Desde hace menos de una década, en la provincia de San Juan, comenzó a ponerse en producción el primer yacimiento minero metalífero a gran escala: Veladero, en manos de la empresa Barrik Gold. Pero, además de ésta, otras empresas decidieron explotar los minerales metalíferos en dicha provincia. Son el caso de Yamana Gold, Argentina Mining Limited, Xtrata, entre otras. Y en la actualidad son tres los proyectos mineros de este tipo que se encuentran en San Juan en la etapa de producción.

Para comprender el boom minero metalífero sanjuanino, es necesario, por un lado, situarlo como parte de un fenómeno más amplio; y por otro lado, también analizarlo desde sus propias particularidades.

En las dos últimas dos décadas el sector minero metalífero ha crecido a una escala nunca antes vista en la historia argentina. En efecto, se puede afirmar que hasta la década del 90 esta actividad era prácticamente insignificante en lo que respecta a la extracción de minerales metalíferos, entre los cuales se encuentran el oro, la plata y el cobre.ⁱ

Gráfico 1.1: Relación entre Valor de la Producción de Minería No metalífera y Minería Metalífera (en miles de pesos a precios de 1992)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Minería y del INDEC.

*Por VP Minería Metalífera se entiende al Valor de la Producción que corresponde sólo a minerales metalíferos.

**Por Resto de Minerales se comprende tanto a las rocas de aplicación como a los minerales no metalíferos.

Más precisamente, como se desprende del cuadro anterior, hasta 1997 primaba en el país, la minería basada en rocas de aplicación y en minerales no metalíferosⁱⁱ. Así, mientras que a principios de la década del 90, en Argentina, había sólo 4 empresas dedicadas a los minerales metalíferos, desde 1997, aquel panorama de la actividad minera se modificaba con la puesta en marcha de Bajo Alumbrera -situada en Provincia de Catamarca-, uno de los yacimientos más grandes de América Latina y el mundo. A fines de 1999, la cantidad de empresas invirtiendo en el sector minero-metalífero subirá a 80 (Schiaffini, 2004).

Junto a ello, el marco regulador de la actividad minera en Argentina, que había sido creado a fines del siglo XIX, sufrió modificaciones sustanciales recién un siglo después. Este cambio, al parecer, tardío, se relacionaba con la transformación en la producción minera que se produjo a fines del siglo XX.

Varios fueron los elementos fundamentales que generaron esta transformación y que motorizaron los proyectos mineros metalíferos a gran escala. Uno de ellos fue el desarrollo de tecnologías que permitieron extraer minerales que, por encontrarse en estado de diseminación, hacían inútil la utilización de métodos y tecnologías tradicionalesⁱⁱⁱ.

Pero más allá del indudable desarrollo tecnológico, su incorporación al proceso de prospección, exploración y explotación se justificaba por el aumento de la demanda de metales a nivel del mercado internacional que fue acompañado por un alza en los precios internacionales de los mismos, principalmente del oro. Sin embargo, aunque durante la década del 90 el precio del oro osciló entre los 250 y 400 dólares la onza, la escalada del precio del oro comienza fuertemente a principios del 2002, continuando hasta la década siguiente. De modo tal que, en este último período, la onza del oro tiene un aumento mayor al 600% (World Gold Council, 2012). Pero este crecimiento en el precio del oro, se explica sobre todo por el aumento en la inversión. Tanto es así que mientras esta última creció un 273, 4% en la primera década del siglo XXI, la demanda de oro proveniente de la industria tecnológica se mantuvo estable y de la industria joyera, directamente decreció, respecto al mismo período (Basualdo, 2012).

Entretanto, San Juan, una provincia situada en el centro oeste de Argentina, se convertía en la principal productora de dicho metal en el país. Así, por ejemplo, mientras que hasta el año 2005 esta provincia no producía oro, luego de este año, comienza a ser la principal productora de este metal, aportando de este modo, un promedio del 60% de la extracción del mismo, a nivel nacional (Consejo Federal de Inversiones Mineras, 2011).

Este nuevo protagonismo de San Juan en este sector, le valió un profundo cambio en sus ingresos. De modo que, en los dos últimos años, la actividad representó, el 75% de las exportaciones de dicha provincia, relegando al complejo vitivinícola y al sector productor de hortalizas y legumbres a un segundo lugar. Así, mientras que hasta 2005, estos dos últimos sectores, aportaban cerca del 50% de las exportaciones provinciales, en los dos últimos años representarán tan sólo el 14% de las exportaciones (INDEC, 2013).

