluye aquí al servicio doméstico- que no cumplan con las condiciones especificadas pero cuyo ingreso en la ocupación principal sea superior a $1.830⁸. Tampoco se consideran sujetos al beneficio de la AUH aquellos menores de 18 años que formen parte de hogares donde al menos un integrante del mismo percibe el seguro de desempleo, dado que en esta prestación se incluyen las asignaciones por hijo correspondientes a los empleados registrados.

Finalmente, dado que la AUH es incompatible con la percepción de otros planes sociales, en los casos de hogares que percibían algún beneficio social⁹ el mismo ha sido descontado, a excepción de aquellos casos en que el monto percibido previamente sea mayor al monto total que le correspondería al hogar por la suma de las nuevas asignaciones (en este caso, no se asigna monto por AUH). De considerarse los fondos globales que implicará esta política, el impacto sería aún más progresivo. Sin embargo, dado que esos fondos ya son percibidos por los hogares (por medio del Plan Familias por la Inclusión Social, el Plan Jefas y Jefes de hogar, etc.), se estaría sobredimensionando el impacto de la AUH.

El monto imputado a cada menor de 18 años identificado como beneficiario (hasta 5 personas por hogar) es de $165¹⁰. De acuerdo a estos criterios, en los aglomerados en que se releva la EPH, alrededor de un millón cien mil hogares percibirían ingresos provenientes de la extensión de las asignaciones por hijo, en tanto serían beneficiarios en torno a dos millones y medio de menores de 18 años. Dichas cantidades representan el 14,4 % de los hogares y el 33,9% de las personas menores de 18 años respectivamente¹¹.

2.2. Análisis del impacto distributivo

Como una aproximación al escenario actual, para el que aún no están disponibles los datos, en los Cuadros 5 y 6 se presenta la estimación del impacto de la extensión de la cobertura de las asignaciones universales por hijo analizando la distribución del IPCF por deciles y quintiles respectivamente, comparando los datos observados en el segundo trimestre de 2009 con la estimación de cuál hubiera sido el impacto de dicha medida en ese momento siguiendo los criterios especificados en el punto anterior, cabe recordar, considerando solo la diferencia entre el monto de lo que los hogares deberían percibir por las nuevas asignaciones por hijo y el monto que ya era percibido por el cobro de otros planes o subsidios sociales.

El análisis por decil muestra el fuerte incremento del IPCF en el primer grupo, donde el monto se incrementaría un 29,5%. En el segundo decil, el incremento sería del 10,1%, mientras que en el tercero alcanzaría 4,1%, siendo ínfimo en los tres deciles siguientes. La participación del primer decil sobre el ingreso total se incrementaría el 29,3%, pasando de 1,42% a 1,84%. Si bien en los deciles de menor IPCF se concentra la mayor cantidad de personas menores de 18 años y resulta evidente que se trata de los sectores cuya situación laboral resulta más vulnerable, estos datos señalan que no puede dudarse del impacto progresivo que la extensión de las asignaciones por hijo a trabajadores no registrados y desocupados tendrá sobre la distribución del ingreso: la brecha entre el 10% de personas con mayores y menores IPCF se reduciría, según esta estimación, un 22,8%, pasando de 23,6 veces a 18,3 veces¹².

Cuadro 5. Personas. Ingreso promedio por decil de IPCF y brecha de ingresos entre el décimo y el primer decil. Total de aglomerados EPH, segundo trimestre de 2009. Observados y simulación del impacto de la AUH.

Fuentes: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Por su parte, el análisis por quintiles da cuenta que la aplicación de la medida traería aparejada una disminución del 17,4% de la brecha entre los extremos, pasando de 12,5 a 10,3 veces. El aumento del 21,1% en el ingreso de las personas del primer quintil hubiese llevado su participación sobre el total de los ingresos del 4,07% al 4,87%. Mientras tanto, la del segundo quintil se hubiera incrementado levemente (del 9,07% al 9,26%), mientras que en el resto se habrían observado leves descensos en la participación sobre el ingreso total.

