Tras las huellas de la crisis de 2001: un recorrido por las políticas habitacionales

Autor/es: Leopoldo Santucho

Sección: Investigaciones

Edición: 8

Español:

Este artículo se propone describir un panorama de las políticas estatales en materia habitacional. Más específicamente, establecer, desde una perspectiva crítica y transformadora, un marco para un estudio de las políticas públicas en el período de pos-crisis en Argentina en dicho campo de acción. En primer lugar, se parte de una caracterización del contexto social de crisis capitalista de principios de década. En segundo lugar, se describe de manera general la política habitacional del gobierno menemista. Luego se aborda el cuadro general de los programas implementados a partir de 2003. Para finalizar se establece un balance de la indagación en la política habitacional a partir de nuevos interrogantes y perspectivas de análisis.


1. Introducción

En este artículo nos proponemos describir un panorama de las políticas estatales en materia habitacional. Más específicamente, buscaremos establecer, desde una perspectiva crítica y transformadora, un marco para un estudio de las políticas públicas en el período de pos-crisis en Argentina en dicho campo de acción.

En primer lugar, partimos de una caracterización del contexto social de crisis capitalista de principios de década. En este apartado tomaremos en consideración los índices de pobreza y desocupación, así como algunas aproximaciones a la problemática habitacional y las formas de hábitat popular.

En segundo lugar, nos centraremos en describir de manera general la política habitacional del gobierno menemista. Aquí buscaremos dilucidar los lineamientos de la acción estatal en esta materia, la normativa correspondiente y, particularmente, nos aproximaremos a los resultados de las iniciativas desplegadas para su solución.

Luego abordaremos el cuadro general de los programas implementados a partir de 2003. En este apartado se considerarán brevemente las soluciones diseñadas y aplicadas en la materia, destacaremos aquellos que continúan vigentes respecto de gobiernos anteriores así como aquellos formulados por el gobierno de Néstor Kirchner.

Para finalizar estableceremos un balance de la indagación en la política habitacional a partir de nuevos interrogantes y perspectivas de análisis. Bajo este último punto nos permitiremos establecer puntos críticos de los programas vigentes.

2. Crisis, pobreza y hábitat

En el 2001, el año del estallido de la crisis, el 38,5% de los argentinos no superaba la línea de pobreza y el 13,6% la de indigencia. En 2002 estos indicadores ascendían a las cifras de 54,3% y 27,7% respectivamente. A nivel nacional el índice de pobreza había crecido más de la mitad de mayo de 2001 a octubre de 2002. En ese mismo año la tasa de desempleo había trepado a un 20,8%. El deterioro general de estos índices socio-demográficos, no obstante, se corresponde con un cuadro crítico general que afectó a los sectores populares y los empujó a modificar sus estrategias de vida. Así, tras la caída abrupta de los ingresos de los hogares en términos reales, también se vio comprometido el acceso de estos sectores a la educación, la salud y la vivienda públicas.

En términos temporales, claro está que la crisis afectó las formas de reproducción de la fuerza de trabajo por sobre la duración de los momentos de mayor intensidad del conflicto social1 (entre octubre de 2001 y junio de 2002). La temporalidad de la crisis social abarca más de dos décadas de profundización de la precarización de las condiciones de trabajo. En todo caso, podríamos decir que la conflictividad social revelaba los cambios operados tras veinte años de neoliberalismo2 en Argentina. Con la adopción de políticas de corte neoliberal en el país, conocida como la “Reforma del Estado” la estructura normativa y administrativa del estado fue modificada en detrimento de su capacidad de intervención y regulación, y en provecho de una liberalización de la economía.3 A partir de las privatizaciones de las empresas públicas de servicios y la desregulación del mercado inmobiliario, el estado se desligó de su facultad de definir las políticas públicas que inciden en las condiciones de hábitat de la población.

