La huelga bancaria de 1959 y los problemas de un movimiento obrero dividido | Centro Cultural de la Cooperación

La huelga bancaria de 1959 y los problemas de un movimiento obrero dividido

Autor/es: Omar Acha

Sección: Investigaciones

Edición: 2

Español:

Se reconstruyen las peripecias de la huelga bancaria y del seguro ocurrida en 1959. Se analiza su evolución en todo el país, dentro del marco de la política del gobierno de Arturo Frondizi. Un espacio particular es reservado para las prácticas de organización de la huelga. Finalmente se ofrece una explicación de su derrota.

Ingles:

The facts of the bank employees strike of 1959 are reconstructed. Its evolution around all the country is analyzed, within the political framework of Arturo Frondizi government. A particular relevance is dedicated to the organizational practices of strikers. Finally an explanation of its defeat is given.


Antecedentes del conflicto

Este artículo presenta el avance de un libro en preparación sobre el ciclo de huelgas bancarias que transcurre entre marzo de 1948 y junio de 1959, atravesando el primer período peronista, la llamada Revolución Libertadora y el gobierno de Arturo Frondizi. En ese estudio se analiza la trayectoria de los empleados y empleadas de bancos y compañías de seguros. Se reconstruyen las importantes medidas de fuerza llevadas a cabo en 1948, 1950, 1958 y 1959. Aquí se expone una versión comprimida de los acontecimientos de 1959.

Para comprender las particularidades de la huelga es imprescindible recordar que el mencionado ciclo de luchas mostró la construcción de una dinámica democrática de base, con elección de delegados antiburocráticos, que fueron acercando a la militancia sindical bancaria y del seguro a las prácticas de la clase trabajadora. Después de 1955 se produce un proceso de democratización que excede las perspectivas antiperonistas de la intervención a la Asociación Bancaria, el sindicato de los empleados bancarios, que buscaban eliminar a los peronistas de los puestos dirigentes. Pero se verifica la aparición de una nueva camada de militantes jóvenes, donde se mezcla la izquierda marxista, comunista y socialista con el radicalismo y una base donde el peronismo no es mayoritario pero sí importante. El proceso de democratización y movilización bancaria da lugar a la exitosa huelga de enero, febrero y marzo de 1958, que concluye con la victoria de los empleados del seguro y bancarios, luego refrendada por el decreto 3.133 del nuevo presidente Frondizi que estipula un nuevo escalafón de salarios que sería actualizado cuando la inflación superara el 10 por ciento. En diciembre de 1958 el gobierno impone el Plan de Estabilización en consonancia con el crédito Stand-by del Fondo Monetario Internacional. Según el Plan, los aumentos salariales debían ser regidos por el aumento de la productividad. Cuando la inflación fue avanzando sobre el tope pactado con los bancarios, el conflicto fue inevitable.

El desarrollo de la huelga

Durante la segunda semana de marzo de 1959 las asambleas de bancarios manifestaban una creciente impaciencia ante las dilaciones y el ministro de Trabajo David Blejer había anticipado que cualquier huelga sería declarada ilegal. El ministro del Interior, Alfredo Vítolo, manifestó otro criterio. Sin embargo, prevaleció la actitud adoptaba por Blejer. Los sindicatos decidieron paros parciales y progresivos a partir del día miércoles 18 de marzo. La medida obtuvo un importante acatamiento. Durante la tarde del viernes 20, a través de un comunicado firmado por Juan H. Martínez, la Asociación Bancaria señaló que no realizaría medidas de fuerza el lunes 23, como una muestra de buena voluntad. Las autoridades, que hasta entonces -según el gremio- se habían mantenido impermeables, deberían entablar el diálogo. De otra manera se reiniciarían los paros el martes 24.

El martes se reiniciaron los paros durante las dos últimas horas de atención al público. Hubo variantes regionales respecto de la duración de la medida. En Salta sólo se atendió al público durante una hora. En la capital de Córdoba la medida afectó durante dos horas y tuvo eco especialmente en el banco oficial de la provincia. En La Plata la paralización de las tareas se extendió por el lapso de dos horas y media.

Por su parte, la comisión gremial interna de la Caja de Ahorro informó que de 756 agentes que debían prestar servicio en el turno de la mañana, 732 se plegaron al paro. La dirección aplicó tres días de suspensión como medida punitiva. En las entidades bancarias, las informaciones llegadas de La Plata, Córdoba y Salta indicaban que la medida también se había concretado en el interior del país. En la Caja Nacional de Ahorro Postal (CNAP) y en los bancos oficiales se prohibió el ingreso a los huelguistas. El personal de las entidades que tomaron esa decisión comenzó a agolparse en las puertas de entrada de sus respectivos edificios de trabajo. Carros de asalto de la policía patrullaban la zona céntrica de la City financiera y la Caja de Ahorro. Las acciones represivas tendientes a disolver los grupos de empleados y a detener a algunos de ellos, decía un diario, "dieron al pleito bancario una expresión tensa y por momentos turbulenta".1

Los paros parciales continuaron hasta fin de mes. El ambiente social seguía crispado. El diario conservador La Nación realizaba un análisis lúcido y partisano de la situación. El editorial titulado "En el umbral de la violencia" no era profético, dado que la represión social ya había comenzado. Esquematizaba las líneas de la acción sindical en dos orientaciones: la que respondía a los fieles al "régimen depuesto" y la comunista. Los gremios peronistas habían perdido el norte, estaban "desorientados". Esta es una observación justa, pues se ha tendido a sobredimensionar la claridad estratégica de las cúpulas sindicales peronistas. Por otra parte, continuaba el editorial, el comunismo compensaba su falta de "arraigo popular" con el entrenamiento en las lides sociales que le otorgaba la experiencia partidaria. Donde fallaba el análisis era en el matrimonio por conveniencia que detectaba entre peronistas y comunistas. En efecto, La Nación sostenía que la nueva burocracia sindical peronista, consciente de su ineptitud, permitía que los comunistas alcanzaran rangos ejecutivos en los gremios para evitar "ser desbordada por la masa". El gobierno, por su parte, se encontraría entrampado en la politización que rigió las relaciones más o menos secretas con la dirigencia sindical. Los acuerdos logrados de ese modo sólo favorecían la campaña comunista que especulaba sobre los beneficios electorales que le reportaría la continuidad de la conflictividad social. La solución general del texto era la subordinación "viril" de los asalariados al trabajo, tan necesario para un país en decadencia.2

Las desavenencias se profundizaron. El 1º de abril se acordó una tregua: se abonarían los salarios del mes de marzo y la Asociación Bancaria esperaría hasta el día 10 la concreción de un aumento salarial. Pero el día 2 de abril el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó a reunirse en la Dirección General de Relaciones del Trabajo para el lunes 16 a las entidades que se regulaban por los decretos 3.111/58 y 3.686/58. El objetivo era estudiar un aumento de emergencia y otras peticiones solicitadas por la Asociación Bancaria y el Sindicato del Seguro. No obstante, la movilización de personal de los citados gremios tornaba demasiado extensos los tiempos del gobierno. El viernes 3, una manifestación bancaria en las inmediaciones de la Plaza de Mayo derivó en enfrentamientos con la policía. Varios automóviles estacionados fueron siniestrados. El gobierno informó que el personal bancario que se plegara a la medida de fuerza sería cesanteado. La decisión de comenzar el paro no fue fácil. Se vivía en un clima de represión policial. El estado de sitio era un contexto poco propicio para un reclamo, tal como lo había demostrado la derrota de varias huelgas recientes.