Los elementos mencionados anteriormente dan cuenta de un profundo reordenamiento en los ingresos de la provincia de San Juan, así como también el cambio de posición relativo de los diferentes sectores de producción, teniendo como punto de inflexión el año 2005, momento en que se pone en marcha el proyecto minero Veladero.

Entonces, teniendo en cuenta este salto en la producción minera provincial, podemos preguntarnos cuáles son los elementos que colaboraron a generar dicho cambio. En otras palabras, cuáles fueron los incentivos para que las empresas mineras trasnacionales, se establezcan en la provincia de San Juan.

Los preparativos para el boom minero: el marco legal e institucional

El profundo impacto generado por la actividad minera en los ingresos de la provincia está relacionado con una fuerte presencia estatal en sus múltiples niveles y funciones. Más precisamente hubo dos políticas que atravesaron a todas las provincias. Una de ellas, que suele señalarse como una de las principales causas del auge de este tipo de actividades, fue la reforma constitucional de 1994 que estableció la provincialización de los recursos naturales. Esta reforma en el nuevo art. 124, establece las facultades de crear regiones para desarrollo económico y social y de celebración de convenios internacionales compatibles con la política exterior nacional,  y en su último párrafo establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Así, esta descentralización marcó el punto de partida para que cada provincia, explote de manera intensiva los recursos ubicados en su espacio geográfico. 

Otra de las políticas fundamentales para comprender el boom minero provincial, fue el establecimiento en los años 90 de un nuevo marco jurídico minero a nivel nacional, que reafirmó, entre otras cuestiones, la administración del recurso a nivel provincial. Así, la primera ley que modificó el viejo Código de Minería fue la Ley de Inversiones mineras (24.196). Gracias a esta ley, se instituyeron varias garantías para las Inversiones Extranjeras Directas en el sector minero argentino. Entre ellas, se destacan: la estabilidad fiscal por 30 años, por la que ni el Estado nacional, ni los Estados provinciales, pueden aumentar la carga tributaria total a estos capitales; la posibilidad de deducir 100% del pago del impuesto a las ganancias por la inversión generada en las diversas etapas de los proyectos; y la exención en los impuestos de importación para bienes de capital. Además, en cuanto al cobro de regalías por parte de los estados provinciales, esta ley fijó un tope máximo de un 3% sobre el valor “boca de mina”, calculado en base al precio de venta en la primera etapa de su comercialización, menos los costos operativos que esta etapa implique. Asimismo, la ley de Inversiones Mineras, otorgó a las empresas la libertad de fijar un importe anual destinado a la preservación del medio ambiente, teniendo la posibilidad de deducir un 5% de los impuestos a las ganancias para los montos con dicho fin.

Algunos meses después de promulgarse esta ley y en consonancia con la misma, los gobernadores provinciales se encontraron en Buenos Aires para ratificar el Acuerdo Federal Minero (ley 24.228) en el que se comprometían a eliminar tasas y gravámenes provinciales que afecten directamente a la actividad minera, así como también a “armonizar” normas y procedimientos mineros en pos de homogeneizarlos a lo largo de todo el país. Para ello, dos años después de la Ley del Acuerdo Federal Minero, se firmó un acuerdo de préstamo entre el Banco Mundial y el Gobierno Nacional, por la suma de treinta millones de dólares^iv, destinado al Plan de Asistencia técnica para el desarrollo del sector minero (PASMA) (Anuario Panorama Minero, 1995: 62). Este programa duró seis años y tuvo como objetivo principal “realizar reformas regulatorias e institucionales tendientes a alentar la inversión privada en minería”, ejecutándose tanto a nivel nacional como provincial. Así, entre las primeras provincias en las que se implementó el PASMA, se encontraba San Juan (Dirección de Minería de San Juan). Uno de los objetivos principales del PASMA consistía en llevar a cabo “el diseño”, la “elaboración del modelo aplicativo” e “implementación del mismo”, así como el “reordenamiento técnico institucional de cada una de las administraciones correspondientes a cada una de las autoridades mineras provinciales” comprendidas en el plan^v.