En etapa exploratoria abordamos los problemas habitacionales siguiendo las definiciones presentes en otros estudios. En esta dirección, para aproximarnos al deterioro de las condiciones de hábitat y vivienda resultó relevante considerar las dimensiones de esta problemática y su alcance en términos cuantitativos, desde el concepto de déficit habitacional. Esta expresión nos ayuda a identificar aquellos hogares que habitan en construcciones que no cumplen con las condiciones de habitabilidad (de calidad de los materiales de construcción, infraestructura, acceso a servicios públicos, de calidad de la ocupación).

Cuadro 1. Hogares según año censal por condiciones de habitabilidad.

 

1991

2001

Hogares en Viviendas irrecuperables. 651.766 534.037
Hogares en Viviendas recuperables. 1.573.804 1.646.965
Hogares en Viviendas con hacinamiento por cuarto en viviendas tipo A y departamentos. 479.960 459.869
Hogares hacinados en viviendas tipo A y departamentos. 424.200 Sin datos

Total de Hogares

8.927.289

10.073.625

Fuente: Censo 1991 y Censo 2001, INDEC. Disponibles en www.indec.gov.ar.

Para arribar a la situación habitacional de los hogares consideramos las condiciones de ocupación de la vivienda, la calidad de los materiales de la vivienda y el acceso pleno a servicios públicos e infraestructura urbana. Para la tipología del cuadro 1 seguimos las definiciones del INDEC y de un Informe de la Dirección de Gastos Sociales Consolidados (2000), 1) Viviendas recuperables: Hogares de tipo B (hogares que cumplen con las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material -no tienen piso de cerámica, mosaicos, madera o alfombrado- o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con descarga de agua) y en piezas de hotel, pensiones o inquilinato; 2) Viviendas irrecuperables: Casillas, ranchos, locales no construidos para la habitacion y viviendas móviles. En algunos estudios se distingue entre déficit relativo y déficit absoluto para distinguir las distintas situaciones que afrontan los hogares respecto del hábitat.4 El documento confeccionado por la Dirección de Gastos Sociales Consolidados sobre la política habitacional en la década de los 90 hace uso de esta distinción para referirse 1) a los casos dOnde las viviendas presentan rasgos de precariedad y/o tienen hacinamiento por cuarto) y 2) viviendas donde habitan más de un hogar y/o construcciones no aptas para habitar.

Otro punto a abordar es el de la propiedad del suelo urbano y la modificación de la legislación dominial. En la década pasada, una serie de normas que permiten la venta de tierras fiscales tendrá una fuerte incidencia en las estrategias habitacionales de la población. Teniendo en cuenta que en 2001 el 89,3% de la población habitaba en las ciudades, el acceso al suelo urbano representa un problema de magnitud creciente durante las últimas décadas.

No obstante, muchas de estas categorías no abordan en detalle las condiciones de vida de la población bajo la línea de la pobreza y de la indigencia. Son, en cualquier caso, una herramienta para tener una idea de la magnitud del problema. Es decir, para cuantificar de los hogares cuyas viviendas no cumplen con determinadas características de habitabilidad.

En otras investigaciones, de tipo “cualitativo”, se distingue una génesis de la aparición de nuevas estrategias de hábitat por parte de los sectores populares.5 Éstas, denominadas formas del hábitat popular, surgen a mediados de los años 70, y su reproducción se profundiza en los 80 y 90: toma de tierras y el incremento de la población en villas de emergencia; ocupaciones de edificios y casas; ocupaciones de viviendas a ser entregadas a destinatarios de programas estatales; y el aumento de la población en Hoteles-pensión.

