Entre lo oculto y lo visible, entre el poder y el género

Cuando las Fuerzas Armadas Argentinas tomaron el poder de facto el 24 de marzo de 1976, inauguraron una etapa en la vida política argentina que algunos analistas han gustado en llamar fase abierta de criminalización (Vezetti, H., 2002). Para controlar a una sociedad que había desarrollado altos niveles de conflictividad y organización por lo menos durante más de una década, idearon una forma de disciplinamiento consistente en la destrucción física de los sindicados como enemigos. Como sabemos, se detuvo ilegalmente a millares de personas a las que se les practicaron tormentos físicos y psicológicos creando para tal acción centros clandestinos de detención en casi todas las provincias del país. Al secuestro le siguió el asesinato masivo, ocultando a las víctimas y junto con ello las huellas del delito. Esta metodología tuvo como emergente principal la figura del desaparecido/a.

La espectacularidad de esta coerción inicialmente opacó el interés historiográfico por comprender otras estrategias ideadas por el régimen para formular líneas de consenso social que le permitieran seguir operando sin mayores sobresaltos en su actividad clandestina. La dialéctica entre lo oculto y lo visible terminó de delinear el estado terrorista.

Reparando en este aspecto es posible construir una lectura de la relación entre (in)visibilidad y poder. Si por un lado el régimen ostentaba su carácter represivo en las calles, en sus discursos y en su simbología cultural hablando de “guerra” contra la subversión y visibilizando su desprecio hacia el activismo de los sectores populares, de las organizaciones político armadas y de toda simpatía que estas prácticas pudieran producir en la población, por otro lado, negaba encubriendo las pérdidas de la violencia estatal que diariamente arrojaba miles de dañados.

El enlace entre lo visible y lo oculto operó concluyentemente en lo que respecta a los aparatos de captura, ya que mientras algunas víctimas de la represión fueron “desaparecidas”, otras habitaron por años las prisiones legales, desarrollando una rotación desigual entre ambos espacios.

El género fue un clivaje decisivo a la hora de diseñar las tecnologías de dominación tanto en los presidios legales como en los centros clandestinos de detención y participó de modo decisivo del juego entre lo manifiesto y lo encubierto. El poder invisibilizó, ocultó y en oportunidades directamente extirpó -de y a la comunidad- todas las formas subjetivas “perturbadoras”, colocándolas en el lugar de lo inexistente, lo minoritario, lo raro y lo ocasional.

Manteniendo como telón de fondo la relación entre coerción y consenso que empleó la dictadura a través de la utilización de esta estrategia combinada entre lo “oculto” y lo “visible”, ensayo una relación con la idea de visibilidad procedente de la teoría de género (Scott, J., 1992). El concepto de “visibilidad” surgió en los estudios de género a modo de deconstrucción y revalorización de hechos pretéritos relatados desde una perspectiva que desestimaba o directamente excluía la agencia femenina de y en la historia. En paralelo en el tiempo y con coordenadas conceptuales equivalentes, investigaciones provenientes del campo de la historia de la sexualidad (Foucault, M., 1997) revelaron la existencia de una sexualidad esencialmente “visibilizada” como la heterosexual en acuerdo con las normas socialmente aceptadas y otras sexualidades que, por traspasar los límites de lo permitido, son forzadas a invisibilizarse por el sistema de sexo/género.¹ Es en este sentido que el poder oculta prácticas e identidades sexuales, instalándolas en el lugar de “perturbadoras”, en tanto minoritarias, raras u ocasionales.

Específicamente me propongo aquí relatar aspectos de la historia de los presos y presas políticos, atendiendo a la articulación entre (in) visibilidad de la represión e (in) visibilidad del género. Así como los campos de detención pudieron conservarse clandestinamente en el tiempo por la existencia de formas legales de reclusión, que compartían en buena medida aspectos de la violencia institucional, las atribuciones de género prescriptas públicamente colisionaron en oportunidades con lo admitido en los espacios de encierro, aun siendo ambos parte del mismo mecanismo de regulación opresiva. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, los militares apostaban a imaginarlas y a representarlas como subjetividades a-políticas, situándolas exclusivamente en el espacio de domesticidad, pero paradójicamente acorralaron a muchas de ellas por haber asumido un lugar clave en las luchas populares que la misma dictadura había venido a desbaratar.

Coincidente con este espíritu y a fin de devaluar la participación política femenina, el régimen transformó a la mayor parte de sus víctimas mujeres en desaparecidas: mientras que el treinta y tres por ciento de las personas desaparecidas fueron mujeres, en las cárceles legales en el momento de mayor concentración, ellas no superaron el doce por ciento del total. Aunque las presas políticas fueron mucho más numerosas respecto de épocas precedentes, constituyeron un número sensiblemente inferior que las mujeres “ocultamente” asesinadas.

Asimismo los atributos femeninos que la dictadura militar imprimió tenazmente en la población civil, conjeturaban para ellas el rol esencial de garante en el ámbito privado del cuidado y resguardo de los valores de la tradición nacional y cristiana (Filc., J., 1997). Si bien que hubiera presas políticas era inevitable e ineludible por el nivel de insurgencia que existía en la sociedad, sólo era posible visibilizar a una porción de esas mujeres que confrontaban, ya que de otro modo perdía verosimilitud la prédica en torno al lugar que debían cumplir en la familia, el hogar y la salud de la progenie.