Cuadro 6. Personas. Ingreso promedio por quintil de IPCF y brecha de ingresos entre el qunito y el primer quintil. Total de aglomerados EPH, segundo trimestre de 2009. Observados y simulación del impacto de la AUH.

Fuentes: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

En el Gráfico 3 se replica el Gráfico 2 presentado en la sección anterior, con el agregado de cuáles hubieran sido las brechas y el valor del coeficiente de Gini de estar vigente las AUH en el segundo trimestre de 2009. En este caso, las brechas hubiesen sido no solo más bajas de lo que fueron en dicho periodo, sino que se hubieran ubicado en niveles muy inferiores al de 2008, el más bajo dentro del periodo analizado. Respecto a 2003 y 2004, las brechas se reducirían a la mitad: mientras que en el tercer trimestre de 2003, la brecha entre el IPCF de las personas ubicadas en los deciles extremos fue de 37 veces y en el segundo trimestre de 2004 de 32 veces, de haberse aplicado la mencionada política en el segundo trimestre ésta hubiese sido de 18,3 veces. Lo mismo sucede en el caso de la brecha entre el quinto y el primer quintil, que de poco más de 20 veces en 2003 y 2004, habría caído hasta las 10,3 veces. De esta manera, la puesta en marcha de las AUH se revela como una estrategia sumamente eficaz para continuar con el descenso de la desigualdad en la distribución del ingreso observado desde 2003 que, como se ha mencionado, no solo se estancó sino que incluso mostró un leve retroceso entre 2008 y 2009.

Gráfico 3. Personas. Brechas entre deciles y quintiles extremos y coeficiente de Gini. Total de aglomerados EPH, 2003-2009. Observados y simulación del impacto de la AUH.

Fuentes: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

El coeficiente de Gini también se reduciría, pero en una medida mucho menor que las brechas entre deciles y quintiles extremos. En el segundo trimestre de 2009, el valor de este coeficiente se ubicó en 0,460 y, de estar vigente las AUH, el mismo hubiese sido, según esta estimación, de 0,446, con un descenso del 3%, quedando en un valor cercano al más bajo observado en la serie temporal analizada (0,450 en 2007), pero muy por encima de los primeros años (0,528 en el tercer trimestre de 2003 y 0,513 en el segundo trimestre de 2004). La inelasticidad de este coeficiente obedece a que no toma en cuenta únicamente los extremos, como el caso de las brechas, sino que considera la distribución del ingreso entre toda la población.

En el Gráfico 4, se observa cuál sería la apropiación de las nuevas erogaciones resultantes de la AUH de acuerdo al decil de IPCF de las personas. Del total de los nuevos fondos, el 3,3% se dirigirían a los hogares originalmente sin ingresos, que incluían al 0,72% de las personas (solo el 0,23%, es decir, menos de una por cada cuatrocientas personas, no hubiera percibido ningún ingreso de haberse estado vigente la AUH). El grueso de las erogaciones estarían destinadas a hogares donde residen personas englobadas en el primer, segundo y tercer decil de IPCF (41,9% y 25,6% y 13,5% respectivamente, totalizando el 81,0% de las nuevas erogaciones).

Gráfico 4. Personas. Distribución de la masa monetaria proveniente de la AUH según decil de IPCF. Total de aglomerados EPH, Segundo Trimestre de 2009.

Fuentes: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

El Gráfico 5 permite apreciar cuál fue la apropiación del total de los ingresos percibidos por las personas de acuerdo a los diferentes quintiles de IPCF entre 2003 y 2009, y cuál hubiera sido la apropiación del ingreso por parte de los diferentes quintiles de haber estado vigente en el segundo trimestre de 2009 las AUH.

