Introducción

El presente artículo pretende ser un avance o resumen sobre los principales elementos que hacen a las conclusiones de un trabajo de investigación realizado en el marco del “Proyecto de recuperación del Archivo Histórico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre”¹ llevado adelante desde el Departamento de Política y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

Sin lugar a dudas, el denominado movimiento de “Derechos Humanos” ha sido, en virtud de la reciente historia argentina, uno de los más simbólicos y emblemáticos en lo atinente a la organización popular y la resistencia. Sus hechos y sus mitos han generado investigaciones y análisis de todo tipo en el campo de las ciencias sociales y no hay referencia política o académica que no señale al espacio reunido en torno al reclamo por la plena vigencia de los derechos humanos como fundamental en la construcción del sujeto popular y la lucha política local, al menos en los últimos veinticinco años.

Pero precisamente, esta visión, que dispone la vinculación del “movimiento” a los años de instauración del Terrorismo de Estado en el país -o sea, en los prolegómenos del golpe de 1976, en tiempos del accionar de los esquemas parapoliciales de la Triple A durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón-, es la que muchas veces ha impedido analizar cabal e integralmente el desarrollo de la pelea por las garantías constitucionales, la vigencia de las libertades democráticas y el reaseguro de los derechos individuales y sociales en la Argentina, existiendo ciertas deficiencias al tiempo de analizar cuándo, cómo y por qué comienza el movimiento popular a encauzar sus fuerzas y su capacidad organizativa hacia esos objetivos.

La fundación en el marco de una asamblea realizada en los salones del diario Crítica el día 20 de diciembre de 1937 de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) es reconocida unánimemente como la primera experiencia histórica en materia de agrupamiento de reconocidas personalidades y militantes en defensa de la legalidad constitucional y el declarado propósito de “detener el avance de la reacción”²; pero más dificultades aparecen a la hora de verificar la relación de este hecho con el posterior desenvolvimiento de distintas organizaciones u organismos encargados de exigir y reclamar a los poderes del Estado la plena vigencia de los derechos reconocidos en las normas jurídicas y constitucionales.

Así, si bien no falta alusión en texto dedicado a la materia que no señale a la Liga como “organismo decano” de defensa de los derechos humanos, no es tan común ver en los análisis a la Liga como “madre” o “matriz”, en cuanto a enfoques y objetivos, de ese movimiento que ha dado reconocimiento a la acción política y civil fundamental de la sociedad argentina en los años que van desde el último golpe cívico-militar de 1976 a la actualidad.

El mito creado en relación a que la lucha y la autoorganización popular contra las prácticas terroristas del Estado y contra la represión sistemática como política oficial surge a mediados de los años setenta y, en definitiva, no hace otra cosa que reiterar en el terreno de los derechos humanos, la máxima acuñada por Rodolfo Walsh acerca de la historia sindical argentina: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan”. Las imágenes más simbólicas e impactantes de la resistencia a la última dictadura aparecen entonces, como aparición única y “ahistórica”, sin reconocer una continuidad con un proceso de lucha que abarca desde el nacimiento mismo del Siglo XX.

Este trabajo, a partir de una tarea de adecuada sistematización y organización del Archivo Histórico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ahondando sobre todo en los que han sido sus posicionamientos públicos a partir de comunicados, documentos y órganos de prensa, pero también a partir de los escritos y testimonios de los principales referentes de la institución, intenta determinar en qué grado la Liga ha propendido al desarrollo del movimiento por los Derechos Humanos, tanto en lo que hace a formas de organización como a contenidos de sus exigencias y planteos.

En pos del imperio de la legalidad y el freno a la “reacción”

Siguiendo la línea de análisis y reflexión, debe señalarse que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre es expresión de un grado de acumulación del campo obrero y popular contra las expresiones del poder en un momento determinado. Su nacimiento no responde a casualidades ni caprichos, sino que se constituye como respuesta y propuesta de organización en un marco de confrontación específico. Nace como continuidad del Comité Pro Amnistía a los Presos Políticos y Exiliados de América y recogiendo las tradiciones del Socorro Rojo Internacional.

