1. Introducción

La década del 90 fue un período de intensos cambios en la política económica. Medidas como La Ley de Convertibilidad, la Reforma del Estado y las privatizaciones trazaron los lineamientos generales de una política que se proponía estabilizar la economía tras la hiperinflación de 1989. Además, se aplicaron políticas tendientes a desarrollar el mercado financiero de acuerdo a los parámetros mundiales, más específicamente de los países centrales. Estas transformaciones cambiaron la configuración de un sistema financiero que durante la década del 80 había tenido poco dinamismo pero que era claramente encabezado por la banca pública. Frente a este escenario de acelerados cambios, comenzaron a tomar protagonismo los bancos privados los cuales ofrecían financiamiento de otras características y bajo otras condiciones.

En este contexto surge entonces una discusión alrededor de la banca pública y qué participación tuvo esta a lo largo de los años 90. Específicamente para el sector agropecuario algunos datos del período parecieran indicar que no se trató meramente de un traspaso del sector público al privado sino que aspectos esenciales de la actividad agrícola se modificaron por este motivo.

El presente trabajo se propone entonces analizar qué rol tuvo la banca pública en este período y cuáles fueron las consecuencias de ello para el sector agrícola. Para ello se abordarán en primer lugar políticas implementadas en la década de los 90’ a través de los textos de las normas sancionadas y trabajos como los de Basualdo (2003), Damill, Salvatore y Simpson (2003) y Picardi, Tedesco y Settimi (2012). Posteriormente se analizarán las condiciones del mercado financiero en ese período utilizando fundamentalmente datos de distintas instituciones como el BCRA, el Banco Nación Argentina, Ministerio de Economía, etc. y de qué manera afectó esto a la banca pública. A continuación se establecerá de qué manera influyeron las transformaciones que sufrieron los bancos oficiales en las características del financiamiento agropecuario durante esa década apelando a la comparación con otros períodos trabajando con datos de entidades financieras y con trabajos como el de Bisang (2007) y Nava (2003). Por último procederemos a establecer conclusiones sobre el rol de la banca pública a lo largo de este período con el objetivo de qué manera afectó el desarrollo del sector agropecuario.

2. La política económica de los años 90

2.1. Cambios estructurales

Los años 90 fueron un período de intensos cambios para la economía mundial. El triunfo definitivo del neoliberalismo en el mundo implicó la sumisión de los países periféricos a los intereses de los países centrales. En la mayoría de los casos esto se realizó a través de políticas tradicionales de recorte fiscal, privatizaciones, apertura comercial, etc. En el caso de la Argentina, el neoliberalismo ya había sentado sus bases durante la dictadura militar de 1976 y resurgió con fuerza a partir de 1989 con la presidencia de Carlos Menem.

El gobierno menemista comienza en un complejo escenario económico. La década del 80 finalizaba con una acelerada inflación y los indicadores mostraban que tanto el PBI como el producto industrial se habían desplomado (9,5% y 24% respectivamente) (Kosacoff, 1993). Por otro lado, la crisis de la deuda condicionaba la política comercial y afectaba profundamente la configuración de las cuentas externas mientras que la pobreza se agudizaba al son de la inflación.

En ese contexto asume en 1989 Carlos Saúl Menem, quien replantea el rol del Estado en consonancia con las concepciones establecidas por el Consenso de Washington. El primer paquete de medidas aplicadas por su gobierno fue el llamado Plan Bunge & Born, dado que tanto el Ministro de Economía Miguel, Angel Roig, como el sucesor fe éste, Néstor Rapanelli, provenían de la dirección de esta empresa. El objetivo central de este plan era en principio la estabilización de la economía y el nivel de precios, y también alcanzar un shock productivo en el sector primario que permitiera incrementar las exportaciones y revertir la tendencia de las cuentas externas.