En el contexto de crisis inmediatamente posterior a 2001 una parte de la población con “déficit habitacional” se sumó a la problemática de no poder afrontar los gastos de la tenencia y el alquiler. Con lo que está sometida constantemente a los desalojos llevados a cabo con la intervención violenta de las fuerzas policiales.6

3. Políticas habitacionales en los 90

En los años 90, los altos niveles de desocupación y subocupación, la precarización laboral, la disminución de servicios sociales producto del desguase del llamado Estado de Bienestar obligan a los hogares a desplegar distintas estrategias de vida para enfrentar estas nuevas situaciones.7 En términos generales se produce una transformación del rol del Estado y su participación en la reproducción de la fuerza de trabajo a partir de un tipo de intervención universal en materia social. Esto se produjo en primer lugar a partir de la desregulación y ampliación del mercado inmobiliario, y en segundo lugar a partir de la privatización de las empresas de servicios públicos. Luego de las reformas mencionadas se verificó una alta valorización del suelo urbano y un cuadro tarifario de los servicios públicos en permanente ascenso.8

El gobierno menemista, de manera recurrente, se apoyó en una supuesta situación de excepción y crisis para declarar la eventual enajenación del patrimonio nacional. Precisamente, debemos mencionar que la Ley de Emergencia Económica de 1989 sienta las bases para una eventual y posible venta de las propiedades del estado argentino. En esta misma línea, bajo el gobierno de Carlos S. Menem el rol estatal será el de ampliar el mercado inmobiliario y facilitar la inversión en el sector, esto se pretendía lograr a través de la instrumentación del fideicomiso (ley 24441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción), el contrato de leasing y los fondos comunes de inversión para la financiación, construcción y venta de inmuebles.9

Estos cambios serán acompañados por una reestructuración estatal operada en todos los niveles jurisdiccionales y en las agencias gubernamentales. En el nivel operativo de la acción estatal, su capacidad de intervención fue afectada por la descentralización administrativa. Precisamente en materia habitacional se produce un desplazamiento de competencias del área nacional a los Institutos Provinciales de Vivienda (IPVs) y a los municipios.

En el período, la mayor parte del gasto público en vivienda e infraestructura se realizó mediante el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), creado en 1972 (Ley 21.581) y compuesto principalmente por deducciones sobre los salarios. Durante la última década fue modificado sustancialmente, cambiándose el origen de sus recursos y operándose un desplazamiento de competencias respecto de la gestión financiera y operativa de la política habitacional. Particularmente, a través del artículo 5to. del Pacto Fiscal Federal de 1992 entre la nación y las provincias, se transmiten los recursos financieros del FONAVI, entre otros Fondos. En la ley 24.130 que ratifica dicho acuerdo se le concede a los IPVs “el otorgamiento de aptitudes técnicas y financieras de cada proyecto como toda otra facultad de orden reglamentario”. A partir de la ley 24.464, con la creación del Sistema Federal de la Vivienda se cambiará el origen de los recursos que componen el Fondo, que estará compuesto por fondos provenientes del impuesto a los combustibles, con lo que se grava el consumo social. En los aspectos técnico y financiero, con la conformación SNV, los IPVs serán entes autárquicos habilitados para administrar los recursos asignados por el FONAVI y los recuperos de las inversiones hechas en la jurisdicción, así como para licitar obras y seleccionar los adjudicatarios de créditos y viviendas. Con esta operación los recursos nacionales transferidos a las provincias dejaron de ser fondos específicos para la construcción de viviendas. También es destacable, en este mismo sentido, el crecimiento de los gastos operativos de los IPVs sobre el total de erogaciones provinciales. Según el informe citado, dichos gastos pasaron a representar de 17,5% en 1996 a 22,37% en 1999, sobre el total.

Cabe mencionar que las operatorias disponibles del FONAVI tuvieron escaso impacto en la población más pobre, siendo sus beneficiarios efectivos los sectores medio bajo y medio alto.10 Además, en este período no hay una uniformidad en el criterio de selección de adjudicatarios por parte de las provincias. En la mayoría de los IPVs los registros de inscriptos no funcionan correctamente y hay provincias que no cuentan con un registro.

