1. Introducción

El análisis de la crisis europea al calor de los acontecimientos más recientes, de carácter dramático para los sectores populares de los países más castigados, suele centrar el foco de atención sobre las personalidades que están al frente de los gobiernos e instituciones de la región. Se atribuye la responsabilidad de los acontecimientos en la zona euro y la Unión Europea a dirigentes políticos como Angela Merkel, Nicolás Sarkozy, Mariano Rajoy, Lucas Papademos, o Mario Monti. De forma complementaria a esa caracterización, se coloca a las políticas de ajuste fiscal promovidas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea en la raíz de la crisis que aqueja a la UE.

En efecto, los líderes regionales de las últimas dos décadas no están exentos de enormes responsabilidades, y estudiar el accionar de los organismos regionales e internacionales que reclaman drásticos ajustes protegiendo al sistema financiero internacional es indispensable para comprender la crisis. Sin embargo, la dirigencia y las instituciones son fruto de un recorrido histórico, que define un plano estructural necesario para desengranar la situación europea.

A través de la mirada histórica se percibe que la Unión Europea arrastra deficiencias como esquema de integración. El camino que desemboca en la unión monetaria se fue definiendo en función de distintos contextos históricos. Desde los primeros convenios de integración en la segunda posguerra apoyados por los Estados Unidos, necesitado de un mercado activo para colocar su producción y de una Europa fortalecida capaz de “contener” al comunismo, hasta la liberalización financiera en clave neoliberal que anticipó al euro y los posteriores desequilibrios que derivaron en la actual crisis.

En este trabajo se analizan las distintas etapas del proceso de integración abierto a fines de la Segunda Guerra Mundial, cuál fue la lógica que primó en cada una de las diferentes etapas, la negociación entre los países y discusiones en el seno del bloque a lo hora de diseñar la estrategia de unión monetaria y los parámetros finalmente utilizados. A la vez, se estudia qué sucedió en la economía de la eurozona en los años previos al estallido de la crisis de las hipotecas sub-prime en el sistema bancario estadounidense. Quién se benefició, quién salió perjudicado en esos años, y si las condiciones de extrema fragilidad financiera se generaron en esa instancia y a partir de qué motivos. El objetivo de la investigación es contribuir al estudio de la naturaleza de la integración en Europa, de modo de afinar el lápiz de la crítica y comprender en profundidad qué aspectos pueden ser útiles y cuáles no a la hora de pensar en una integración económica más intensa en América Latina.

2.1 Antecedentes de la integración europea

Los antecedentes del proceso de integración monetaria y financiera en Europa se pueden remontar al siglo XVIII, cuando Alemania todavía no existía como Estado unificado. Kindleburger (2011) identifica que las raíces de la creación de una moneda única en Europa se encuentran en la Unión Monetaria Latina. El acuerdo firmado en 1865, hacia fines del bimetalismo, entre Francia, Bélgica, Suiza e Italia –luego se sumarían los Estados Pontificios y Grecia– convirtió a las monedas de todos los miembros en monedas de curso legal en sus economíasⁱ. Asimismo, Wilson y van der Dussen (1995) señalan que la idea de cooperación y colaboración entre las naciones europeas estuvo presente en los círculos intelectuales, aunque sin mucho apoyo político, por varios siglos a través de autores como Immanuel Kant en 1795 o Víctor Hugo en 1876, quienes enfatizaron la necesidad de una Europa federal. A partir del siglo XX, las voces políticas que reclamaban y proponían mayor integración regional comenzaron a hacerse más visibles; sin embargo, el auge nacionalista desplazó del centro de la escena esos debates entre 1914 y 1945.

El proceso de integración europeo no es un fenómeno lineal de profundización y evolución en el sentido de la “escalerita” neoclásicaⁱⁱ, ni un proceso que pueda ser analizado en términos funcionalistas. En el paso de una etapa a otra, la integración juega distintos roles y, consecuentemente, adopta diversas formas, apoyada en diferentes tipos de consenso social y de grupos beneficiados y perjudicados, respondiendo a constelaciones de poder diferentes y utilizando diferentes instrumentos de actuación (Musacchio, 2011)ⁱⁱⁱ.

En este trabajo se sigue la periodización realizada por Musacchio (2011), que reconoce tres etapas: una primera abarca el proceso de génesis de la integración desde la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) hasta el estallido de la crisis internacional a principios de la década de 1970. La segunda etapa se extiende entre los inicios de la crisis y mediados de la década de 1980, tomando como punto de referencia de su conclusión la firma del Acta Única Europea en 1986. La última llega hasta la crisis actual.

2.2El fin de la guerra, primeros pasos del proceso de integración y el rol de Estados Unidos

Después de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los países de Europa quedaron devastados. Además de los millones de muertos, los niveles de desocupación y pobreza eran elevados y la infraestructura regional estaba profundamente dañada. En el contexto emergente de la posguerra varios factores influenciaron el proceso de integración europea. Musacchio (2011) identifica tres factores que se destacaban por sobre el resto: el quiebre de la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la consolidación de un escenario de confrontación entre ambas superpotencias; la importancia que fue ganando en Estados Unidos la idea de que la rápida expansión del comercio exterior, enmarcada en un nuevo sistema económico y normativo internacional, sería fundamental para abandonar las tendencias depresivas inauguradas con la crisis de 1930 que amenazaban con reaparecer; y la necesidad de resolver la llamada “cuestión alemana”: qué rol darle a la Alemania derrotada en la Segunda Guerra para que no volviera a provocar un conflicto internacional a raíz de su expansionismo.

La colaboración norteamericana en el proceso de integración y reconstrucción europea no fue altruista, sino que apuntaba a crear socios estables y confiables para sostener su propio desarrollo. La guerra había permitido a Estados Unidos reactivar su economía y aumentar su capacidad productiva; por eso el gobierno norteamericano pretendía evitar el recrudecimiento de la crisis económica. En un mundo devastado por la guerra y sin capacidad de demanda con una potencia mundial con excedentes de producción, Estados Unidos asumía ahora el liderazgo y la hegemonía en la reconstrucción económica e institucional (Rapoport y Medici, 2007).

En ese escenario, la principal iniciativa norteamericana fue el Plan Marshall, un programa de ayuda para Europa Occidental, que ofreció financiamiento condicionado a la cooperación entre los gobiernos europeos y la paulatina liberalización del comercio y el sistema de pagos interregional. El Plan Marshall aprobado en 1948 volcó 15 mil millones de dólares en las economías europeas. La iniciativa era tanto una estrategia de defensa como una decisión ofensiva, ya que la Unión Soviética y los países de Europa Oriental fueron formalmente invitados a participar. Crespo (2012) explica que si bien la propuesta era atractiva en términos de financiamiento, la aceptación de la URSS implicaba convertirse en una economía de mercado controlada por las autoridades norteamericanas, motivo por el cual se rechazó la propuesta. Para Europa Occidental el Plan Marshall fue un elemento central en su recuperación económica y estabilización política.