Con el mismo nivel de desquicio, mientras el discurso militar procuraba a las madres el destino de “parir la república”, en los espacios de encierro donde se desarrollaba el bestial disciplinamiento de la tortura y el asesinato, se permitían subvertir las prerrogativas femeninas al punto de ultimar a las madres apropiándose de su prole. En sentido congruente y en contradicción con las representaciones femeninas que manejaba públicamente el régimen, se alentó el rol de apropiadoras de bebés y niños, el de médicas y enfermeras causantes del dolor humano y el de religiosas que aceptaban las infaustas prácticas marciales. Ninguna de estas representaciones coincidía con el sermón oficial, pero eran promovidas por su adecuación y utilidad política e ideológica.

Entiendo que una lectura de este tipo permite deconstruir las nociones de género implícitas y los mecanismos de construcción de identidades sexuales de los discursos y prácticas del estado terrorista en el espacio penitenciario, y revelar que el género fue un clivaje decisivo a la hora de diseñar la estrategia represiva.

Por último señalo el impacto diferenciado que la represión ejerció sobre varones y mujeres y cómo estos encararon la experiencia militante de permanecer por muchos años encerrados en las distintas cárceles de la dictadura militar.

Construcción de la estrategia represiva

Cuando María Estela Martínez de Perón asume el gobierno a mediados del año 1974, se alcanza el epicentro más represivo del período constitucional con la emergencia de bandas parapoliciales como la Triple A o el Comando Libertadores de América. Estos núcleos fascistas, que crecieron vinculados a figuras clave del entorno presidencial, se dedicaron a ejecutar de forma clandestina a prominentes personalidades de la vida política y de la cultura, cometiendo en dos años más de cuatrocientos asesinatos.

De allí en adelante la violencia apuntalada por el estado siguió en aumento y a los secuestros y asesinatos de estas bandas se les sumó el incremento exponencial de presos y presas políticos. Los presidios se colmaron así de grupos de hombres y mujeres provenientes de culturas urbanas y rurales y de experiencias políticas y sindicales diversas.

El sistema carcelario aplicó a estas personas procedimientos cualitativamente nuevos, así como un reglamento aun más punitivo que en épocas precedentes. Una expresión de ello fue la decisión del Servicio Penitenciario Federal hacia el año 1974 de denominar como “delincuentes terroristas” (DT) a todos los detenidos políticos. Hacia septiembre del mismo año se sancionó la ley No. 20.840 o de Seguridad Nacional, que permitió prescribir penas para quienes cometiesen actos que ponderaran “la sustitución del orden económico, político y social de la Nación, por vías no establecidas en la legislación vigente”.² De esta forma cualquier persona susceptible de ser interpretada como capaz de alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación podría quedar a partir de este mandato a disposición de la justicia civil. Sin embargo, gran cantidad de personas que recibieron condena por esta legislación siguieron pernoctando en las cárceles a pesar de haber cumplido la sentencia, señalándonos la compleja relación entre lo legal y lo ilegal.

Otro sector importante de los presos fue alojado en las cárceles por el decreto de estado de sitio que firmó la presidenta en el mes de noviembre del mismo año. Por esta prerrogativa presidencial de no condenar pero sí arrestar, muchas personas fueron castigadas por actos de divulgación y propaganda “contrarios a los intereses de la Nación”, habitando durante años las cárceles sin proceso judicial alguno. De conjunto, el año 1974 señaló un incremento represivo fundado en una legislación que multiplicaba la cantidad de presos y presas, el tiempo que permanecían en las cárceles, así como un notable deterioro de las condiciones de vida.

En 1975 el proceso se profundizó y los cambios más significativos fueron consecuencia de una transformación más estructural de la estrategia represiva que estableció el estado en otras áreas. El fracaso del último período del gobierno de la viuda del general Juan Domingo Perón para contener a las fuerzas que los militares identificaban como “enemigos” llevó a que estos presionaran para obtener el control absoluto de la coerción. En virtud de lo dispuesto por una directiva del Consejo de Defensa y por un redoblamiento ante la lucha “anti-subversiva”, se le confirió al Ejército el rol medular en el desarrollo de la contienda. El Comandante General del Ejército, por entonces Jorge Rafael Videla, puntualizó que para cumplimentar este objetivo quedarían los casi doscientos mil hombres de las Fuerzas Armadas, Policía Federal y Provinciales, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Servicios Penitenciarios y delegaciones de la SIDE, bajo control de los comandantes de zonas militares.³ En este marco el Ejército instruyó al Servicio Penitenciario Federal a centralizar a los detenidos políticos en un manojo de unidades penitenciarias caracterizadas como de máxima seguridad. El coronel Jorge Dotti, Jefe del Servicio Penitenciario Federal y cerebro de la reclusión de los presos políticos, definió a las cárceles como “un frente más de lucha” en el marco de la guerra entablada con los “insurrectos”.

