Por una ley municipal de cine

Autor/es: María Lorena Rueda

Sección: Investigaciones

Edición: 8

Español:

Analizar las industrias culturales en nuestro país, en el marco de su función artística y social, nos plantean interrogantes respecto a la gestión cultural llevada a cabo a nivel nacional y particularmente a nivel municipal.
El presente artículo intenta profundizar los aspectos más relevantes de la investigación realizada en el área de Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación, por medio de la cual se abordó la situación actual de la industria cultural del cine en nuestro territorio, haciendo énfasis, en la actual gestión del Gobierno de la ciudad, con el objetivo de pensar en una posible ley municipal para el cine.
En este sentido, se ha puesto el foco de análisis en las problemáticas actuales existentes en esta manifestación artística, como así también en la autonomía en materia de legitimidad presentes en la actualidad para el desarrollo y fomento del teatro y la danza en la Ciudad de Buenos Aires.
Este planteo no es más que el intento de pensar en términos de una posible legitimidad y hegemonía cultural para las artes industriales desarrolladas en esta comunidad; legitimidad y autonomía inexistentes en la actualidad para la Ciudad de Buenos Aires en esta materia.


La característica principal del cine desde su nacimiento ha sido la de constituirse como arte de masas, como herramienta de transmisión de un modo de ver el mundo que nos rodea, de producir discursos sociales, y por consiguiente, como una de las principales herramientas ideológicas con la que han contado las naciones, desde su origen a nuestros días.

El cine, como industria cultural, se comprende, en palabras de Pierre Bordieu,1 dentro de un campo cultural conformado por fuerzas que se contraponen y luchan para ocupar el centro, en el que se encuentra lo institucionalizado, lo que el autor denomina capital legítimo de una cultura.

En nuestro país el campo cultural de las Artes Audiovisuales está legitimado a través del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el cual fomenta y regula la producción, distribución y consumo de la actividad cinematográfica en todo el territorio nacional.

Por otro lado, en lo que concierne a la Ciudad de Buenos Aires, se advierte la falta de autonomía en materia de jurisprudencia para la actividad cinematográfica; hecho que no sucede con las artes del espectáculo, como son el Teatro y la Danza, dado que estas cuentan con leyes municipales propias para el desarrollo de sus actividades en la ciudad, puestas en práctica bajo la conformación de las instituciones PROTEATRO y PRODANZA respectivamente.

Por lo expuesto, desde el Área de Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación en el análisis del estado actual del cine como industria cultural en la ciudad, abordamos la posibilidad de pensar en una ley propia municipal para la ciudad que fomente y regule la actividad cinematográfica, en tanto y en cuanto esta ley nos permitiría, en palabras de Raymond Williams, construir hegemonía, entendida como “(…) el sentido mas fuerte de una cultura, que comprende las relaciones de dominación y subordinación asumidas como conciencia práctica”.2

La manifestación artística puede construir hegemonía en la medida que esté acompañada de políticas de gestión cultural que lo permitan. El cine, a través de la imagen, construye identidad, valores, transmite ideología; pero la hegemonía cultural, como centro del campo cultural legítimo de la ciudad sólo puede ser construida y afianzada a través de verdaderas políticas de gestión que legitimen y regulen su actividad, dado que, si bien aquello que define a cualquier producción cultural es su valor simbólico, el arte industrial no puede desarrollarse, ni subsistir por sí mismo, si no es acompañado de las etapas que regulen la distribución y el consumo para que ese producto pueda tener existencia social.

En la actualidad, los agentes principales que intervienen en el circuito de producción, distribución y consumo del cine a nivel nacional son:

El Estado: quien, por medio del INCAA, ente público no estatal que funciona en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, regula y fomenta la actividad cinematográfica en todo el territorio nacional y en el exterior.

Sus principales objetivos comprenden: la entrega de subsidios para la recuperación de la industria cinematográfica; la producción de cortometrajes y óperas primas; el otorgamiento de préstamos para la producción de películas; la fiscalización del proceso de producción y exhibición de dichas películas en las salas de cine del territorio nacional; la formación de profesionales en cinematografía a través de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), la ejecución anual del Festival de Cine de Mar del Plata; y por último, la exhibición de películas nacionales en el Complejo de Cine Tita Merello, en los espacios INCAA, en las salas del interior del país y a través de los cines móviles.

Productoras independientes: producen películas con apoyo del INCAA a través de créditos para la producción. En la actualidad, la mayor parte de la producción cinematográfica argentina está constituida por productores-directores independientes.