Después de la guerra, el territorio alemán se dividió en cuatro zonas controladas por Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la URSS. A pesar de las rispideces y diferencias entre los “aliados”, en poco tiempo se llevó a cabo la unificación de las zonas británica y norteamericana, a las que luego se incorporó la zona francesa. Ante la negativa de la URSS de convalidar una unificación total bajo los términos impuestos por Estados Unidos, la consolidación de una Alemania Occidental fuerte permitía a la potencia norteamericana contener tanto el avance soviético como las fuerzas de izquierda locales. Al mismo tiempo, una Alemania demasiado fortalecida podía adoptar una posición neutral y tratar de reconstituir sus antiguos vínculos económicos con los países del Este, fortaleciendo también a la URSS.

Asimismo, Musacchio (2011) destaca cómo Estados Unidos tuvo una influencia decisiva en la emergencia de un modo de desarrollo fordista en Europa que sentó las bases para su reconstrucción.^iv Un elemento central en la revitalización y fortalecimiento europeo durante la posguerra, vinculado a la gestación del fordismo europeo fue la creciente tendencia a la planificación económica que Crespo (2012) denomina “herencia organizativa de la Segunda Guerra Mundial”. El esquema organizativo basado en la planificación militar que permitió movilizar recursos nacionales a gran escala no fue totalmente desmantelado una vez terminado el conflicto. Así, a pesar de la destrucción, el endeudamiento y la desorganización, los Estados europeos contaban con instrumentos efectivos como las empresas públicas, la supervisión estatal de sectores estratégicos y una capacidad de intervención centralizada, que abarcaba desde el control al movimiento de capitales hasta el manejo estatal de determinados sectores. En ese sentido, Musacchio (2011) enfatiza el rol del Estado y: a) su centralidad en el sostenimiento de la demanda efectiva con políticas de corte keynesiano; b) su carácter regulador de los flujos externos especialmente en el mercado de capitales; c) la expansión de los servicios públicos, la construcción de infraestructura básica y estímulo a políticas públicas de investigación y desarrollo; y d) su papel en la contención del avance de la ideología y los grupos vinculados al comunismo o a la URSS.

2.3 El comienzo de la integración: la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA)

En abril de 1951^v sobre la base de un plan elaborado por Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, y con el visto bueno de Estados Unidos y Alemania, se creó la Comunidad Europea del Carbón y Acero (CECA). Se trató de un ejercicio limitado de integración económica que creaba un área de libre comercio en esos sectores con la participación de Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo.

En esa época, el carbón y el acero eran dos sectores centrales de las economías europeas. El carbón todavía era el insumo principal para la generación de energía, mientras que el acero representaba un insumo relevante de muchas ramas de la producción fundamentales para la reactivación y el desarrollo. El elevado nivel de concentración en la actividad volvía a los empresarios del sector jugadores de peso en la política regional. Asimismo, el control de ambos sectores era fundamental para el desarrollo de una industria militar. En ese escenario, la CECA era un intento de los gobiernos europeos para encontrar equilibrio entre garantizar un abastecimiento a precios razonables, y controlar una posible sobreproducción que desencadenara una crisis sectorial y una exacerbación de la competencia (Arestis et al., 1999 y Musacchio, 2011).

Las bases del Plan Marshall vinculaban directamente la revitalización europea con la reconstrucción de Alemania, pero el Plan de Modernización Francés encabezado por Jean Monnet^vi estaba basado en la continuidad de medidas punitivas para Alemania. Después de la guerra, Inglaterra y Estados Unidos comenzaron a reducir sus políticas represivas y sanciones económicas a Alemania, pero los franceses sostuvieron sus medidas para conservar una Alemania desmilitarizada, descentralizada y desindustrializada (por eso rechazaron en un principio fusionar la zona de ocupación francesa con la “Bizona” Anglo-Norteamericana). Desde la visión francesa, un relajamiento de las políticas aliadas hacia Alemania amenazaba su proyecto por dos razones: Francia pretendía ser la dueña de la región del Saar y controlar la región de Ruhr en Alemania, ambas ricas en carbón, para ahogar el plan de recuperación económica germano. Sin embargo, la estrategia francesa no prosperó, la región del Ruhr cayó bajo la jurisdicción de las autoridades británicas y estadounidenses y Francia perdió su influencia sobre la formulación de políticas. Por eso, en un intento de reclamar algún tipo de control, se fusionó la zona controlada por Francia con la zona anglo-americana para crear la República Federal de Alemania en setiembre de 1949, mientras que Francia obtuvo una concesión en la forma de la Autoridad Internacional del Ruhr, con el fin de ejercer cierto grado de control sobre la producción industrial. Pero esto resultó ser un intento inútil, ya que Estados Unidos y las potencias occidentales coincidían en la necesidad de una revitalización alemana para que pudiera funcionar como bastión contra el avance ruso.

En ese escenario, Schuman presentó el 9 de mayo de 1950 un programa de integración sectorial que pretendía dar cuenta –y solucionar– de manera conjunta todas las cuestiones. El Plan Schuman era una propuesta que se desplegaba exclusivamente sobre el campo económico, pero que tenía un trasfondo mucho más anclado en lo político^vii. Según Musacchio (2011), la integración sectorial establecía la posibilidad de regulaciones efectivas a dos sectores económica y políticamente críticos, en un espacio geográfico que se articulaba a través de ellos, pero también en un espacio económico en el que buena parte del resto de los circuitos productivos y de los procedimientos de regulación sociales tenían una independencia relativa importante.

La CECA avanzaba en una reducción de los aranceles en los sectores, así como los subsidios nacionales o las trabas y limitaciones cuantitativas/cuotas a esos productos. El carácter no obligatorio de las decisiones tomadas por las autoridades del CECA y la existencia de un Consejo de Ministros, que dejaba un espacio grande a la influencia de las políticas nacionales, le quitaba a la instancia supranacional buena parte de su poder de acción. Huffschmid (1994) apunta que la importancia de la CECA no residió en su sustancia económica, sino en su doble carácter político: como primera organización política europea, evidencia el éxito de los esfuerzos integradores en la región, mientras que reducido número de sus participantes y la limitación a cuestiones económicas reflejaban el fracaso de todas las ideas más abarcadoras de la integración europea.

En esta etapa, la integración monetaria europea todavía no figuraba en la agenda. En primer lugar, el sistema de tipos de cambio fijo establecido en Bretton Woods ofrecía estabilidad económica. En segundo lugar, la mayoría de las economías europeas que estaban en el dentro de la CECA exhibían buenos resultados macroeconómicos “por su cuenta”.