La política antiinflacionaria consistió en una enorme devaluación del austral y fijación de un único tipo de cambio, acompañados por aumentos de tarifas que se complementarían con acuerdos de precios. Además se sancionaron dos importantes leyes: La Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica. Estas leyes fueron el marco para llevar adelante la racionalización y privatización de empresas públicas, la eliminación de subsidios y la apertura comercial. También se le otorgó mayor independencia al Banco Central, se suspendieron los regímenes de promoción industrial y se flexibilizó el marco legal para la inversión extranjera. El resultado inmediato de este shock fue un retroceso de las tasas de inflación, respecto de su record del 196,6% registrado en el pico hiperinflacionario de julio, a un 37.9 en agosto y a un promedio del 7.2 entre septiembre y noviembre del mismo año. (Bonnet, 2007). Sin embargo, este plan no logró el shock productivo y el consecuente boom exportador esperado. Según explican Piccardi, Tedesco y Settimi (2012), esto se debió, en primer luga,r al deterioro de la infraestructura y el transporte nacional que había tenido lugar desde la dictadura de 1976, y en segundo lugar, a la insuficiencia de incentivos para re incorporar factores a la producción.

Posteriormente, con la llegada de Erman González al Ministerio de Economía se implementaron los planes conocidos como Erman I a VII. Estos planes se centraban en la promoción de las exportaciones agropecuarias, basándose en la teoría económica clásica del comercio internacional. Sin embargo, la expansión de las exportaciones no fue tal debido a las políticas proteccionistas vigentes en los países centrales durante ese período.

En el plano financiero, el Plan Bonex y la Ley de Convertibilidad jugaron un rol fundamental. El primero contribuyó a la esterilización de liquidez, y el segundo favoreció la apertura económica (tanto para bienes como para capitales), además de prácticamente eliminar la posibilidad de implementar política monetaria. En la sección 2 se analizarán con mayor profundidad las transformaciones en el sector financiero.

2.2. La política para el sector agropecuario

Como se ha expuesto en esta sección, la década del 90 introdujo importantes cambios a la economía argentin,a los cuales implicaron un incremento en la importancia relativa del sector agropecuario. Sin embargo, como afirma Azcuy Ameghino:

…no todas las medidas contribuyeron a un resultado final similar, ni ese resultado es el mismo para todas las clases y grupos sociales de una estratificación socioeconómica que, como la pampeana se caracteriza por su diferenciación, contradicción y heterogeneidad. (Azcuy Ameghino, 2000:193).

Uno de los primeros paquetes de medidas estuvo compuesto, como se mencionó anteriormente, por la Ley de Emergencia del Estado y la Ley de Emergencia Económica. A estas leyes se les sumó el decreto de necesidad y urgencia N° 2284/91 el cual introdujo importantes modificaciones en comercio de bienes y servicios. Este decreto afirmaba en sus considerandos:

“es forzoso continuar el ejercicio del Poder de Policía para afianzar y profundizar la libertad económica y la Reforma del Estado con el objeto de consolidar la estabilidad económica, evitar distorsiones en el sistema de precios relativos y mejorar la asignación de recursos en la economía nacional…” (DNU 2284/91, considerandos).

Es por este motivo que, amparado en las atribuciones que le otorgaba la Ley de Emergencia del Estado, a través de este decreto disolvieron las siguientes entidades: (i) Junta Nacional de Granos, (ii) Mercado de Concentración Pesquera, (iii) Instituto Nacional de la Actividad Hípica, (iv) Corporación Argentina de Productores de Carne, (v) Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, (vi) Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate, (vii) Mercado Consignatario Nacional de Yerba Mate, (viii) Dirección Nacional de Azúcar.

Si bien la disolución de todas estas entidades tuvo un impacto sobre las actividades que regulaban probablemente la disolución de las Juntas Nacionales de Granos (JNG) y Carnes (JNC) fueron las de mayor relevancia. Según lo afirmaba el texto de la norma, estas juntas…

…intervienen de diferentes formas con anterioridad a la exportación de carnes y granos respectivamente y con posterioridad a la importación de dichos productos o sus derivados y en el proceso de producción y comercialización de estos productos en el mercado interno, gravando de diferentes maneras estas actividades, lo cual es incompatible con el espíritu del presente Decreto, conllevando además la necesidad de disolución de los referidos entes con la consiguiente transferencia de actividades de policía a los organismos centralizados y descentralizados respectivos. (Decreto 2284/91, considerandos).