Distribuidoras: actúan como intermediarias entre la producción y la exhibición de los films en las salas. Compran los derechos de las películas para su posterior comercialización dentro del país y/o en el exterior.

Empresas exhibidoras: son aquellas que se ocupan de la exhibición, la elección de las salas y las fechas de lanzamiento de las películas.

Teniendo en cuenta los estudios de campo realizados con estudiantes, productores, directores y trabajadores del cine, se determinó que la mayor falencia existente en este circuito está dada en la distribución, la exhibición y posterior consumo de los films.

Esto está determinado porque en la actualidad se llevan a cabo importantes políticas de gestión de fomento a la producción audiovisual desde el INCAA como así también a través de productoras independientes, pero los problemas surgen en mayor medida a la hora de hacer circular y exhibir el producto terminado.

Una de las razones que hacen notar la falta de una política de gestión cultural para la producción nacional está dada por la desventaja que tiene ésta frente al cine extranjero, particularmente, el cine norteamericano.

En este sentido, la cuota de pantalla es la que actúa y fiscaliza la distribución y posterior consumo.

Se llama cuota de pantalla a la cantidad mínima de películas argentinas que deben exhibirse obligatoriamente en un período determinado, en cada una de las salas cinematográficas del país inscriptas en el registro que lleva el INCAA.

En los últimos años, en gran cantidad de films argentinos los exhibidores no han respetado la reglamentación obligatoria de la cuota de pantalla. Actitud que se pronuncia en contra de las políticas de gestión que resguardan la producción nacional frente al cine hollywoodense.

Al respecto, este año se realizó una modificación en la cuota de pantalla, que establece un mínimo de dos semanas en cartel, para el cine nacional.

En una entrevista realizada por el periódico Pagina 12 en enero de este año la presidenta del INCAA, Sra. Liliana Mazure decía al respecto:

Decidimos extendernos, porque notamos que había una especie de discriminación. En 2008 se estrenaron 68 películas, de las cuales más de la mitad –treinta y siete– terminó restringida al “circuito alternativo” (…). Encima, de las 31 realizaciones locales que sí llegaron a las salas comerciales, el treinta por ciento se cayó luego de la primera semana.3

En este sentido, el papel de las empresas exhibidoras y de la publicidad es fundamental, ya que a través del diseño de las grillas horarias de los complejos de multisalas los films hollywoodenses tienen siempre una ventaja importante por sobre la producción nacional, como así también la publicidad que se realiza por medio de afiches y a través de los medios masivos de comunicación que inciden en el consumo del cine extranjero relegando la producción nacional.

La polaridad arte vs. reproducción técnica planteada por Theodor Adorno y Max Horkheimer en su Dialéctica del Iluminismo tiene en nuestros días un valor agregado.

El arte y la reproducción técnica se enfrenta hoy con los dueños de los medios de producción. Ya que, como afirmara Octavio Getino4, la industria cultural cobra importancia no solo a partir de su incidencia en los procesos de desarrollo cultural o formativo, sino en las relaciones existentes de poder que se da en el interior de cada sociedad.

En este sentido, son los dueños de los medios de producción los que permiten que el producto simbólico pueda tener existencia social.

Ahora bien, conociendo ya en líneas generales las particularidades de la gestión cultural del cine a nivel nacional, nos queda determinar cuál es la situación que atraviesa el cine en la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, hemos tomado conocimiento de la existencia de instituciones propias de la ciudad que regulan la actividad artística para el teatro y la danza. Nos interesa abordar entonces, los principios generales mediante los cuales estas instituciones llevan a cabo su política de gestión cultural para poder analizar y establecer comparativas que nos permitan pensar en una propuesta de ley municipal para las Artes Audiovisuales.

En primera instancia, podemos afirmar que estas instituciones se han constituido a través de leyes que establecen, entre otras cuestiones, la creación de un instituto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la protección y fomento de la actividad artística no oficial en materia de teatro y danza.

Los puntos fundamentales que se contemplan mediante las leyes municipales que las comprenden son: (i) la producción; (ii) la investigación, (iii) el funcionamiento de las salas de exhibición, y (iv) el otorgamiento de subsidios (los cuales se brindan por un régimen de convocatorias abiertas a través del Boletín Oficial del gobierno de la ciudad por correo electrónico y a través de un medio gráfico de masas).

Los proyectos a subsidiarse son seleccionados por la comisión directiva y por los vocales del instituto.