2. 4 Por el mismo camino: Comunidad Económica Europea

Los primeros años del proceso de integración estuvieron acompañados por una marcada prosperidad económica, disminución del desempleo, recuperación de las estructuras productivas en un escenario de estabilidad económica global. Sin embargo, las limitaciones de la CECA como proceso integrador comenzaron a hacerse evidentes a partir de las dificultades de las instituciones supranacionales para proponer e imponer políticas. A su vez, el carbón comenzó a perder peso frente al petróleo y la energía atómica como principal combustible, y la industria siderúrgica perdió su liderazgo frente a otros sectores como el químico, electrónico y metalmecánica.

A partir de 1957 empezaron a observarse cambios en la estrategia de integración con la firma del Tratado de Roma, que creó la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Euroatom. Mientras que la Euroatom suponía una continuidad con la CECA, ya que estaba destinada a promover el sector de energía atómica –estableciendo mecanismos de control para garantizar su utilización pacífica por parte de Alemania y también garantizar la autonomía francesa frente a los Estados Unidos–, la CEE implicaba una quiebre, ya que dejaba a un lado la integración a través de la creación de instituciones supranacionales, con el objetivo de dar lugar a una que estuviese centrada en las instancias nacionales, a partir del consenso interestatal y la coordinación de los procedimientos de decisión nacionales.

El Tratado de Roma estableció un camino que, en primera instancia, llevaba hacia una unión aduanera y luego apuntaba a crear un mercado común, con libre circulación de capitales y personas. A su vez, contemplaba la aplicación de políticas comerciales comunes hacia países extrazona, directrices compartidas en materia agrícola y transporte, la creación del Banco Europeo de Inversión, la introducción de mecanismos para la coordinación de políticas económicas y la “corrección” de los desequilibrios de balance de pagos, aunque para algunos de estos objetivos declarados no fueron creados los instrumentos necesarios.

La unión aduanera contemplaba el desmantelamiento de los aranceles entre los miembros y la construcción de un arancel externo común (AEC). El mecanismo elegido para el desarme arancelario daba margen a los gobiernos nacionales para amortiguar el impacto inmediato sobre los sectores menos competitivos. El proceso, iniciado en 1958, debía concluir a fines de 1969, pero los aranceles intrarregionales desaparecieron dieciocho meses antes. La liberalización del comercio de intrazona estuvo acompañada por la preservación de las barreras protección comercial frente al ingreso de productos de otros orígenes.

En julio de 1962 comenzó la Política Agrícola Común (PAC), una herramienta de carácter proteccionista que conjugaba la liberalización de la circulación de productos agropecuarios en el mercado interno con el establecimiento de barreras arancelarias y no arancelarias para los productos importados, así como la entrega de cuantiosos subsidios para promover la producción y las exportaciones. Junto con su alcance económico, la PAC buscaba cubrir necesidades sociales, políticas y demográficas. En Francia e Italia la población rural superaba el 25% del total y representaban bastiones electorales relevantes para los respectivos gobiernos, por lo que la liberalización de los mercados agropecuarios, con la consecuente disminución de la producción y concentración económica, resultaba políticamente inconveniente. El sector del transporte tampoco fue liberalizado.

Entre 1956 y 1969 el intercambio comercial de los miembros de la CEE con el resto del mundo mostró un fuerte incremento, pero mayor fue la profundización del comercio intrarregional, que al momento de comenzar la integración alcanzaba a un tercio del total, y trece años después había trepado a la mitad. A diferencia de los análisis convencionales de la literatura ortodoxa, la integración planteada por la CEE no buscó facilitar una inserción competitiva de la región a escala mundial, sino que permitía fortalecer y proteger las estructuras productivas y sostener a sus mercados internos, al equilibrar las diferentes “necesidades” políticas y económicas de sus miembros, ya sea la promoción de sus exportaciones en el caso de Alemania y Bélgica, o la protección de su extensa población rural en Francia e Italia (Musacchio, 2011).

El tratado de Roma permitía abordar dos necesidades en tensión. Si bien el crecimiento económico estaba basado en los mercados internos y la mejora en la distribución del ingreso, la expansión de las exportaciones era necesaria para potenciar las economías de escala, colocar excedentes y financiar las importaciones de materias primas e insumos intermedios. En algunos países como Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia, el acuerdo les facilitaba el abastecimiento de bienes industriales sin producción interna. Sin embargo, la apertura del mercado regional no implicaba la renuncia de la centralidad de los Estados nacionales en favor de instituciones supranacionales.

A diferencia del proceso de integración promovido por la teoría neoliberal, el sendero de integración adoptado por Europa tenía como eje el fortalecimiento y reconstitución de los estados, y no su reemplazo por instituciones supranacionales. Cada uno de los miembros de la CEE y sus sectores empresarios ingresaban al grupo con sus particularidades y exp­ectativas. Para Alemania la unión aduanera y el arancel externo común le permitían consolidar su camino hacia convertirse en una potencia exportadora con un fuerte mercado interno, mientras que para Francia el objetivo era preservar condiciones que permitieran el desarrollo de su industria, sin someterla a una competencia internacional extrema, y permitir la colocación de sus excedentes agropecuarios de baja competitividad internacional, mientras garantizaba su posición política en el sistema internacional.

2.5 Turbulencias en la integración y bifurcación neoliberal

A partir de 1959 se intensificaron las presiones para “profundizar” la integración. El proceso iniciado en 1958 fue complementado, desde el punto de vista geográfico, con la incorporación de tres nuevos socios Inglaterra, Irlanda y Dinamarca^viii. En tanto, aunque existían elaboradas y ambiciosas propuestas de integración monetaria en el seno de la CEE, la estabilidad cambiaria y los parámetros del acuerdo de Bretton Woods llevaban a desestimarlas. El escenario de creciente movilidad de capitales y un mercado de eurodólares en ascenso, junto con el estallido de la crisis del petróleo, hizo colapsar el sistema de tipos de cambios fijos (esquema que proveía una de las principales anclas de la economía) y puso a los países europeos en una situación de turbulencia. Entonces los miembros de la CEE comenzaron a diseñar estrategias de integración monetaria y creación de una moneda única.

La profundización del proceso de integración en medio de la crisis requería, según sostenían las instituciones europeas, un recorte parcial en las funciones de los Estados nacionales. En paralelo, la turbulencia internacional comenzó a erosionar los modelos de desarrollo que habían permitido a Europa recuperarse después de la guerra. El cambio de rumbo en la integración regional fue el resultado de la ruptura del proyecto de integración iniciado en los años 50, consecuencia de la crisis internacional que transformó radicalmente el escenario macroeconómico.

