La lucha por la hegemonía posneoliberal: el surgimiento del Kirchnerismo

En la siguiente ponencia intentaremos dar cuenta de la conformación política del kirchnerismo como un nuevo bloque en el poder que, en algún sentido, intenta reeditar al bloque que conformó la alianza policlasista del primer peronismo. Si bien la estructura económica, y la correlación de fuerzas entre los distintos actores, es ciertamente distinta a la existente en 1946, la voluntad política y el eje ordenador del kirchnerismo, sigue el esquema del primer peronismo; en tanto entiende que, la consolidación de un proyecto nacional y popular requiere de una estructura centrada en la generación de riqueza por medio de la industria, y de la alianza estratégica entre la pequeña y mediana burguesía nacional con la clase trabajadora y los sectores populares.

Creemos que este proyecto político intenta reconstruir estas bases sociales porque interpreta que son las que le pueden dar continuidad en el tiempo. Ahora bien, a diferencia del escenario encontrado por Juan Domingo Perón en el '46; cuando el ex presidente Néstor Kirchner llega a la presidencia en 2003, la clase trabajadora y la industria nacional venían en un proceso de desintegración. Lo que requería que no se tratara sólo de impulsar la industria y distribuir una riqueza preexistente, otorgando derechos a una clase obrera homogénea y organizada, sino más bien, de reconstruir las bases estructurales que permitirían la (re) emergencia de estos actores como sujetos de poder en la escena política local. En este sentido, sostenemos que esta construcción se encuentra en proceso de desarrollo.

En este trabajo estudiaremos cómo el proceso de conformación de un nuevo bloque en el poder necesitó de una serie de rupturas (de distinto grado y alcance) con las políticas y los actores sociales que sustentaron el neoliberalismo. Pero para ello, se requiere, primero, efectuar un pormenorizado análisis de las bases rectoras y los soportes políticos del modelo neoliberal.

Reseña de la consolidación neoliberal

La hegemonía neoliberal que imperó en la Argentina durante la década del '90, lejos de haber surgido con el gobierno menemista, encuentra su gestación en la dictadura cívico-militar que a través de picana y muerte aterrorizó al conjunto de la sociedad, quebró los lazos de solidaridad social característicos del anterior modelo industrialista, e individualizó a los sujetos enajenándolos de su ser colectivo. Condiciones todas necesarias, para poder ejecutar el plan económico de las minorías derrotadas en el plano electoral, y de esta manera, poder ejercer su hegemonía sobre el conjunto de la sociedad.

Siguiendo a Portantiero podemos sostener que, si se necesitó de la vuelta de Perón para concretar el breve intento de ruptura del empate hegemónico de las fuerzas sociales que operaban en el país, a favor de la alianza defensiva (sectores populares y pequeña y mediana empresa nacional) (Portantiero; 1977), se requirió de la maximización racional de las fuerzas opresoras, para poder solucionar esta contienda en favor del capital concentrado local (industrial/agrario) y los grupos transnacionales, hegemonizándolos alrededor del capital financiero. De esta manera, se les permitió reproducirse, ya no a partir de las condiciones objetivas y materiales de la economía real, sino, en función de la valorización financiera. En este sentido, cobran vigor las denuncias de Rodolfo Walsh a tan sólo un año del inicio del Terrorismo de Estado: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.” (Walsh; 2001: 232).

La bicicleta financiera desarrollada durante estos años, fue posibilitada por el endeudamiento externo al que se sometió al país. Este proceso reveló sus contradicciones en la crisis de deuda (de la década del '80), afectando al conjunto de los países latinoamericanos, como al propio Estados Unidos, por ser sus bancos los principales acreedores de una deuda impagable con activos líquidos. La solución presentada por el epicentro de la economía mundial, se conoció como “Plan Baker”: programa de conversión de deuda externa a cambio de activos físicos (principalmente empresas estatales). Pero para su completa implementación, se necesitó que los sectores dominantes se dirimieran en la escena pública, por la apropiación de la renta, desencadenando un proceso inflacionario sin precedentes (la hiperinflación de 1989), que significó una transferencia descomunal de recursos, de los sectores populares hacia las élites dominantes. En concreto: durante la gestión alfonsinista los acreedores externos y los conglomerados locales (que en muchos casos eran sus deudores), se debatieron su hegemonía en el Estado. El cual en un primer momento, con distintas políticas expansivas, propulsó al capital productivo local en detrimento de los acreedores externos; en consonancia, intentó conformar a nivel regional “un club de deudores” latinoamericanos, pero su fracaso culminó con la cesación de pagos de 1988. Corrida cambiaria mediante, las presiones externas condujeron al inicio de una férrea disputa por la apropiación de la riqueza, con nefastas consecuencias para el conjunto de la sociedad, sobre todo por sus efectos a largo plazo (Basualdo; 2011). Sostenemos junto a Bonnet, que una crisis social de tamaña envergadura es un mecanismo disciplinador -tal como la represión política- para generar “consenso” en la población al momento de aplicar transformaciones estructurales y ampliamente regresivas para el conjunto de la sociedad (Bonnet; 2007).