En suma, la Ley de Inversiones Mineras, la Ley del Acuerdo Federal Minero, lograron, junto al PASMA, un ordenamiento legal e institucional del sector minero que fortalecía la seguridad jurídica reclamada por los inversores extranjeros.

Pero además, se sumarían otra serie de leyes destinadas a establecer nuevas instancias

administrativas para la concentración de información con el objetivo de atraer capitales. Entre ellas se destacan la ley de reordenamiento minero (24.224) destinado a la ejecución de un carteo de todo el territorio nacional para la identificación de áreas con concentraciones de minerales; la Ley 24.695 por la cual se creaba un banco nacional de información minera que contendría todos los datos necesarios en términos de formación de recursos humanos y tecnología; y la Ley 24.523 que establecía la organización de un Sistema Nacional de Comercio Minero que comprendía toda la información relativa al comercio de dicho sector.

Finalmente el Código de Minería promulgado en 1886 y modificado sustancialmente un siglo después, no sólo mantiene la abstención del Estado en la explotación de recursos minerales teniendo la posibilidad de concesionar dicha actividad; sino que complementa la ley de inversiones mineras al estipular que durante los primeros cinco años de actividad, las provincias no podrá cobrar otro impuesto a los proyectos más que el canon minero, sellos y servicios (art. 214).

Todo este marco normativo nacional, no sólo obtuvo la adhesión legal de las provincias, sino que incluso, en muchos casos, fue complementado por otras políticas provinciales que profundizaron los beneficios para las empresas mineras.

De esta manera, tanto a nivel nacional como provincial se produjo un despliegue institucional de gran relevancia para la articulación de diferentes ministerios, secretarías municipios, cámaras y comisiones. En el plan minero 2003-2007 de la Secretaría de Minería Nacional, perteneciente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, se detalló este despliegue a partir de diversos planes desarrollados a fin de promover la actividad minera en el país. Entre ellos, se destacan los planes de infraestructura como, por ejemplo, el “Plan Nacional de Huella mineras”, cuya finalidad consistió en mejorar y/o crear el acceso a minas y/o canteras, considerando que estos yacimientos se hallan en general en lugares de dificultosa accesibilidad (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2008). Esto significaba una inversión del Estado nacional para mejorar los caminos que representaban el acceso a potenciales áreas de explotación minera mediante las funciones de Vialidad Nacional. Por otro lado, se destacan también la elaboración de planes de energía como es el caso del Plan de Reactivación de producción nuclear, cuyo objetivo expreso era generar una alternativa energética y de salud, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Se establece así una adecuación en la reorganización del espacio donde se produce un acondicionamiento de gran parte de la infraestructura ya implantada que se vuelca hacia la actividad minera (Gómez Lende, 2005).

Otras políticas que complementaron la legislación nacional, son aquellas que tendieron a la coordinación de políticas públicas y significaron un despliegue institucional interprovincial. Por un lado, en términos de coordinación interjurisdiccional se firmó un Tratado Interprovincial de Unificación de la legislación Minera del Nuevo Cuyo, en el que se homogeneizaron los procedimientos mineros, se estableció un tribunal minero en común y unificaron otras instancias de control de actividades y circulación de minerales.

Y a nivel provincial, para el caso de San Juan, podemos ubicar como uno de los hitos de este fuerte desarrollo de políticas públicas en el sector minero en 2006, año en el que el antiguo Departamento de Minería dependiente del Ministerio de Economía, se convirtió en Secretaría de Estado (un status similar al de un ministerio). En dicha ocasión se estipuló que el nuevo organismo conservaría todas las funciones -en términos de concesiones y control de la actividad- que hasta el momento tenía el antiguo Departamento de Minería. Pero sumado a aquellas, se le otorgaban funciones de promoción de la actividad, tanto en términos de atracción de capitales como de publicidad frente a la sociedad en general; así como también de promoción de la investigación básica y formación de recursos humanos en colaboración con universidades, ONG's, empresas públicas y privadas, etc.

El boom minero sanjuanino

Si bien en San Juan, a diferencia de Catamarca, el boom minero recién empezó a mediados de la primera década del siglo XXI, hoy en día se encuentra dentro de las provincias donde más empresas del sector han decidido invertir. Entre otras razones, San Juan es, según los propios inversores, uno de los territorios “más seguros” para llevar a cabo este tipo de megaproyectos (Cuyo Minero, “Con luces y sombras, el tren igual avanza”, 7/05/2013). Veamos algunos datos provinciales que reflejan este avance de la actividad minera metalífera en dicha provincia.