En el plano nacional, las políticas para responder a la crisis no apuntaron hacia la profundización de la integración. Por el contrario, buscaron incrementar las barreras proteccionistas y restricciones comerciales que erosionaban la principal característica de la CEE, y desplegar políticas expansivas para sostener los mercados internos:

Los gobiernos nacionales recurrieron de manera sistemática a la asistencia a las actividades industriales en peligro y paulatinamente trataron de impulsar la competitividad de los grandes grupos económicos internos en los mercados internacionales. Por lo tanto, Europa asistió a una guerra cruzada de subsidios, regímenes de promoción y reconversión e incentivos tributarios, que combinaban de distintas formas la defensa frente a la penetración y el fortalecimiento de la extraversión^ix.

En ese escenario comenzó a registrarse un creciente desempleo y el debilitamiento de los sindicatos, mientras que los sistemas de seguridad social actuaban como red de contención.

En el plano regional, la integración comenzó a cambiar de rumbo y asumió una matriz clásica tradicional al estilo escalera neoliberal, que estuvo acompañada a nivel nacional por un giro desde las políticas macroeconómicas de corte keynesiano, hacia políticas neoliberales que se hicieron cada vez más evidentes a partir de los años ochenta. Asimismo, los objetivos estratégicos y políticos que habían impulsado la integración en los 50 y 60, la Guerra Fría y la situación de Alemania, perdía fuerza.

2.5.1 Las serpientes: la integración monetaria y cambiaria

En 1969 las autoridades de la CEE elaboraron un plan, conocido como Informe Werner, que tenía como objetivo alcanzar la integración económica y monetaria en el plazo de una década. Tres fases serían necesarias para alcanzar dicha meta: la adecuación de las economías nacionales, instituciones monetarias comunes y, finalmente, la adopción de una moneda común. Sin embargo, el fin del esquema de tipos de cambios fijos en 1971 obligó a replantear los parámetros de la integración, de cara a un escenario de creciente movimientos de capitales especulativos que, sin las pautas del acuerdo de Bretton Woods, resultaron en una mayor inestabilidad y riesgo sistémico (Eatwell y Taylor, 2000).

En ese escenario turbulento y con la incorporación de los nuevos socios, la CEE buscó instalar un esquema coordinado de flotación conjunta frente al dólar y la reducción de los márgenes de variabilidad de los tipos de cambio, como recomendaba el Informe Werner. Entre 1972 y 1979, el proceso de coordinación cambiaria se centró en el sistema llamado “Serpiente Monetaria”. En ese esquema las monedas de los 9 miembros de la CEE no podían fluctuar entre sí más que un margen de 2,25%. Se trató de un intento por establecer intrazona una situación de tipos de cambio “casi” fijos.

En su primera versión la serpiente incluía también una banda de flotación de las monedas europeas en torno del dólar de 2.25%. Existía así un doble mecanismo de estabilización: uno con bandas de flotación de cualquier moneda europea en referencia al dólar; y otro, dentro de ese, que limitaba las fluctuaciones entre las monedas europeas.

Este esquema llamado “Serpiente dentro del Túnel” se hizo insostenible a poco de implementarse, producto de la inestabilidad del dólar. En ese contexto, la CEE mantuvo la Serpiente (el margen máximo de 2.25% entre sus monedas), pero abandonó el Túnel y dejó de atar el proceso de coordinación a una moneda de extrazona de referencia. La Serpiente era un mecanismo meramente indicativo y no existían sanciones para el incumplimiento de la regla, ni se habían acordado mecanismos comunes de intervención en caso de que alguna moneda se escapara del margen de flotación indicado.

En la práctica, la regla apuntaba a supeditar el resto de las monedas al marco alemán y a la política monetaria alemana. De hecho, la serpiente no contó en todo momento con la participación de los nueve miembros de la CEE ya que algunos, como Inglaterra e Irlanda, la abandonaron al cabo de un mes de su inicio, mientras que otros, como Francia y Dinamarca, entraron y salieron del sistema; incluso, se asociaron países extra comunitarios como Noruega y Suecia, que en poco tiempo también saldrían del sistema.

Musacchio (2011) explica que el acuerdo debía basarse en una política monetaria disciplinada que evitara deslices inflacionarios e indirectamente obligara al control del presupuesto estatal. Sin embargo, algunos países todavía estaban afirmados sobre las políticas de raíz keynesiana y se negaban a poner en práctica una política antiinflacionaria similar a la alemana que, según creían, implicaba desocupación y estancamiento. Y como se señaló antes, las respuestas de política local eran distintas. Ambos elementos limitaban la capacidad de lograr un consenso de estabilidad cambiaria, renunciando a la posibilidad de devaluar y llevar adelante una política de administración del tipo de cambio.

Los acuerdos monetarios en esta etapa ofrecían más bien una estrategia defensiva y no buscaban profundizar el proceso de integración iniciado en la década de 1950. La idea de una unión económica y monetaria fue desapareciendo también de los documentos de la CEE para ser desplazada por la de una coordinación, especialmente en el terreno monetario.

2.5.2 Sistema Monetario Europeo

En 1979 comenzó a instrumentarse el Sistema Monetario Europeo (SME), que consistió en un esquema de coordinación de los tipos de cambio entre los países, junto a una distensión de los controles en los movimientos de capital. Era un mecanismo más sofisticado que la Serpiente Monetaria e introdujo un conjunto de reglas tendientes a prever, evitar o sancionar los incumplimientos. Porta (2005) detalla que los componentes principales del SME eran tres: 1) una grilla (o “parrilla”) de paridades móviles dentro de una banda de flotación máxima; 2) una moneda de referencia para la flotación autorizada; y 3) un conjunto de mecanismos de intervención para los casos de desborde de las bandas.

El SME no fue fruto de la generación espontánea, sino que existió un conjunto de factores políticos y económicos que aceitaron su surgimiento: la escalada de confrontación entre los Estados Unidos y la URSS, la invasión a Afganistán, el derrocamiento del Sha de Irán y la Guerra entre Irán e Irak. Además, en ese contexto se observó un fuerte aumento en los precios del petróleo, y el dólar comenzó nuevamente a depreciarse.