El Socorro Rojo, surgido en los principios del Siglo XX como iniciativa de la III Internacional en el contexto del incipiente fascismo europeo, tuvo en el plano mundial a figuras como Tina Modotti, Henri Barbuse y Elena Stasova como referentes, correspondiendo tal carácter en la Argentina Francisco Muñoz Diez, Jesús Manzanelli, Alcira de la Peña y Fanny Edelman. El organismo, además de atender las necesidades de obreros presos y perseguidos, visitándolos en las cárceles, atendía el salario de éstos, que no llegaba al hogar como consecuencia de la situación en que se encontraban, muchas veces esperando la deportación en virtud de la aplicación de la ley 4.144 de “Residencia de extranjeros”.

El Comité Pro Amnistía a los Presos Políticos y Exiliados, por su parte, reunía a quienes se encargaban de garantizar la asistencia técnica a los perseguidos por dictaduras militares y gobiernos autoritarios en todo el continente, sumando básicamente a abogados vinculados más o menos íntimamente al Partido Comunista.

Así, para finales de 1937, en el marco creado por el primer golpe de Estado del Siglo pasado, con un creciente número de presos políticos detenidos en las cárceles de aquellos tiempos y el surgimiento de la “Sección Especial para la Represión del Comunismo” como órgano policial encargado de reprimir, perseguir, detener y torturar a todo aquel que manifestara oposición a la dictadura, primero, y a los gobiernos fraudulentos que le siguieron, después, se hizo necesario según el pensamiento de algunos de los fundadores -entre ellos el abogado Francisco Mario Pita y la médica Alcira de la Peña- modificar estos organismos prácticamente dirigidos, orientados e impulsados por los comunistas, por una actividad más amplia de solidaridad y con una plataforma también más amplia que abarcaba todos los temas de derechos humanos.

Como resultado de estas convocatorias, buscando un importante grado de amplitud y pluralidad, nace la Liga Argentina por los Derechos del Hombre intentando mostrarse y consolidarse como un espacio en el que conviven distintas vertientes del pensamiento democrático y progresista.

Con los Senadores nacionales Lisandro de la Torre -del Partido Demócrata Progresista- como presidente del Consejo Consultivo y Mario Bravo -del Partido Socialista- como presidente de la Junta Ejecutiva Nacional, sumados a los Doctores Carlos Sánchez Viamonte y Juan Atilio Bramuglia (del Partido Socialista), el Doctor Fabián Onzari y el Coronel Atilio Cattaneo (de la Unión Cívica Radical), los Doctores Arturo Orzábal Quintana, Francisco Mario Pita y Augusto Bunge (del Partido Comunista), los Doctores Rodolfo Aráoz Alfaro y Benito Marianetti (del Partido Socialista Obrero) y el Doctor Deodoro Roca (uno de los artífices de la Reforma Universitaria de 1918), la nueva Liga presenta desde su nacimiento mismo la intención de agrupar, en cuanto a ideales y directivas, a personas de distintos orígenes sociales y políticos.

Los efectos reales de la convocatoria muestran, en síntesis, un concepto que pronto será plasmado en los primeros documentos de la institución bajo la consigna fundacional de la Liga como herramienta para “promover la formación y mantenimiento de movimientos de opinión que peleen por la vigencia de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución”.³ La pluralidad, integración y amalgama de distintas expresiones populares de defensa de las garantías constitucionales y libertades democráticas se revelan como un objetivo de la Liga en tiempos de la represión “legal” e institucional, tanto en tiempos de los gobiernos conservadores instalados a partir del “orden” de la Concordancia y el “fraude patriótico” como en los subsiguientes, bajo una nueva dictadura surgida del golpe del 4 de junio de 1943.

La acción política y la convocatoria a la unidad como herramientas

Pese a los cambios de gobierno, y a la alternancia entre civiles y militares como cabeza visible del poder en la Argentina, la política represiva hacia los sectores populares, progresistas y democráticos fue una constante en la historia argentina.

Hacia fines de 1949 se adoptó, impulsada por el Poder Ejecutivo, una nueva legislación que prohibía la formación de coaliciones electorales y obstaculizaba la creación de partidos políticos. Desde el Código Penal, se agravan las sanciones por desacato y la “ofensa a los funcionarios públicos”. Al año siguiente, se sanciona la ley 13.985 de “Represión de Actos de Espionaje, Sabotaje y Traición” que prohibía la publicación o difusión de “datos económicos, políticos, militares, financieros o industriales que sin ser secretos no estén destinados a su publicación o divulgación”, estableciéndose una pena que iba de un mes a cuatro años para quienes infringieran la norma.