Al legitimarse la derrota objetiva y material de los sectores populares, las fracciones dominantes resuelven su confrontación por medio de la política de privatización de las empresas públicas. En este sentido, Abeles afirma que las privatizaciones permitieron zanjar de forma superadora este conflicto de intereses en los sectores dominantes. Dado que, posibilitaban el pago de la deuda externa a los acreedores, y la renegociación global de la deuda restante en el marco del plan Brady¹; y, al mismo tiempo, el negocio de las privatizaciones le permitió a los principales holdings locales hacerse de segmentos del mercado no expuestos a la competencia, y (en el mismo nivel de importancia) con altos –o extremos- niveles de rentabilidad² (Abeles; 1999). Los verdaderos perjudicados con estas medidas económicas fueron, en su gran mayoría, los sectores populares junto a la pequeña y mediana industria local.

La institucionalización de esta victoria, se dio con la aprobación en el Congreso de dos leyes claves: la Ley de Reforma del Estado, que posibilitaba la desregularización y venta de empresas públicas (privatizaciones); y la Ley de Emergencia Económica, que autorizaba al gobierno a disponer medidas por decreto sin recurrir al poder legislativo. En concreto, esta segunda ley permitió: suspender el régimen de promoción industrial, regional, y de exportaciones; así como también las preferencias que beneficiaban a las manufacturas nacionales en las compras del Estado; la liberación comercial (eliminando en un primer momento las restricciones a las importaciones, y luego a los movimientos de capital); y realizar una reforma tributaria (concentrando la estructura impositiva en el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias) acentuando el carácter regresivo del sistema de recaudación fiscal. (Torre y Gerchunoff; 1996).

Estas modificaciones signaron un momento crucial de los sectores dominantes, porque permitieron superar las barreras estructurales que impedían el desarrollo del patrón de acumulación basado en la valorización financiera, impuesto al total de la población durante la última dictadura cívico-militar; y además, superaron la inorgarnicidad del sistema político. En palabras de Basualdo: “estableciendo una sincronía entre el plano estructural y el superestructural que parecía definirle un horizonte ilimitado al nuevo patrón de acumulación, sustentado en la valorización financiera, y a la dominación, basada en el transformismo argentino.” (Basualdo; 2011:79).

Podemos definir al transformismo, como la absorción de los intelectuales y cuadros orgánicos de un partido o clase, por parte de su opuesto (Gramsci; 1980). Con esta matriz gramsciana, se comprende la necesaria cooptación del partido peronista por parte del poder concentrado económico, para poder instaurar en tiempos democráticos, una reforma estructural del Estado con amplio consenso popular. El transformismo argentino, viabilizó la universalización de los intereses de las clases dominantes, su reproducción ideológica y en definidas cuentas, su hegemonía económica y política sobre el conjunto social.

A partir de la sincronía entre el sistema político y el modelo de valorización financiera, confluye un proceso económico en el cual se yuxtaponen dos elementos complementarios. En primer término, el establishment adquiere una homogeneidad desconocida para la historia de nuestro país; puesto que, los grupos económicos, las empresas extranjeras, y los bancos transnacionales se concentran en una gran “comunidad de negocios”, facilitada en la propiedad compartida de las empresas estatales privatizadas³. En segundo término, mediante el fin del proceso inflacionario, el nuevo ciclo de endeudamiento e incremento del crédito interno, estableció un período expansivo del consumo, que incluyó durante los primeros años a vastos sectores sociales, generando consenso social en el nuevo modelo de valorización financiera (Basualdo; 2011).