En los primeros meses de 1976 la consolidación y el consenso que adquirió el poder militar, brazo armado “legal” del estado, encontró su punto máximo en la tendencia a multiplicar la captura de miles de activistas, reforzada en la decisión de la propia Junta Militar de crear Consejos de Guerra en todo el territorio nacional. Estos consejos previstos en el Código de Justicia Militar fueron utilizados para legalizar procedimientos extraordinarios que promovieron penas de hasta diez años a quienes “incitaren a la violencia y/o alterasen el orden público” y reclusión perpetua o pena de muerte para quien “mediante incendio, explosión u otro medio análogo creare un peligro común para personas y bienes”.⁴

Luego del golpe, el número de reclusos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional se elevó a ocho mil seiscientos veinticinco personas, con un incremento respecto del año anterior de alrededor de un cuarenta por ciento y hacia 1977 otras mil doscientas personas fueron arrojadas en los presidios. A pesar de la elocuencia de las cifras, en el mensaje que dirigió por cadena nacional el 24 de marzo de 1976, la Junta Militar, en su asunción de mando, señaló que el objetivo fundamental era resguardar a la patria del desgobierno y la disolución nacional, lo que no suponía “discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno” (www.nuncamas.org). En sentido similar a poco del aniversario del asalto al poder, Jorge Rafael Videla manifestó que en las cárceles no había personas recluidas por sus ideas “sino solamente por ser parte o haber apoyado en algún nivel a la ‘subversión’ (diario La Opinión, 16 de marzo de 1977). Furtivamente se instalaba que los “subversivos” no eran seres políticos sino individuos ajenos, hostiles y extraños, llegando a su apogeo la figura del “otro”.

El disciplinamiento carcelario

Las experiencias carcelarias para presos y presas políticos anteriores al período de centralización represiva -antes de 1975-, se desarrollaron en las provincias más diversas del país como Jujuy, Salta, Chaco, Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Tucumán, La Plata y Villa Devoto en la Capital. Las condiciones de vida todavía hasta comienzos del mismo año se emparentaban con las que tradicionalmente habían vivido los presos sociales en décadas anteriores, ya que unos y otros podían gozar de visitas familiares, lecturas, recreación en espacios comunes, alimentación apropiada, la fortuna de realizar ejercicios físicos o de desarrollar tareas en los talleres productivos del presidio.

Sin embargo las personas que perdieron la libertad desde mediados de 1975 y en adelante, sufrieron un tratamiento similar al de las personas “desaparecidas”. Su periplo carcelario, que comenzaba con una detención ilegal y que sucedía a altas horas de la noche entre golpizas y capuchas, finalizaba con el paso por casas para interrogatorios, centros de detención clandestinos o algún sótano de aplicación de tormentos ilegal de jefatura policiales. Aunque quienes caían presos en cárceles legales tenían mayores posibilidades de sobrevivir, incluso en este punto, estos espacios de encierro reproducían la ilegalidad de los “chupaderos”⁵ recurriendo a excusas como la tan mentada “ley de fugas”.⁶ Bajo esta figura sucedieron varias masacres que comprometieron a varones y a mujeres por igual, como las de la Unidad Penitenciaria No 1 de Córdoba, Margarita Belén en Formosa, el Paraje Las Palomitas en Salta o el penal de Villa Gorriti en Jujuy. La investigación que realiza la CONADEP y que se encuentra en permanente actualización, ha registrado ciento cincuenta y siete personas que perdieron su vida en estas condiciones, así como otras veinte personas que fueron asesinadas luego de que autoridades judiciales intervinientes decidieran su puesta en libertad, evidenciando la fuerza de los vasos comunicantes entre la represión clandestina y la legalizada.

La centralización de los presos y presas produjo una institucionalización del encierro que redujo la atomización y ciertas arbitrariedades ejercidas por el poder militar. Empero, naturalmente, no mermó el endurecimiento del régimen penitenciario, sino que por el contrario, se definieron nuevos procedimientos de segregación y aislamiento, tanto respecto de los presos comunes como entre varones y mujeres presos políticos.

En la decisión de concentración de los presos y presas políticos en varias unidades, el régimen asumió una primera división por género, determinando que la Unidad Penitenciaria de Devoto (Capital Federal) alojaría a las mujeres y las Unidades Penitenciarias de Resistencia (Chaco), Coronda (Santa Fe), Sierra Chica (Olavarría, pcia. de Buenos Aires), La Plata (pcia. de Buenos Aires) y Rawson (pcia. de Chubut) albergarían a los varones. En ambos casos la prescripción era la de una política de “centralización, aislamiento, desarraigo y destrucción”, aunque con diferentes implicancias para un grupo y para otro. Mientras que las mujeres fueron engrosando en un proceso acelerado las filas de la cárcel de Villa Devoto, los varones fueron rotados sistemáticamente entre los varios presidios, provocando desconcierto y desesperación en los familiares.

Una característica medular de este período fue la confección de una clasificación de los presos políticos según grados de responsabilidad militante. De este modo, con la vigilancia y el hostigamiento constante se fueron construyendo territorios diversos para separar a los presos entre sí y evitar la formación de prácticas solidarias (Antognazzi, I., 1988). También se instruyó tanto al personal del Servicio Penitenciario Nacional como de los Servicios de Inteligencia con una normativa congruente con la política de aniquilamiento global y se hicieron promulgar a tal efecto nuevas ordenanzas y reglamentos internos con el fin de sujetar a los cuerpos apresados a los más mínimos e innumerables detalles (Filc, J., 2000).