En 2003 se exportaban 18 millones de dólares y en 2010 la cifra subía a 1100 millones. (Secretaría de Minería de San Juan). Es decir, según estos datos, en 2010 se exportó 61 veces más que en 2003. Pero para tener en cuenta cuánto se exporta de lo que se produce, es necesario revisar los datos de producción.

Como se expuso al comienzo de este artículo, la producción de minerales metalíferos sufrió un salto respecto del resto de los minerales. En la provincia de San Juan este hecho puede verse más claramente. Según la propia Secretaría de Minería de San Juan,

La actividad minera provincial está conformada por dos sectores con características y realidades distintas; las grandes compañías internacionales dedicadas a la exploración y futura explotación de minerales metalíferos y las Pymes Mineras de capital mayoritariamente nacional, a cargo de la extracción y procesamiento de minerales industriales.

Así, con las grandes empresas trasnacionales, el valor de la producción minera metalífera pasó de 435 millones de dólares en 2008 a 1173 millones en 2010. Mientras que la minería no metalífera pasó de 208 millones de dólares en 2003, a 241 millones en 2008 y a 282 en 2010.

Con estos datos de la producción podemos señalar que, mientras que en 2003 se exportaba el 8,6% de lo producido, en 2010 esa cifra ascendía al 75, 6%. Puesto que, como nos muestra el cuadro anterior, el aumento en la producción de minerales se debió casi exclusivamente al crecimiento de la minería metalífera, podemos afirmar que el gran aumento en las exportaciones también se explica por este tipo de minería. Y en este punto llegamos a comprender que los minerales metalíferos que se extraen del suelo sanjuanino se destinan fundamentalmente al mercado externo.

Por último, respecto a la inversión en el sector minero de esta provincia, según la Secretaría de Minería de San Juan, aumentó de 32 millones de pesos en 2003 a 229 millones de pesos en 2010. Y la cantidad de empresas en los mismos años, creció de 8 a 30, respectivamente.

Hay varios motivos que explican este boom minero. Uno de ellos, es la adhesión de la provincia de San Juan, a todo el marco jurídico sancionado entre 1992 y 2001, a nivel nacional. Así a partir de 2001, en San Juan se sancionaron trece leyes de adhesión a las normativas mineras nacionales que nombramos párrafos atrás. Pero además se aprobaron otras tres leyes (la Ley de Regalía, la Ley de Creación de la Secretaría de Estado de Minería, y una ley modificatoria de esta última) y siete decretos provinciales relacionados con dicha actividad. Pero antes de todo este andamiaje legal, en 1980 se sancionó un régimen de exenciones impositivas para las empresas mineras.

La Ley de Regalías sanjuanina, además de ratificar lo establecido por la Ley de Inversiones Mineras (24.196), por la cual las provincias que adhieran al nuevo régimen de inversiones, no podrán cobrar a las empresas más del 3% de regalías sobre el valor boca-mina, determina los porcentajes en que deben distribuirse aquello que pague la empresa por este concepto. Así, el 55% le corresponde a Rentas Generales de la Provincia, el 33% a la Municipalidad donde tenga su asiento el yacimiento y el 12 % a la Dirección de Minería de la provincia.

En cuanto al Decreto Nº 1402, aprobado en 2005, por el cual se reglamenta la Ley de regalías 7.281, establece, además de la forma de contabilizar las regalías, qué es lo que tiene que descontarse de las mismas. Así, entre estos “descuentos”, el decreto fija el procedimiento para compensar a las empresas mineras por obras de infraestructura. Esto significa que, del monto que las empresas deben pagar por regalías, pueden descontarse las obras de infraestructura (vial o energética) que se presenten como de “utilidad pública”. Para ello, la empresa tiene que presentar un plan a la Autoridad de aplicación provincial y si ésta lo aprueba, el proyecto es enviado al Poder Ejecutivo y luego al Poder Legislativo, que tiene que nombrarlo “de utilidad pública” para que se lleve adelante, sin necesidad de presentar licitación alguna (artículo 19º, Decreto 1402) .