Sin embargo, este decreto no fue el inicio de la desregulación sino más bien la coronación. La JNG venía sufriendo un recorte permanente de financiamiento lo cual la excluía cada vez más del mercado de exportación. Según afirma Gustavo Lopez (2010), “la contribución del 7% promedio en las exportaciones del período 1980/1990, se redujo en 1990 a 3,1% en 1991 al 6,3% y al 2,1% en 1992 (último año de operación); en estos dos últimos sólo con embarques de trigo” (López, 2010:181).

En consonancia con estas modificaciones, durante la década del 90 se disminuyó fuertemente la carga tributaria sobre el sector agrícola, principalmente en lo referido al comercio exterior. Los derechos de exportación prácticamente desaparecieron a partir de 1991. En la tabla siguiente se muestra la evolución de los mismos:

Los aranceles a la importación también fueron reducidos o eliminados, impactando fuertemente sobre los costos del sector agrícola. En el caso de agroquímicos y fertilizantes, los impuestos fueron eliminados por completo mientras que la importación de maquinaria agrícola pasó de un gravamen de 50% a uno del 15% (Lopez, 2010).

Las barreras no arancelarias también fueron suprimidas por completo tanto para la importación como para la exportación. Los impuestos internos de insumos relacionados a la explotación y comercialización de productos agrícolas como los combustibles y los neumáticos también fueron eliminados y se otorgaron exenciones a los propietarios de las tierras.

A la vez que estas modificaciones reducían los costos de la producción agrícola, las privatizaciones y la desregulación operaban en sentido inverso. El ejemplo más claro es el del transporte, donde la privatización de algunos ramales ferroviarios y el cierre de otros incrementaron los costos de transporte de mercaderías.

En líneas generales, podemos afirmar que la eliminación de los derechos de importación y exportación benefició notablemente al sector permitiéndole dotarse de insumos a bajo precio. Sin embargo, la privatización de varios medios de transporte y la cesión por parte del Estado del control de los mismos, afectó las condiciones de comercialización. Desde luego, estas transformaciones impactaron de un modo distinto a los pequeños y a los grandes productores. Según lo señala Azcuy Ameghino (2000) : “se agudizó sustancialmente la polarización social agraria, produciéndose un incremento en la concentración de la producción, el capital y la tierra, que llevó a la ruina a numerosos productores rurales y colocó a otros en situaciones límite” (Azcuy Ameghino,2000:203).

3. El mercado financiero en la década del 90 y la banca pública

La década del 90 se inicia con un mercado financiero reducido y prácticamente anquilosado. Las múltiples regulaciones aplicadas durante los 80 generaban una escasa monetización de la economía que se veía aún más limitada por la política de encajes y redescuentos del BCRA que procuraban direccionar y condicionar los créditos y la operatoria bancaria en general.

La primera y más importante transformación llevada a cabo durante la década, fue la Ley de Convertibilidad. Esta implicaba que el Banco Central prácticamente renunciaba por completo a su facultad de crear dinero, lo cual impedía el otorgamiento de crédito al gobierno como así también al sistema bancario. (Bonnet, 2007: 317). Esto se debió principalmente a que la política en general y específicamente para el mercado financiero se basaba en esencia en el Consenso de Washington y buscaba promover la influencia del sector privado y dejar que el mercado generara los incentivos que dirigieran el accionar de las entidades bancarias. Para alcanzar ese objetivo, el principal requerimiento fue la eliminación de las regulaciones y limitaciones existentes en el mercado financiero y su reemplazo por otras que estuvieran en consonancia con las disposiciones internacionales.