Otra parte del gasto en vivienda es destinado a través del Programa de Mejoramiento de Barrios11 (PROMEBA), que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Préstamo 940/AR) y tenía como objetivo “mejorar la calidad de vida de la población con necesidades básicas insatisfechas que enfrentan deficiencias severas de vivienda” (pag. 3). El préstamo estuvo dirigido a la construcción de infraestructura básica (agua, cloacas, desagües pluviales, calles) y a obras complementarias (alumbrado público, gas natural, red peatonal, equipamiento comunitario). El contrato preveía una duración de 10 años, extendiéndose hasta el año 2007.

En 1997 el Banco Hipotecario Nacional fue puesto en venta, en una operación poco transparente y fraudulenta, muy por debajo de su valor12. Efectuado dicho cambio, el otorgamiento de créditos estará destinado a los sectores de ingresos medios, quedando restringido el acceso a los mismos por parte de los sectores populares. Con lo dicho, se puede afirmar que con la privatización del BHN el Estado perdió una importante herramienta de política pública habitacional.

En el Programa Arraigo se enmarcan distintas acciones13 destinadas a regularizar las situaciones irregulares de tenencia de la tierra cuya gestión quedará a cargo de la Comisión Nacional de Tierras Fiscales (decreto 591/92). En esta misma línea, mediante la aprobación de la ley 23.697, el estado nacional transfiere las tierras “que se hallen ocupadas por viviendas permanentes y que sean innecesarias para el cumplimiento de su gestión”, a las provincias y a la, por entonces, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, “para su venta a sus ocupantes y para planes provinciales destinados a los sectores populares”. Posteriormente, en 1994, mediante la Ley Pierri (nº 24.374) de regularización dominial, se acortan los tiempos de la usucapión permitiendo a los ocupantes que acrediten posesión “pública, pacífica y continua” de la propiedad del inmueble con tres años de anterioridad a 1992.

4. Las políticas habitacionales a partir de 2003

A partir de 2003 se producirán diversos cambios que afectarán los lineamientos de política pública. La política habitacional de este gobierno se enmarcará en una política general de reactivación de las obras públicas dirigida a la generación de puestos de empleo. Se produjeron cambios a nivel institucional y otros inherentes a la gestión de los programas dirigidos a proveer soluciones habitacionales. Justamente, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (antes dependiente de la Presidencia) funcionará bajo el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, creado en 2003 mediante el decreto 1283/03. Con esta operación el Estado nacional centraliza nuevamente la administración de los recursos financieros en el área de vivienda e infraestructura bajo un nuevo procedimiento14. A nivel de la gestión uno de los cambios más novedosos es la incorporación de movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad en dinámica de los programas. Así se reactivaron las obras con financiación del FONAVI y se diseñaron nuevos programas. Además, se incorporaron entre los objetivos de la política habitacional la regularización legal de la tenencia de la vivienda y el terreno sobre el que ésta se encuentra. Esta meta fue instrumentada sobre todo en los programas de construcción de viviendas. En el período se pusieron en marcha:

  • Reactivación de obras del FONAVI I y II (Viviendas nuevas)
  • Programa Federal de Solidaridad Habitacional. (Viviendas nuevas y mejoramiento de las existentes).
  • Programa Federal de Construcción de Viviendas. (Viviendas Nuevas)
  • Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas (Viviendas Nuevas).
  • Programa Federal Mejor Vivir (mejoramiento de viviendas).
  • Programa Federal de Emergencia Habitacional (Viviendas Nuevas).
  • Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (Infraestructura y soluciones habitacionales).
  • Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del NOA y NEA (soluciones habitacionales).
  • Programa de Construcción de Viviendas Cáritas (Viviendas Nuevas).
  • Sub-programa Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios (Viviendas nuevas y mejoramiento de las existentes).
  • Sub-programa para el Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias (Infraestructura).
  • FONAVI (Viviendas nuevas).

El FONAVI y el PFCV son los programas que representan la mayor parte de las erogaciones del estado argentino en materia habitacional en el período. Precisamente también son los de mayor impacto y alcance sobre la población de ingresos bajos y medio bajos.