En síntesis, estos años se caracterizan por la confluencia en los intereses de las fracciones de la clase dominante, plasmados a fuerza de Ley, por un gobierno de sello justicialista (con toda la connotación simbólica, tradicional y afectiva que esto implica), el cual, legitimó las transformaciones estructurales del país, a partir de una base social fragmentada por la dictadura cívico-militar, a la que se sumó el disciplinamiento económico de la hiperinflación, mientras operaban, como somníferos, las mieles del consumo de los primeros años de la década del '90.

La apertura económica y la paridad del tipo de cambio (Convertibilidad: 1 peso = 1 dólar), condujo en palabras de Bonnet (Bonnet; 2007) a una corrida del peso tras del dólar, puesto que la paridad cambiaria significaba que la producción nacional debía ser más competitiva que la extranjera para posicionarse en el mercado externo e interno. Así, la eliminación de la posibilidad de ejercer política monetaria, implicaba una presión a la sobreexplotación del trabajo y la reducción de los salarios nominales.

En suma, la desregulación de la economía, acentuó el proceso de desindustrialización. Puesto que, las pymes locales no pudieron competir con los precios de los bienes importados. Esto se dio tanto en los productos finales, como en los insumos que utilizaba la gran industria que anteriormente eran proveídos por las pequeñas empresas nacionales. Todo esto, en un contexto en el cuál se articuló la estructura manufacturera en torno a las actividades agroindustriales, explotando así las ventajas comparativas naturales. Estas industrias representan un reducido dinamismo en materia de generación de cadenas de valor agregado; así como, un bajo soporte en la creación de eslabonamientos productivos y puestos de trabajo. De esta manera, la industria manufacturera perdió en la década los principales rasgos que tenía durante la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI): su carácter dinamizador sobre el conjunto de las actividades económicas productivas, y, fundamentalmente, con relación a la generación de puestos de trabajo. En otras palabras, el incremento de la desocupación remite en gran parte a: el reducido grado de absorción de mano de obra por parte de la actividad fabril, como por el cierre o quiebra de gran cantidad de pymes (Schorr; 2002). A lo que habría que agregar, la expulsión de numerosos trabajadores de las empresas públicas ahora privatizadas.

Paralelamente, este desarrollo del capitalismo argentino incrementó el proceso de concentración, centralización y extranjerización del capital. Esto último posibilitado por el accionar de gran parte de la tradicional burguesía local, la cual se desprendió de sus históricas empresas y de las acciones que obtuvieron en las privatizaciones de empresas públicas (a un precio considerablemente mayor del adquirido), reflejando la persistencia del comportamiento especulativo, rentístico, y financiero de los sectores dominantes locales (Abeles; 1999).

En el plano de la legislación laboral, la revancha clasista mantuvo bajo control las demandas de la clase trabajadora. Es así como se redujeron los costos laborales, tanto salariales⁴ como no salariales (contribuciones patronales); se flexibilizó el ingreso y egreso de la relación laboral; se flexibilizó la distribución del tiempo de trabajo; y se descentralizó la negociación colectiva, para nombrar sólo las medidas más relevantes⁵.

Como consecuencia de estos cambios regulatorios en el mercado de trabajo, aumentaron los niveles de empleo no registrado; así como el grado de precarización e inestabilidad en las ocupaciones. Permitidos, a su vez, por la mayor facilidad para transgredir las normas laborales que posibilitó un mercado laboral con una elevada desocupación abierta. Estas condiciones (desempleo y precarización), tuvieron efecto sobre las remuneraciones salariales. Explicando en gran parte, la continuación del proceso de crecimiento de la desigualdad en la distribución del ingreso (Beccaria; 2003).

El desmantelamiento del Estado de Bienestar, eclosionó socialmente en las jornadas de diciembre de 2001. Si bien la resistencia al modelo excluyente, se fue generando en los últimos años de la convertibilidad, su punto álgido y de confluencia de vastos sectores de la ciudadanía se dio a fines de 2001, provocando la renuncia del Presidente Fernando de la Rúa, personaje que desde la Unión Cívica Radical (como miembro de la Alianza) había continuado las políticas neoliberales.