Lo que se destaca de la creación de estas instituciones autónomas y con jurisprudencia propia es, entre otras cosas, el hecho de garantizar el funcionamiento y la regulación de las actividades artísticas que comprenden.

La importancia de contar con jurisprudencia propia en las actividades y manifestaciones artísticas radica en la obtención de una herramienta legitima que apunta a la protección de estas artes y que permite, en consecuencia, pensar en políticas culturales que se desarrollan dentro de un marco de legitimidad, donde entra en juego lo institucionalizado y por ende lo hegemónico dentro de este campo de acción.

Por otro lado, la situación del cine y de las Artes Audiovisuales es muy diferente; dado que el desarrollo del cine en la Ciudad de Buenos Aires no cuenta con una institución propia que contemple su actividad, y por ende no tiene una autonomía que nos permita pensar en términos de legitimidad.

La política de gestión cultural llevada a cabo por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaría ligada a un proceso que podríamos definir de “mercantilización”.

Respecto a esta relación que establece la industria cultural con la mercancía, tomamos nuevamente el pensamiento de Adorno y Horkheimer, en su Dialéctica del Iluminismo, por su contemporaneidad, y porque grafica, de algún modo, el proceso al que hacemos referencia. Los autores expresan:

El arte se torna una mercancía preparada, asimilada a la producción industrial, adquirible y fungible. Pero la mercancía artística, que vivía del hecho de ser vendida y de ser sin embargo invendible, se convierte hipócritamente en invendible de verdad cuando la ganancia no está más sólo en su intención, sino que constituye su principio exclusivo.5

¿Cuál es el principio exclusivo por el que se mueven las políticas culturales en la ciudad? Esta cita, nos permite analizar más de cerca, la política de gestión cultural que se lleva a cabo para el cine. Una política que, adelantamos, estaría relegada, a un principio ligado más al mercado que a la cultura, despojando de esta forma a las obras de su valor simbólico, como principio exclusivo y adjudicándoles en su lugar, el de la ganancia.

Llegado este punto, se nos plantean dos interrogantes:

1- ¿Cuáles son las actuales políticas de gestión cultural en materia de cine llevadas a cabo por el gobierno de la ciudad?

2- ¿Cuáles son las consideraciones y propuestas que desde este espacio nos permiten pensar en una política cultural de gestión que se funda como alternativa y que aspira a ser legitimada?

Respondiendo a la primer pregunta, en la actualidad las políticas de “gestión” cultural que se ofrecen para el fomento a la producción audiovisual se distinguen en dos categorías:

Por un lado, en lo que se conoce como la ley de Mecenazgo, Nro. 2264, dentro del creado Consejo de Promoción Cultural.

Esta ley contempla a todas las artes, incluidas las artes audiovisuales.

El Mecenazgo implica la selección desde el Ministerio de Cultura de determinados proyectos que, en caso de quedar seleccionados, tendrán la posibilidad de figurar en la página web del gobierno de la ciudad, para ser vistos por contribuyentes (ciudadanos particulares y/o empresas) que estén interesados en realizar aportes monetarios para solventar su realización, obteniendo a cambio un beneficio sobre el pago de ingresos brutos. Esto implica que el gobierno de la ciudad, en este caso, tendría el rol de puente entre el artista y la empresa o persona física que solventa el proyecto.

La gestión del gobierno estaría destinada a la selección de los proyectos, sin otorgar capital alguno para la realización de los mismos. En otros términos, la gestión del Ministerio estaría abocada a la selección y promoción de los proyectos artísticos, a la administración del capital entre artista y contribuyente. Los proyectos designados, con un tratamiento ligado a la mercancía que se expone, se ofrece, están sujetos a la selección del contribuyente, para poder ser solventados.

Lejos de existir una política de gestión cultural, nos encontramos en un claro ejemplo de políticas de mercado donde el capital constituye su principio y fin, la finalidad del capitalista que solventa el proyecto en post de su beneficio tributario, y la posición mediadora del Ministerio que se posiciona como gestor entre las partes, ayudando a que el sistema siga funcionando, bajo el título de Apoyo a las Artes, tal como lo indica el párrafo que obligatoriamente deben exhibir las obras elegidas bajo el Mecenazgo: Realizado con el apoyo del régimen de promoción cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires6.