En total, en 2004 se invirtieron 1,7 mil millones de pesos y se terminaron 20.205 viviendas y 4.209 soluciones habitacionales. En 2007, el gasto en vivienda había crecido a 5.5 miles de millones de pesos. En este último año, de las 53.965 viviendas terminadas, aproximadamente 11.000 correspondían al FONAVI y 36.000 al PFCV. Este último (luego reformulado en Programa Federal Plurianual) es, en términos cuantitativos, el programa de mayor alcance en el período. La mayor inversión de los recursos del programa están destinados a la construcción de nuevas viviendas y, a través del Sub-Programa de Urbanización de Villas, a obras de mejoramiento. El mismo, en sus distintas modalidades, es gestionado por los IPVs y los municipios, que se encargan de licitar obras y de la selección de los adjudicatarios.

Cabe destacar que surgen a partir de la experiencia de dos programas (Programa Cáritas y el PFEH) la conformación de articulaciones con la Iglesia Católica y algunos movimientos sociales (Federación de Tierra y Vivienda, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Organización Social Tupac Amaru). El PFEH incorpora a los movimientos sociales en la gestión de los proyectos. En este programa se concede la ejecución de las obras a cooperativas conformadas a tales efectos, compuestas por una mayoría de beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar y un 20% restante de trabajadores desocupados. Este programa, en nuestra perspectiva, sostiene un enfoque distinto a la política habitacional de los 90 -e inclusive al resto de los programas de este período-, donde se consideraba los problemas de hábitat desde lo individual.

El Programa Cáritas Vivienda fue puesto en marcha a partir de un convenio firmado entre Cáritas y el MPFISyS. En dicho acuerdo se dispuso la financiación no reintegrable de un proyecto de “autoconstrucción” de viviendas por los adjudicatarios, con la asistencia técnica y administrativa de Cáritas y en articulación con la SSDUyV. En el nivel local, esto implica la articulación entre las sedes diocesanas y parroquiales con los municipios, y en algunos casos con ONG. En este programa, las compras de los materiales, al igual que en el PFEH, son realizadas por los municipios y/o las entidades intermedias. Los fondos una vez aprobados el proyecto por la SSDUyV son destinados a cubrir los gastos de mano de obra, de escrituración, honorarios profesionales y materiales y equipamiento.

Por último cabe mencionar que, en este período, si bien se observa mayor evaluación y control sobre el registro de los inscriptos para la adjudicación de viviendas de los IPVs, no hubo una unificación de criterios de selección de beneficiarios. Esto puede actuar en detrimento de la correspondencia entre el adjudicatario efectivo con el perfil de beneficiario delineado en el diseño de los programas.

5. Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo hemos buscado dilucidar los lineamientos de las políticas dirigidas a brindar soluciones habitacionales en las últimas dos décadas. La crisis de 2001 resulta un momento ineludible en el análisis, pues, implicó una fuerte ruptura institucional y el redireccionamiento de la política habitacional. El período presidencial posterior (2003-2007) corresponde a la recuperación de la crisis capitalista que atravesó el país en 2001-2002 . En ese lapso se observó una reactivación de las obras públicas en infraestructura y vivienda. En este marco, a su vez, se encuentra delineada una política habitacional que marca una ruptura respecto de los gobiernos anteriores, particularmente, del gobierno menemista. Fundamentalmente porque se ponen en marcha programas destinados específicamente a la construcción de viviendas nuevas, al mejoramiento de viviendas deficitarias, de infraestructura básica y obras complementarias.

No obstante, la política pública aborda, en esta materia, un problema de carácter estructural que se monta sobre una distribución altamente inequitativa de la riqueza. Ello mismo se ve en el crecimiento de las formas de hábitat popular que se produjo paralelamente a las soluciones brindadas por el Estado en el último período analizado.