Con toda esta normativa, sumada a las obras de infraestructura, la red vial, las huellas mineras -que pueden observarse en la página de la misma secretaría de minería-, fueron haciendo de San Juan una provincia atractiva para las inversiones extranjeras directas en el sector minero. Pero además, José Luis Gioja, quien asume como gobernador en diciembre de 2003, a diferencia de otros gobiernos provinciales -como el de Catamarca-, ha mantenido cierta “gobernabilidad” para la actividad que los empresarios esperan a la hora de invertir en un territorio. En parte, fuente de esta ha sido la política comunicacional que tanto el gobierno como las empresas han desarrollado de esta provincia.

En primer lugar, se difunde todas las obras que se hacen en relación a la minería, ya sea financiado por las empresas o por el gobierno provincial. En segundo lugar, se ha difundido la convocatoria a sectores de la comunidad para que participen en el control a las empresas. No obstante, para este tipo de convocatorias existen restricciones de hecho. Tal como dijo el propio gobernador, se separan a aquellos con los que hay que dialogar porque tienen “dudas sanas”, puesto que no cuentan con un real conocimiento sobre la actividad minera, y a otros que tienen “dudas ideológicas”, que vendrían a ser aquellos que no quieren el crecimiento de San Juan (Latinominería, Abril-Junio, 2012: 19).

Sumado a ello, tanto las empresas mineras como el gobierno de San Juan -así como tantos otros-, han incorporado en sus discursos el concepto de “desarrollo sustentable” o “minería responsable”. Así lo explica el Coordinador de Proyectos Mineros del actual Ministerio de Minería de dicha provincia^vi:

El desarrollo sustentable es un concepto nuevo en la actividad minera a nivel mundial porque antes no se realizaba esta tarea de parte de la empresa a nivel privado en relación a las comunidades en donde trabaja. Actualmente, todas las empresas mineras (…) tienen una política fuerte para poder dilucidar, a través de la creación de un área específica de la empresa, cuáles son las necesidades a nivel de la educación, la salud, la infraestructura y el cuidado del medio ambiente. Con todo esto (…) se logra identificar cuáles son las necesidades de las comunidades más cercanas a la mina. (…) A todo esto el Estado provincial no está ajeno…casualmente el Ministerio de Minería tiene un área de desarrollo sustentable, lo cual significa que existe sinergia entre el Estado provincial y las empresas privadas.^vii

Pero además, en San Juan se creó un fideicomiso provincial, es decir, una figura legal de convenio entre la empresa privada y el Estado provincial, en donde la empresa “inicialmente se compromete a pagar los dos primeros años el 1,5% de lo que factura en forma anual y en el resto de la vida de la mina el 1% (…) Este porcentaje tiene como finalidad aportes a la salud, a la educación y a la infraestructura”^viii. Por lo tanto, si el Estado sanjuanino realiza una obra, y utiliza como parte de su financiamiento, el fondo de fideicomiso, la empresa podrá afirmar que la obra se ha podido realizar por la presencia de la minera. Pero más allá de esto, las empresas que se contratan para hacer las obras pueden estar estrechamente ligadas a las empresas mineras. Es el caso de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que tuvo a su cargo la provisión de agua a la planta potabilizadora de la ciudad de Jáchal, o bien la empresa Valdivieso & Debandi S.R.L. (también integrante de UTE), que tuvo a cargo la construcción del hospital de la misma ciudad como para dar un ejemplo^ix, o la empresa SERVIMIN (también integrante de UTE), que ha tenido, entre otros proyectos, la parte logística de transporte de Pascua-Lama, constructora de una parte del yacimiento de Gualcamayo (de la empresa Yamana Gold). Esta última, además, es una empresa que bajo el nombre de “Golan Mining”, ha comenzado a hacer exploraciones mineras en varias provincias (Mining Club, 13-12-2011; 30-05-2012).

Las redefiniciones fronterizas

Parte fundamental de la conformación de un territorio a cualquiera de sus escalas (nacional, provincial, regional, municipal) es la constitución de sus fronteras. La forma hegemónica de reconocimiento de las mismas a lo largo de la historia de los estados nacionales ha sido la identificación de sus fronteras en relación a otros estados, así como también la conformación de fronteras provinciales o regionales al interior de cada estado, como forma de delimitación de la administración de dichos espacios. Actualmente, emergen dos manifestaciones de un proceso de redefinición fronteriza en términos de su limitación e implicancias. Históricamente la constitución de fronteras claras, generan espacios particulares que con estas dinámicas se van redimensionando.