Hacia mediados de 1977 el régimen ya tenía un diagnóstico sobre los presos y presas políticos y envió a todos los penales una orden secreta, denominada “Recuperación de pensionistas”. En ella se estableció que, siendo los reclusos y reclusas indoblegables en sus convicciones ideológicas, se tornaba urgente implementar un cuadro disciplinario más desafiante y severo que abarcara aspectos todavía no explorados. En esta nueva disposición se incluía el hostigamiento a los familiares de los detenidos para provocar docilidad en los reclusos, aislamiento de los presos considerados irrecuperables para inducir la reeducación social del resto y evitar que las cárceles operen como escuelas de subversión de valores. Los métodos prescriptos para llevar adelante esta directiva también fueron múltiples, incluían desde la sugestión y persuasión hasta la compulsión por medio de acciones de propaganda, de comando, administrativas o de reeducación. El control de la actividad carcelaria suponía entonces: censura de toda información externa, restricciones alimentarias, instalación de epidemias sanitarias, propagación de rumores desmoralizadores, sonidos extremos y rotación sistemática de presas entre pisos, pabellones o celdas para bloquear la socialización, desacreditación de los líderes y prohibición de toda forma colectiva de organización, imposibilidad de ejercitar el cuerpo, etc. Un anexo de la misma orden determinaba la actitud que debía asumir el personal penitenciario, destacando la cohesión de grupo, la disciplina, la instrucción militar, el entrenamiento físico permanente y la idea de que los carceleros/as debían infundir respeto con su actitud de victoria.

Para abril de 1979, otro reglamento subrayó la necesidad de insistir con una vigilancia mucho más afinada, de carácter microscópico y una sujeción exhaustiva. Por ejemplo, en el artículo 15 de tal documento, se detallan los deberes del delincuente terrorista: “Abstenerse de cantar, silbar, gritar, mantener conversaciones furtivas por señas o indecorosas o de elevar la voz”. La intrusión en la subjetividad implicó una humillación corporal similar simbólicamente a la de una persona esclavizada. Los presos no eran dueños ni de su propia carne y debían estar dispuestos a visibilizarla para favorecer el control del personal penitenciario. A los presos y presas les correspondía: “Someterse integralmente a las requisas de sus personas, sector de alojamiento y efectos debiendo quitarse las prendas de vestir para una revisada minuciosa cuando así se lo requiera”. Se controló de este modo la comunicación y el cuerpo individual pero también se planeó una vigilancia entre los sujetos. Cada una de las personas, aun cuando tenía negada su individualidad, sólo podía actuar de forma particular, pues desde la concepción del régimen, lo colectivo era identificado como instrumento de lucha y era representativo de lo rebelde, de lo que debía ser arrasado. Así también reza el artículo 16 de tal texto: “Los DT detenidos podrán formular individualmente sus peticiones y/o escritos a las autoridades del establecimiento constituyendo infracción disciplinaria grave toda petición en forma colectiva. El DT detenido podrá formular su petición atendiendo a problemas personales, quedando prohibido ser portavoz de problemas de terceros y/o colectivos”.

Si en las cárceles de máxima seguridad se dio el juego de negación de lo íntimo e individual a la par que se negaba lo colectivo, lo común y lo más público, el juego no fue arbitrario ni irracional, por el contrario, fue una ambigüedad ejercitada para hegemonizar y estuvo en consonancia con la tecnología represiva que combinaba lo clandestino y lo público en otros ámbitos.

La seguridad del estado por la actividad del “enemigo interno” implicó entonces una maniobra articulada en diversas esferas y, si bien la convivencia de los poderes no se desarrolló sin confrontaciones internas, pues coexistieron inestablemente por esta vía jefaturas de centros clandestinos de detención, de policía, de prefectura, de gendarmería y del servicio penitenciario, a la hora de desarrollar una tecnología carcelaria tomaron al presidio, como ya hemos indicado, como un frente más de la guerra, practicando formas de disciplinamiento sin precedentes en la historia correccional argentina.

La sexualidad entre las rejas

A lo largo de los siete años de dictadura los presos y presas fueron tomados como rehenes por el régimen. De esta forma, si se sospechaba que en el exterior las organizaciones armadas podían tramar algún atentado contra las fuerzas de seguridad, se seleccionaba y aislaba bajo amenaza, indistintamente, a miembros o grupos enteros de varones o mujeres como factor de presión.

Las mujeres tuvieron menor desgracia y aislamiento que los varones legalizados. Si en un principio fueron tomadas como rehenes por los militares y los penitenciarios, tanto sea por ser activistas por derecho propio o por ser hermanas, madres, esposas, compañeras e hijas de aquellos que habían sido capturados -o no- por otros dispositivos represivos del estado terrorista, pasado el período de mayor cantidad de desapariciones (1976 a 1978) y en coincidencia con la visita de organismos internacionales por denuncias de violaciones a los derechos humanos como la OEA, Amnesty International o la Cruz Roja, fueron especialmente utilizadas además como objetos de exposición. Para esos fines servía Villa Devoto, una cárcel situada al interior de un populoso barrio de clase media en el perímetro de la capital del país. De esta forma, si la representación habitual era que la guerra la hacían los hombres, como en toda guerra, las mujeres se transformarían en un botín preciado para los dominadores. La articulación entre ser mujeres exhibidas y ser mujeres rehenes potenció la idea de la dictadura militar de construirlas como trofeos políticos.

