Es constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual | Centro Cultural de la Cooperación

Es constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Autor/es: César Zubelet

Sección: Comentarios

Edición: 20


Nos sentimos reconfortados, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de cuatro años de controversias judiciales sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, finalmente la declaró constitucional.

De esta forma, las medidas cautelares impulsadas por el grupo Clarín, que han tenido un asidero dentro de los sectores más conservadores y reaccionarios del Poder Judicial, encontraron su límite cuando los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco y Enrique Petracchi, y con disidencia parcial de Carmen Argibay y Carlos Maqueda, firmaron el fallo que declara constitucionales los artículos 41, 45, 48 y 161 de la Ley Nº 26.522, cuestionados por el multimedios.

En este fallo, el máximo tribunal considera que “...no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín”, tras lo que afirma que “...los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público”.

Además hay que valorar que en el texto de la resolución, ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni; señala que “...ningún estado responsable puede permitir que la configuración cultural de su pueblo quede en manos de monopolios u oligopolios”.

Vale recordar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, además de ser fruto de un amplio debate que atravesó todo el país, y estar considerada como una de las normas más avanzada en la región, recoge el reclamo histórico de diferentes organizaciones políticas y sociales que, desde el retorno de la democracia dieron una batalla por la derogación de la Ley de Radiodifusión de la dictadura, y trabajan a favor de la diversidad de voces y la democratización de los medios de comunicación.

Con la plena vigencia de esta norma, es necesario señalar que, así como se tiene que llevar adelante la desinversión de las grandes compañías de comunicación, también se debe garantizar a los pequeños medios comunitarios el acceso a los créditos blandos, a las nuevas tecnologías, a la capacitación de sus integrantes, y a la publicidad oficial, entre otras cosas, para que la comunicación social sea un derecho para todos.

Esta norma, aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación en octubre de 2009, presenta nuevos desafíos a las universidades, sindicatos, asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, pueblos originarios y a todos los actores sociales que trabajan por la desmonopolización de las comunicaciones, y que buscan una mayor visibilidad de sus producciones, ya que ahora deberán constituir equipos de comunicadores que puedan desarrollar, gestionar y dirigir nuevas radios, televisoras y productoras de contenidos entre otros emprendimientos, aunque con un discurso completamente opuesto a la cultura mercantil dominante.

Es necesario recordar que el sector cooperativo, impedido por la antigua Ley de Radiodifusión de la dictadura del 76 de tener y/o dirigir un medio de comunicación, debe tener un rol activo en el trabajo de la construcción de las nuevas herramientas de comunicación, porque que ha sido, entre otros, un actor fundamental en el reclamo y en las propuestas para buscar un nuevo un marco legal para las comunicaciones, y así de esta forma poder ejercer con total plenitud el derecho a la comunicación.

Finalmente, este es un momento para valorar otro intento por democratizar la palabra en nuestro país, como lo hizo el Diputado Nacional Floreal Gorini por medio del proyecto de ley que presentó en el Congreso de la Nación en octubre de 1996, en pleno auge del neoliberalismo en Argentina y la región. Allí fundamentó:

Es indispensable contar con una legislación que acote el avance de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, garantice el acceso a la explotación de las frecuencias a vastos sectores de la comunidad, proteja el espacio audiovisual nacional y resguarde la comunicación y producción regional en el interior del país y en las grandes concentraciones urbanas.

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