Entre las medidas más importantes de la primera fase del menemismo, se encuentra la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA (1992) y la Ley de Entidades Financieras (1992). La Reforma de la Carta Orgánica del BCRA incluyó los siguientes cambios: (i) fortalecimiento de la autarquía de la institución, (ii) eliminación de los déficits cuasifiscales, (iv) prohibición de financiar al Estado Nacional. (Nava, 2003) Esto implicó en esencia una fuerte separación del Poder Ejecutivo y el Banco Central y procuró eliminar todo rasgo de discrecionalidad en la política monetaria. Estas modificaciones fueron complementadas por la Ley de entidades Financieras que introdujo nuevas desregulaciones entre las cuales se destaca la participación de los depositantes en el riesgo de la entidad financiera y la igualdad en el tratamiento a los bancos extranjeros. (Damill, Salvartore, Simpson, 2003: 12). La primera buscaba promover incentivos para depositar en las instituciones más sólidas y resguardar en cierta medida a las entidades financieras mientras que la segunda buscaba fuentes adicionales para monetizar la economía. En cuanto a las regulaciones y normas prudenciales, durante esta década el gobierno intentó acercarse a las disposiciones internacionales, en este caso al acuerdo Basilea I. El elemento más destacado de este intento fue la imposición de capitales mínimos. Esto significaba que los bancos deberían contar con un capital equivalente al 9,5% de los activos de riegos, porcentaje que debía aumentar un 0,5% cada seis meses hasta alcanzar el 11,5% para inicios de 1995. (Damill, Salvatore, Simpson, 2003:14). También se dispusieron altos encajes para resguardar la liquidez del sistema.

Estas medidas impactaron en la configuración del mercado financiero y más específicamente en el sistema bancario. Hasta el momento este se había caracterizado por una predominancia de las instituciones públicas que, con aciertos y errores, habían apuntalado el desarrollo productivo del país en distintos períodos de la historia. Estas nuevas regulaciones minaron por completo la actividad de estas entidades conduciendo incluso a algunas a la quiebra.

Los requerimientos de capitales mínimos dificultaron la actividad de los bancos públicos provinciales que no disponían de los recursos para cumplir con estas exigencias. Como resultado comenzó a darse un sostenido proceso de privatización de los bancos provinciales. Sólo entre 1991 y 1996 se privatizaron 14 instituciones, fenómeno que comenzó a acelerarse a partir de 1995 con la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial el cual procuraba no sólo facilitar estas privatizaciones sino de las empresas provinciales en general. (Burdisso, D’Amato y Molinari, 1998) En la Tabla N°2 puede verse una cronología de estas privatizaciones.

Los grandes bancos nacionales, por el contrario, se vieron más afectados por los altos encajes ya que entorpecía su operatoria pero no fueron privatizados ni cerrados, a excepción del Banco Nacional de Desarrollo que fue liquidado en 1993.

A pesar de que los problemas más severos aparecieron a partir de 1995 con la crisis conocida como “efecto Tequila”, estas primeras transformaciones comenzaron a mostrar una tendencia hacia la privatización y la concentración del sistema financiero con una creciente participación de los bancos extranjeros. La idea central de estas políticas era estabilizar y fortalecer el sistema, pero la crisis posterior demostró que no había sido un procedimiento muy exitoso.

La crisis de 1995 llegó a la Argentina inicialmente con la forma de una corrida bancaria no sistémica. Es decir, que la fuga de depósitos simplemente implicaba un re direccionamiento a los bancos que se consideraban más estables o sólidos. Tiempo después, la corrida se generalizó y todos los bancos perdieron sus depósitos generando una corrida “tradicional”. Esta corrida generó una caída de los depósitos en un 18%) y generó la desaparición de 51 entidades financieras (12 de ellas liquidadas y 39 desaparecieron a través de fusiones) (Damill, Salvatore, Simpson, 2003).

Todo este proceso demostró que las modificaciones realizadas en 1992 tenían problemas que contribuyeron a profundizar la crisis. Principalmente, la reforma de la carta orgánica del BCRA había introducido tantas limitaciones a la actividad (en su intención por establecer reglas y eliminar toda discrecionalidad), que imposibilitó la intervención de la entidad como prestamista de última instancia.

Habida cuenta de estos impedimentos, se realizaron una serie de modificaciones que flexibilizaron los mecanismos de la entidad. A la vez se acordó con el FMI, el Banco Mundial y el BID distintos planes de asistencia para intentar salir de la crisis. A su vez, se implementó un régimen de seguro de depósitos que robusteció el mercado financiero y permitió frenar la fuga. Si bien muchos de los efectos negativos de la crisis (como la caída del PBI, el nivel de crédito y el nivel de depósitos) fueron transitorios a nivel agregado, la crisis sí introdujo cambios estructurales que implicaron un cambio muy importante para la economía argentina, a saber: (i) sostenido fortalecimiento del marco regulatorio, (ii) privatización de los bancos provinciales y debilitamiento de la banca regional, (iii) creciente peso de la banca extranjera. Esto resulta de particular relevancia para el presente trabajo, dado que los resultados a nivel sectorial fueron muy fuertes y el impacto sobre el otorgamiento de créditos para el desarrollo productivo fue total.