Estas mujeres fueron fuertemente castigadas en lo que refiere a una subjetividad y experiencia femenina no coincidente con la pauta de género prescripta social y culturalmente. Como sugerimos más arriba, mientras se enaltecía a la “mujer” y al maternaje en la retórica pública, la dictadura ejercía una operación de exterminio sobre las militantes madres, apropiándose impiadosamente del linaje de niños y niñas nacidos en cautiverio ilegal. Si bien en la cárcel legal esta subversión de sentidos no adquirió esta violencia extrema, también el centro de la mortificación coincidió con la pauta de género, ya que si una mujer podía emular a los hombres en el combate y en las cuestiones de estado, debía ser confinada, empantanadas sus facultades intelectuales, y retirados sus pequeños hijos aún lactantes de las celdas.

La maternidad recibió entonces un trato específico en los decretos que el gobierno militar prescribió para las unidades penitenciarias. Hasta junio de 1976 las presas políticas podían pernoctar en sus celdas con sus hijos e hijas hasta que estos cumplieran dos años de edad. A partir de ese momento, sólo les fue permitido retener a los pequeños un breve lapso de tiempo y “si el progenitor o demás parientes obligados a prestarle alimentos no estuvieren en condiciones de hacerse cargo del mismo”, ⁷ la penitenciaría tenía derecho a dar intervención a la autoridad jurisdiccional competente, promoviendo una flagrante adopción ilegal. En sentido coincidente con el espíritu de este decreto se crearon las Juntas Interdisciplinarias, una suerte de organismo instaurado en los penales para dividir internamente a los presos y presas entre sí por medio de una “nota de arrepentimiento”.⁸

En el caso de las presas de Devoto, la Junta tuvo como objetivo fundamental inducir un fuerte sentimiento de culpa en torno a todo lo que estas mujeres habían “abandonado” por desear participar en la escena política. La acusación más frecuente que surgía de las entrevistas a las madres apresadas era la de haber cometido acto de “filicidio” por no haberse ocupado en tiempo y forma de sus hijos e hijas y haberse dedicado a otros “menesteres”. Al resto de las mujeres se las culpaba de haber cometido actos de renuncia y deserción respecto de otros lazos como el de hija, esposa o hermana. Comenta una ex presa política que lo que buscaban los militares era hacerles creer que “éramos las que buscábamos la muerte, las que nos hacíamos torturar, las que abandonábamos a nuestros bebés y a nuestros deberes y responsabilidades como mujeres, como madres, como miembros de una familia de origen y la constituida por elección” (Clara, M., 1998). A la perversidad de esta estrategia se le sumaba que algunos de los miembros intervinientes de la Junta habían sido los mismos que las habían detenido y torturado estando preñadas.

Cuando el régimen acusó a las mujeres de abandonar sus vínculos y funciones “naturales”, paradójicamente las representó desfeminizadas y elípticamente las connotó como viriles. Construirlas como mujeres viriles les hacía más admisible el maltrato, el ultraje o mismo la sustracción de sus hijos y esto es así, no tan sólo por no consumar la prerrogativa social de ser madres en un “cuerpo femenino”, sino porque el discurso y la práctica represiva requería anular o recusar sus cuerpos sexuados de mujeres. La idea de colocar a la mujer en posición de varón les allanó la pelea “a muerte” con sus opositores, naturalizando el acto criminal.

El presidio operó como una instancia punitiva y pedagógica de las prácticas en las que las mujeres no debían incurrir a la vez que señaló las consecuencias de una adscripción de género no adecuada culturalmente. Las mujeres que se atrevieron a cuestionar por medio de la autonomía de su cuerpo y sus ideas sus atributos socialmente asignados fueron acorraladas más por su condición de mujer “no congruente” con la pauta genérica que por su actividad política. Si como se sabe, el poder construye el delito con un sesgo masculinizante ya que a los varones la trasgresión normativa les confiere virilidad, peligrosidad, valor y entereza, a las mujeres, sin embargo, traspasar lo prohibido no las convirtió en mejores, pues no son sólo acusadas por su pasaje a la actividad política, sino por aquello de lo cual no se han encargado: cuidar a su prole, defender a la familia o a su feminidad como algo vital. Un modo además de quitarles valor a su agencia política.

Descubro una curiosa asignación de los espacios de encierro para las mujeres, con el objetivo también de devaluar la experiencia política. La Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Fe conocida popularmente como “estación de tránsito” debe esa nominación a que en esas dependencias pernoctaban perentoriamente mujeres detenidas por las fuerzas de seguridad hasta que un juez dictaminara su libertad previo pago de una multa o decidiera su efectiva condena y su correspondiente pena y reclusión correccional. En general a estas mujeres se las encarcelaba por contravenciones al orden público, tales como el ejercicio de la prostitución, peleas callejeras o delitos menores no criminales. Notablemente esta “estación” que conservó durante la última dictadura militar su estructura original de prostíbulo fue utilizada para alojar mujeres presas políticas (Beguán, V., et al, 2006). También en la cárcel de Villa Devoto, reinaugurada hacia febrero de 1974 después de la liberación de todos los presos políticos de mayo del año anterior, fueron localizadas una decena de presas políticas en el pabellón de contraventoras junto a las prostitutas.