En 1950 la cantidad de denuncias sobre torturas obligaron al gobierno a dar una respuesta en esa materia, lo que condujo a la creación de una Comisión Bicameral para llevar adelante investigaciones, siguiendo las órdenes de los diputados Visca y Decker. Lejos de terminar con la acción impune de la Sección Especial, el resultado del trabajo de la Comisión fue la clausura de numerosos periódicos e instituciones que solían denunciar la represión, entre ellas la Liga Argentina por los Derechos de Hombre.

En ese marco, la Liga estimuló la creación de fililales barriales y provinciales de la que, además de difundir las actividades de la institución, constituían una importante fuente de militantes.

Terminada la Segunda Guerra, y constituidos los bloques occidental y del este como expresiones de un mundo bipolar en conflicto, el Estado argentino a través de su institucionalidad y también de elementos paralelos como fuerzas político-militares vinculadas a la reacción, a la jerarquía católica y otros espacios, fomentó una vez más la práctica de la discriminación y el odio hacia el “enemigo interno” como discurso de la derecha para reprimir las voluntades populares, la militancia social y los discursos distintos al del poder.

En octubre de 1957 el plan “anticomunista” del gobierno surgido de la autodenominada “Revolución Libertadora” suma un nuevo eslabón, mediante la sanción del “Decreto Ley” 18.787, que constituye la Junta de Defensa de la Democracia. El organismo oficial facultado con funciones y presupuesto para investigar acciones y movimientos del “comunismo en la Argentina” comienza a articular sus tareas con otros ámbitos de investigación e inteligencia. Es la oficina encargada de determinar además qué grado de comunismo existe en los individuos y las organizaciones políticas, gremiales, sociales y culturales populares.⁴ Se importa además la doctrina francesa de “guerra contrarrevolucionaria” aplicada por ese país europeo contra los movimientos de liberación en Argelia e Indochina. Así, mediante los cursos dictados por oficiales franceses y la utilización de los manuales por éstos escritos, se conformó una nueva educación en los oficiales de las fuerzas armadas, explicitando una metodología de “guerra contrainsurgente” con técnicas específicas como la utilización de la “inteligencia”, la cuadriculación y división del territorio en zonas, métodos violentos de interrogación, la captura de “prisioneros” y la subordinación de la policía al Ejército y demás fuerzas armadas.⁵

La evidente derechización de las políticas oficiales, que se comprueba en gobiernos tanto dictatoriales como electos, pero que implica, con la aplicación a partir de 1960 del Plan “Conintes” -Conmoción Interior del Estado-, la persecución de militantes sociales, políticos, sindicales y estudiantiles hace que la Liga amplíe y profundice la denuncia de la situación, exigiendo el cumplimiento de todas las garantías constitucionales, la liberación de los presos políticos y la restitución de las libertades democráticas para todos y todas. La Liga señala documentadamente además -a través de diversas publicaciones- la intervención de “agentes de los servicios de inteligencia” y provocadores en actos de violencia buscando el pretexto oficial para intervenir con la Policía y el Ejército en una supuesta “acción contra el terrorismo”.

En diciembre de 1962 en el marco de la campaña de repudio a la represión sistemática de opositores políticos sostenida por el gobierno, la LADH denuncia la instalación de un campo de concentración en la ciudad de Puerto Deseado, cerca de Ushuaia en Tierra del Fuego, utilizando como tal galpones militares en desuso a donde se habían trasladado, al momento de la denuncia, a treinta y nueve presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En el texto de la denuncia, la Liga expresa: “Pretenden sembrar el terror por doquier. Fracasarán. Pero ya no es suficiente no tener temor; es preciso detener el brazo de los torturadores y martirizadores del pueblo argentino. Urge, para ello, la unión de todas las fuerzas políticas, gremiales, estudiantiles, juveniles y sociales en un poderoso movimiento que restituya a los presos a sus lugares de vivienda, que suprima el campo de concentración de Puerto Deseado, que ofrende a torrentes la solidaridad moral y material a los presos políticos, gremiales y “conintes”, la derogación del Estado de Sitio y de la legislación y decretos antidemocráticos e inconstitucionales que aprisionan a la nación y la sofocan”⁶.