Los primeros cuatro quintiles del IPCF han incrementado sus participaciones entre el inicio y el final de la serie, aunque luego de alcanzar un pico en 2007 las mismas han descendido levemente entre 2008 y 2009. La intensidad de ese aumento fue mayor a medida que decrece el nivel de ingresos. Comparando los datos de 2004 y 2009 –dejando de lado los de 2003, para evitar las distorsiones de comparar trimestres distintos- se observa que la participación del primer quintil pasó de 2,7% a 4,1% (con un incremento del 50%), la del segundo quintil de 7,7% a 9,1% (17,4% más), la del tercero de 13,2 a 14,1 (6,9%) y la del cuarto de 21,5 a 22,2% (3,5%). Esto señala que no solo se achicó la brecha entre los quintiles extremos: entre el quintil de IPCF medios altos (el cuarto) y el de medios bajos (el segundo), la brecha pasó de 3 veces en el tercer trimestre de 2003 y de 2,8 veces en el segundo trimestre de 2004 a 2,4 veces en 2008 y 2009.

En el caso del quinto quintil, lógicamente, se observa el movimiento contrario, de fuerte descenso en su participación hasta 2008 y una leve recuperación en 2009. En el tercer trimestre de 2003, su participación sobre el ingreso total era del 56,5%, mientras que en el segundo trimestre de 2004 alcanzaba el 54,9%. En 2009, el nivel de participación de este quintil se ubicó en el 50,5% (10,7% menos que en 2003 y 8% menos que en 2004). Si bien en 2009 el crecimiento de la participación de este quintil respecto a 2008 se dio a expensas de los quintiles intermedios, la comparación entre 2004 y 2009 muestra una importante disminución de las brechas con dichos quintiles. Así, mientras en 2004 la participación del ingreso del quinto quintil de IPCF era 2,6 veces superior a la del cuarto quintil, 4,1 veces a la del tercero y 7,1 veces mayor a la del segundo quintil, estos valores en el segundo trimestre de 2009 fueron de 2,3, 3,6 y 5,6 veces respectivamente (en 2008, momento en que el quinto quintil mostró su menor nivel de participación, estos valores fueron levemente más bajos, alcanzando las 2,2, 3,5 y 5,5 veces).

Dado que la extensión de las asignaciones familiares por hijo a trabajadores no registrados y desocupados tendrá impacto fundamentalmente en el primer quintil (cuya participación, en el segundo trimestre de 2009 se habría elevado del 4,1% al 4,9%), el efecto de disminución de brechas se observaría fundamentalmente entre los grupos de personas ubicados en los extremos de la distribución del ingreso. En el segundo trimestre de 2009, la brecha entre el quinto y el primer quintil de IPCF fue de 12,5 veces y hubiera sido de 10,3 veces si hubieran estado vigentes las AUH. El mismo movimiento se observaría al comparar la participación en el ingreso de los restantes quintiles con la del quintil de ingresos más bajos. No obstante, el impacto en las brechas entre quintiles intermedios y entre los quintiles intermedios y el de mayor nivel de IPCF permanecerían estancados, a excepción de las comparaciones frente al segundo quintil, que mostrarían una mínima reducción (por ejemplo, respecto a la participación sobre el total de ingresos, la del quinto quintil sobre la del segundo hubiera pasado de ser 5,6 veces a 5,4 veces mayor).

Gráfico 5. Personas. Distribución del ingreso total según quintil de IPCF. Total de aglomerados EPH, 2003-2009. Observados y simulación del impacto de la AUH.

Fuentes: Elaboración propia en base a EPH-INDEC (2003-2009).

Desde otra óptica, en el Gráfico 6 se presentan un cálculo alternativo¹³ de la incidencia de la indigencia y la pobreza en el segundo trimestre de 2009 considerando los ingresos captados por la encuesta, por un lado, y los ingresos recalculados simulando el impacto de las AUH, por el otro. Cabe mencionar que se ha estimado el impacto que la medida tendría tanto en la población total como sobre la población menor de 18 años.