La privatización de los bancos provinciales fue un cambio radical para la estructura del mercado financiero. Esta medida había sido fuertemente resistida por los gobiernos provinciales pero la crisis logró inclinar la balanza a favor de las autoridades del BCRA que con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial delinearon un esquema de traspaso al sector privado. Esta modificación implicó un cambio muy importante en el mercado de crédito ya que los bancos privatizados no operaron como factor de desarrollo e incentivo a sus respectivas provincias. Esto se debió probablemente a que estos bancos provinciales privatizados cambiaron el tipo de intermediación ofrecida. El crédito prestado era por lo general de corto plazo para empresas y para individuos eran hipotecas, prendas o tarjetas de créditos. Prácticamente desaparecieron los créditos a mediano plazo (Nava, 2003) Por otro lado, la extranjerización de la banca tampoco contribuyó al objetivo de desarrollo. Si bien efectivamente se logró reducir el costo medio del sistema bancario (Burdisso, D’Amato y Molinari, 1998) años más tarde el sistema demostró no contar con la solidez augurada.

Como resultado agregado del período podemos ver que el resultado final del período es una intensa concentración y extranjerización del mercado financiero con una notable reducción de la participación de la banca pública. El rasgo más sobresaliente de esta etapa es, sin embargo, el enorme incremento de la participación de la banca extranjera. Esta contaba en 1994 con menos del 17% de los depósitos y pasa a disponer del 45% de los mismos en 1999 frente a la banca privada nacional que tenía apenas el 23% de los depósitos. (Damill, Simpson, Salvatore, 2003) De modo que prácticamente toda la recomposición de los depósitos entre la crisis y 1998 se explica por el aumento de la participación de los bancos extranjeros y, en menor medida, los privatizados. El único factor que logró detener la caída de la participación de la banca pública (que había sufrido una reducción del 40% al 35% en el mismo período) fue el éxito que tuvieron el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad. Esto tuvo importantes consecuencias en la configuración del crédito para las actividades productivas. Ya se ha remarcado el problema de las privatizaciones en esta cuestión, principalmente por el tipo de crédito que estas entidades otorgaban por contar con plazos más cortos y tasas más altas. A esta problemática se le suma entonces la concentración regional de la banca pública, dado que las únicas entidades que contaban con fondos, estructura y programas para la inversión productiva se concentraban principalmente en la región metropolitana.

En la sección próxima se analizará el impacto de estas transformaciones en el financiamiento de las actividades agrícolas.

4. La banca pública y el crédito agrícola

Como se analizó en las secciones anteriores, durante la década del 90 se aplicaron políticas que impactaron notablemente sobre distintas esferas de la economía. El mercado financiero, si bien logró mejorar su eficiencia y hubo una re-monetización de la economía, fue severamente afectado por las nuevas regulaciones y cambió drásticamente su composición. El crecimiento de la participación tanto de los bancos privados tanto nacionales como extranjeros fue notable y ello condujo a un cambio también en el tipo de intermediación financiera ofrecida.

Esto evidentemente impactó sobre el financiamiento disponible para actividades productivas en tanto tradicionalmente la banca pública estaba a cargo de estas tareas a través de tasas subsidiadas y programas de asesoramiento productivo. Específicamente en el sector agrícola el rol de la banca pública había sido muy relevante ya que en conjunto con el INTA y en su momento la Junta Nacional de Granos, proveían a los productores de herramientas para desarrollar la actividad a la vez que ofrecían avales para la compra de insumos a crédito, créditos a tasa subsidiada y otras facilidades para los productores.

La desarticulación y posterior disolución de la Junta Nacional de Granos fue un primer freno a esta forma de financiamiento comercial asistida por el Estado, y la transformación del sistema financiero vino a culminar ese proceso. Sin embargo, el crédito agrícola no mostró una evolución uniforme, por lo que a continuación se propondrá un análisis más profundo del mismo.