Un nuevo golpe de Estado en junio de 1966 encarama la pretensión conservadora, antipopular y antidemocrática sostenida a partir de los sectores más recalcitrantes del imperialismo norteamericano, las Fuerzas Armadas y los sectores más concentrados de la economía y la jerarquía eclesiástica. La dictadura de Juan Carlos Onganía pronto consagra la “Doctrina de la Seguridad Nacional” como ideología oficial del Estado argentino, asumiendo el papel que le correspondía según los dictados de Estados Unidos como potencia occidental en la “lucha contra el comunismo”. A través de la sanción la ley 17.401 de “Represión del comunismo” delimita los marcos de su proyecto autoritario, corporativo y fascistizante.

Las normas “anticomunistas” fueron entonces utilizadas para la persecución y represión de todo opositor a la dictadura, representante político o gremial de los intereses populares y como herramienta de disciplinamiento social y mecanismo para infundir el terror, la despolitización y la desmovilización en la ciudadanía.

En noviembre de 1968, la Liga insiste con su campaña “Navidad sin presos políticos o gremiales” agregando la consigna “¡Vigencia de los Derechos Humanos!” En el documento correspondiente convoca: “Llamamos a la solidaridad y por la libertad de todos los que en estos momentos sufren cárcel y persecuciones por su actividad política o sindical, o por ejercer inalienables derechos o reclamar las libertades conculcadas. Que esta solidaridad se exprese en forma efectiva mediante la creación de millares de comisiones de solidaridad en las fábricas, sindicatos, barrios y ciudades, en todo el país y que asimismo sirva para reclamar: un trato digno para los presos, tratados como delincuentes comunes; el cese de las razzias en las villas de emergencia, que unen una humillación más a la humillación de tener que vivir en esas condiciones”⁷.

Así, partiendo una vez más de la idea de la acción política como forma de unir o amalgamar a los distintos sectores víctimas del onganiato, la Liga echará mano en este período a una técnica que se convertiría en una forma histórica de sus acciones políticas. Buscando la unidad más amplia de los agredidos por el régimen y desde una clara perspectiva de apuntar a una unidad teórica y programática en la diversidad, desarrollaría el primer Juicio Ético Simbólico, que daría paso a decenas de actos similares en los años posteriores. Apelando a sus militantes y referentes fundamentales, vinculados definitivamente con el quehacer político y social nacional, y a otros espacios como la universidad, la política, la actividad gremial y la cultura, desarrolló, en 1970 y en la ciudad entrerriana de Paraná, el Tribunal contra el Maccarthysmo encarnado en la “Ley” 17.401 y legislaciones y decretos anticomunistas similares.

El Tribunal ético popular definía de este modo el orden jurídico represivo que hacía a la base del “nuevo” Estado vigente en la República desde el 28 de junio de 1966: “El problema no se presenta sólo en el campo jurídico-político. Afecta todas las formas de la actividad y la creación humana... estas leyes están destinadas a funcionar como instrumento de fraude en las elecciones sindicales, proscribiendo a cualquier dirigente por el sólo hecho de que se lo califique preventivamente como “comunista”. Constituye por ello un instrumento de intimidación y chantaje para quebrar la auténtica representatividad de las entidades sindicales (desde el sindicato de base hasta la CGT central) y para desorganizar sus legítimos movimientos de lucha... todas las fuerzas populares son las reales destinatarias de su represión... La perspectiva histórica nos muestra que la aniquilación del maccarthysmo es posible. En el siglo XVI, miles y miles de Maccarthys quemaban vivos a seres humanos, incineraban libros y anatematizaban a un número comparativamente escaso de hombres de ciencia. Hoy, en el mundo contemporáneo, unos pocos Maccarthys intentan enmudecer el trabajo de miles y miles de científicos y pensadores que construyen la sociedad del futuro”⁸.