En relación a lo último, el abordaje de este problema se merece algunas reflexiones. El primero de los interrogantes que se nos plantean, se ubica en el marco de estas indagaciones. Pues partir de la primera aproximación realizada mediante las herramientas conceptuales brindadas por INDEC y documentos de políticas de la SSDUyV obtuvimos una idea de la magnitud de la problemática. Estos documentos de diagnóstico para el diseño, implementación y evaluación de políticas consideran las situaciones que atraviesan los hogares a partir de una cuantificación de las mismas y sin abordar la especificidad del territorio. Luego consideramos a partir de estudios de tipo “cualitativo” la aparición de nuevas y diversas estrategias de resolución de tipo colectiva. Por lo que, entre uno y otro ejercicio notamos una brecha en el abordaje de la complejidad del problema habitacional. Por lo que se plantea una pregunta que -siguiendo las sugerencias metodológicas de un colega investigador del Centro Cultural de la Cooperación- debe hacerse todo investigador social: ¿Qué tipo de conocimiento queremos construir? ¿Sobre qué? ¿Para quién?

Vale aclarar que muchos de los interrogantes no corresponden precisamente al campo académico y refieren a la construcción de un proyecto político transformador. ¿Qué tipo de acciones específicas requiere una solución efectiva?¿De quién o quiénes deben provenir esas acciones? ¿Qué actores y qué vinculaciones deben conformarse para superar las tensiones existentes en este campo de acción?

En esta dirección, en el plano de las decisiones públicas, aún se encuentran pendientes considerar la posibilidad de recuperar herramientas de política que fueron desmanteladas tras la adopción de políticas neoliberales, como por ejemplo la venta del Banco Hipotecario.

Por último, es necesario destacar que las primeras aproximaciones al campo nos brindan aún más interrogantes que certezas. En primer lugar, a partir de un panorama de la gestión local del PFEH, nos interesamos por experiencias exitosas de autogestión, en las que las soluciones habitacionales son “auto-proveídas” por los “beneficiarios”. En este acercamiento, observamos tensiones entre los actores y dificultades en la gestión de los programas. Precisamente en las resolución de dichas tensiones es donde se observan de manera embrionaria estrategias novedosas de carácter colectivo.


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Publicaciones, Documentos y Normativa

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  • Diario La Nación. 27 de setiembre de 1996 "Privatizarán en 1997 el Banco Hipotecario."
  • Diario La Nación, 17 de mayo de 2008 "La Matanza: tensión en el desalojo de 50 familias".
  • Diario La Nación, 11 de junio de 2002. "Incidentes durante un desalojo en Villa Fiorito". Disponible en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=404495
  • Diario La Nación, 15 de julio de 2007 "Se duplicaron los desalojos en la ciudad"; Disponible en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=925832
  • Diario La Nación, 5 de julio de 2006, "Saquean y ocupan 87 departamentos"; Disponible en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=820684.
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  • Diario Página 12, 7 de enero de 2008. "Desalojo porteño for export" Disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-97141-2008-01-07.html
  • Huellas de Esperanza; Publicación mensual de Cáritas Argentina.
  • Informe Síntesis de auditorías FONAVI y Programas Federales. Años 2003 a 2007; Publicado el año 2008, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
  • Informe FONAVI. Dirección de Gastos Sociales Consolidados, 2000, Ministerio de Economía.
  • Ley 24.130
  • Ley 23967
  • Ley 24.464
  • Ley 24.374
  • Pacto Fiscal Federal para el Empleo y la Producción, Acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y las Provincias 1992.
  • Resolución 268/2007 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Notas