Un militante del Banco Provincia recuerda la escena de las horas anteriores al lanzamiento de la huelga, que no contaría con el apoyo de la CGT. Jorge Tarulli, por entonces simpatizante de la UCRI, recuerda una escena de los días previos. Acababa de llegar en la tarde otoñal al "London Bar", ubicado en la esquina de Sarmiento y Reconquista, en el microcentro porteño. En una mesa se encontraba Floreal Gorini, secretario adjunto de la Asociación Bancaria. Al sumarse, el activista percibió la preocupación reinante. Con la mirada inquieta, Gorini le confió: "Tengo miedo de lanzar la huelga. Estamos muy solos". El temor era fundado. A la distancia se observa que se creyó posible derrotar nuevamente al gobierno y la patronal, como en 1958. El deseo de reiterar la victoria aparecía en el grito de "¡Una, dos y tres, bancarios otra vez!" que se entonaba en la vía pública. Se perdió de vista que aquella huelga fue ganada a un gobierno en retirada y bajo la presión del proceso de cambio de autoridades nacionales. En 1959 la situación era muy diferente. El gobierno de Frondizi tenía varios frentes de conflicto, pero aún se encontraba con fuerzas para combatir a una oposición sindical. La determinación de la dirigencia bancaria para ir a un paro era sin embargo irreversible.

Los gremios bancario y del seguro decidieron ir al paro por 24 horas para el día 14 de abril. El 15 se trabajaría normalmente y el 16 comenzaría un paro por tiempo indeterminado si no se lograba un progreso en las negociaciones, pues, argumentaban, los bancarios habían sido objeto de una "tremenda estafa".3 Como recaudo se constituyó un comité de huelga alternativo para que actuara en caso de que se encarcelara a los dirigentes bancarios. Para desarticular la medida el gobierno decretó el feriado bancario los días 14 y 15 de abril, y en la madrugada del 15 la Asociación Bancaria fue intervenida. A las dos de la madrugada la policía allanó la sede sita en Reconquista 331/335. Los dirigentes que estaban en la sede huyeron por los fondos, bloqueando con cadenas el ingreso antes de salir. Por la mañana llegaron refuerzos policiales y a las 10 horas forzaron las cadenas con una palanca de hierro. Cuando finalmente la policía pudo ingresar tras paralizar el tránsito durante 45 minutos, no halló a ninguna persona en el local. La confrontación adquiría una virulencia inesperada.

De acuerdo a lo decidido en la Asamblea General del gremio realizada el 16 de marzo, el secretario general del Sindicato del Seguro, Elvio Flores, y el secretario adjunto, Carlos G. Villegas, tomaron la resolución de adherir a la medida de fuerza bancaria para el 14 de abril. Ese día fue intervenido el Sindicato del Seguro y fueron detenidos sus principales dirigentes.

El presidente emitió el decreto 5.537 de "Estabilidad y disciplina del personal bancario", que modificaba el decreto 20.268 de reglamentación de la ley 12.637. El decreto de Frondizi fue mejor conocido como "decreto Blejer". La norma consideraba inasistencias injustificadas las huelgas declaradas ilegales por el Estado. Por ello se podía despedir sin necesidad de sumario, con la sola intimación a presentarse a trabajar en un plazo de 24 horas. Se indicó también que se convocaría a personal militar para realizar las tareas, para lo cual el ministerio de Defensa ordenó a todo el personal en situación de retiro que actualizara sus domicilios en un plazo no mayor de 72 horas. La Asociación Bancaria y el Sindicato del Seguro resolvieron iniciar el 13 de abril un paro general de actividades por tiempo indeterminado. Entretanto, el jefe policial, el capitán de navío Niceto Vega, hizo saber que 20 personas habían sido detenidas por su complicidad con la huelga. Una dialéctica de hechos fue agudizando los enfrentamientos. El gobierno aplicó el método de destrucción del sindicato en rebeldía, tal como era temido por la dirigencia gremial bancaria.

La Asociación Bancaria emitió un comunicado donde responsabilizaba al ministro de Trabajo por el conflicto y, en consecuencia, por los graves perjuicios económicos que el mismo ocasionaría al país. La demostración de esa actitud sería el verdadero lock-out patronal que significó la declaración del feriado bancario de dos días ante el paro de 24 horas. En efecto, éste implicaba el retorno a las tareas al día siguiente, con la intención de lograr un acuerdo. Además deploraba el agravamiento que suponían los agravios vertidos, la intervención del gremio, el allanamiento de domicilios y detención de dirigentes bancarios y del Sindicato del Seguro. Por su parte, el secretario adjunto del Sindicato del Seguro, Carlos G. Villegas, informó la detención del secretario general del gremio, Elvio Flores, y de otros dirigentes.

El Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS, ex "19"), compuesto por sindicatos de dirección comunista pero también con algunos socialistas importantes tales como Empleados de Comercio y Viajantes, manifestó en un comunicado su "enérgico repudio" por los allanamientos policiales a las entidades sindicales, y señaló que se cercenaba los derechos constitucionales tales como el de peticionar. Por último convocó a todas las organizaciones sindicales "para que de inmediato se aboquen a determinar un plan de acción en común" en la situación de emergencia.

El paro por 24 horas devino en una huelga por tiempo indeterminado. Para explicar la escalada del enfrentamiento que desencadenó la acción intempestiva del Ministerio de Trabajo, algunos bancarios se plantearían la hipótesis de que el gobierno condujo los hechos al extremo para poder destruir al gremio y expulsar a gran cantidad de personal. Esta conclusión, señalada por el socialismo en el mismo momento de los hechos, también fue inferida por los comunistas después del fin del movimiento.

El 16, concluido el feriado, se anunció que los bancos oficiales y privados reabrirían sus puertas. La policía amenazó con reprimir toda incitación a la huelga y anunció que reprimiría toda alteración del orden público. El ministro de Trabajo declaró ilegal al paro y decidió la intervención de los dos gremios implicados. Los doctores Horacio Pietranera y Raúl Oscar Ferrari fueron designados en la Bancaria y Seguro, respectivamente.