En su fallo, el mencionado tribunal dispuso desconocer la legitimidad de toda norma o sistema de normas pretendidamente superior a la Constitución, declarando tanto la inconstitucionalidad del texto de las llamadas leyes 17.401 y 18.234, lo mismo que las prisiones preventivas y sentencias condenatorias dictadas por aplicación de dichas normas.

El objetivo de carácter político fue la principal herramienta de la Liga para, por un lado, identificar la matriz de las normas y situaciones violatorias de los derechos individuales y colectivos; políticos, económicos, sociales y culturales; y por el otro, buscar consecuentemente una forma de reestablecer el uso y goce de ese derecho en la ciudadanía o al menos intentar la mejor manera para la conquista popular del mismo. Llamando de ese modo, en el tiempo determinado de cada una de las luchas, a identificar los objetivos del poder al sancionar esas normas, así como las formas sociales detrás de los proyectos represivos tendientes a poner límites y cortapisas a la libre acción de los sectores populares y sus organizaciones representativas.

La búsqueda y promoción de un movimiento organizado y capaz de defender las conquistas sociales y populares en materia de reconocimiento y vigencia de los derechos humanos se mostraba como un valor a profundizar desde todos los planteos y documentos institucionales, reconociendo la necesidad de una amplitud importante, lo mismo que una firmeza en la determinación en la defensa de los objetivos del organismo.

La necesaria profundización de los esfuerzos

El 10 de noviembre de 1973 -con el agotamiento de la corta “primavera” camporista surgida del final de la dictadura de Lanusse y el evidente giro hacia la derecha de la realidad nacional tras la masacre de Ezeiza en junio de ese año-, se realiza una nueva sesión del Consejo Nacional de la Liga, en la que se señala que se ha modificado el escenario político latinoamericano, con el desarrollo de regímenes dictatoriales militares con elementos fascistas y negadores de las libertades públicas en toda la región continental -los casos de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile- y propone la unidad de los sectores populares “en una posición constructiva, sin estrecheces sectarias para luchar por las libertades conquistadas, recuperar las parcialmente perdidas, exigiendo la derogación del resto de la legislación represiva y en definitiva expulsar al imperialismo y anular la oligarquía terrateniente, a fin de que nuestro pueblo en un marco de libertades democráticas, disfrute de los bienes materiales con el derecho que le da el producirlos”⁹.

La historia probaba, como lo había hecho más de treinta y cinco años antes, que todos los esfuerzos realizados hasta el momento promoviendo actos públicos, conferencias, charlas, debates para impulsar la movilización de la ciudadanía democrática en la lucha en defensa de la soberanía nacional y popular, lo mismo que el evidente viraje a la derecha de las políticas oficiales con el crecimiento de la represión estatal y para estatal y las acciones terroristas de la Triple A requerían de una amplitud mayor y una acción diversificada como arma para enfrentar a la reacción personificada en los grupos terroristas, que reconocían diversas fuentes ideológicas que iban desde la Doctrina de la Seguridad Nacional, prohijada por el Departamento de Estado norteamericano, a las teorías anticomunistas y contrainsurgentes de los militares franceses importadas por el ejército argentino una década y media antes, los panfletos y escritos de fascistas europeos y el franquismo español y la corriente nacionalista católica de ultraderecha que actuaba en la política argentina con fuerza desde la década del treinta y que tenía en la derecha peronista su ámbito de amalgama.

A principios de 1974, y en cumplimiento de las resoluciones de su último Consejo Nacional, la LADH convoca a “los partidos políticos, a las organizaciones sindicales, estudiantiles, juveniles, campesinas, culturales, cooperativas y de bien público en general, así como a todos los ciudadanos con vocación democrática, a desarrollar un vasto movimiento nacional capaz de neutralizar tan peligrosa amenaza y consolidar las conquistas obtenidas, a través de Comités de Lucha contra el Fascismo en fábricas, universidades y nucleamientos de distintos tipos y tendencias, para actuar en forma unida y organizada con la mirada puesta en los más altos intereses nacionales”¹⁰.