Un elemento central en el SME fue la creación de la European Currency Unit (ECU), una canasta ponderada de todas las monedas comunitarias alrededor de la cual podían flotar los distintos tipos de cambio. La participación de cada moneda europea en el ECU estaba definida sobre la base de un conjunto de estándares económicos relativos, donde las monedas de Francia y Alemania tenían mayor peso para la determinación de su nivel. El ECU tenía una cotización que promediaba –en términos ponderados– los respectivos tipos de cambio y, a su vez, cada una de las monedas de los países comunitarios tenía un tipo de cambio en relación al ECU. Nuevamente se seleccionó como mecanismo de estabilización una banda de flotación estrecha (+/- 2.25% como máximo) alrededor del ECU. A su vez, además del entorno de flotación del tipo de cambio de cada moneda respecto del ECU, se definieron también automáticamente los límites de flotación de esas monedas entre sí: se establecía una “parrilla” de paridades bilaterales con valores máximos y mínimos de variación autorizada. A diferencia de la experiencia de las “serpientes”, se previeron excepciones a los límites de las bandas de flotación (podían llegar a ampliarse hasta +/- 6%) para contener dentro del SME a las monedas que atravesaran coyunturas de mucha inestabilidad (Porta, 2005). El ECU denominó activos y fue utilizada como medio de pago a los bancos centrales. Fue importante la expansión de la actividad financiera en la nueva moneda, con títulos emitidos por instituciones comunitarias y algunos Estados nacionales. Sin embargo, tuvo escasa utilización en el sector no financiero.

En segundo lugar, se creó el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria (FECOM). Su finalidad era asistir financieramente a los países con problemas de balanza de pagos o de inestabilidad cambiaria, e intervenir en el mercado en apoyo de sus monedas. Sin embargo Kindleburger (2011) advierte que FECOM nunca tuvo “mucho contenido real” y que existió primariamente como un mecanismo contable gestionado mensualmente por el staff del Banco Internacional de Pagos.

Porta (2005) considera que durante sus veinte años de vigencia, el SME atravesó cuatro fases diferentes. En la primera (1979-1987), se caracterizó por la elevada cantidad y frecuencia de los realineamientos. La segunda (1987-1992), fue un período de estabilidad casi sin situaciones de realineamiento. En la tercera (1992-1994) se produjo la crisis del SME, las bandas no pudieron ser sostenidas y se las amplió a un rango de +/- 15%, lo que implicaba, en la práctica, abandonar la pretensión de administrar las fluctuaciones. La cuarta y última (1994-1999) representa la transición hacia la UM, en la que el SME convivió formalmente con otros criterios de armonización macroeconómica que orientaron el proceso de unificación monetaria.

2.6 El camino hacia la unión monetaria

2.6.1 Delors Report

En los 80, un factor determinante para que la idea de la unión monetaria volviera a estar en la agenda regional fue el fuerte apoyo de una Alemania a punto de reunificarse, interesada en unir y, sobre todo, en unirse a Europa. La bandera germánica de la integración fue levantada por su Canciller, Helmut Kohl, quien en junio de 1988 en la cumbre de Hannover, impulsó el relanzamiento del debate sobre la Unión Monetaria Europea (Bimi Smaghi, 1994). Los resultados de ese encuentro quedaron plasmados en el Delors Report, informe preparado por una comisión ad-hoc integrada por las autoridades en materia económica de los 12 países miembro. El jefe de la comisión fue el francés Jacques Delors^x cuyos trabajos constituyeron la antesala del acuerdo de Maastricht, donde se sentaron las bases de la Unión Europea. Resulta relevante analizar las posturas adoptadas por los distintos países en ese momento, los debates que allí tuvieron lugar y cómo se resolvieron.

En Delors Report las autoridades europeas sostenían que era necesaria una mayor convergencia del desempeño económico ya que, a pesar de una tendencia a la baja de la tasa promedio de inflación, subsistían considerables diferencias entre los países. Un análisis similar se replicaba en la cuestión fiscal y los desbalances externos. Advertían, de todos modos, que la liberalización total y repentina de los flujos de capital podía crear fuertes tensiones cambiarias. Por eso la conclusión era que el proceso de integración requería de una mayor intensidad de coordinación entre las políticas públicas; por ejemplo, en torno al impulso a la demanda agregada. Admitían que el presupuesto comunitario era restringido en relación a las erogaciones totales de los Estados, y que esa reducida porción no estaría disponible para la política contracíclica, lo que obligaría a los gobiernos de la comunidad a coordinar la política fiscal. Sin esa coordinación, la región podría no alcanzar el equilibrio.

El informe marca que en el camino a la unión monetaria deberían tener un rol particular las políticas comunes destinadas a desarrollar una estructura económica más equilibrada en el bloque regional. Subraya que una potencial eliminación del tipo de cambio como herramienta de política económica requeriría que los desbalances económicos sean corregidos a partir de políticas que modifiquen las estructuras económicas y los costos de producción. Plantea incluso que, frente a potenciales situaciones de desequilibrio externo, con la imposibilidad de modificar los tipos de cambio, sería necesario reforzar, utilizando una lógica deflacionista, la libre movilidad de capital y la flexibilidad de precios.

El reporte rechaza la posibilidad de que el banco central regional preste directamente a los Estados, aunque permite la compra y venta de instrumentos financieros en el mercado. La unión monetaria, calcula el informe, le permitirá al bloque europeo tener mayor peso en las negociaciones internacionales, y reforzará su capacidad para influir en las relaciones económicas entre países industriales y en desarrollo.

El Delors Report concluye que tres etapas son necesarias para alcanzar la unión monetaria: 1) remover restricciones a los movimientos de capital en la región; 2) preparar el Sistema Europeo de Bancos Centrales como institución independiente comunitaria y establecer las condiciones de estabilidad, fundamentalmente fiscal, que los países deben cumplir; y 3) definir los pasos para la transición hacia la moneda única, con la irrevocabilidad de los tipos de cambio de cada país.

2.6.2 Maastricht

El Tratado de Maastricht creó oficialmente la Unión Europea. Previo a la redacción de ese documento, se desplegaron varios debates sobre la forma de alcanzar la Unión Monetaria. Francia e Italia pretendían modificar dos puntos que Alemania no estaba dispuesto a negociar y que logró conservar: la independencia del Banco Central Europeo y las restricciones a la política fiscal expansiva a raíz de las estrictas reglas de déficit máximo (Bimi Smaghi, 1994).

Maastricht implicó una fuerte liberalización de la cuenta capital ya que prohibió los controles a los movimientos de esos flujos financieros entre los Estados miembros, y entre éstos y terceros países. Así limitó seriamente la capacidad para establecer controles de capitales en la región. El tratado también prohibió, según lo recomendado por Delors Report y en línea con el interés alemán, que las facilidades crediticias del BCE o los bancos centrales nacionales a los Estados miembros, así como también la compra directa de bonos soberanos por parte del BCE. En línea con la configuración ortodoxa de los bancos centrales, el objetivo de la autoridad monetaria regional sería mantener la estabilidad de precios.