Por su parte, los bancos oficiales y la dirección de la Caja Nacional de Ahorro Postal decidieron una serie de medidas draconianas destinadas a destruir cualquier foco de resistencia. Se prohibió toda actividad gremial dentro de las instituciones financieras. Se anularon las licencias gremiales y las franquicias horarias acordadas a los delegados del personal. Las inasistencias producidas a partir del día 16 debían ser justificadas inmediatamente, con riesgo de despido. Lo mismo ocurriría ante toda incitación al paro, al desorden, el trabajo a desgano, la resistencia a las indicaciones superiores, o cualquier otra forma ostensible o encubierta de no prestar la plena colaboración habitual. El personal en período de prueba que no desarrollara sus tareas normalmente sería despedido sin más trámite. La planta jerárquica y técnica debía prestar los servicios que se le encomienden, aun cuando fueran distintos de sus funciones habituales. Quedaban suspendidas las licencias extraordinarias a partir de la fecha, y las previamente acordadas serían sometidas a un examen minucioso. Se abriría un registro para que se anoten todos quienes se ofrezcan para realizar tareas en reemplazo de los declarados cesantes.

En Avenida de Mayo 591, sede de la Dirección General del Servicio de Empleo, se habilitó una bolsa de trabajo para cubrir las vacantes de trabajadores bancarios. Por último, se invitaba a los bancos oficiales de provincias y municipalidades, así como a los privados, a aplicar similares medidas.

La Asociación de Bancos de la República Argentina también se sumó al combate contra la huelga y decidió que pidieran documentos de identidad a quienes ingresaran a las instituciones financieras. En una conferencia de prensa, el presidente Frondizi señaló que aún no se había considerado la movilización militar del personal bancario, aunque no descartaba la adopción eventual de la medida dado que, añadía, "estamos dispuestos a hacer que los bancos funcionen y para ello tomaremos todas las medidas indispensables".4

No obstante el embate patronal y del ministerio, el día 16 la medida de fuerza continuó, imposibilitando las transacciones mayores. La bolsa de comercio no operó. El gobierno comenzó a debilitarse. El ministro de Obras Públicas, por ejemplo, creyó necesario declarar públicamente su solidaridad con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, David Blejer, "en esta situación especial en que se encuentra el ambiente gremial". Blejer declinó el contacto con la prensa en la conferencia que se había anunciado, pero en una conversación informal reconoció que se tomarían nuevas medidas para garantizar el funcionamiento de los bancos. Las autoridades solicitaron al público que concurriera a los bancos para realizar las operaciones más urgentes e impostergables. La atención fue de horario reducido (a partir de las 13 horas) y se utilizó al personal bancario en cumplimiento del servicio militar obligatorio.

El comité de huelga de la Caja fue un destacado impulsor del conflicto. Fueron esenciales para la cohesión del personal la capacidad organizativa del delegado general de la CNAP, Ángel Roberto Rescala, y las actividades realizadas por el secretario de Prensa, Julio Álvarez. La concentración de personal en la sede Congreso, movilizable a través de un aceitado sistema de delegados por piso, le permitía el logro de una cohesión que se revelaría decisiva.

De acuerdo al ministerio de Trabajo, las ausencias de personal alcanzaron al 35,6%, mientras que el comité de huelga informó que el paro alcanzó al 82% de los trabajadores. En la Caja Nacional de Ahorro Postal, siempre según datos del comité, la huelga tuvo una efectividad del 96%, incluyendo al personal jerárquico.

Una táctica singular fue la presencia callejera del personal en huelga. Los dirigentes establecían un cronograma de lugares de reunión para manifestar la protesta. Esto brindaba movilidad y sorpresa a las reuniones, que eran imprevisibles. Cuando los efectivos policiales lograban desplazarse al sitio de represión, la pequeña muchedumbre se dispersaba para reunirse más tarde en un lugar desconocido. La zona era recorrida por coches blindados pertenecientes a la Coordinación Federal de la policía. En todos los edificios bancarios hubo agentes uniformados, tanto en las puertas como en el interior de los establecimientos. Los mismos registraban los paquetes y bolsos de todas las personas que ingresaban y en algunos casos requerían documentos de identidad. En ningún momento se permitió la formación de corrillos o de grupos en las calles. Así fue que se detuvieron a 17 personas frente al Banco Provincia.

A la hora de inicio de las actividades el Cuerpo de Guardia de Infantería apostado en la intersección de Diagonal Norte y Carlos Pellegrini observó el paso de un automóvil desde cuyo interior se arrojaban volantes promoviendo la huelga. El vehículo fue perseguido y sus cuatros ocupantes detenidos. Horas más tarde el subdirector de Seguridad de la Policía Federal, el comisario inspector Osvaldo D. Storni informó a la prensa que habían sido detenidas 40 personas.

Los 62 gremios peronistas se reunieron clandestinamente en un local de Buenos Aires para discutir sobre la huelga bancaria. De acuerdo a la información periodística, se entrevistaron con dirigentes de la Asociación Bancaria, que en ese momento estaba integrada a los "19 Gremios Independientes". Si bien trascendió que se comprometieron a prestar ayuda al gremio en lucha, no se tomó ninguna medida concreta. Las únicas medidas cegetistas tuvieron anclaje local, como sucedió con un paro decretado por la Delegación Regional Tucumán de la CGT y otro de la Delegación Avellaneda.

Floreal Gorini y Alberto Rilo se presentaron en una reunión del plenario nacional de las 62 Organizaciones en la sede del sindicato de Luz y Fuerza. El objetivo era obtener un paro de solidaridad. No les permiten acceder a la asamblea. Fueron recibidos en una habitación por el gremialista fideero Miguel Gazzera. El sindicalista peronista les manifestó que su política consistía en hacer paros locales. Gorini pidió hacer la propuesta ante el conjunto de los representantes sindicales. Según el recuerdo de Rilo, Gazzera objetó: "Ustedes no van a hablar porque me van a dar vuelta la asamblea". En efecto, una intervención de delegados bancarios en una asamblea había logrado el paro de 24 horas de la seccional Avellaneda de las 62 organizaciones. La medida fue fijada para principios de mayo, en solidaridad con el gremio bancario y el de municipales de Avellaneda, también comprometido en un conflicto. El paro fue total en Avellaneda y Lanús en los establecimientos industriales, y parcial en los comercios del conurbano sur. También hubo huelgas de solidaridad de sindicatos de dirección anarquista, como el de los plomeros y colocadores de cerámicos y azulejos.

Los 32 gremios "democráticos" antiperonistas fueron explícitos en su solidaridad dado que, sostenían, el sector "entiende que el conflicto constituye una clara e incontrovertible manifestación de inquietud y desagrado de este sector y toda la clase trabajadora sumergida y angustiada por el proceso inflacionista que, en absoluto desamparo jurídico y social, debe enfrentar con desventaja".5

La mesa ejecutiva gremial de la CNAP denunció los sumarios e interrogatorios de corte policial, en medio de una cerrada vigilancia policial, que promovían el presidente de la entidad, Jorge C. Sutton, y el gerente general, Mariano Rimedio.