Alojar a las presas políticas en espacios vinculados con prácticas de prostitución alude a la interdicción negativa y a la desvalorización que la cultura patriarcal ejerce sobre las mujeres que priorizan lo sexual a lo reproductivo. Colocar a estas jóvenes militantes presas en el “lugar” de la prostituta remite a la polisemia del cautiverio femenino. Ellas son castigadas como mujeres que vulneran los límites de la impronta genérica en tanto no se someten a la prerrogativa de una arena política masculina y a la vez son consagradas metafóricamente en otro núcleo oprimido, el de las mujeres eróticas. Son apresadas y nombradas de esta forma como lo otro, lo anormal, lo extraño, siendo connotadas negativamente por no adoptar “plenamente” la pauta de género normativa.

Encuentro una intervención similar del régimen en otra histórica condición de encierro femenina, a saber, la de la locura. La arenga intimidatoria que sufrieron las mujeres al ingreso de los penales a modo de sentencia, fueron alocuciones vinculadas con la locura y la muerte como: “Uds. saldrán de aquí muertas o locas”. La operación discursiva del poder subrayó que las militantes apresadas son mujeres fallidas que erraron su destino y que por haberse distanciado de su “deber ser” deben cargar con el mote de locas. La tarea de asignar la locura como cualidad deviene de la violación de la racionalidad masculina y de la trasgresión de la feminidad instituida (Lagarde, M., 1997).

Locura, prostitución, virilidad, antimaternaje son todos atributos que colocaron a las presas políticas en un cautiverio simbólico que sobreviene a su sexualidad y a la relación que entablan a partir de ella con otros. Un cautiverio que naturalmente se rearticula a la vez en clave de género con el cautiverio disciplinario.

Pero también en el caso de los varones el régimen intentó mancillar su condición política a través de la cuestión de género. Los estudios de las masculinidades con perspectiva pro feministas han caracterizado a lo viril como un concepto relacional que se construye confrontando con otros hombres y en oposición y pánico con lo femenino (Bourdieu, P., 2000). De esta forma, lo masculino surge de una pugna inscripta en una compulsa sociocultural y los hombres deben “probar constantemente la masculinidad y así conseguir ser superiores que las mujeres y a algunos otros hombres [aunque para ello tengan que provocarse] situaciones límites o de gran angustia (…) Una presión social constante (que) obliga a los hombres a dar prueba sin cesar de una virilidad de la que nunca pueden estar seguros” (García, A., 2000). El régimen militar confronta a los varones apresados e intenta quitarles virilidad por medio de la constricción del cuerpo ya que se les imposibilita entrenarlo. Los varones apresados compulsan su masculinidad haciendo ejercicios a oscuras y a escondidas en sus pequeñas celdas. Desde ambos lados hay presión y mientras unos intentan interceptar lo masculino, los otros pugnan por salvarlo. El mejor modo de dominio requiere anular al varón feminizándolo, colocándolo en una simbólica ubicación subsidiaria. Los presos, como es lógico, resisten a esta degradación sexual.

Tanto en el caso de varones como de mujeres, la violencia sexual y de género se enlazó de modo profundo con la violencia política. Si bien una no es igual a la otra, se materializaron juntas cuando de cuerpos encerrados se trataba. Las torturas en los presidios tuvieron como objetivo degradar la subjetividad a través de la carne, por ello las zonas erógenas operaban como espacios de privilegio para los verdugos. Cuentan algunos ex presos políticos que: “desnudos, de espaldas sobre los pasillos, prohibiéndosenos mirarnos, se nos preguntaba sobre la actividad que desarrollábamos afuera, sindicatos, partidos políticos, etc. Nos golpean con bastones de goma, con núcleos de acero”. Esas sesiones prolongadas de golpes apuntaban ciertamente a los genitales, provocando hematomas y daños irreparables, con el objetivo de lastimar pero también de humillar.