Uno de los principales avances de Maastricht fue determinar los requisitos para la unión monetaria. Estableció que para unirse al euro, un país no podía tener una tasa de inflación anual superior a 1,5 puntos porcentuales por encima del promedio de los tres estados con menos inflación, y prohibió que el déficit presupuestario supere el 3% del PIB. Además, la deuda pública no debería superar el 60% del PIB, la tasa de interés medio a largo plazo, durante al menos un año, tendría que ser igual o menor a un 2%, por encima del tipo de interés medio de los tres países con una tasa de interés más baja.

La idea de la convergencia en términos cuantitativos estaba inspirada en el Bundesbank. Italia, Bélgica, Grecia y Portugal pretendían incluir los criterios de convergencia en una legislación comunitaria por fuera del tratado, de modo que fuera posible de ser modificada con voto mayoritario y no a través del sistema de unanimidad que requiere un cambio en el Maastricht. La inclusión de dichas pautas en el tratado, como finalmente se hizo, era lo pretendido por Alemania y Holanda, apoyados por Francia. En relación al límite en el déficit presupuestario, italianos y franceses, apoyados por los ingleses, pretendían introducir la posibilidad de registrar “desviaciones temporarias” al máximo del 3 por ciento de déficit, en orden de mantener mayor margen de maniobra contracíclica. La propuesta no fue aceptada.

Las negociaciones de Maastricht encontraron una Alemania sumamente activa, en reflejo de su “compromiso” para mantener la estabilidad en Europa. Es en este sentido cómo el país germánico lideró, entre otras cosas, las discusiones alrededor de la política regional de seguridad y defensa (Frankel, 1993). A comienzos de la década de 1990, la República Federal de Alemania estaba incluso en condiciones de aceptar una UME inmediata. En el otro extremo se encontraba Inglaterra, no dispuesta a perder la soberanía monetaria.

2.6.3 La crisis de 1992-1993

La crisis financiera que tuvo lugar en la segunda mitad de 1992 y comienzos de 1993 puso en jaque al proceso de integración monetaria y al sistema de flotación multilateral de los tipos de cambio. Mostró, en forma temprana, la capacidad de daño del capital financiero en un armado institucional que, en pleno tránsito para avanzar en la puesta en marcha de lo acordado en Maastricht, resultó débil.

El proceso de reunificación luego de la caída del Muro de Berlín llevó a Alemania a tener fuertes presiones inflacionarias. Dada la tradición de la contención de precios y salarios por parte de las autoridades del gobierno alemán, esta situación derivó en un alza de la tasa de interés del Bundesbank. Por otro lado, entre 1986 y 1991 los flujos de capital que ingresaron en muchos países europeos se triplicaron, a raíz de las nuevas facilidades otorgadas por los gobiernos. La apreciación de las monedas de Inglaterra, Italia, Suecia y España, con impacto negativo en la tasa de actividad y empleo, la mayor fragilidad de los sistemas bancarios, con un nivel de deuda pública más elevada y déficit fiscal creciente, explican por qué, frente a un alza de la rentabilidad de los títulos alemanes, se inició un fuerte ataque especulativo contra las otras monedas, a la espera de una devaluación. Por último, la incertidumbre generada por el referéndum de Dinamarca en relación al tratado de Maastricht, que finalmente rechazó, marcó el inicio del ataque y minó la credibilidad del sistema de bandas de flotación cambiaria. Contribuyó también a generar la crisis la depreciación del dólar a nivel mundial, que afectó la competitividad europea en general (Vázquez Vicente, 2007).

Al calor de la crisis, el mecanismo de coordinación de los tipos de cambio del bloque fue abandonado por la libra esterlina y la lira italiana, mientras que la peseta española se devaluó un 5%, aunque manteniéndose en su banda de fluctuación, al tiempo que también se depreció el escudo portugués y la libra irlandesa. También el franco francés sufrió ataques especulativos, y las tres monedas escandinavas abandonaron su paridad fija respecto a la moneda de cuenta comunitaria. Inglaterra perdió, en el trance, más de la mitad de sus reservas para sostener el valor de su moneda.

Este episodio de fuerte stress financiero se verificó sólo poco tiempo después de la apertura de la cuenta de capital de los países, luego de los primeros pasos para alcanzar la unión monetaria. Muchos de los Estados de la región, como Irlanda, España y Portugal, utilizaban como ancla nominal el tipo de cambio, atado a su vez a la paridad europea, por lo que eran fuertemente reacios a la devaluación (Buiter, Corsetti y Pesenti; 1998).

2.6.4 Liberalización financiera

La moneda única fue planteada como el objetivo final de una integración financiera ideal, ya que eliminaría el riesgo de la crisis cambiaria. La integración en los mercados de capitales, resaltaban las autoridades europeas, sólo podría generar beneficios en un esquema de moneda comunitaria. Los flujos financieros, de esa forma, podrían ayudar a relajar cuellos de botella en la cuenta corriente y financiar la inversión privada. El acceso a los mercados internacionales, sin el riesgo cambiario, se incrementaría notablemente para los países periféricos (Jones, 2003). Ese análisis no contemplaba la persistencia del riesgo de default, que hizo palpable desde el estallido de la crisis internacional en 2008, derivado de la falta de un prestamista de última instancia, rol que no tomó el BCE, ni una autoridad fiscal de alcance regional. El euro resultó, a contramano del análisis citado, una fuente de enorme fragilidad financiera (Frenkel, 2010).

La liberalización financiera generó lógicas de crecimiento económico que, como sucedió en muchas economías latinoamericanas entre los años 80 y 90, luego se volverían insostenibles. Así, durante la década del 90, el déficit en cuenta corriente en Grecia y Portugal creció equilibrado con crecientes flujos de capital atraídos por una alta tasa de interés, a diferencia de lo acontecido en Bélgica y Holanda, en función de sus políticas de control sobre los salarios, que datan de la década de los 80. Alemania, por su parte, mantuvo un moderado déficit.

Siguiendo a Mügge (2008), dentro del grupo de medidas de flexibilización financiera puede destacarse el acuerdo de junio de 1988 para eliminar límites en la cuenta capital. Se otorgó un plazo de dos años, con la posibilidad de extender ese período para que las economías del sur y Francia completen la liberalización. En 1989 concluyó, además, la “Segunda Directiva de Coordinación Bancaria”, luego de dos años de negociaciones, que abrió el juego para que los bancos pudieran actuar en toda Europa a través de una suerte de pasaporte emitido por los países miembro. La directiva permitió, principalmente a los bancos alemanes y franceses, desplegar su actividad a una escala europea en todos los segmentos del negocio financiero salvo los seguros.

Estas medidas impulsaron la regionalización del mercado bancario, para lo cual también fue relevante el crecimiento de la competencia de las entidades estadounidenses. Otra de las principales medidas fue permitir a las firmas que presten servicios financieros a la distancia, lo que las habilitaba para operar sin una representación local. Ello derivó en un fuerte aumento de la operatoria desde la City londinense.