La estrategia del ministro Blejer consistió en denunciar a la huelga como una maniobra de provocación comunista, cuyos militantes se habrían encaramado en la dirección del sindicato bancario. Lo argumentaba al señalar que el movimiento fue promovido utilizando consignas referidas a la explotación del petróleo, la radicación de capitales extranjeros, la reforma agraria y la política monetaria y financiera. El lenguaje utilizado por el funcionario era irreducible y la actitud era explícitamente ligada al enfrentamiento suscitado en el frigorífico Lisandro de la Torre. Esa vinculación con un conflicto identificado con el peronismo desmiente los planteos anticomunistas del gobierno, pues revela que el objetivo fundamental se hallaba en el plano de una voluntad de disciplinamiento social de los sectores asalariados. Si bien para el caso particular de los gremios de bancos y seguro el denuesto anticomunista era útil, se trató de un tema circunstancial de combate contra el sindicalismo. Esto no significa que el Partido Comunista careciera de relevancia en la acción de sus afiliados y simpatizantes. Por el contrario, los más importantes dirigentes y militantes bancarios discutían sobre los acontecimientos con responsables partidarios. Lo esencial es que los compromisos de los comunistas estaban muy lejos de explicar el conflicto y las orientaciones de sus líderes y bases.

Los bancarios organizaron una comisión de prensa que tuvo dos objetivos. El primero consistió en mantener un canal propio de información con la base. Se trabajó con varias imprentas que producían los comunicados diarios. Las notas cotidianas eran especialmente eficientes en la CNAP. El segundo objetivo fue el de contrarrestar la campaña de la prensa escrita, la televisión y la radiodifusión contra la huelga (aunque debe decirse que algunos medios, como Crítica, no eran hostiles al movimiento en su comienzo). Alrededor de las dos de la madrugada una comisión redactora se reunía en una imprenta para disponer a las ocho de la mañana de los materiales listos para ser distribuidos entre los delegados.

Las 62 organizaciones peronistas declararon que la situación en el campo gremial era crítica y censuraron la intervención del gremio bancario. No obstante el apoyo fue tibio, lo que motivó que el MUCS iniciara gestiones ante los 62 y los 32 para que se adoptaran medidas más claras, llegando incluso a medidas de fuerzas. También reprocharon el alto nivel de represión la Unión Cívica Radical del Pueblo y el Partido Demócrata Progresista.

El gobierno mantenía su postura, aunque algunos dirigentes del radicalismo intransigente, como Raúl Damonte Taborda, intentaban contactar a la dirigencia prófuga de la Asociación Bancaria para lograr una salida al conflicto.

El "Comunicado de Huelga n° 1", distribuido por la mesa ejecutiva gremial de la Caja Nacional de Ahorro Postal el 17 de abril de 1959, se dirigía al personal con un "emocionado saludo", que con su "espíritu altivo", decía, estaba haciendo triunfar en la calle el movimiento. El texto recordaba la jornada de la víspera en que los bancarios habían asestado un "impacto descalabrante" a las posiciones gubernamentales "que en breve plazo deberán desmoronarse". Sintomáticamente, antes de reiterar las reivindicaciones bancarias, instaban a continuar en el "fiel acatamiento" de las instrucciones del comité de huelga.

El ministro Blejer proclamó a la prensa: "No cederemos a la subversión". Su lenguaje era bélico e intransigente. Se amparaba en declaraciones de los dirigentes bancarios donde éstos vinculaban sus demandas con críticas a las medidas gubernamentales relativas a la explotación petrolera, radicación de capitales externos, política monetaria y otras. El ministro dijo también que, si era necesario despedir a todos los bancarios para resolver el conflicto, la medida sería adoptada. El problema crucial para el gobierno residía en la extensión del movimiento huelguístico entre la base gremial, que obedecería a una "mal entendida solidaridad". Entre tanto, aunque la decisión de militarizar la huelga era desmentida oficialmente, se realizaban reuniones en el ministerio de Defensa para definir la movilización militar. Dado el mal resultado obtenido en 1958, la decisión no fue adoptada.

El sistema de información de los bancarios y empleados del seguro continuó con rigurosa precisión. Para que la distribución de materiales funcionara, la huelga implicó algo más que la concurrencia al lugar de trabajo sin realización de tareas o la ausencia: era imprescindible la comunicación cotidiana con los delegados y la negociación participativa de los conflictos que la marcha de la huelga pudiera ocasionar.

Los dirigentes de la huelga también echaron mano a una táctica muy al tono de la época. Con motivo del día de la bandera nacional, el 20 de junio, Castillo y Gorini grabaron un disco con un discurso gremial que debía circular entre los diversos núcleos de huelguistas, especialmente en el interior del país.

La tercera semana encontró al conflicto trabado. Los trastornos ocasionados al sistema financiero eran enormes, pero el gobierno no daba señales de transigir. Los empleados en paro comenzaban a sufrir el desánimo de una lucha que parecía sin salida. Incluso en una entidad como la CNAP, donde el acatamiento fue importante, hacia fin de mes el comunicado del comité de huelga incluía una invocación a "los pocos remisos".

Tanto en el sector de seguros como en el bancario, la división fundamental que aquejaba a los huelguistas era la que separaba al personal "empleado" del personal "jerárquico". Esta distinción técnica era también económica y de estatus. En cierto modo era la exacerbación del lugar tradicional del bancario frente al obrero fabril. El empleado "jefe" tenía un interés material en la continuación de su trabajo mejor remunerado y estaba separado de sus subordinados por razones de diversa índole, que no eran sólo económicas. En los bancos, el personal jerárquico tendió a cubrir los puestos de los huelguistas. No obstante, esa divergencia de intereses era más acusada en los bancos privados que en los oficiales. El BCRA se distinguió por la adhesión a la huelga que halló en su planta de mandos intermedios. En la CNAP, la colaboración de los jefes con las autoridades suscitó un mensaje donde se instaba al personal jerárquico a tomar el ejemplo de sus compañeros de los bancos oficiales, los cuales no vacilaron en "jugarse" con el resto del gremio.

