El contundente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios expuso, blanco sobre negro, un nuevo punto de inflexión en la lucha por la democratización de la palabra en Argentina.

Tras cuatro años de controversias judiciales, el fallo termina con el reclamo del Grupo Clarín y permite avanzar hacia un nuevo paradigma democrático en materia de comunicación. El máximo tribunal consideró que “no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín”, y afirma que “los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público”. Importantísimas definiciones a la que debe agregarse el comentario del ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni, quien señala que “ningún Estado responsable puede permitir que la configuración cultural de su pueblo quede en manos de monopolios u oligopolios”.

Esta norma, aprobada en octubre 2009, presenta nuevos desafíos a las universidades, sindicatos, asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, pueblos originarios y a todos los actores sociales que desde hace años vienen abriéndose paso para decir lo suyo e integrarse a la multiplicidad de voces. Recordemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, además de ser fruto de un amplio debate que atravesó todo el país y de ser considerada como una de las normas más avanzadas en la región, recoge el reclamo histórico de diferentes organizaciones políticas y sociales que desde el retorno de la democracia pelearon por la derogación de la Ley de Radiodifusión de la dictadura. Ahora, ante la plena vigencia de esta norma es necesario afirmar que, así como debe cumplirse con la ley en términos de cantidad de licencias por grupo, también se debe garantizar a los pequeños medios comunitarios o cooperativos la posibilidad de hacer sustentables sus distintas iniciativas, acceder a las nuevas tecnologías, a la capacitación de sus integrantes, y a la publicidad oficial, entre otras cosas, para que la comunicación social sea un derecho para todos.

El sector cooperativo, proscripto por la Ley de Radiodifusión 22.285 dictada por el Estado Terrorista en 1980, puede ser, viene siendo, un actor protagónico en la distribución de la palabra, la efectiva federalización de los medios y la construcción de una política de participación protagónica de múltiples voces.

El 4 de octubre de 1996, en pleno auge del neoliberalismo en Argentina y la región, el entonces Diputado Nacional Floreal Gorini presentó su propio proyecto de ley de medios señalando que “es indispensable contar con una legislación que acote el avance de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, garantice el acceso a la explotación de las frecuencias a vastos sectores de la comunidad, proteja el espacio audiovisual nacional y resguarde la comunicación y producción regional en el interior del país y en las grandes concentraciones urbanas.”

Tienen razón quienes auguran un fin de ciclo, pero lo es para aquellos actores que descontaban que la aplicación de la ley sería nuevamente obstaculizada por el reconocimiento a los privilegios del monopolio.

La aplicación integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permitirá profundizar lo hecho hasta ahora, como las más de mil licencias de radio, TV por cable y TV abierta asignadas en este período.

Los pueblos originarios -con quienes nuestras sociedades tienen deudas seculares- también han sido objeto de acciones reparadoras en materia de asignación de licencias. Claro que falta mucho todavía, pero a cuatro años vista de la sanción de la Ley 26522, se ha avanzado mucho.

Como decía José Martí, “trinchera de ideas vale más que trinchera de piedra”. Esta norma es parte de un proceso de disputa cultural en el que se juegan sentidos, visiones, valores, perspectivas, proyectos. Los medios de comunicación constituyen en la actual coyuntura histórica un indudable ariete cultural e ideológico cuya influencia es palpable en los modos de leer la realidad por parte de ciudadanos que, sin recursos analíticos, ni información suficiente, sólo pueden acceder a una mirada que se presenta como objetiva pero no lo es.

Uno de los méritos del proceso histórico abierto en nuestra región en general, y en Argentina en particular, ha sido la desnaturalización de ciertas certezas antes inconmovibles. Todo está en discusión, todo es materia de controversia, cada esfera de la vida social se convierte en territorio en disputa. La comunicación -y los medios- han perdido ese aire de solemne verdad, de incuestionable perspectiva para ser ahora puestos en duda.

La conquista, en términos de avance del pensamiento crítico, resulta palpable. Y este pensamiento crítico, la duda, la interrogación frente a lo que se nos proponen como verdades reveladas constituye un paso fundamental para avanzar en la capacidad de pensar con cabeza propia y la formación de una ciudadanía verdadera.

Justamente a treinta años de recuperada la democracia en nuestro país emerge un debate sobre el tipo de democracia que nos proponemos construir. La discusión sobre los modos de organización de la sociedad, los modelos de desarrollo, el sentido y las formas de funcionamiento de las instituciones, la convivencia de múltiples culturas, el contenido y los procedimientos de las instituciones públicas, los alcances y profundidades de lo público, son imperativos de este verdadero cambio de época.

Para poder intervenir, informarse, formarse, participar, la democratización de la palabra pública resulta fundamental, es condición sine qua non de la democracia, cualquiera sea el alcance y el contenido que querramos darle. La ley constituye una plataforma necesaria en este turbulento tiempo histórico, en que lo viejo no termina de morir -pero está muriendo- y lo nuevo no termina de nacer, pero está naciendo.

Ley de Medios y Batalla Cultural en Argentina constituyen aspectos de un mismo proceso y espacios de apuestas compartidas para profundizar nuestra democracia.