La escalada represiva y el accionar impune de los grupos terroristas prohijados por el Estado, como ya se ha dicho, motivó la necesidad de una convocatoria más amplia en materia de organización, denuncia y acción jurídica en materia de derechos humanos apuntando a una acción que pueda ser útil en distintos ámbitos, fortaleciendo los reclamos populares en pos de la vigencia de las garantías constitucionales y libertades políticas y sindicales. Así, la Liga junto a partidos políticos y organizaciones sociales y religiosas da nacimiento en diciembre de 1975 a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

La histórica experiencia de formación de comisiones de familiares y de asistencia, defensa y solidaridad para con los presos políticos impulsada por la Liga en muchísimas ocasiones a partir de la articulación con organizaciones políticas, sociales y sindicales, fructificaba así, ante una situación de confrontación con el poder cada vez mayor, en la constitución de un “movimiento” de carácter amplio donde convivían expresiones tan disímiles como los partidos, las comunidades religiosas progresistas, el movimiento obrero y asociaciones civiles y de profesionales. La necesidad de una lucha consciente y organizada contra la reacción y el imperialismo así como el incipiente terrorismo de Estado permitía al movimiento manifestarse y actuar de distintas maneras que iban desde la denuncia institucional y política a la movilización popular.

De las formas para la promoción de un movimiento de Derechos Humanos

A esta altura conviene entonces recapitular acerca de cuáles fueron los mecanismos específicos de acción de la Liga para dar carnadura a la ya mencionada intención de conformar un espacio amplio de defensa y solidaridad con los presos políticos, y apoyo de las familias de los detenidos.

Tanto con la contribución al sustento en caso de ausencia del jefe de familia, como con la ayuda para viáticos en caso de que los familiares del detenido no pudieran costearlo, la Liga jugó un rol central en el ayuda material a las familias. Pero hay que subrayar que la ayuda material estuvo complementada por un nivel de contención humano que alimentó permanentemente el ánimo, la solidaridad y la persistencia en la lucha de muchos de los que recibían la mano de la institución.

Uno de los rasgos diferenciadores de la Liga es el haber acompañado su lucha en el terreno de los derechos humanos con un claro posicionamiento político. Sin abandonar el trabajo con los detenidos y sus familias, sino más bien pensando en la solución radical de las circunstancias generadoras de los abusos, la Liga se movilizó permanentemente en la lucha contra la opresión del pueblo. Analizando la realidad nacional e internacional se trazaron líneas de reclamos y peticiones con el objeto de modificar la situación social.

Así, unificando estos dos elementos, con una importante tarea de difusión y concientización en las masas, sobre todo en los afectados, pero también en sus compañeros de militancia política y sindical, desarrolló una serie “mecanismos de retroalimentación”. La solidaridad material y jurídica, la presencia multipartidaria, y la solidaridad con las familias, generaron en los receptores del trabajo institucional diferentes grados de conciencia acerca del valor de la solidaridad. Esto condujo a mucho de ellos a acercarse a la Liga, ya fuera para contar sus experiencias como para sumarse como adherente. Fue sin duda uno de los gérmenes del “movimiento” que para mediados de la década del 70 tomaba forma en el marco de un Estado que bajo la apariencia de la legalidad, se cernía como preludio del abierto Estado Terrorista.

El reconocimiento del “movimiento” y la relación con el mismo

Frente a un nuevo golpe militar, que a la postre se revelaría como el que engendrara la más brutal y genocida de las dictaduras que asolaron al país durante el siglo XX, luego de denunciar desde el primer momento la ilegalidad manifiesta y la ilegitimidad del gobierno militar surgido del asalto a la Casa Rosada del 24 de marzo de 1976, la Liga señala desde sus órganos de prensa y otros documentos las características del modelo de dominación post-golpe y las relaciones sociales que hacen a su base.

Efectivamente, la dictadura militar iniciada en 1976 llevó los mecanismos del terrorismo de Estado a un nivel sin precedentes en la historia argentina. Apoyada en sus aparatos legales e ilegales reprimió sembrando un terror que dejaría marcas irreparables en la sociedad.¹¹

Ya en febrero de 1976 grupos de madres y familiares de las víctimas de la represión comienzan a reunirse en la sede de la Liga, buscando formas de actuar desde lo jurídico y lo político contra la creciente andanada violenta que el poder ejerce. Las denuncias de militantes secuestrados, sin noticias de los paraderos de éstos, se sucedían día a día.¹²

“Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas” fue por ejemplo uno de los organismos que se conformaron a instancias de la Liga y utilizando sus instalaciones como lugar de reunión. En septiembre de 1976, esa comisión nacida en el local de la LADH de la calle Esmeralda se constituyó como organismo autónomo, con su propio programa reivindicativo y de acción, pero siempre reconociendo la solidaridad de la Liga en los tiempos de su constitución¹³.