Como primer elemento, se analizará la evolución de los créditos otorgados al sector durante toda la década. En la tabla a continuación se muestra la evolución del porcentaje de los créditos al sector primario en general y luego, específicamente, al sector agrícola.

Como se puede ver, la participación de estos sectores en los créditos otorgados no varió sustancialmente entre el comienzo y el final de la década. Sin embargo, sí se aprecia un incremento de estos porcentajes entre 1991 y 1995, el primer tramo de la Convertibilidad. Este fenómeno responde fundamentalmente a que, ante la acelerada expansión del crédito, se otorgaron créditos a sectores que tradicionalmente no accedían a ellos cuyo ejemplo más destacado es el sector agrícola. (Nava, 2003) Esto se revirtió tras la crisis del Tequila (1995), cuando cayó fuertemente el nivel de depósitos y se contrajo el crédito. Si bien en el tercer sub-período (1997-1998) hay un sostenimiento del nivel de crecimiento de los agregados monetarios, el sistema financiero ya mostraba la fragilidad que se desplegaría con claridad en el período 1998-2001 y culminaría con la crisis. (Damill, Simpson, Salvatore, 2004).

En términos absolutos, los créditos presentan una trayectoria similar pero sí se evidencia un incremento entre el inicio y el final de la década: mientras que a largo del primer año de Convertibilidad (1992) los créditos otorgados al sector agrícola ascendieron a 5.072.907 pesos, esta misma variable cerró en 1999 con un monto 6.921.759 pesos. (BCRA)

Por otro lado, al desagregar estos créditos entre cartera normal y cartera anormal se observa que la participación de la segunda aumentó sostenidamente entre 1992 y 1995 en el sector agrícola y se mantuvo muy por encima de la relación entre carteras del agregado de la economía durante toda la década.

Vale aclarar que el BCRA define la cartera entre normal y anormal teniendo en cuenta la categoría del deudor. Por lo tanto, se incluyen (i) saldos de deuda (vencida o no) correspondientes a deudores con atrasos, (ii) deudores con riesgo de insolvencia y (iii) deudores en gestión judicial.

De modo tal, que este aumento en la proporción de anormalidad permite vislumbrar en principio cierta fragilidad del mercado de crédito. Esto podría explicarse a través de algunos autores que sostienen que durante la primera mitad de la década hubo una reducción de los requerimientos para el otorgamiento de créditos, que se dio como resultado de la expansión de la monetización. Es por este motivo que productores pequeños y medianos de carácter atomizado y generalmente con una administración familiar, accedieron a créditos que no se adecuaban a sus necesidades por lo que el riesgo de incobrabilidad era muy alto. (Nava, 2003)

Esto, además de poder inferirse a través de la proporción de anormalidad de las carteras, se ve con claridad en el porcentaje de morosidad, el cual se muestra en el gráfico n°2.

Como se puede ver en el gráfico, pareciera que la evolución de la morosidad replica la trayectoria de la anormalidad de las carteras aunque algunos años más tarde. Esto responde principalmente a dos cuestiones. La primera es el modo de clasificación: mientras que la anormalidad no requiere necesariamente la existencia de una deuda morosa en el momento (sino simplemente el riesgo de ella) la morosidad requiere un atraso efectivo en los pagos, por lo que la primera sería una suerte de predicción de la segunda lo cual explicaría el desfasaje. La segunda es que en la fase expansiva explicada anteriormente se otorgaron créditos a mediano plazo que diluyeron la cartera morosa en términos relativos, dado que el otorgamiento crecía a un ritmo muy acelerado que superaba al crecimiento de la morosidad. Sin embargo, en términos absolutos, los créditos morosos aumentaron de $648 millones a $1249 millones (en pesos de junio de 1994) entre 1987 y 1994, llegando a representar en este último año el 9% del valor del producto agropecuario. (Reca, 1996) De cualquier modo, la morosidad relativa del sector primario en general también fue elevada (oscila entre el 20% y el 30% durante toda la década) y su tendencia creciente se mantiene hasta el año 2002.

Otro aspecto fundamental del crédito agrícola durante los años 90 fue el incremento de la participación privada y extranjera en los mismos. Esto responde a los procesos descriptos en la sección 2 y se ve claramente en los gráficos 3 y 4.