Gráfico 6. Personas. Incidencia de la pobreza e indigencia en la población total y en la población menor de 18 años. Total de aglomerados EPH, segundo trimestre de 2009. Observados y simulación del impacto de la AUH.

Fuentes: Elaboración propia en base a EPH-INDEC y Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total de la ciudad de Paraná – Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Entre Ríos.

Según esta estimación, de haber estado vigente la AUH en el segundo semestre de 2009, el porcentaje de personas indigentes se hubiese reducido a prácticamente la mitad, del 6,8% al 3,6%, mientras que la caída, lógicamente dado que se trata de los destinatarios directos de dicha política, hubiese sido mayor entre los menores de 18 años, alcanzando la reducción de la incidencia de la indigencia en este grupo etario casi el 60%, al pasar de 12,3% a 5,5%. En términos absolutos, considerando el total de aglomerados urbanos de la EPH, implicaría que dejarían de ser indigentes alrededor de ochocientas mil personas, incluyendo a medio millón de menores de 18 años.

En cambio, el efecto de la ampliación de la cobertura de las asignaciones familiares por hijo sobre la reducción de la pobreza sería más acotado: la tendencia muestra un fuerte pasaje de la condición de indigentes a la de pobres no indigentes, siendo el pasaje de la condición de pobre a no pobre más matizada, sobre todo al considerar la población total, lo cual resulta lógico desde la perspectiva del fuerte impacto que esta política tendría fundamentalmente sobre los ingresos del decil más bajo y, en menor medida, del siguiente. La proporción de personas pobres no indigentes se elevaría levemente (del 17,1% al 17,8% en la población total y del 24,7% al 27,1% entre los menores de 18 años) dado que, como se comentó, el pasaje de la condición de indigente a no pobre sería mayor que la de pobres no indigentes a no pobres.

Considerando en conjunto a los pobres indigentes y a los pobres no indigentes, la proporción de pobres disminuiría de 23,9% a 21,3% en la población total y de 37% a 32,6% entre los menores de 18 años. Así, puede estimarse que la reducción de la pobreza estaría en torno a los 2 o 3 puntos porcentuales entre la población total y alrededor de 4 o 5 puntos porcentuales para la población menor de 18 años, el grupo etario más afectado. En cantidad de personas, dejarían de ser pobres poco más de seiscientas mil, la mitad de ellas menores de 18 años.

En términos relativos, mientras que la disminución de la indigencia sería de poco menos del 50% para la población total y de cerca del 60% entre los menores de 18 años, en el caso de la pobreza esta reducción alcanzaría el 10% y el 12% respectivamente. Finalmente, un dato destacable está dado por la reducción de las brechas de indigencia y de pobreza que traería aparejada la aplicación de la política de universalización de las asignaciones familiares, puesto que de haber estado vigente la misma en el segundo trimestre de 2009, las brechas hubiesen pasado de 41,1% y 39,3% a 33,5% y 32,9% respectivamente.

A modo de cierre...

A lo largo de este trabajo han quedado demostradas algunas cuestiones básicas: entre 2003 y 2009, la distribución del ingreso ha mejorado sustancialmente, sobre todo por el aumento sostenido de la participación de los ingresos de las personas que forman parte de los hogares más vulnerables, en un contexto en el que todos los sectores vieron crecer sus ingresos en términos reales. La mejora en la distribución del ingreso resultaba esperable, dado el bajo piso del que se partió en el inicio de la serie temporal considerada. Sin embargo, no debe subestimarse el impacto de las políticas asistenciales implementadas para sostener a los sectores más desfavorecidos, a los que no alcanzó la evidente mejora verificada en el mercado de trabajo.