Del mismo modo que la crisis de 1989, la crisis neoliberal condujo a una reorganización del bloque en el poder. Por medio de una lectura gramsciana, podemos sostener que los acontecimientos de 2001, pueden inscribirse en una “crisis orgánica/de autoridad”, en tanto lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo de nacer (Gramsci; 2009). La clase dominante había perdido el consenso social, que hegemonizó durante los primeros años de la convertibilidad; por lo cual había dejado de ser dirigente, y si mantenía su dominio, era por detentar su fuerza coercitiva. Así, con la represión de diciembre y la declaración de estado de sitio, se intentó seguir ejerciendo la dominación por la vía de la “violencia legítima”, para frenar la desintegración del bloque histórico que detentaba el poder. En este sentido, creemos que fueron los movimientos sociales aglutinados en el significante vacío “que se vayan todos” (Muñoz; 2010) los que impusieron su accionar como poder de veto al modelo neoliberal. Sin embargo, aun en 2001 no se pudo construir un sujeto político superador. Lo que si visibilizó este proceso, fue la revitalización de la movilización política y el resurgimiento de un pueblo que luchaba por las conquistas históricas arrebatadas.

En este sentido, sostenemos que uno de los mayores logros del activismo no partidario de los primeros años del siglo XXI, fue el haber sentado las bases para el (re)surgimiento de la política como herramienta de transformación. Se visualizaron a las grandes mayorías que conforman nuestro país, como un actor material e históricamente capacitado, probablemente no para realizar la toma del palacio de invierno, pero sí para volver a engendrar una alianza, policlasista desde luego, pero con la determinación necesaria para volver a convertirse en el hecho maldito del país burgués.

Alianzas y reparto del poder en el período posneoliberal

La descomposición del bloque en el poder, que había sustentado a la valorización financiera, se origina a partir del enfrentamiento entre la oligarquía diversificada con los acreedores externos y el capital extranjero. Mientras que, los grupos locales impulsaban la salida devaluacionista que les permitiría multiplicar (en pesos) los capitales que habían fugado al exterior (cuando se desprendieron de las acciones de las empresas privatizadas y gran parte de sus empresas industriales), los acreedores externos y el capital extranjero, propugnaban por la dolarización que les permitiría conservar el valor patrimonial de sus activos fijos y la rentabilidad en dólares de sus empresas locales (fundamentalmente las empresas privatizadas del sector de servicios). La victoria de la alianza devaluacionista demarcó una relativa autonomía de los grupos locales frente al poder financiero mundial; hecho que permitió recomponer la rentabilidad de las actividades productivas gracias a la consolidación de China como demandante de bienes primarios exportables por el país⁶. La victoria de la oligarquía diversificada, y el poder de veto que presentaron los sectores populares a las políticas de ajuste, configuraron las bases para el surgimiento de una nueva alianza policlasista en el poder (Basualdo; 2009).

Esta primera expresión que plantea el kirchnerismo, no es igual a la alianza defensiva que marcamos anteriormente, puesto que, en su configuración se haya la oligarquía diversificada que fue parte de los sectores dominantes que participaron de la valorización financiera desde el inicio, prestando sus cuadros técnicos y políticos a la dictadura del '76, y luego al transformismo de los '90.

Consideramos que si en el inicio de este proyecto político esta fracción conformó la alianza policlasista inaugural, fue por la necesidad de dirigir un frente interno en oposición a un antagonista externo, que pudiera cohesionar al conjunto de la sociedad argentina. Esta alianza coyuntural es la que permitió enfrentarse a los acreedores y renegociar la deuda, como a la hegemonía de Estados Unidos, que se manifestó en el rechazo al ALCA.

Analizando las estrategias y disputas políticas que enfrentó el kirchnerismo se puede hablar en términos gramscianos de una guerra de posición, en tanto se van eligiendo cuidadosamente las trincheras a disputar, sopesando la debida correlación de fuerzas en cada momento histórico determinado. Con esta perspectiva podemos entender cómo el kirchnerismo se fue nutriendo de sus alianzas en pos de romper los ejes estructurantes del neoliberalismo.

Un primer quiebre lo notamos en la política de quita histórica y renegociación de la deuda, que además de reordenar las prioridades del Estado Nación, (con el objetivo de que se debía crecer para luego pagar los compromisos asumidos), frenó el endeudamiento externo y comenzó el proceso de desendeudamiento más significativo de nuestra historia. La cancelación de la deuda con el FMI, puso fin a los condicionamientos a la orientación de la política económica nacional.

La deuda pública como porcentaje del Producto Bruto representaba en 2002 el 164% y en 2013 constituye el 40%⁷. Si a la Deuda Pública Bruta, se le resta el volumen que está en manos de las agencias del sector público nacional, equivale a 17,9% del PBI, con sólo 10% valuado en moneda extranjera.