La primera manifestación, en relación con el sector minero, fue el Tratado Binacional de Integración y Complementación Minera firmado en el año 2000^x que creaba las condiciones para que fuera posible la implantación de unidades extractivas a lo largo de la Cordillera de los Andes, más allá de las fronteras de ambos países. Hay dos aspectos fundamentales a rescatar de dicho tratado. En primer lugar, anula para la actividad minera, cualquier prohibición y restricción previa en relación a tenencia o explotación de propiedades de bienes raíces en ambos territorios. En segundo lugar, conforma una administración encargada de la gestión de dichos espacios otorgándole facultades legislativas y jurisdiccionales al poder ampliar el marco legal de aplicación del tratado; llegando a tener incluso la función de resolución de cualquier conflicto entre las partes. De este modo, algunos autores sostienen que puede hablarse del establecimiento de un “país virtual” con autoridades propias en el espacio fronterizo (Quevedo, et al; 2004). Así, el tratado entre Chile y Argentina, se transformó para muchos, en un hito histórico, dado que ninguna actividad productiva había tenido hasta el momento este tipo de facilidad legal para establecerse de un lado y de otro.

Un segundo proceso en el que se redimensionan las fronteras es el establecimiento de una lógica de constitución de micro-regiones conformadas por jurisdicciones menores a la de las provincias que generan polos de atracción de capital a partir del desarrollo de políticas en común. Este es el caso de la conformación de la Micro-Región Intermunicipal Cuyana Andina (MICA), constituida como un acuerdo entre los municipios mendocinos de Las Heras y Lavalle, sanjuaninos de Calingasta y Sarmiento; sumándose, posteriormente, la V región de Chile. El propósito de aquel acuerdo fue facilitar una política en común en términos de infraestructura y las condiciones necesarias para la atracción de actividades productivas. Debido entonces al importante papel que fueron teniendo estas microrregiones, es que comenzaron a ser representadas en el plano internacional y a negociar en forma directa el ingreso de inversiones a sus propios territorios (Zubelzú e Iglesias, 2005). Todo ello, colaboró con el proceso de descentralización, por el cual los gobiernos locales realizan distintos compromisos frente a empresas y gobiernos centrales de otros países con el fin de acelerar los procesos de “negociación”, evitando así, los plazos más prolongados que por lo general requiere la coordinación a escala del Estado Nacional. Se constituyen, de esta manera, nuevas formas jurisdiccionales que resultan de las asociaciones de diversos municipios que compiten con otras microrregiones para la atracción de capitales. Es decir, la competencia por la atracción de una parte de capital global, se da a distintas escalas y de distintas maneras, tanto a nivel país como a nivel región y provincial, donde se ven “perjudicadas” aquellas regiones que tienen menor capacidad de negociación eficaz frente a grandes capitales.

El entramado institucional y legal descripto anteriormente genera un fuerte reordenamiento en el espacio. En el caso de la minería, esto se da por las dimensiones de las unidades extractivas y los requerimientos necesarios para que puedan entrar en producción. Las unidades extractivas se localizan zonas montañosas, en gran medida de difícil acceso y donde tienen que abastecerse de todos los servicios e insumos necesarios para la extracción de metales así como establecer sistemas particulares de transporte de lo producido. Por otro lado, las condiciones técnicas de extracción de minerales con baja ley, implica la necesidad de tener volúmenes de capital con las que sólo cuentan empresas privadas especializadas a nivel mundial, que tienen acceso al crédito mediante la cotización en las principales bolsas del mundo a la vez que son beneficiarias de créditos estratégicamente otorgados por las principales bancas internacionales (Gómez Lende, 2005).

A partir de la infraestructura necesaria para cumplir con todas las etapas del proceso extractivo y de la extensión geográfica que los productos recorren en cada una de estas etapas, lo que se establece es un “territorio reticular” (Gómez Lende, 2005) en el que la territorialidad minera se despliega en una continuidad de fragmentos territoriales que son espacialmente discontinuos. Se establece una infraestructura relacionada con la provisión de los servicios básico así como también se llevan adelante proyectos relacionados con la circulación de mercancías en estrecha vinculación con la actividad minera. La reactivación de la construcción del túnel del paso internacional Agua Negra, como parte del corredor bioceánico que une Coquimbo en Chile con Porto Alegre en Brasil, responde expresamente a los requerimientos de los capitales internacionales para garantizar una circulación permanente con los menores costos posibles.