Los motivos del desprendimiento de los grupos formados dentro de la Liga varían según el caso, pero sin dudas deben tomarse en cuenta dos elementos: a) el ya mencionado carácter de excepcional de la dictadura iniciada en 1976, que, a pesar declararse continuidad de las anteriores, desplegó una capacidad represiva inédita, el propósito de “acabar con el comunismo” pero atacando esta vez a un amplísimo espectro de sujetos sociales y populares que resultaban víctimas del terrorismo de Estado; así como la vastedad de víctimas del accionar represivo y de enfoques distintos generados por ellas o sus familiares -incluso en la caracterización de la situación y las posibles armas para enfrentar la represión-; y b) la obvia necesidad de algunos espacios de autonomizarse en virtud de su propio carácter de afectados directos -Familiares, Madres de Plaza de Mayo- tratando de lograr una solución desde un planteo de tipo personal, más allá del plan político que vinculaba el reclamo a organismos tales como la Liga o la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.¹⁴

De todos modos y como fue expresado a partir de distintos documentos y posicionamientos públicos de parte de la Liga, la búsqueda de una coordinación entre organismos y espacios dispuestos a pelear por la vigencia de los derechos humanos fue un principio fundamental de la institución, al punto que pese la autonomización de algunos grupos -tal el caso de “Familiares”- siempre impulsó la acción coordinada como arma de resistencia a la dictadura de 1976-1983. En 1981, en tiempos de pleno desarrollo del terrorismo de Estado, expresaba: “Se trata de ver cómo ahora compartimos coordinadamente las acciones de defensa de los derechos humanos con la APDH y el MEDH, lo que permite desarrollar una más vasta como fructífera acción y coordinando con los familiares de todo el país las iniciativas… o contribuyendo cada cual a su modo y con respeto de las condiciones y características propias, a la búsqueda de las soluciones a los comunes problemas”¹⁵¹.

En ese marco, la Liga junto con otros organismos tales como Madres de Plaza de Mayo, la APDH, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia y Familiares construyó el principal frente de oposición y resistencia al régimen dictatorial que entre otras actividades incluyó la preparación del folleto ¿Dónde están? 5.581 desaparecidos, las denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en septiembre de 1979, las diversas presentaciones de petitorios al gobierno de facto en pos de la derogación del Estado de Sitio, la regularización de la situación procesal de los presos a disposición del Poder Ejecutivo, el esclarecimiento de los secuestros y detenciones ilegales, la solución del problema de los detenidos desaparecidos y sus hijos nacidos en cautiverio y la presentación de miles de acciones de Hábeas Corpus ante el Poder Judicial en forma colectiva.

El día 5 de octubre de 1982 se produce la primera gran movilización popular convocada por distintos organismos de derechos humanos, entre ellos la Liga, el MEDH, Familiares, Madres de Plaza de Mayo y el CELS para marchar a Plaza de Mayo en reclamo por la aparición con vida de los desaparecidos bajo el título “Marcha por la Vida”. El propósito era llegar hasta la mítica plaza céntrica pero el accionar represivo de las fuerzas policiales hizo imposible su cumplimiento. Participaron de la congregación popular más de quince mil personas. La “Marcha por la Vida” significó además la aparición de una nueva consigna común a los organismos: “Juicio y castigo a todos los culpables”.

De igual modo, todos estos organismos concurrieron mediante un documento común a la iniciación del “Juicio a las juntas” luego de restituido el gobierno de signo constitucional.

Asimismo, después de la dictadura, la Liga ha intentado además buscar una ampliación que supere el espacio denominado de los “organismos históricos” nacidos en relación a la cuestión de los detenidos desaparecidos y la lucha por la memoria y la justicia frente a los crímenes del terrorismo de Estado. La pelea contra la impunidad en el sentido más amplio de la palabra, intentando vincular a organismos de derechos humanos con organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, de jubilados, etc. fue la consigna entonces aplicada por la Liga para seguir dando al movimiento ese carácter político que superara lo meramente reivindicativo en el campo de los derechos individuales y sociales respetando los objetivos fundamentales y primigenios de la institución.