Otra ruptura la encontramos en la recuperación sobre el manejo de la política monetaria, que logró disminuir las importaciones de bienes de consumo, y permitió el resurgimiento del entramado productivo nacional mercado-internista. El porcentaje de bienes de consumo dentro de las importaciones, baja del 17 % promedio durante la convertibilidad; al 12% en promedio durante el kirchnerismo.

A su vez, el Estado volvió a tener una política de promoción industrial y de exportación de manufacturas (la exportación de MOI⁸ crece durante el período un 90%). Argentina fue el país de la región, en donde más crece la industria en términos absolutos (el PBI industrial argentino creció en un 106%; mientras que la región en promedio lo hizo en la mitad y Brasil sólo creció un 20% ), aunque hay que reconocer que la composición sectorial de la industria en el PBI no se vio fuertemente alterada (del pico máximo en 1974 con el 22% decrece hasta el 2002 alcanzando el 15%, y con el kirchnerismo, llega en 2013 al 16%); esto se explica por el boom de las commodities que favoreció la reprimarización de las economías regionales por la vocación rentística de las clases dominantes locales. Argentina fue el único país que no se reprimarizó, demostrando que si bien no se pudo disciplinar y dirigir en pleno a los sectores económicos concentrados para que se avocaran a la diversificación industrial, se emplearon las políticas necesarias para (al menos) impedir que la industria pierda peso relativo.

Las distintas políticas que fueron reactivando la economía generaron las bases del ciclo virtuoso de crecimiento. La protección de la industria posibilitó el crecimiento del empleo, y la creación de puestos de trabajo dinamizó el mercado interno.

Esta reactivación, sumada a las políticas de protección social, permitió disminuir la pobreza, la indigencia, el desempleo y posibilitaron una progresiva distribución del ingreso. Para analizar la evolución de estos indicadores en el período posneoliberal, tomamos el año 2003 y 2013. Así, observamos que el desempleo cae del 17,3% al 6,8%; la pobreza pasa del 51,7% al 17,8%; la indigencia lo hace del 27,7% al 4,2%; y la brecha de ingresos entre el decil más pobre y el más rico, disminuye del 40,1% al 18,6%.

La marcada disputa por la apropiación del ingreso fue el límite que encontró esta alianza policlasista inicial, y se desató con toda su crudeza en el conflicto por la resolución 125; en donde la burguesía agropecuaria (o en términos de Basualdo la oligarquía diversificada) intentó fijar los límites del accionar estatal. Si bien la resolución del conflicto significó una victoria transitoria de este sector, los sucesos permitieron reconfigurar la alianza del bloque en el poder en pos de su matriz clásica. No estamos afirmando que la pequeña y mediana burguesía nacional detente la hegemonía económica, es evidente la continuidad del proceso de concentración, centralización, y extranjerización del capital, puesto que, el pequeño empresariado local no cuenta con la capacidad de direccionar el modelo económico. Sin embargo, dada la autonomía relativa del sistema político, cuenta con el apoyo en materia de financiamiento y promoción por parte del gobierno.

En contraposición, en esta guerra de trincheras se está disciplinando a determinados grupos económicos concentrados, como sucedió con la Ley de Medios, el acuerdo de precios (Precios Cuidados), y la nueva Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo. A lo que debemos agregar como rasgo relevante de ruptura, el freno a las privatizaciones y la nacionalización/recuperación de empresas estratégicas (AFJP, YPF, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, por nombrar algunas de las más destacadas).

Tampoco podemos obviar el cambio en la política de alianzas a nivel internacional. Se pasó de ser los alumnos ejemplares del Consenso de Washington, a consolidar mecanismos de integración regional en materia económica y productiva, pero también social y cultural, los cuales encuentran su expresión institucional en la incorporación de una agenda política, social y ciudadana en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y en la conformación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la cual representa un hito histórico, en tanto es la primera vez que se genera un foro de países suramericanos para resolver sus propios problemas y desafíos, sin la intermediación de España o Estados Unidos.

A modo de cierre

Si bien durante estos años no se pudo conformar un bloque histórico que exprese la sincronía entre el plano estructural y el superestructural, en tanto el poder económico persiste en manos de la elite agraria-financiera-corporativa, sostenemos que se generó un nuevo bloque de poder político que disputa la preeminencia de los sectores dominantes en las distintas esferas de poder.