Por su parte, en el comité de huelga del Banco Comercial de Buenos Aires se exclamaba "¡Otra vez los jefes!": "Sí, otra vez. En contra de los intereses del gremio; en contra de sus compañeros; en perjuicio moral y material propios entraron otra vez. ¿No saben que con ello sólo están dilatando el triunfo del que esperan beneficiarse? Los empleados del Banco Comercial unen sus voces en un sólo grito para decirles: ¿Qué esperan para ocupar el lugar que les corresponde?"6

Mayo comenzó con una situación sin cambios significativos. Los huelguistas planteaban un discurso incompatible con los ánimos subversivos que denunciaba el gobierno. En una entrevista desde la cárcel para La Vanguardia, Gorini subrayaba el incumplimiento de los compromisos contraídos. Las gestiones de mediación por parte de algunos diputados y dirigentes políticos, no sólo de la oposición sino de la misma UCRI, eran infructuosas. Desde El Bancario se llamaba a la unidad y solidaridad en torno a la lucha entablada, argumentando que en ella se decidía un panorama concerniente al "pueblo". El mensaje estaba destinado a las dirigencias sindicales de las 62 Organizaciones. El editorial del 1° de mayo declaraba que ante el panorama prevaleciente los trabajadores no podían continuar desunidos ni limitarse a luchar por problemas exclusivamente específicos. Es que lo que peligraba no era sólo el "pan" de cada familia ni de cada gremio aislado. Lo que estaba en juego era la organización sindical en tanto que tal, es decir, el presente y el futuro de toda la clase trabajadora. De allí que fuera necesario pasar de las declaraciones al combate social de conjunto.7 El comunicado de huelga de la CNAP, preparatorio del 1° de mayo, incluyó la situación del momento en el contexto de un ataque contra la "clase trabajadora". La lucha, continuaba el comunicado, la hacían los "obreros" en contra de los "explotadores". El vocabulario utilizado pertenecía a un lenguaje laborista en el que se reivindicaba la actitud de la Asociación Bancaria, que no había tolerado la "ofensiva antiobrera".8

Los cálculos del gobierno al iniciarse mayo señalaban que todo se decidiría en la evolución del conflicto durante la primera semana del mes. Se especulaba que si los empleados comenzaban a regresar a sus puestos de trabajo el retorno aumentaría de manera geométrica. En cambio, la persistencia de un alto acatamiento tornaría insoportable para el gobierno la continuidad de su postura inflexible. El saldo que se realizaría el sábado 9 sería decisivo para determinar quién había ganado la pulseada. El panorama del día lunes 4 era similar al de las semanas precedentes. Algunos bancos privados, como el Royal Bank of Canada y el Boston, trabajaban con la mayor parte de su planta. Otros privados, como el Italiano, el Israelita, el Español y el Belga, operaban parcialmente gracias a la asistencia de personal directivo. Los bancos oficiales seguían siendo los más afectados. Una solicitada firmada por esos bancos instaba a deponer la actitud de lucha en vista del respeto a la "autoridad" y la "jerarquía" que había sido cuestionada. Reflejaban la postura de todo o nada adoptada por el frondizismo.9

La movilización al microcentro porteño del jueves 7 de mayo fue una buena prueba de la capacidad de movilización gremial, que reunió cerca de tres mil manifestantes. Los asistentes fueron duramente reprimidos por la policía. En las reuniones públicas comenzaron a ganar un lugar las mujeres, especialmente de la Dirección de Préstamos Personales y de la CNAP, donde llegaban al 10% del personal. La presencia de las mujeres se había manifestado durante la huelga de 1958, tanto en las marchas callejeras como en las protestas contra las detenciones y la movilización militar. Desde fuera del gremio, las comisiones de madres y esposas de huelguistas presos agregaron una actitud militante difícil de someter a la represión. Pero también tomaron parte de acciones de activismo en tanto empleadas.

La extensión de la huelga fue posible por la solidaridad que concitaba la lucha bancaria, aunque los trastornos ocasionados en el sistema financiero afectaran el sistema de endosos y cobros de sueldos, diestramente utilizados por la propaganda gubernamental para desacreditar el movimiento. Diversos testimonios indicaron la extensión del fiado en almacenes barriales para los empleados en paro. La comisión de solidaridad encabezada por Walter Pezzani se encargó de recolectar fondos destinados al aceitado mecanismo de comunicados que fue otro elemento crucial para evitar el aislamiento de los huelguistas. Se vendieron bonos de solidaridad, principalmente en los barrios de Lanús, Mataderos y La Boca. El sindicato de comercio, liderado por el socialista Armando March, proveyó de "becas" para que los bancarios pudieran almorzar en el comedor gremial.

El conflicto se extendió en el interior del país. Este es un dato importante para calibrar la adhesión a la medida y para pensar el carácter ficticio e inconsulto que se acusó desde el gobierno. La filial cordobesa de la Asociación Bancaria mencionaba, justamente, que la difusión de la huelga a pesar de las persecuciones y el encarcelamiento demostraba la legitimidad de la medida entre las bases. No obstante, la situación se tornaba más difícil por el aislamiento que sufrían los bancarios, tan diferente de la conexión en el centro de la ciudad que favorecía a los empleados de la seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria.

Tal como ya fue mencionado, el MUCS había llamado a un paro general de solidaridad que se realizaría el 12 de mayo. Como recordaba un dirigente comunista, ya era tarde para construir un "comando único". Un comunicado del comité de huelga de la CNAP lamentaba que algunos dirigentes peronistas se hubieran opuesto en el seno de las 62 Organizaciones a coincidir en el paro con el MUCS.

Un analista del diario La Razón señalaba las dificultades que acosaban a unas 62 organizaciones sin capacidad de reacción y su falta de interés en contribuir a la lucha bancaria: "La difícil situación de la mesa coordinadora de las ‘62’ organizaciones, que deberá explicar al plenario nacional, organismo máximo de ese nucleamiento, por qué ha dilatado la reanudación de las deliberación del plenario, la pasividad ante el gobierno, la no realización de propaganda a favor del 1º de mayo, etcétera, haciendo cada día más difícil la realización del paro general".10

La mencionada mesa coordinadora -que se hallaba en situación de "alerta" y facultada para tomar tales determinaciones- decidió plantear un paro general para la semana posterior al que propuso el MUCS, pero en los fundamentos de la medida no dijo una palabra sobre la solidaridad con los bancarios. Ante ese silencio de los gremios liderados por las “62”, el 11 de mayo el MUCS decidió confirmar públicamente el paro, fijándolo para el día 14. En la solicitada publicada en los medios de prensa se sostenía que "La lucha de los gremio bancario y del seguro es la lucha de toda la clase obrera". Un objetivo evidente del anuncio consistía en presionar a la asamblea de las “62” que estaba programada para ese mismo día 11. Las organizaciones peronistas finalmente decidieron convocar a una huelga para el 14, a la que se plegó el MUCS.