Un factor importante que resalta Mügge (2008), para explicar el desempeño de las entidades durante esa etapa, fue la caída de los márgenes de ganancia de los bancos europeos derivada de la relación entre tasa de interés activa y la pasiva. De ello resultó un impulso a enfocarse en actividades más lucrativas, como los bancos de inversión.

 De esta forma, se incrementó el peso de las ganancias derivadas de la inversión en activos financieros por sobre los ingresos generados en la actividad crediticia clásica.

Según datos de Pérez-Caldentey y Vernengo (2012), el grado de apertura de la cuenta capital pasó en el caso de los países del centro de Europa de un 83,2% en el período 1990/94, al 100% en 2005/09. Los países periféricos también llegaron a una desregulación total, aunque partieron de un valor menor al 20 por ciento de apertura, lo que muestra la magnitud del cambio en este segundo grupo.

2.7 El Euro

El 1º de enero de 1999 los tipos de cambio de Bélgica, Alemania, Irlanda, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal y Finlandia se fijaron a la nueva moneda, cuya emisión quedó en manos del Banco Central Europeo. Grecia y Eslovenia se incorporaron luego (2001), mientras que Malta y Chipre (2008), Eslovaquia (2009) y Estonia (2011) adoptaron el euro durante la crisis financiera internacional. En un primer momento la moneda comunitaria se utilizó en forma virtual, hasta que el 1º de enero de 2002 reemplazó en forma física a las monedas nacionales. Alrededor de 144 mil millones de euros en efectivo fueron provistos a los bancos centrales nacionales, que a su vez inyectaron liquidez a los bancos comerciales y luego a los trabajadores y las empresas.

La política monetaria de la eurozona quedó en manos del Banco Central Europeo (BCE), creado el 1 de junio de 1998 a través del Tratado de Ámsterdam. El órgano decisorio del BCE es el Consejo de Gobierno, formado por los presidentes de las autoridades monetarias de los países miembro y seis funcionarios del Comité Ejecutivo del banco, designados por la Comunidad Europea, de los cuales sólo dos tienen derecho a voto (el presidente y el vicepresidente del BCE). El BCE es la institución que determina la franja de tasas de interés en la eurozona y provee de liquidez a los bancos, al manejar el Sistema Europeo de Bancos Centrales. A través de ese esquema, las autoridades monetarias de cada país implementan la política monetaria decidida por la institución monetaria regional.

La herramienta usual de financiamiento por parte del BCE es la provisión de crédito a largo plazo, a cambio de títulos ilíquidos y bonos soberanos como colateral. En Maastricht quedó establecido que las facilidades crediticias del BCE o los bancos centrales nacionales a los Estados miembros están prohibidas, así como también la compra directa de bonos soberanos por parte del BCE. El primer objetivo de la institución bancaria regional es mantener la estabilidad de precios.

El período que va desde la constitución del euro hasta el estallido de la crisis se caracteriza por registrar un ritmo en el crecimiento económico que es más veloz en los países de la periferia, en particular de España y Grecia en relación a los del centro del bloque^xi (ver Gráfico 1). La buena performance en términos de actividad económica en los países con estructura productiva menos compleja tuvo lugar a partir de un fuerte ingreso de capital extranjero, gracias a la creciente masa de crédito barato disponible en el mercado financiero europeo por la política monetaria expansiva del BCE, lo que impulsó la demanda interna.

En ese sentido, jugó un papel fundamental la eliminación del riesgo cambiario a partir del esquema de moneda única. De hecho, el diferencial de tasas de interés entre estos países pasó de 500 a menos de 100 puntos básicos entre 2000 y 2009. Según Kalemli-Ozcan et al. (2010), después de la adopción del euro las tenencias de activos financieros emitidos por los países del bloque en manos de los bancos de la eurozona aumentó un 40%. Fue en los países que adoptaron el euro, por eliminación del riesgo cambiario, los que mostraron un sensible incremento de los flujos financieros. No fue así en los Estados que forman parte de la UE pero no de la unión monetaria.

En los países del centro, en cambio, el crecimiento económico fue más moderado, y estuvo traccionado por las exportaciones, que les permitieron tener superávit en cuenta corriente. Esas ventas se dirigieron mayormente a los países periféricos. El desempeño macroeconómico desigual entre centro y periferia determinó en este segundo grupo de países el aumento de la demanda, los salarios y los precios fuera más pronunciado (ver Gráfico 2).

La mayor presión de demanda impulsó las importaciones en los países periféricos y fue acompañada por un aumento de los costos laborales que redujo en esos países la competitividad. Pérez-Caldentey y Vernengo (2012) calcularon que desde la conformación del euro los costos laborales crecieron un 7% en los países del centro y el 24% en los periféricos. En un contexto de tipo de cambio fijo y con la mayor parte del comercio realizado de forma intrarregional, eso equivale a una devaluación real.

Se produjo, de ese modo, una fuerte ganancia de competitividad en Alemania, Francia y Finlandia, una importante pérdida en España e Italia, por ejemplo. Advierten Cesaratto y Stirati (2011), se produjo hasta 2009 una depreciación de entre el 10 y el 15 por ciento en Alemania, y una apreciación del mismo monto en los países deficitarios. En el escenario de una moneda única, las subas salariales y el consiguiente impacto en los precios fueron las que redujeron la competitividad de los países de la periferia, y no en cambio una baja en la productividad relativa. En el mismo sentido, Lapavitsas et al (2011) indican que la ganancia de competitividad para Alemania se logró a partir de la contención salarial y no por medio de la productividad, que en realidad creció más en Irlanda, Grecia y Portugal (ver Tabla 1).

Estos factores determinaron que bajo el esquema de moneda única y liberalización financiera en los casi diez años que van desde la constitución del euro hasta la crisis, Alemania en mayor medida, junto a los Países Bajos acumularan un importante superávit en cuenta corriente cuya contracara fue el déficit de España, Portugal e Italia, entre otros. Antes del euro, las posiciones se mantenían mucho más cercanas, con ausencia de grandes desbalances al interior del bloque. En 2001 el superávit de cuenta corriente de los países del centro representaba el 0,9% del PIB, mientras que en los periféricos el déficit era de 4,4%. Con los mismos signos, esos valores pasaron en 2007 a 3,6 y 8,5%, respectivamente. Los países más deficitarios fueron Grecia y Portugal (ver Gráfico 3).