El kirchnerismo, condicionó el accionar de determinados grupos concentrados. De esta manera, pudo repartir una porción de la riqueza social y mejorar de manera decisiva las condiciones de vida de la población; sin embargo, no consiguió disciplinar en pleno a los actores que promovieron la valorización financiera. De aquí, que la crisis orgánica desatada en 2001 no esté resuelta: los poderes fácticos en las tres elecciones presidenciales de 2003 a la fecha, no lograron construir un candidato que pueda hacer pasar su interés individual como universal; y el kirchnerismo no terminó de empoderar lo suficiente a los actores que integran la histórica alianza policlasista peronista, trabajadores y pequeña y mediana burguesía nacional. Es decir, los intereses preeminentes en la estructura económica no consiguen representación en el ejecutivo; mientras que, el partido de gobierno no logró dirigir y reconvertir la estructura productiva nacional.

En las elecciones de agosto y octubre en la Argentina, se estará dirimiendo la resolución de esta crisis: por medio de la cooptación del partido de gobierno por la ortodoxia neoliberal, y la consecuente conformación de un bloque histórico que exprese llanamente la restauración conservadora; o, por la continuidad de una disputa entre, los intereses corporativos de las clases dominantes frente a la capacidad soberana del Estado, con posibilidades ciertas, de constituirse en el largo plazo, en un bloque histórico nacional y popular.

Bibliografía

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• Gramsci, A. (1980): Notas sobre Maquiavelo. La política y el Estado Moderno. Buenos Aires. Nueva Visión.
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• Muñoz, M. A. (2010): Sísifo en Argentina. Orden, Conflicto y sujetos políticos. Villa María. Plaza y Valdes – Ed. Universitaria de Villa María.
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• Torre, J. y Gerchunoff, P. (1996): “La política de liberalización económica en la administración de Menem” en Desarrollo Económico, n° 143, Buenos Aires Octubre/Diciembre.
• Schorr, M. (2002): “Mitos y realidades del pensamiento neoliberal: la evolución de la industria manufacturera argentina durante los años noventa”, en Schorr, M. et. al.: Más allá del pensamiento único. Hacia una renovación de las ideas económicas en América Latina y el Caribe. Buenos Aires. CLASO.
• Walsh, R. (2001): “Carta abierta de un escritor a la junta militar”, en Operación Masacre, Buenos Aires, De la Flor.

Notas

1 Plan Brady: acuerdo de reducción de deuda externa a cambio de un compromiso de pago más estricto.
2 La gran burguesía nacional no sólo participó en las privatizaciones de servicios públicos. También se benefició con la privatización de empresas de bienes transables, a modo de ejemplo la compra de SOMISA por parte de Techint, le permitió al holding controlar la industria del acero (Etchemendy; 2001).
3 El reparto accionario de las privatizadas, dispuso la articulación por empresa de: un conglomerado empresario de capital interno (encargado del lobby con autoridades locales); un banco acreedor de deuda externa argentina (el cual creaba el diseño financiero de la operación y facilitaba títulos de deuda externa que serían admitidos como parte de pago por las empresas estatales); y una empresa trasnacional (concentrada en la gestión administrativa y productiva de la empresa).
4 La reducción sistemática de los salarios es funcional al modelo de la convertibilidad, dado que es la única variable de significación económica que se utilizó para hacer frente a la baja competitividad relativa del país, y en particular del sector industrial (Schorr; 2002)
5 Gran parte de la cúpula sindical cegetista avaló estas reformas, como también la que ataba los aumentos salariales a los incrementos en la productividad; haciendo una casi nula declaración con respecto a los crecientes niveles de desocupación. Todo esto a cambio de mantener el control de las obras sociales; obtener una participación en la jubilación y en las aseguradoras de accidentes de trabajo, ahora privatizadas; como asimismo, recibiendo acciones de las empresas públicas privatizadas por medio de los sindicatos de las mismas (Etchemendy; 2001).
6 Basualdo remarca que es fundamental entender que la oligarquía diversificada nunca se desprende de sus propiedades agrarias ni de las actividades ligadas a la actividad agropecuaria.
7 Todos los datos que siguen fueron relevados del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/infoeco.html
8 MOI: manufacturas de origen industrial. Generalmente se las distingue de las MOA (manufacturas de origen agrario).