No obstante los desencuentros del movimiento obrero entre los delegados del movimiento bancario y del seguro, parecía emerger una luz de esperanza. La reunificación de la organización obrera prometía revigorizar la capacidad de lucha puesta a prueba por la irreducible postura gubernamental. Las actitudes respecto del movimiento bancario en las distintas organizaciones obreras no podrían ser simplificadas con un esquema que sitúa al MUCS en el ala combativa, a los 32 en el ala colaboradora y a las 62 en la especulación prescindente. Las divergencias entre las centrales implicaban un alto nivel de competencia política e incertidumbre. Esto aquejaba especialmente a las 62 Organizaciones peronistas, que fluctuaban entre la búsqueda de hegemonía entre los sindicatos y la falta de directivas claras de su líder en el exilio. Las incomprensiones eran recíprocas. Los desacuerdos estaban teñidos por las orientaciones ideológicas. La solidaridad que primaba en el nivel de las luchas bancarias y del seguro, superadora de las diferencias políticas, no hallaba un correlato en el plano de las centrales.

El día 15, el comité de huelga de la Caja envió una carta de los empleados de los bancos Francés e Italiano, instándolos a sumarse a la medida de fuerza. El argumento del comité denunciaba la falta de cumplimiento del decreto 3.133, cuyos cambios en el escalafón fueron sustituidos por aumentos salariales. Pero el cambio de la actitud gubernamental, admitía la carta, había suscitado escasa oposición en los dos bancos aludidos. De allí que decían: "hemos recibido con estupor la noticia de que un personal con largo y elocuente historial combativo como el de los bancos Francés e Italiano, en algún momento se ha mostrado sensible a las intimidaciones y maniobras de su Patronal, abandonando el jubiloso camino de las emociones compartidas en el eterno combate de los Bancarios por una vida digna y la defensa de sus mejoras". La carta concluía con un llamado a la defensa de la organización gremial, cuya continuidad peligraba luego de la intervención de que había sido objeto.11

Un nuevo ultimátum para el retorno al lugar de trabajo fue fijado por los bancos para el 22 de mayo. El mensaje causó tensiones en el gremio. En la ciudad de Córdoba, se produjeron incidentes entre un sector de bancarios que reunía firmas para solicitar a la Bancaria el levantamiento del paro y otro grupo decidido a mantener la medida.

El comité de huelga organizó para el día 21 una marcha que se concentró en la Plaza del Congreso. La meta principal era la entrega de un memorial al parlamento, al que se requería la gestión de una solución ante el gobierno. El comité de huelga del Sindicato del Seguro subrayó el objetivo de mostrar a los legisladores que el enemigo era el FMI. Su exhortación sostenía que la efectividad de la petición se definía en la capacidad de los empleados de seguros y de bancos para llenar la Plaza Congreso: "Los legisladores deben vernos allí, pidiendo una justa solución a nuestros problemas. Comprenderán así que los trabajadores no están de acuerdo con la política de hambreamiento planificado que nos imponen los banqueros del FMI a través del Poder Ejecutivo y verán cómo luchamos en defensa de nuestros intereses de clase".12

A las 13.15, una columna de alrededor de 2.000 bancarios partió desde la avenida Corrientes y avanzó por la avenida Callao, portando cartelones y agitando pañuelos. Se entonaban pedidos de renuncia para Blejer y se rechazaban los despidos. Al llegar a la Plaza del Congreso, fueron obligados a permanecer sobre las veredas. Mientras tanto, desde los balcones de los alrededores se escuchaban gritos de apoyo. A las 14 horas, una delegación se apartó de la muchedumbre, para entonces acrecentada, para entregar el memorial a los legisladores. Después de algunas alocuciones, la masa bancaria y del seguro, en un número superior a los 12.000, comenzó a transitar el camino hacia el microcentro. La policía cerró el paso a la altura de la Plaza de la República y se produjeron disturbios. Los obreros de la construcción que trabajaban en el Mercado del Plata se suman a la lucha del lado de los bancarios. Los trabajadores de la construcción comenzaron a arrojar cascotes y tablas contra la policía. Los incidentes continuaron hasta las primeras horas de la noche y se extendieron hasta la zona del Bajo. En la esquina de las avenidas Corrientes y L. N. Alem, los bancarios obligaron al pasaje de ómnibus y trolebuses a descender para utilizar los carros como barricadas desde las que arrojaban proyectiles contra la policía. Carros hidrantes recorrían los alrededores de la Plaza de Mayo dispersando a los manifestantes.13

El viernes 22, el director general de Seguridad, inspector general Francisco Fraga, informaba que los detenidos durante los incidentes del día anterior alcanzaban a 128, de los cuales 117 eran obreros y un ingeniero, quienes trabajaban en el Mercado. Los trabajadores fueron alojados en la comisaría quinta y puestos a disposición del juez federal de turno. Además quedaron retenidos diez bancarios y un estudiante. Los heridos fueron derivados a la Asistencia Pública. La dureza de los enfrentamientos dejó varios heridos. El incidente revelaba el incremento de la represión. La Policía Federal hizo circular una versión intimidatoria según la cual serían recluidos en el Interior del país los individuos que incitaran a la huelga.

Los resultados de los múltiples esfuerzos bancarios eran desiguales. En el interior del movimiento huelguístico, continuaba una mayoritaria adhesión a la dirigencia gremial, aunque se admitía que la propaganda oficial comenzaba a causar desaliento. Pero sin duda la mayor dificultad residía en la lucha por la legitimidad pública de la medida de fuerza. Para el 25 de mayo, El Bancario dio a conocer un texto firmado por Gorini y Castillo donde, después de expresar su homenaje a los "forjadores" de la patria, explicaban el "aparente contrasentido" de la huelga. Es que ya debían enfrentar la evidencia que a esa altura de la disputa con los bancos y el gobierno, el conflicto afloraba como un innecesario perjuicio contra la población. De allí que tuvieran que reafirmar la validez del reclamo gremial y subrayar que los agredidos eran los empleados bancarios. Alegaban las razones de su accionar señalando: "lo que pedimos es justo e involucra un enorme sacrificio en cuanto a lo que sería nuestro mínimo vital en la actualidad; porque no se nos quiere escuchar; porque se nos persigue, apalea y encarcela; porque se nos cesantea y amenaza; estamos y seguiremos en la huelga hasta obtener justicia".14

Las dificultades de la división del movimiento obrero

La expectativa sobre la posibilidad de una victoria de los empleados era más que un simple optimismo de la voluntad que debía contrapesar el pesimismo de la racionalidad estratégica. En esos días, el diario La Razón sostenía que había una "estructura" del conflicto. El gobierno había "quemado las naves". La ley no estaba de su parte, pero había decidido destruir la resistencia bancaria. La discrecionalidad del frondizismo para actuar en un "estado de emergencia" impuesto por el estado de sitio era obvia. El gremio también estaba jugado "a vencer o morir". No era claro qué sector ganaría la lucha. Pero el diario recordaba que el gobierno estaría obligado a ceder si prosperaban algunos conflictos en gestación, tales como en metalúrgicos, textiles, luz y fuerza, frigoríficos, obras sanitarias, y otros.15

El fragmentado movimiento obrero no se unía ni coordinaba sus múltiples líneas de lucha. El gobierno, en revancha, continuaba en su marcha contra las condiciones jurídicas obtenidas luego de la victoria bancaria de 1958. El 29 de mayo se derogó el decreto 3.133 de correlación entre salarios e inflación. A nadie se le escapaba que la derrota de la huelga bancaria implicaría la extensión del sistema de incentivación y la extensión del horario. Los partidarios del gobierno ponían como ejemplo lo sucedido en la derrota de los telefónicos de 1957, que precisamente había conducido a la imposición de ambas condiciones.