Por otro lado y como una segunda opción, el gobierno contempla bajo la Ley de Ministerios, Nro. 2506, los Decretos 1020-04, 115-GCABA-05 2075-07, su modificatorio y la Resolución Nº 553-MCGC-09 el fomento a la producción audiovisual. Todo esto, bajo el programa del fondo metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias.

En este caso, se detallan una serie de montos destinados al fomento de distintas categorías para la producción audiovisual, que van desde los $20.000 para la subvención a la producción de cortometrajes; $80.000 para la categoría Largometrajes y $150.000 para la categoría Selección BAFICI, destinados a solventar los costos de producción, promoción y concurrencia a eventos internacionales.

Es importante destacar que en ambos casos, en materia de gestión, solo se contempla el fomento a la producción, sin hacer alusión a políticas que tengan en cuenta la distribución y el consumo de los films que logran ser fomentados bajo estos programas; convirtiéndose esta situación en un reflejo más de la ausencia de una ley que abarque el producto artístico como una totalidad, y no como un producto fragmentado, propio de las actuales políticas de gobierno, en donde los films se presentan como un modelo de la gigantesca maquinaria económica.

La declaración de la UNESCO, ya establecía en el 2001, respecto al cine-mercancía lo siguiente:

Los bienes culturales no son sólo mercancía, sino recursos para la producción de arte y diversidad, identidad nacional y soberanía cultural, acceso al conocimiento y a visiones plurales del mundo.7

Por otro lado, respondiendo a nuestra segunda pregunta, la legitimidad que creemos necesaria para promover y fomentar la manifestación artística, la diversidad y la identidad de nuestra comunidad, debería estar ligada a una política de gobierno que siguiendo el pensamiento de J. Barbero y A.Gautier8, construya un ámbito de diálogo desde lo cultural, asumiendo la transformación de las estructuras administrativas actuales como así también de las nociones de política cultural implicadas; de lo contrario se correría el riesgo de disfrazar los sistemas autoritarios con palabras que adornen el concepto de cultura.

Dicho de otro modo, una ley que apunte a una política que no sea de vidriera sino de gestión, donde la cultura no sea ya solo una mercancía sino un recurso para generar identidad y soberanía.

Generar legitimidad permite ejercer la protección de nuestra producción nacional independiente.

Por todo lo expuesto, y en virtud de las problemáticas analizadas a lo largo de esta investigación, se concluye que la Ley Municipal para el Cine en la ciudad debería llevar a cabo:

  • El desarrollo de programas de inclusión social para la producción independiente, en que se otorguen becas y subsidios para la producción audiovisual como así también se contemple la distribución, exhibición y consumo de los films subvencionados.
  • El fomento a la diversidad, la pluralidad de voces y la identidad cultural a partir de la producción audiovisual como así también en el consumo de los bienes culturales.
  • El acercamiento del cine a los barrios, con políticas de gestión que promuevan la educación audiovisual.
  • La generación de espacios para la conservación de los films nacionales.
  • La organización de festivales en el interior del país (lo que no excluye el desarrollo del BAFICI).
  • Difundir los planes y proyectos en diferentes medios masivos.
  • Trabajar en políticas de gestión que aborden de forma específica la problemática actual en distribución y consumo de los films. En este punto, la asignación de salas para tal actividad sería parte de este proceso.
  • Generar planes que incentiven la inserción del cine nacional en las escuelas para generar debate y conciencia sobre su función y sus posibilidades expresivas.

Esto, son solo algunos puntos de relevancia que se consideran desde este espacio, fundamentales para generar un verdadero cambio en materia de gestión político cultural, dado que como afirmáramos a lo largo de este artículo, la industria cultural necesita de soportes para poder concretar su indispensable función social, soportes económicos y estatales que legitimen y regulen su funcionamiento, para que los films puedan conservar su valor simbólico como su principio exclusivo y generar por consiguiente un existencia social.


Bibliografía:


Notas

1 Bordieu, Pierre, “El mercado lingüístico”, en Sociología y Cultura, Grijalbo, México, 1990.

2 Williams, Raymond, Marxismo y literatura, Península, Madrid, 1980., p. 35.
4 Getino, Octavio. Las industrias culturales en la Argentina, Ed. Colihue, Buenos Aires, 2008.
5 Adorno, Theodor y Horkheimer, M. Dialéctica del iluminismo, Ed Nacional, Madrid, 2002, p. 154.
8 Barbero, Jesús y Ochoa Gautier, Ana, Cultura, Política y sociedad, FLACSO, Buenos Aires, 2005.

Compartir en

Desarrollado por gcoop.