Desarmando la captura

Paradójicamente si bien la cárcel de Devoto practicó un régimen nocivo contra las mujeres, la mayoría de las presas coinciden en destacar que tuvieron un margen mayor de maniobra que los presos varones. Es necesario considerar que cuando todavía no había arribado la liberación femenina de los años sesenta que propició la incorporación masiva de las mujeres a los mercados de trabajo, a las casas de estudio universitarias y a la participación política, las cárceles de mujeres, en su gran mayoría, estaban regenteadas por monjas de la Congregación del Buen Pastor. Las monjas, aparentando protección, se entrometían en la vida íntima de las mujeres pretendiendo convertirlas en seres dóciles y dependientes. Su ortopedia consistía en el enaltecimiento de los consabidos valores femeninos propios del mundo doméstico. En parte por este motivo el régimen militar en un primer momento fue torpe y no tuvo mucho conocimiento de cómo manejarse con mujeres presas políticas. De hecho, en los comienzos no contaban con personal femenino formado con las nuevas directivas de lucha contra la “subversión”. Las mismas mujeres carceleras fueron variando con el transcurrir del tiempo y a medida que el régimen se hizo más represivo tuvieron que contratar mujeres con mayor nivel de formación educativo más profesionales y endurecidas. Sin embargo, aun así, les prescribían no dialogar con las detenidas, rotándolas permanentemente y evitando toda humanización. Por todo ello luego se tornó más dificultoso para las mujeres presas captar a las carceleras para pequeñas causas. No obstante, a pesar de que los militares coincidían con las monjas en torno al rol que le competía a la mujer en la “sociedad moderna”, a las presas políticas nunca les ofrecieron desarrollar tareas propias de lo hogareño. Por el contrario, el objetivo era privarlas de toda actividad y a las únicas que les permitieron realizar alguna labor manual fue a las que llegaron a ser caracterizadas como “blancos” recuperables. Este aspecto también resalta otra de las ambigüedades del régimen, pues a pesar de disponer de rígidas atribuciones para las apresadas, prefirió castigarlas a garantizarles una rehabilitación similar a la que proponía la congregación de religiosas.

Los varones tuvieron menos margen de acción que el colectivo de mujeres de la cárcel de Villa Devoto. Ellos fueron regularmente torturados con métodos de aislamiento y enloquecimiento como en el caso del penal de Rawson por su localización en el desierto patagónico y en otras oportunidades por la dureza con la que los directores penitenciarios asumían las indicaciones de la jefatura militar. Incluso antes del golpe, cuando todavía se vivía en las cárceles un clima “relajado”, el pabellón No. 49 de varones de la Unidad Penitenciaria de Devoto había sido gaseado por un comando de penitenciarios que se constituyó en una fuerza de choque ilegal y que vociferaba que de allí en más reprimiría hasta matar a los presos políticos. La Unidad Penitenciaria No. 1 de la ciudad de Córdoba fue un presidio en el que se practicaron todo tipo de arbitrariedades hasta llegar al asesinato justificado en ficticios intentos de fuga. La cárcel de Coronda localizada en la provincia de Santa Fe y bajo la dirección de Gendarmería Nacional fue concebida como un espacio para la destrucción integral física y psicológica de los prisioneros. La violación a un reglamento que no era público y del cual nadie tenía conocimiento, habilitaba a que por cualquier razón se produjera el encierro en celdas individuales durante 23 horas al día (Abrile, Héctor et al., 2003). En la Unidad Penitenciaria No. 9 de la ciudad de La Plata eran los mismos carceleros los “que desarrollan prácticas de acercamiento y (…) luego participaban de la golpiza (…) una manera más de quebrarte”.⁹ La misma cárcel contó con el célebre “pabellón de la muerte”, en donde se alojaban candidatos a ser ejecutados como represalia por cualquier eventual atentado a las fuerzas de seguridad.

Algunos ex presos han subrayado que el nivel de enfrentamiento abierto que practicaban las mujeres con el régimen penitenciario sólo era factible en el marco de las condiciones de una cárcel vidriera, como era la de Villa Devoto¹⁰. En concordancia con este diagnóstico, manifiesta una ex presa política que “había compañeros que decían que no estábamos acordes a la situación y que seguíamos provocándoles”.¹¹ Si bien las mujeres del penal de Villa Devoto tuvieron ciertas ventajas que el dispositivo represivo en otras áreas no ofreció, también es cierto que en algunos penales donde la vida carcelaria era inhumana, como por ejemplo en el caso del penal de Rawson, los presos varones decidieron no confrontar, aceptando el asilamiento que proponía la jefatura del penal con la idea de que “el partido estaba adentro de cada uno” y que entonces no era necesario potenciar los lazos de solidaridad colectiva porque cada cual podía sostenerse individualmente en una senda políticamente correcta.¹²

Aunque unos tuvieran más margen de maniobra que otros dentro de la cárcel, la experiencia de presos y presas se potenció fuertemente en el colectivo manteniendo por mucho tiempo similares lazos orgánicos a los que se habían construido en la vida política previa al encierro. A pesar de que las distintas organizaciones políticas perdieron contacto con sus militantes porque se destrozaron casi todas las redes o nexos con el afuera, la mayoría recreó y reorganizó nuevos vínculos políticos al interior del penal. Se concebía a cualquier logro por más pequeño que fuera como una batalla ganada contra el poder carcelario. Con esta modalidad si sucedía, por ejemplo, que alguien era golpeado o se disponía de un traslado incierto, se organizaba un jarreo (golpeteo de jarritos en los barrotes de las celdas) para que se enteraran los vecinos del barrio.

La clave del enfrentamiento fue la resistencia colectiva y la obstaculización a las medidas del penal, diseñando para ello desde: “notas de reclamo, de denuncia, rechazo de comidas, gritos, campañas de habeas corpus y recursos de amparo, gestiones masivas de visas, rechazo a acceder a ciertas imposiciones como requisas vejatorias y caminar con la cabeza baja y las manos atrás, etc.” (Antognazzi, I., s/d).¹³ La organización que adquirieron les permitió coordinar productivamente el tiempo carcelario. Las experiencias del economato (una caja de dinero común con el que intentaban resolver problemas sanitarios, de alimentación, etc.), los cursos de alfabetización, las lecturas de cartas en común, la circulación de información por diferentes medios, les concedió una gran entereza intelectual, psíquica y física.