Las comisiones internas continuaron emitiendo comunicados en los que denunciaban al presidente Frondizi por la falta de cumplimiento de su palabra. El Sindicato del Seguro cargaba las tintas contra Blejer. Su lenguaje se cuidaba de atacar directamente a Frondizi y solicitaba que fuera reemplazado por "alguien capaz de tratar las relaciones obrero-estatal-patronal, con criterio moderno y civil".16

Los bancarios insistían con su propuesta de cimentar una coordinación. Ofrecían a los sectores en lucha -ferroviarios, metalúrgicos, frigoríficos, telefónicos, de Obras Sanitarias, de la construcción- la formación de un "comité intersindical". El 7 de junio, día número 52 desde el inicio de la huelga, insistían en la convocatoria. Ese mismo día, un grupo de empleados de la CNAP, preso en la cárcel de Caseros, hizo circular una carta donde se autodescribían en solidaridad y compañía entre empleados de distintos bancos "ligados por el vínculo de la esperanza en el futuro y el calor de nuestras propias fuerzas que más que nunca no cejarán en la lucha por el bienestar humano". Sobre los rumores de que el gobierno pretendía un "canje ignominioso" de su libertad por el "trabajo indigno" decían: "no lo aceptaremos bajo ningún punto de vista, y que aquí seguiremos hasta que la fuerza moral del gremio nos permita salir con la frente alta".17

El 8 de junio de 1959, El Bancario publicó una carta del secretario adjunto Gorini, desde su reclusión en el Departamento de Policía, donde éste expresaba su confianza en la continuidad de la lucha y desmentía las noticias de la victoria gubernamental. Subrayaba el heroísmo de la huelga, contra la que se utilizaban "cifras absurdas de asistencia". Sin embargo el texto reconocía que era necesario un exhorto a mantener la firmeza y la convicción de que se acercaba el triunfo definitivo. La debilidad era gubernamental, que para disimularla realizaba una ostentación de la fuerza, la represión y las declaraciones de inflexibilidad "cuando más se acerca el plazo para que aquellos claudiquen, asfixiados por un movimiento que siempre subestiman públicamente".18

La realidad era sin embargo menos auspiciosa para los huelguistas. El gobierno dio un ultimátum hasta el 4 de junio que tuvo éxito parcial. Primero en los bancos privados y luego en la CNAP, los empleados abandonaban la resistencia y volvían al trabajo. La debilidad del gremio ante la dureza del gobierno se había mostrado en la búsqueda de una mediación de algunos diputados como Alfredo Palacios, Lucas Ayarragaray y Marini. Los buenos oficios de estos dirigentes políticos no fueron escuchados, como tampoco los ofrecidos por el gobernador de Córdoba, Arturo Zanichelli.

Tampoco dio resultado la gestión del sindicalista chileno de orientación cristiana, José Goldsack Donoso, cuyo arribo largamente anunciado encontró cerradas las puertas de la negociación en la Casa de Gobierno. Presidente de la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, la propuesta mediadora de Goldsack fue gestionada por el bancario Host Venturi. Frondizi recibió a Goldsack pero, con una sonrisa imperturbable, negó cualquier posibilidad de diálogo antes de la reiniciación de las tareas. Después de su retiro de la Casa Rosada, el gremialista fue seguido por la policía, que detuvo a los dirigentes de la huelga reunidos en el domicilio particular de un empleado de la CNAP.

Los únicos que pudieron realizar una gestión fueron miembros del propio partido gobernante. La Vanguardia criticaba la existencia de "mediadores" provenientes del radicalismo intransigente. Calificaba a dicha intervención como un designio no confesado pero evidente de destruir a la organización sindical de los bancarios, apelando a todos los medios a su alcance. Destacaba seguidamente que su mediación sería proclive a perjudicar a los huelguistas y llamaba a reconsiderarla. Pero de allí hay dos conclusiones a extraer, que no eran mencionadas por el diario socialista. En primer lugar que dentro del propio radicalismo intransigente se veía al gobierno como un agente autonomizado. En segundo lugar, que los huelguistas debían ceder a esa mediación dada la contumacia gubernamental y el aislamiento de las grandes organizaciones peronistas.

El juicio no era del todo exacto. Algunos esfuerzos ucristas eran sinceros. El diputado de esa extracción, Eduardo Rosenkrantz, por ejemplo, solicitó al jefe de su bancada la constitución de un cuerpo de tres legisladores para la mediación en el conflicto, visto que su partido tenía una deuda "no saldada" con los bancarios.

Quizás la señal más evidente del sentido de la lucha estuvo dada por el comunicado distribuido por la Mesa Ejecutiva Gremial de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, en que el reconocía que un importante sector había regresado a sus puestos. En efecto, el suelto estaba dirigido al "Compañero que has vuelto a la Caja". Recordaba que sus "auténticos compañeros" continuaban firmes en la lucha y era necesario recapacitar en la actitud de retorno a las tareas. Esos compañeros lo recibirían jubilosos. El bancario debía perseverar porque tenía "sangre en las venas" y "dignidad". Concluía aludiendo a las demandas del movimiento: "Por un salario digno, sin amenazas, presos, ni cesantes".

Por su parte, las agencias policiales informaban los casos específicos, que les permitían sacar la conclusión de que la tendencia era clara. Así pues, un informe del 13 de junio sobre la situación en Azul destacaba que en esa jurisdicción la medida continuaba cada vez "con menos intensidad" y que se creía, al menos en el orden local, como un "problema superado".19

La debilidad del movimiento huelguístico, como había acontecido con otros conflictos de la época, no residía tanto en el acatamiento de las bases. Veamos un caso que no pretende una generalización. Los empleados del Nuevo Banco Italiano realizaron una asamblea en el local del gremio de Comercio para decidir qué actitud tomar sobre la continuidad de la huelga. Decidieron concurrir a los lugares de trabajo en actitud de "brazos caídos", en consonancia con la voluntad del sindicato de proseguir la medida de fuerza.