La actividad minera en debate

Hay varios tipos de cuestionamientos a los proyectos mineros que se vienen manifestando tanto en San Juan como en otras provincias del país. Algunos de ellos hacen hincapié en que este tipo de actividades forman parte de un proceso de división internacional del trabajo, donde países como Argentina, y sobre todo, provincias como San Juan, tienen como función el ser proveedoras de materias primas mediante procesos de explotación intensiva de fuerza de trabajo y de recursos naturales. A la vez los capitales externos tienen entrada en un marco establecido por los diferentes niveles estatales, que les transfieren mediante diversos mecanismos activos sociales a capitales cuyo dinamismo es evidente para el proceso de valorización a nivel internacional pero de dudoso impacto beneficioso para las regiones donde se encuentran. Otro tipo de cuestionamientos, que muchas veces van de la mano del anterior- radica esencialmente en que este tipo de actividades generan grandes impactos ambientales en las poblaciones donde se instalan los proyectos, así como también en poblaciones aledañas puesto que las cuencas hídricas transcienden las fronteras provinciales. Así, muchas asambleas de distintos lugares del territorio argentino, como en otros países del continente y el mundo, se fueron levantando con las consignas del “agua vale más que el oro”, reclamando el derecho a decidir sobre la instalación de estos proyectos mineros, lo que en muchos casos, es acompañado de una crítica a la forma de entender el desarrollo.

Las asambleas cuestionan el saber legitimado por la sociedad del que se valen tanto las empresas mineras como los gobiernos para legitimar sus discursos y posiciones. En este sentido, expresan que “sabemos de qué estamos hablando porque, ante la desinformación oficial, ante la inercia demostrada por los representantes elegidos por el pueblo, nosotros investigamos y nos informamos"^xi para disputar y cuestionar el discurso hegemónico. Sus acciones tienen un fuerte contenido de denuncia donde no sólo se explican los motivos del rechazo a los proyectos mineros sino que difunden información de las formas en que actúan las mineras como ser las estrategias que se dan para lograr legitimidad en los pueblos^xii o investigar y publicar las formas que tienen las empresas para evadir los impuestos y las cargas estatales^xiii. La esfera pública tampoco es evitada por los asambleístas que demuestran, al menos superficialmente, las relaciones entre funcionarios públicos y empresas mineras^xiv.

¿Qué es lo que los movimientos están defendiendo? ¿Qué es lo que las asambleas de vecinos exigen a las empresas mineras y al gobierno en todos sus niveles? Se reclama “la anulación de todos los convenios megamineros y la expulsión de las mineras de nuestros territorios en respeto a la autodeterminación de los pueblos”.^xv

Desde su perspectiva no se puede aceptar la presencia minera por las implicancias en el medio que los rodea que tiene un sentido económico, ambiental, social y cultural: “sobreexplotar un acuífero, contaminar un río o directamente proponer su destrucción y confinamiento a perpetuidad, como el río Minas en Andalgalá, o permitir la destrucción de glaciares o ambientes periglaciares en nombre del desarrollo económico, será un buen negocio para empresas que se benefician con esa actividad, pero es un desastre económico y social para la provincia que lo permite”^xvi. A partir de estas afirmaciones se evidencia el carácter preventivo de las consignas de las asambleas. Pero sus argumentaciones no quedan en un simple conservacionismo: “Entendemos que la Megaminería está invadiendo Nuestros Territorios, devastando nuestras montañas, impidiendo el desarrollo de las economías regionales, apropiándose de nuestras fuentes de agua contaminándolas con sustancias tóxicas y avasallando nuestras culturas”.^xvii

Al carácter preventivo acerca de la destrucción de los recursos naturales se añade la concepción económica basada en la apropiación del espacio y los recursos para su transformación en pos de una producción local que ha venido funcionando hasta la llegada de las mineras. Al discurso marcadamente desarrollista del sector minero que entiende como “elevación de la calidad de vida de la población” a la dimensión específicamente material, es decir, a la disponibilidad de dinero que logre sustentar proyectos económicos de un segmento de la población, se le opone una concepción mucho más amplia donde las actividades productivas regionales no sólo tienen que estar en consonancia con una adecuada forma de apropiarse del medio sino que además debe remitirse a sistemas de valores presentes en los espacios particulares de cada región que nada tiene que ver con el sentido instrumental que le dan las mineras y el gobierno al bienestar material.