Por otra parte, en 2008 y 2009 se ha observado un estancamiento e incluso un leve aumento de la regresividad en términos distributivos, alcanzando los diferentes indicadores niveles similares a 2007, mucho mejores, por cierto, que los de años anteriores. No obstante, el estancamiento de la distribución del ingreso no se ha dado por la disminución de los ingresos reales de los sectores de menor nivel económico, sino por una mayor mejora relativa de los sectores de más altos ingresos, ya que no se ha observado en estos años la retracción del nivel real de los ingresos en ninguno de los grupos quintílicos.

Además no debe olvidarse –como sucede habitualmente en las discusiones sobre la distribución del ingreso– que la misma no pasa únicamente por los ingresos monetarios percibidos por las personas: más allá de las críticas por el modo de aplicación y su efectividad, y de las cuantiosas deudas pendientes, los subsidios al transporte público, a los servicios básicos (electricidad, gas, agua corriente), así como el aumento del gasto social (salud, educación, vivienda, etc.) –que ha mostrado fuertes incrementos en su participación sobre el PBI en los últimos años, lo que señala que ha crecido en una medida mayor a la de la actividad económica- constituyen estrategias que resultan fundamentales en términos de la redistribución secundaria del ingreso, aunque lógicamente no sean tan visibles socialmente como los aumentos de los ingresos monetarios percibidos por las personas. La aplicación de diversos programas sociales –aun cuando resulta evidente la falta de acciones coordinadas entre las diferentes áreas de gobierno y los niveles nacionales y subnacionales, además del manejo discrecional que de muchos de ellos se realiza-, y la prácticamente universal cobertura de las prestaciones jubilatorias, tampoco pueden soslayarse al analizar los efectos de las políticas gubernamentales en la distribución del ingreso, y más en general, en el nivel de vida de la población, en especial de aquellos sectores históricamente más desfavorecidos.

En este punto, la extensión de las asignaciones universales a los hijos de los trabajadores no registrados y de los trabajadores desocupados resulta una excelente medida en vistas de lograr mayores niveles de equidad social, más aún cuando se dirige a los niños, niñas y adolescentes, el grupo poblacional más golpeado por la pobreza. Sin embargo, es preciso dotar a esta medida de mayor institucionalidad, ampliando y clarificando los criterios de acceso al derecho¹⁴ y estipulando la movilidad automática del monto del beneficio, para que este derecho, como tal, no quede sujeto a la discrecionalidad del poder político de turno y a las disponibilidades de caja. A modo de ejemplo, entre los meses de diciembre de 2009 –cuando se hizo efectivo el primer pago de la AUH correspondiente al mes de noviembre, y marzo de 2010 (último mes para el que se ha publicado el dato), la CBA y la CBT aquí consideradas¹⁵ han registrado aumentos del 15,9% y del 12,1% respectivamente. Dicho de otro modo, el poder de compra de los $180 recibidos en diciembre se ha reducido en apenas cuatro meses alrededor de $20 ó $25.

Por otra parte, sigue siendo evidente que los sectores de más altos ingresos conservan una posición privilegiada que no se condice con una sociedad justa: el 20% de las personas con IPCF más alto continúa apropiándose del 50% de los ingresos, en tanto que el 10% más rico se apropia de un tercio del total. A excepción de la brecha con el grupo de ingresos más bajos –donde una suba leve de los ingresos percibidos en términos absolutos puede implicar una fuerte disminución de la distancia-, con el resto de los grupos de ingresos intermedios la relación se ha mostrado prácticamente inelástica, sobre todo desde 2005-2006 a esta parte, de lo que da cuenta el magro descenso del coeficiente de Gini a partir de esos años.

Más allá de los límites que debe enfrentar la acción gubernamental, la intensificación de las políticas de normalización y formalización de las relaciones laborales -sin obviar lo que sucede con la precarización del empleo público- y el decidido impulso a una amplia reforma tributaria que ponga fin a la matriz regresiva de las leyes vigentes, constituyen, sin dudas, pasos necesarios e imprescindibles en pos del objetivo de lograr una sociedad más justa e inclusiva.

Notas