La estrategia gubernamental no podía ser contrarrestada indefinidamente sin una solidaridad del movimiento obrero en su conjunto. Y como vimos, la actitud de los “32” y las “62” fue de desconfianza. El gremio bancario dirigió una exhortación a otros sectores de trabajadores. El texto señalaba que la estrategia gubernamental buscaba derrotar a los gremios en lucha aislada. Indicaba como única salida posible la conformación de un Comité Intersindical de Huelga constituido por los sindicatos combativos: ferroviarios, construcción, frigoríficos, telefónicos, de Obras Sanitarias, metalúrgicos. El llamado fue desoído. La suerte estaba echada. Desde el gobierno se había descalificado al MUCS como "comunista". En una declaración firmada por Máximo Baringoltz, Manuel Moreira, Augusto R. Grano y Julián Guillén, el MUCS respondió al ministro del Interior que había acusado al movimiento de responder a directivas del Partido Comunista. Lo indiscutible era que la capacidad de lucha del MUCS era restringida. Sin la confluencia con los gremios peronistas y los independientes la resistencia era débil.

El fin de la huelga

El 22 de junio, con la intermediación del senador nacional y jefe de la bancada ucrista Francisco J. Melani, denominado "gestor gubernamental", el sindicato levantó el paro. Un sector del gremio intentó resistir el levantamiento de la medida, pero quedó en minoría. Las estipulaciones del acuerdo que Melani se comprometió a gestionar fueron la libertad inmediata de los detenidos, la reincorporación de todos los cesantes, la devolución de los sindicatos y el restablecimiento de las garantías a la actividad sindical, la anulación de medidas adoptadas durante el conflicto, tales como la reglamentación de horas extras, causales de despido, etc., el cese de la intervención al Instituto de Servicios Sociales Bancarios restituyendo a su director, el otorgamiento de compensaciones por los salarios no percibidos, aumento salarial de $800 extensivo a los empleados de bancos privados, municipales y provinciales, así como a las compañías de seguros y capitalización de todo el país. Las condiciones fueron cumplidas parcialmente. El decreto 6.933, del 9 de junio, estableció el referido incremento salarial con carácter retroactivo al 1° de mayo, "debiendo ese aumento ser correspondido por una mayor productividad". El tema irresuelto fue el de la reincorporación de despedidos, que ocasionó la realización de paros parciales en algunas entidades.

Una Comisión Central de Cesantes Bancarios, donde se destacaban peronistas como Alfredo Barros o comunistas como Osvaldo Mazzarella, ex empleado del Banco Industrial, se esforzó por organizar el reclamo de las reincorporaciones. Otra Comisión se creó para los empleados del Seguro. Sin embargo, la recuperación de los puestos de trabajo se realizó con gran lentitud y se utilizó un criterio de discriminación contra quienes estuvieran identificados como simpatizantes del Partido Comunista.

Es preciso destacar que la derrota de la huelga no implicó un retroceso total de la auto-organización lograda en el bienio anterior. Incluso, para sorpresa del gobierno y la prensa, las comisiones internas continuaron con paros parciales para reclamar por las reincorporaciones.

¿Qué explicación y balance del conflicto hizo el gobierno y, especialmente, el presidente Frondizi? La imagen del proceso que ofreció Frondizi en su mensaje al parlamento en 1960 es una expresión idónea de su perspectiva.

En primer término, notaba la importancia que tuvieron los decretos 3.133 y 3.688 que, al establecer una cláusula de correlación entre aumento del costo de vida e incremento salarial implicó un compromiso gubernamental que se rechazó. Frondizi señalaba que la disposición era excepcional dentro de los acuerdos que regían las diferentes actividades, "creando en consecuencia un régimen de desigualdad salarial" y perjudicando las bases de la política económica que se decidieron "en defensa de los intereses fundamentales del país". El extenso conflicto de bancarios y empleados del seguro derivó de esa norma fijada por el decreto.20

Frondizi oponía a esa actitud lo que llamaba una solución "orgánica" del problema social. Dicha solución consistía en transformar la realidad económica, lo que era incompatible con los reclamos "aparentemente legítimos". Las demandas lo eran sólo de manera aparente porque debían subordinarse a las exigencias del plan de estabilización. De allí que el presidente afirmara que a pesar del "papel histórico de avanzada de la nacionalidad" que le correspondía a los trabajadores organizados, con sus huelgas no hacían sino enfrentar el interés de la nación en su conjunto. La huelga política o el reclamo de aumentos sin la contraparte del incremento de la productividad, concluía, "agravaron aún más las difíciles circunstancias económico-financieras que pesaban sobre el país y sobre los mismos trabajadores".21 La inflexibilidad de Frondizi no le sirvió de mucho cuando se ajustaron las cinchas militares que lo acosaron durante todo su mandato, hasta derribarlo en marzo de 1962.

La recuperación del gremio bancario sería difícil. Le llevaría casi una década recuperar su organización y formar nuevos cuadros militantes. Pero cuando el nuevo ciclo de movilización popular y obrera se reiniciara con el Cordobazo de 1969, las y los bancarios estuvieron presentes en los combates que caracterizaron a la primera mitad de la década de 1970.

Notas

1 “Con incidentes siguió el paro en los bancos”, en La Nación, 26 de marzo de 1959.
2 “En el umbral de la violencia”, en La Nación, 31 de marzo de 1959.
3 La Capital, Rosario, 11 de abril de 1959, p. 5.
4 La Prensa, 17 de abril de 1959, p. 3.
5 La Prensa, 17 de abril de 1959, p. 4.
6 Comité de Huelga del Banco Comercial, “Comunicado n° 3”, sin fecha.
7 “En este 1° de Mayo, unidad de acción”, en El Bancario, n° 9, 1° de mayo de 1959.
8 Comité de Huelga de la CNAP, “Comunicado n° 12”, 30 de abril de 1959.
9 “Nuevamente al personal bancario y al país”, en Crítica, 2 de mayo de 1959.
10 “El paro del MUCS [...]”, en La Razón, 9 de mayo de 1959.
11 Comité de Huelga de la CNAP, “A los compañeros del Banco Francés e Italiano”, 15 de abril de 1959.
12 Sindicato del Seguro, Boletín del Comité de Huelga, n° 20, 21 de mayo de 1959.
13 “Alcanzan a 128 las personas detenidas por los sucesos de la víspera”, en La Razón, 22 de mayo de 1959.
14 “Editorial. Saludamos al día de la libertad”, en El Bancario, n° 11, 26 de mayo de 1959.
15 “Mantiénese estacionario el conflicto bancario”, en La Razón, 25 de mayo de 1959.
16 Sindicato del Seguro, Boletín Informativo, n° 11, 29 de mayo de 1959.
17 “Carta a nuestros compañeros de la Caja Nacional de Ahorro Postal en huelga”, manuscrita. Otra carta, del día 8, fue publicada en el Boletín de Huelga, n° 28, del Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria, 10 de junio de 1959.
18 El Bancario, nº 13, 8 de junio de 1959, p. 1.
19 Archivo DIPBA, B, 11, 33, f. 10.
20 Mensaje del Presidente de la República al Honorable Congreso de la Nación, Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 1960, p. 272.
21 Ídem, p. 19.

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