En nuestro país los debates públicos se suceden tan vertiginosamente que la discusión en torno a la nueva Ley de Medios pareciera haberse dado hace meses.

Temas como la “reforma política” o la “inseguridad” ocupan hoy las tapas de los principales diarios y tienen a buena parte de la oposición montada sobre esos caballitos de batalla. ¿Y los medios? Hace apenas poco más de un mes tenía lugar una de las discusiones político económicas más directas y duras en términos de confrontación y consecuencias.

Bajo la bandera del periodismo independiente, quizás como nunca antes, los grandes grupos económicos cerraron filas en un frente único. La decisión del gobierno de recortar la influencia de los grandes multimedios, con el límite a la cantidad de licencias por propietario, fue para ellos la gota que rebalsó el vaso y decidieron mostrar los dientes.

Pero los medios de comunicación hegemónicos ya habían protagonizado un combate similar, en la discusión por las retenciones, entre el gobierno y las organizaciones que nuclean a los productores del campo. En aquella oportunidad también actuaron en bloque y con un discurso único.

Es muy posible que aquella experiencia haya sido la que terminó de decidir al gobierno a impulsar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y favorecer un sistema de medios más amplio y con voces múltiples.

Desde que en la década del 90 el gobierno de Carlos Menem modificó el artículo 45º de la Ley de Radiodifusión, el poder de los llamados multimedios fue creciendo exponencialmente. A partir de allí se fue conformando un modelo –vigente al día de hoy– en el que la concentración y el discurso único son la norma. Lo paradójico es que por esos mismos años las nuevas tecnologías y el abaratamiento de los costos relativos –merced el recordado “uno a uno”– posibilitaron como nunca el surgimiento de nuevas radios, diarios e incluso canales de TV, sin embargo la mayor parte de estos nuevos medios se concentró en los mismos tres o cuatro grupos económicos.

Nunca está de más recordar que dos de esos grupos económicos son los que concentran la mayor parte: el Grupo Clarín y el Grupo Telefónica, que controlan los principales canales de televisión abierta del país, sus repetidoras y otros canales del interior; pero además poseen radios y diarios nacionales y provinciales.

El paso dado con la sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido muy importante, ya que la norma no solo limita la concentración monopólica, sino que también abre muchísimas posibilidades para los pequeños medios alternativos que desde hace años pelean por ser reconocidos como tales y por el derecho a contar con sus licencias.

El caso de las cooperativas es paradigmático, ya que recién a partir de la reforma del artículo 45º de la ley, en agosto de 2005, fueron habilitadas para gestionar medios de comunicación. Sin embargo, el texto del nuevo artículo excluía a las cooperativas de servicios públicos, precisamente las que estaban en mejores condiciones para brindar servicios de radiodifusión y adaptarse a las nuevas tecnologías.

Todos los gobiernos democráticos, sin excepción, de 1983 a esta parte insistieron con la necesidad de sancionar una nueva ley que garantice mayor democracia, equilibrio y pluralismo en materia de comunicación. Decenas de proyectos de ley fueron elaborados y a ninguno se le dio tratamiento legislativo.

Casi al asumir, en el año 2003, Néstor Kirchner también prometió una nueva Ley de Radiodifusión, pero el proyecto nunca fue presentado. Incluso algunas medidas tomadas, como la prórroga de las licencias de los principales medios de comunicación, generaron una fuerte polémica, ya que no contradecían el rumbo tomado hasta entonces. Pero el impulso que finalmente le dio al tema Cristina Fernández generó expectativa y apoyo en amplios sectores de la sociedad.

El eje central de la nueva norma tiene que ver con la división del espectro radioeléctrico de manera tal que no se reconoce solamente al sector privado como actor en materia de propiedad de medios, sino también al sector público estatal y a las organizaciones sociales y sin fines de lucro.

Con la nueva ley, cooperativas, sindicatos y asociaciones barriales podrán difundir sus puntos de vista y hacer oír una voz diferente en igualdad de condiciones.

La gran discusión que se abre ahora, una vez aprobada la ley, es de qué manera el Estado garantizará esa igualdad y generará oportunidades para los más pequeños. ¿Pueden los medios alternativos competir con los grandes en materia de estructura y alcance? Ante esta pregunta, durante el debate por la Ley de Medios, desde el gobierno nacional la respuesta fue que ese equilibrio se iría garantizando posteriormente con políticas específicas. Pero la pregunta sigue todavía sin respuesta y es un debate que es necesario profundizar porque no es de solución sencilla. La definición de “medios alternativos” es un gran paraguas que abarca cosas muy diferentes, allí se cobijan tanto los que trabajan en pos de un objetivo social y político de corto o largo plazo, como algunas emisoras de baja potencia pero con fines comerciales e incluso los pertenecientes a diversas entidades religiosas. Es complejo, habrá que distinguir entre unos y otros para garantizar la diversidad, o lo que se terminará haciendo es sumar más medios sin modificar el actual sistema y la correlación de fuerzas.

En ese camino también hay que profundizar la discusión sobre qué modelo de comunicación necesitamos y para qué proyecto de país.

El Estado cuenta con instrumentos para contribuir a que las organizaciones sin fines de lucro sean sustentables. Si entendemos a la comunicación social como un servicio, se podría pensar en una política de subsidios para contribuir al sostenimiento de estos medios. Si el transporte, la luz, el gas, la salud y la educación los reciben, perfectamente la comunicación podría contar con ellos. Lógicamente siempre y cuando sean debidamente regulados y controlados y contribuyan al equilibrio y la multiplicidad de voces. Otro instrumento es la pauta oficial, ¿se incluirá a los medios de comunicación alternativos en estas pautas? ¿Con qué criterios?

Son todas cuestiones a resolver. A los grandes multimedios se les ha dado un año de plazo para que se adapten a la nueva ley, vendan las licencias “de más” que poseen y cumplan con las exigencias actuales. Este proceso también requiere de seguimiento y control, ya que difícilmente estos grupos decidan respetar la ley de un día para el otro cuando hasta ahora no la han cumplido.

Todavía estamos lejos de contar con un sistema de medios que garantice la multiplicidad de voces y proponga un modelo distinto al que durante tantos años se ha ido afianzando. Será un camino largo ha recorrer. Ninguna realidad se ha transformado jamás con la sanción de una ley. No hay que perder de vista que la Ley de Medios no se encuentra entre las preocupaciones principales de la sociedad argentina y que el tema nunca contó con la participación necesaria como para impulsar cambios de fondo. Si estamos en el punto en el que estamos es, entre otras cosas, porque no terminamos de asumir el potencial que tiene la participación para influir sobre estas y otras cuestiones.

La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un logro muy importante de todos aquellos que desde hace más de 25 años vienen peleando por terminar con la ley de la dictadura. Pero, a pesar de que la lucha no comenzó con esta ley, hay que tomar su sanción como un punto de partida y seguir dando batalla para que lo que su texto propone se lleve adelante y se profundice. No todo debe ser blanco o negro, se trata de un proceso, no da lo mismo que la ley de la dictadura siga vigente frente a otra que permite que nuevos actores se incorporen al mapa de medios y genera mejores condiciones para que la voz de los que no suelen estar presentes en las principales pantallas cuenten con un espacio.

Todas las conquistas políticas y sociales que se han ido logrando a lo largo de la historia son producto de la lucha popular, no un regalo. La auténtica democratización de los medios se irá dando de la mano de los avances políticos, sociales y económicos que podamos ir consiguiendo.

La Argentina cuenta con una nueva ley y la batalla no terminó, recién empieza.