A partir de lo anterior y de una noción de territorialidad expresada por el gobierno, las asambleas afirman: “ninguna zona es zona de sacrificio”^xviii. Aquí se añade una noción fundamental ligada a los aspectos de la territorialidad defendida por las asambleas y es la noción de “bienes comunes”. Esto es más que un elemento discursivo en el contexto de la forma de concepción de su ambiente por parte de los integrantes de las asambleas que están en lucha. Este quiebre conceptual implica pensar a la naturaleza y a sus partes constitutivas como un todo, enfrentada a la idea tradicional de “recurso” que caracteriza a la racionalidad instrumental moderna y hegemónica. Esto es reconocer una nueva forma de entender a la naturaleza, que se opone completamente a la concepción establecida por el sector minero y gubernamental anteriormente descrito.

Proceso de acumulación, espacios de productividad y situación de frontera

Todo este despliegue tanto legal como institucional implica no sólo la habilitación hacia los capitales externos de un usufructo diferencial de los recursos a partir de la falta de necesidad de cumplir con múltiples obligaciones, sino que además implica una gran transferencia por parte del sector público hacia el privado de aquellos recursos necesarios para establecer las condiciones de producción para la actividad minera. He aquí una fuente que junto con la evolución del precio internacional de los metales, explica el alto nivel de productividad de esta actividad.

El alto nivel de rendimiento fundamentado en la explotación de recursos naturales con tecnología de avanzada, junto con el entramado de excepciones y de posibilidades de capitalización acelerada que se hace presente en la legislación sectorial minera, complementado con las pocas obligaciones impuestas a dichos capitales, son los elementos que hacen que los capitales privados puedan apropiarse de una renta extraordinaria de niveles inusitados para cualquier sector productivo que se encuentra en el ámbito nacional (Basualdo, 2012).

A su vez, la territorialización implica una apropiación privada de espacios que anteriormente eran de uso común. El entramado anteriormente especificado constituye una nueva forma de expropiación bajo mecanismos extraeconómicos, como forma de dar salida a una crisis y a un nuevo proceso de capitalización a nivel internacional (Composto y Perez Roig, 2013).

En términos espaciales se produce una “situación de frontera” a partir de la presencia de formas heterogéneas de producción, que implica formas particulares de uso y ordenamiento del mismo, lo cual constituye una determinada forma de organización racional del espacio. Esta forma de organización se expresa en una particular lógica de distribución del conjunto de objetos como de acciones de una determinada población. Infraestructura, caminos, formas de utilización de cada sector espacial se constituye a partir de una estructuración histórica particular y se modifica con el tiempo a partir de la relación dialéctica de estos dos sistemas en el que están implicados tanto la normatividad vigente, las políticas delineadas, etc.

En el caso de la megaminería,se ha definido la estructuración de un espacio reticular que constituye una territorialidad espacialmente fragmentada. A partir de la forma en que se da la modalidad extractiva actual, así como también la gran resistencia que emerge alrededor de la misma, parece establecer territorialidades excluyentes y opuestas. Lo que se genera en los conflictos por la instalación de los proyectos mineros, es un enfrentamiento de territorialidades de difícil resolución. Esto constituye pues, un trastocamiento, tanto en el uso como en la dotación de sentido de diferentes espacios que responde a conjuntos de necesidades sustancialmente opuestos, donde la satisfacción de un conjunto implica necesariamente, la negación del otro.

Y aquí podemos preguntarnos: quiénes, cómo y por qué deciden sobre las formas de producción y, a nivel más general, sobre los modos de vida de una población. Hace tiempo se ha abierto este debate y es imprescindible que se siga profundizando.

Bibliografía

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Fuentes

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Páginas consultadas

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): http://www.indec.gov.ar/
• Secretaría de Minería de San Juan: http://mineria.sanjuan.gov.ar/
• Secretaría de Minería de la Nación: http://www.mineria.gov.ar/
• Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina (FUNDAMIN): http://www.fundamin.com.ar/
• Consejo Federal de Inversiones: http://www.cfired.org.ar

Entrevistas utilizadas

• Coordinador de Proyectos Mineros del Ministerio de Minería de San Juan, noviembre de 2012.
• Secretario Técnico del Ministerio de Minería de la provincia de San Juan Argentina.

Notas