El deterioro de la cuenta corriente de los países periféricos se financió con deuda, que los colocó en una situación de extrema vulnerabilidad con el estallido de la crisis de las hipotecas subprime. El problema fue que la deuda evidenció ser externa, luego de la negativa del BCE a rescatar a esos países, lógica que estaba inscripta desde Maastricht, según se analizó anteriormente. El deterioro en cuenta corriente de los países periféricos responde tanto a un crecimiento relativamente mayor de su demanda interna, que reduce las exportaciones netas, como a una pérdida de competitividad. Además, el capital ingresado a los países de la periferia fluyeron hacia sectores no exportadores a través de burbujas, como es el caso del sector inmobiliario en España. Eso hizo que los bancos del centro estén fuertemente expuestos en los países de la periferia, especialmente en Italia, España, Irlanda, Grecia y Portugal.

Pérez-Caldentey y Vernengo (2012) adscriben a la interpretación de los desbalances que derivaron en la crisis europea a partir del efecto que sobre la competititividad junto a la desregulación financiera tuvo el euro, y no a un exceso de gasto público que motivó un comportamiento poco adverso al riesgo de parte del sector privado, como dicen los trabajos de corte más ortodoxo. En cambio, para estos autores, luego de que durante años el modelo de export-led seguido por los países del centro de Europa fuera posible gracias a la dinámica de la demanda de los países periféricos, crecientemente endeudados en moneda dura, ya que no pueden emitir euros, el estallido de la crisis sí motivo un incremento del gasto público y la caída de la recaudación, que deterioró fuertemente las cuentas fiscales, junto a los gigantescos rescates a los bancos de parte de los gobiernos. Sin embargo, el fenómeno fiscal no está en el corazón de la crisis, advierten.

Estados fuertemente endeudados, bancos con graves problemas de solvencia, al poseer enorme cantidad de activos de baja calidad, y economías bajo el corsé de la moneda única, es el panorama de la crisis europea. En este contexto, la presión se incrementó para que el BCE adquiera acciones de los bancos en los mercados secundarios y que compre directamente deuda de los países soberanos, operación prohibida en el estatuto de la institución, pero que igual, a cuenta gotas, aplicó. En cuanto a los bancos, el esquema utilizado es la provisión de liquidez del BCE a los Estados, para luego éstos realicen los salvatajes a las entidades.

La ayuda a los países, sin embargo, está condicionada a la aplicación de medidas de austeridad supervisadas por el FMI, que empeoran la crisis porque el problema no es fiscal, sino de una fuerte pérdida de competitividad y de desbalance estructural en los regímenes macroeconómicos tirados por la demanda interna y aquellos impulsados por las exportaciones, en el marco de una intensa desregulación financiera.

También las autoridades europeas utilizaron para rescatar a los bancos el European Financial Stability Facility (EFSF), que es una compañía independiente con sede en Luxemburgo que emite bonos para obtener fondos para asistir a los países en dificultades fiscales, que luego giran a los bancos. Esos títulos están garantizados por los países miembro de le eurozona. El EFSF tiene condicionalidades similares al FMI.

Lapavitsas et al. (2011) advierten que el euro funciona como una reserva internacional de valor, como dinero mundial. Como tal, se espera que actúe como una reserva de valor confiable, lo que ha dado a Alemania, país hegemónico en el bloque, un profundo acceso a los mercados financieros. Su principal competidor es el dólar. Sin embargo, guarda importantes diferencias en relación a la moneda norteamericana, que fue elevada a dinero mundial a partir del poderío de la economía de ese país. El euro, en cambio, fue creado a partir de una alianza de Estados.

El euro otorgó ventajas competitivas para el capital industrial y financiero en Europa y en el mercado mundial. Le permitió eliminar la principal herramienta utilizada por sus competidores para disputarles mercados: la devaluación competitiva.

Cesaratto y Stirati (2011) resaltan que en Alemania desde mediados de los 90 se practicó una política de moderación salarial, reformas liberales en el mercado de trabajo y ajuste fiscal, junto a una política monetaria restrictiva. Eso conformó una debilidad estructural de demanda interna y mayor competitividad, que junto a la fuerte demanda de la periferia, le permitió crecer en base a sus exportaciones y no caer en un estancamiento. De hecho, el autor otorga gran importancia a la política salarial “ultra moderada” practicada por Alemania para explicar las diferencias de competitividad con los países de la periferia europea. De no haber existido una política de represión de demanda en los países del centro, los desbalances habrían sido, como mínimo, mucho menores. Esas diferencias se expresaron en la inflación en cada país, definitoria en la pérdida de la competitividad bajo el esquema de moneda única.

Según Cesaratto y Stirati, la conducta alemana de “mercantilismo monetario” puede sintetizarse en cuatro puntos: a) aprovechamiento de los tipos de cambio fijos al sostener una inflación inferior a la de sus socios comerciales; b) beneficiarse de los estímulos de demanda de sus competidores; c) compensar el impulso de las exportaciones con política fiscal y monetaria restrictiva para mantener la competitividad externa; y d) atribuir los problemas a la falta de disciplina de los demás. Alemania reeditó con el euro el esquema de tipos de cambio fijos de Bretton Woods, que le permitía sostener el superávit comercial. Ahora, además, la apertura financiera le permitió a este país financiar a sus socios para que le compren.

3. Comentarios finales

La crisis económica, política y social en Europa se profundiza con las políticas de ajuste fiscal desplegadas por los distintos países. El restringido mandato del BCE para mantener a raya la inflación se transformó en el chivo expiatorio para el despliegue de mayores políticas neoliberales. Aunque la región permitió iniciativas que evitan el desenlace de una crisis terminal sobre la moneda común, los elevados índices de desempleo en los países periféricos como España, Grecia, Portugal o Italia evidencian el fracaso de la última etapa del modelo de integración regional.

Musachio (2011) explica que en la primera mitad de los 80 se articuló un nuevo modelo de desarrollo que remodeló la matriz social desde una perspectiva diferente a la de los modelos keynesianos previos. La integración configurada entre la firma del Acta Única Europea en 1986 y el Tratado de Maastricht en 1992 es un proceso totalmente diferente al iniciado en la posguerra. Mientras que la integración de los 50-60, estimulada por el sostenimiento de los modelos fordistas nacionales, pretendía mantener cierto equilibrio entre los participantes...

...la integración que se gesta en los 80 tiende a consolidar un espacio de acumulación en el que las transferencias de recursos forman parte de la dinámica general y admite –e incluso necesita– de una región subdesarrollada en la que pueda desplegarse un vínculo que sostiene la acumulación de la región central, con un control institucional “neutral” que garantice las condiciones de ordenamiento necesarias.^xii

La actual etapa de integración europea, que desmantela los cimientos fondistas del proceso, es exitosa en el marco de la lógica de integración promovido por la teoría neoliberal pero un rotundo fracaso en términos sociales, políticos y económicos para los sectores populares europeos. El proceso de integración europeo no está cerrado.

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Notas