Como se puede ver, si bien es claro que la participación extranjera aumentó a lo largo del período (especialmente a partir de 1996) el rasgo más sobresaliente que surge del análisis de estos datos es el sostenido incremento de los Bancos Privados en el otorgamiento de créditos al sector agrícola fundamentalmente a partir de la crisis del Tequila.

Este dato resulta fundamental para el análisis de las condiciones de los créditos al sector y determina gran parte de las características del financiamiento agrícola en este período.

Vinculado con lo anterior resulta de particular interés además analizar las tasas de interés para el crédito agropecuario ya que estas determinan los costos de acceder al financiamiento. A pesar de lo que tiende a pensarse, la tendencia de las tasas de interés a lo largo de la década de los años 90 fue decreciente.

A pesar de la tendencia de las tasas es necesario considerar que las tasas iniciales para 1991 eran muy elevadas y se mantuvieron por encima del 20% (en pesos) durante la fase más expansiva del crédito. A su vez, la diferencia entre tasas en pesos y en dólares generó una tendencia a endeudarse en dólares, lo cual se convirtió en un problema de gran magnitud cuando se abandonó el régimen de Convertibilidad.

5. Conclusiones

El presente trabajo analiza de qué manera la política económica del menemismo afectó a la banca pública, específicamente en su participación en el financiamiento agropecuario.

El principal aspecto a destacar como conclusión de este trabajo es el desarrollo significativo que tuvo el mercado financiero a lo largo de esta década en franca contraposición con la década que le precedió. Si el financiamiento agrícola de los años 80 se había caracterizado por el crédito comercial con una fuerte presencia estatal, el aspecto distintivo del financiamiento en los años 90 fue el crédito bancario con una fuerte tendencia a favor de las instituciones financieras de origen privado.

Esto respondió principalmente a la política de desarrollo del mercado financiero de acuerdo a los parámetros mundiales, más específicamente, de los países centrales. Como consecuencia hubo un aumento en la rigidez de los requerimientos para las instituciones bancarias y, a la vez, una flexibilización en los procedimientos. El saldo de estos cambios fue una fuerte concentración de las instituciones bancarias (por la dificultad para hacer frente a las nuevas normas), que tuvieron vía libre para mover capitales internacionalmente y pudieron otorgar financiamiento con pocos requisitos. La consecuencia principal de esto fue la desaparición de, prácticamente, todos los bancos públicos provinciales en el financiamiento agrícola reemplazado por un incremento brutal de la participación de bancos privados. El resultado fue un sistema de créditos con el foco puesto en la rentabilidad de la institución otorgante, más que en el desarrollo productivo del sector agrícola. Y aun para el caso del Banco Nación y el Banco Provincia, la política de centralización desde el punto de vista regional también implicó un alejamiento de las necesidades de los productores, y dificultó el seguimiento de la utilización de esos créditos.

Por último, y aunque estrechamente relacionado con lo anterior, la política de integración al mercado mundial con una perspectiva clásica, de división internacional del trabajo y sumisión a los intereses de los países centrales también jugó un rol decisivo en el financiamiento en este período. Anteriormente, ya se mencionó la facilidad para mover capitales internacionalmente y, especialmente. este modo de inserción mundial tuvo un fuerte impacto sobre esto. El flujo de capitales extranjeros significó una enorme cantidad de liquidez disponible de la que los agentes pretendían obtener una renta. Es precisamente por ello que se asistió a un crecimiento desmedido del crédito en condiciones de alto riesgo que generaron deudas imposibles de afrontar para los productores. Tal es así que la morosidad fue un problema para el sector agrícola hasta el primer lustro de los años 2000.

A modo de conclusión general, podemos resolver que las políticas de los años noventa operaron a favor del incremento de la participación de la banca privada y extranjera, lo cual en alguna medida permitió un desarrollo fenomenal del crédito. Esto generó, entonces, que productores que tradicionalmente no tenían acceso al financiamiento bancario pudieran hacerlo. Sin embargo, las condiciones impuestas en esta nueva configuración del sistema bancario no se adecuaban a las necesidades de los productores, perjudicando finalmente a los productores y deteriorando la estabilidad del sector.

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