Desde esa perspectiva es que en los años de apogeo del neoliberalismo la Liga impulsa la participación de distintas organizaciones y espacios en el marco del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que desde 1996 al cumplirse veinte años del golpe que engendró la dictadura genocida, organiza el acto central en conmemoración de la fecha, vinculando las violaciones de los derechos humanos de ese tiempo y ese gobierno con las actuales. Igualmente en 2002 y tras la sanción de la ley 961/2002 por parte de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha incorporado al “Instituto Espacio para la Memoria” con carácter autárquico en lo económico financiero y autonomía en los temas de su incumbencia. Más aquí en el tiempo la Liga ha desarrollado trabajos conjuntamente con otros organismos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos intentando articular con buena parte del movimiento obrero el reclamo de carácter integral por la vigencia de los derechos humanos buscando que el mismo sea plataforma de un pensamiento y un discurso político desde los sectores agredidos por el sistema capitalista y el esquema actual de dominación económica, social y cultural.

Conclusiones: Ante las realidades y los desafíos actuales del movimiento de Derechos Humanos

Efectivamente, y como ya se ha expresado en este mismo trabajo, sería la última dictadura militar y el recrudecimiento de la represión y las técnicas de terrorismo estatal puestas en marcha por ésta los que motivarían el surgimiento de un “movimiento por los derechos humanos” constituido por distintos organismos de diversas tendencias que en nuestro país asumieron la denuncia y acción política en esa materia.¹⁶ Pero esa realidad no puede ni debe ser analizada como una creación de carácter “espontáneo” o ahistórico, sino tomada a partir de los cientos de experiencias en comisiones, articulaciones y espacios promovidos por el movimiento popular a fin de garantizar la unidad y la acción política en busca de la defensa y la promoción de las garantías constitucionales y las libertades públicas.

El aporte de la Liga en ese sentido ha sido fundamental en cuanto al contenido y fundacional en el aspecto cronológico. Desde el inicio mismo de sus actividades, el organismo ha planteado infinidad de “comisiones” de familiares, amigos y compañeros de militancia de aquellos que fueron encarcelados o sometidos a proceso judicial o persecuciones y discriminaciones de distinta índole por su actividad política, gremial o social. Más allá de que las mismas, muchas veces, se disolvieran al momento mismo del éxito o resolución política de la cuestión determinada, la “línea” propuesta -de acción con los familiares y las personas cercanas- surtió un innegable efecto en la población, que fue en muchísimos casos un involucramiento directo con la cuestión de los “Derechos Humanos” trazando de ese modo un dibujo para la conformación del “movimiento”.

En ese sentido, y precisamente porque la idea de constitución y desarrollo de un amplio movimiento de derechos humanos, con fuerte participación militante y organizada y con el ánimo propositivo que ha caracterizado la acción de la Liga en ese sentido, la cuestión del “movimiento” ha sido puesta en cuestión en algunas de las últimas declaraciones del organismo y sus máximos referentes.

Así, para el 24 de marzo de 2007 en ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario del golpe genocida, y ante la modificación del escenario que regía en líneas generales el movimiento de derechos humanos argentino, mostrando un “quiebre” entre las visiones de organismos más cercanos al gobierno encabezado por Néstor Kirchner y aquellas situadas en el lugar de “opositoras” al mismo, la Liga llama a la superación de las divisiones apelando a la “libre organización popular y la autonomía del poder” como elementos inalterables del movimiento¹⁷. Del mismo modo, la convocatoria es a conformar un nuevo modelo de organización popular en esa materia, superando los viejos modelos “liberales” -entendiendo por tal, la concepción extremadamente legalista y vinculada a las formas del Estado “liberal-democrático” capitalista y aquellos encarnados básicamente por los “afectados directos” de la represión y el Terrorismo de Estado que hegemonizaron el discurso a la salida de la última dictadura; para recuperar de ese modo aquella vieja premisa que instalaba a la Liga y al movimiento como parte de una herramienta política para luchar contra las causas mismas de la opresión y la dominación.

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Notas