En términos generales, tanto para varones como para mujeres, rechazar la desmoralización, la parálisis y la inactividad, les implicó hacer lo imposible para estar informados, inventando permanentemente formas de trabajo con la palabra escrita y hablada. El correo por letrinas, el “caramelo” en la boca u en la oreja, el canuto en la vagina o en el ano (un papel de cigarrillo escrito con cursos o novedades), mensajes en libros y palomitas de piso a piso, el lenguaje teatral, etc. junto con haber sido personas que pasaron por los campos de detención, les permitió ser portavoces de la denuncia –especialmente los que lograron llegar al exterior- de lo que sucedía en la escena clandestina del régimen.

Conclusiones

Mientras hubo “desaparecidos” que circularon desde los campos de exterminio hacia las cárceles a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), otros “detenidos” sufrieron el recorrido inverso, pasando de estar bajo el poder del PEN a engrosar las filas de los asesinados. Los dispositivos represivos, los más y los menos públicos, se hicieron igualmente solidarios de la piedra fundamental del régimen, su clandestinización, implicando tanto a treinta mil desaparecidos como a diez mil presos políticos.

Asimismo, si bien la cárcel practicó un régimen despiadado a partir del golpe, paradójicamente la mayoría de los apresados coincidieron en señalar que llegar a la cárcel era “el final feliz de una espantosa secuencia” (Beguán, V., et al., Op. Cit.: 37). La institucionalización del encierro depreció las cruentas arbitrariedades en las detenciones “ilegales” que se sucedieron entre mediados de 1975 y el golpe de estado de 1976.

De conjunto, la cárcel “legal” fue un espacio de agencia política y de gran intercambio político, cultural y humano. De la diversidad carcelaria surgió una creatividad solidaria y una cultura de la resistencia. El encierro para hombres y mujeres que habían participado del clima insureccional de los años previos al golpe supuso sobre todas las cosas una redefinición de sus prácticas políticas. Con contadas excepciones, la “ortopedia represiva” fue muy pobre y no logró rehabilitar a nadie.

Con todas sus dificultades también fue un espacio vital por su legalización, por las visitas, por la intervención del poder judicial en contraste con los centros clandestinos. La política no desapareció de la cárcel, por el contrario se adecuó y se redefinió. La cárcel fue concebida en términos de guerra y el encierro fue parte de las consecuencias de la lucha revolucionaria. No fue el fin de la lucha sino el comienzo de una política en términos de acción y resistencia. Por esta razón cualquier logro, por más pequeño que fuera, fue una batalla ganada contra el poder carcelario.

Desde el punto de vista de género, Villa Devoto se convirtió especialmente tanto en un espacio de denuncia como de garantía. Las mujeres pudieron asumir este desafío porque fueron capaces de asumir esa ventaja de género. La “vidriera” se construyó no casualmente en una cárcel que albergaba mujeres. En la ecuación de casi diez mil mujeres desaparecidas fue consistente mostrar a las presas políticas para que restituyeran una imagen femenina que a la vez cargara en su propio cuerpo el encierro. A fin de “invisibilizar” su participación política el régimen transformó a la mayor parte de sus víctimas femeninas en desaparecidas. Mientras que el treinta y tres por ciento de las personas desaparecidas fueron mujeres, en las cárceles legales en el momento de mayor concentración ellas no superaron el doce por ciento del total. Si bien las presas políticas fueron muy numerosas respecto de épocas precedentes, constituyeron un número sensiblemente inferior que las mujeres “ocultamente” asesinadas.

La conciencia política durante los años de febril militancia se sostenía en una idea muy general de igualdad entre los géneros. No era parte del imaginario de esas décadas considerar que las contradicciones de género fueran un eje opresivo tan decisivo como el que existía, por ejemplo, entre el capital y el trabajo o entre la nación y el imperialismo. La igualdad entre los géneros era deseable en abstracto pero se alcanzaría de modo natural cuando se resolvieron otras encrucijadas prioritarias de la sociedad capitalista. Asimismo la idea guevarista del “hombre nuevo” invitaba a generalizar la mística revolucionaria a partir de la naturalización de lo masculino como lo deseable universal. Los atributos masculinos fueron valorados como políticamente correctos. Así, cualidades como el coraje, la entrega, la audacia, la fuerza física o la racionalidad calculadora estimuló a las mujeres a sobrevivir “masculinizándose”.

El balance de la experiencia carcelaria –y en muchos casos también la del exilio- contribuyó en los protagonistas a un despertar de inquietudes en torno a la problemática de género en el pasado y en el presente. Congruentemente, la búsqueda de nuevos sentidos y aproximaciones históricas del período, ya no pueden soslayar la riqueza de escrutar al género para comprender adecuadamente la política setentista y junto con ello a la cultura de izquierdas.

Bibliografía

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Sitios consultados

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Notas