1 El estallido de la crisis social en diciembre de 2001 condensa diversas expresiones populares de descontento respecto de la situación económica y las decisiones públicas del gobierno aliancista (1999-2001). El auge de la protesta social se manifestó a través de diversas expresiones políticas: movilizaciones de desocupados, saqueos, cortes de ruta, asambleas barriales, ocupaciones de fábricas y lugares de trabajo (Schuster, Rebón). En estas acciones tuvieron protagonismo las organizaciones de trabajadores desocupados y los movimientos sociales, que habían surgido durante los noventa como resistencia a la política económica neoliberal y, en general, frente al deterioro de las condiciones de vida.
2 Esta corriente dominante del pensamiento político y económico influyó en la toma de decisiones públicas en toda América Latina y el Caribe. En su puesta en escena intervinieron organizaciones intergubernamentales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización Mundial de Comercio). A partir de estas nuevas vinculaciones, y con elevados montos de deuda externa por parte de los países pobres, se comprometió a la dirigencia local en la aplicación de políticas de ajuste estructural, siendo el más relevante el paquete de recomendaciones conocido como Consenso de Washington.
3 Campione D.; Gambina, J. C., Los años de Menem. Cirugía mayor sin anestesia, Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperacion, 2002.
4 Fidel, C.; Fernández, G.; Farias, C.; Leva, G., "Claves para la construccion de una politica social inclusiva: el lugar de la estrategia del habitat" en Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Vol. VII, núm. 146, 1 de agosto de 2003.
5 Rodríguez M. Carla, Como en la estrategia del caracol... ocupaciones de edificios y políticas del hábitat en la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Ediciones El Cielo por Asalto, 2005.
6 Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE), 2006, "Desalojos en América Latina: los casos de Argentina, Brasil, Colombia y Perú.", Disponible en COHRE, Suiza.
7 Cravino, M. Cristina, “Las organizaciones villeras en la Capital Federal entre 1989-1996. Entre la autonomía y el clientelismo” en 1er Congreso Virtual de Antropología y Arqueología. Disponible en http://www.naya.org.ar/congreso/ponencia2-11.htm, 1998. Rodríguez, C. op. cit.
8 Abeles, M., “Evolución de precios y tarifas de los servicios públicos privatizados", en Banco Mundial Privatizaciones e impacto en los sectores populares, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 2000.
9 Rodríguez, C. op. cit., p. 74.
10 DGSC, 2000.
11 En el año 2002 se produjeron cambios en el PROMEBA, en primer lugar se sumaron 98 millones de dólares de financiamiento (Préstamo 1134/OC-AR-2 Apoyo a la Reforma del Sector de Agua Potable y Alcantarillado) y 66,2 millones de dólares proveídos por el estado nacional. Además, en esta reformulación, se amplió el campo de acción a "poblaciones con más de 5 mil habitantes y a municipios del conurbano bonaerense" (p. 6).
12 La privatización del Banco Hipotecario fue aprobada por la Ley en un plazo de tiempo relativamente corto. En una investigación periodística publicada por el diario Clarín se decía que para su venta "no se realizó ningún análisis técnico" (Diario Clarín, 29 de setiembre de 1996). Respecto de la determinación de su valor, circulaban rumores de que la venta era un regalo. En la misma nota se afirma que "el Gobierno dispuso la privatización de una entidad de la importancia del Hipotecario en pocos días y sin saber realmente cuánto cuesta". El Banco Hipotecario S.A. actualmente tiene como accionista principal al estado argentino (43%) y en segundo lugar al Grupo IRSA, propietario de grandes extensiones de tierra.
13 A través de una serie de decretos el Poder Ejecutivo autorizará la venta de diversas tierras fiscales a sus ocupantes: DE 1001/90; DE 2441/90; DE 850/91; DE 156/92.
14 Los IPVs, municipios y entidades intermedias (ONG, Cooperativas, movimientos sociales) solicitan financiamiento mediante un proyecto que detalla características (terreno, infraestructura, equipamiento y accesibilidad, proyecto urbanístico, diseño y tecnología de la vivienda, presupuesto y costos por vivienda). Los proyectos son evaluados por la SSDUyV y luego de comunicadas a las agencias municipales o provinciales. éstas proceden a llamar a licitación. Una vez aprobado, las obras son ejecutadas a partir de la firma de convenio entre la SSDUyV, los entes jurisdiccionales y las empresas constructoras.

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