I. Introducción

Las reformas estructurales neoliberales implementadas en la década de los noventa en toda la región latinoamericana implicaron una profunda reestructuración económica e institucional, expresión de la reformulación de la relación entre Estado y sociedad civil y entre los Estados nacionales y el capital global. Estas reformas fueron cardinales en los procesos de neoliberalización que consolidaron el poder de las elites económicas por sobre los sectores populares (Harvey, 2005). La privatización de los servicios públicos ha sido un mecanismo clave en el despojo y mercantilización de los bienes comunes, y permitió la incorporación de corporaciones multinacionales líderes de ciertos segmentos de la producción global en las formaciones sociales latinoamericanas. La intervención del Estado resultó primordial para garantizar las condiciones políticas que hicieron posible el despliegue de la estrategia neoliberal. El proceso de mercantilización del agua ha sido paradigmático en este sentido, pues se constituyó en un terreno importante para la valorización del capital de fracciones de capital internacional. El desplazamiento del Estado por operados internacionales de origen europeo o estadounidense –como es el caso de Suez de Lyonnaise o Bretchel- en la gestión del agua, expresó, pero también generó, profundas transformaciones en la lógica de la prestación del servicio y en la trama de relaciones que se configuraron alrededor de ella.

No obstante, la neoliberalización de los países de la región ha producido, como consecuencia no deseada, la reconfiguración de viejos actores y la emergencia de otros nuevos, que comenzaron a cuestionar la batería de políticas ortodoxas neoliberales que fueron aplicadas en la región durante toda la década de 1990. Transformaciones en el plano internacional ha refractado local y regionalmente de manera diferente, en función de la particular configuración y relación de fuerzas a nivel nacional. No obstante, un rasgo común de la región ha sido la fractura del consenso ortodoxo sobre la modalidad neoliberal de inserción de las economías de la región en el mercado mundial. Como consecuencia de la deslegitimación del neoliberalismo como proyecto de desarrollo, en América Latina emergieron gobiernos progresistas que, con diferentes niveles de radicalidad, adoptaron políticas heterodoxas para resolver la crisis política y económica en curso, a través de lo cual se fue configurando un escenario latinoamericano diferente al de la década anterior. En los casos de Bolivia y Ecuador, quizás dos de los procesos políticos de mayor radicalidad en la región, se ha logrado la articulación de fuerzas sociales hasta entonces descentradas de la vida política de estos países. En ambos casos la crisis neoliberal decantó en crisis del Estado, y ello condujo a la apertura de procesos constituyentes que se proponían como horizonte la construcción de un nuevo orden, y por tanto, de un nuevo Estado y sociedad.

En Bolivia, el escenario que se abre con la Guerra del Agua en Cochabamba en el año 2000 constituyó un hito en la lucha contra el neoliberalismo en el país, en tanto la potencia plebeya se abrió paso en el recinto clausurado de la escena pública para poner en cuestión la mercantilización de la vida y del agua, y la complicidad del Estado. La capacidad de la guerra de agua de irradiar el descontento hacia otras regiones de Bolivia resultó un momento clave de lo que García Linera (2010) define como desvelamiento de la crisis del Estado. De esta manera, la disputa por el agua en Cochabamba abrió un proceso de luchas que se extendió hasta el 2005, y terminó por cristalizar una agenda pública posneoliberal en la que la defensa y recuperación de los bienes comunes ocupó un lugar central. La llegada al poder de Evo Morales (22-1-2006) nos plantea un escenario complejo para pensar los procesos de transformación de la última década, así como también los límites del aparato institucional para acompañar la profundización de dichos procesos. En el presente trabajo nos proponemos analizar la privatización y el proceso de nacionalización del agua en Bolivia, las tensiones que aparecen tras la salida del operador privado Bretchel de la gestión del servicio en Cochabamba, el derrotero del después de la Guerra del Agua, los desafíos y problemas del proceso de cambio en la resolución de los problemas estructurales en materia de saneamiento, y con ello la forma históricamente consolidada de vinculación del Estado con la sociedad civil.

II. La antesala de las Guerras del Agua: reformas neoliberales, políticas de privatización y articulación de la resistencia

El proceso de neoliberalizacion en Bolivia emerge tempranamente con la llegada al gobierno de Víctor Paz Estenssoro en 1985, y se profundizó luego durante el gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997). Durante este etapa predominó, en términos político-institucionales, lo que dio en llamarse democracia pactada entre las fuerzas políticas tradicionales (MNR / MIR / ADNⁱ) (Torre, 1997). El poder político durante este período incluía a los sectores exportadores asociados a la minería y la agroindustria, las fracciones de capital internacional inscriptas en la formación social boliviana y las instituciones de la comunidad financiera internacional. La estrecha vinculación entre los empresarios locales, los consorcios multinacionales y las “agencias de cooperación” resultó un elemento clave para la consolidación del proyecto neoliberal en Bolivia (Aillon, 2006) La reducción del papel productivo del Estado, la privatización de las empresas públicas, la apertura y creación de mercados, la desregulación de la economía y el despido masivo de trabajadores fue el paquete de medidas de estabilización ortodoxas implementadas, lo que dio lugar a dos décadas de régimen neoliberal (Garcia Linera, 2010).

En este contexto se enmarcan las políticas estatales que condujeron a la privatización del servicio del agua en Bolivia. Desde principios de la década de 1990 se empezó a reestructurar el sector de Saneamiento Básico del país, con el impulso y el apoyo técnico y económico del Banco Mundial. Esto incluyó la transferencia de funciones de provisión y regulación del servicio a municipios, el fortalecimiento de las empresas estatales del agua: SAMAPA (La Paz), SEMAPA (Cochabamba), SAGUAPAC (Santa Cruz) en vistas a su futura privatización, y la elaboración del Plan Nacional de Saneamiento Básico para el período 1992-2000 que estimulaba la participación privada en dicho sectorⁱⁱ. Todas estas reformas tenían el objetivo de habilitar y facilitar el proceso de transferencia del sector de saneamiento básico hacia el área privada (Crespo y Fernández, 2003).

En el año 1995 se promulgó la Ley de Participación Popular (LPP), por la que se dispuso la transferencia de una serie funciones de la jurisdicción nacional a las unidades estatales subnacionales, entre las cuales figuraba la provisión y regulación del uso de las fuentes de agua y saneamiento. Por su parte, desde la reforma agraria de 1953 llevada adelante por la revolución nacional-popular del año 1952, coexistían con el gobierno municipal gobiernos indirectos comunales indígenas que ejercían la jurisdicción efectiva sobre el acceso a la tierra y al agua, bienes clave para la vida cotidiana de las unidades productivas familiares campesinas (Regalsky, 2008). La transferencia a los municipios de funciones históricamente desempeñadas por las comunidades incrementó la tensión entre estas formas de organización territorial diversas. Las organizaciones indígena-comunitarias temían el avance los gobiernos locales sobre los sistemas de riego autoconstruidos. La implementación de esta ley impulsó la aceleración del proceso de reforma del sector del agua en Bolivia, como parte de la estrategia neoliberal de conversión de los bienes comunes en mercancías. En el año 1997 se llevó a cabo la privatización del servicio de agua y alcantarillado de la ciudad del La Paz y El Alto. La creación de Aguas del Illimani (AISA), subsidiaria de la trasnacional Suez Lyonnaise des Eaux, se llevó a cabo con el argumento de que la privatización era un modo efectivo de atraer inversión privada a fin de ampliar la cobertura del servicio (Pérez, 2005).

En el caso de Cochabamba, la implementación de la LPP afectó negativamente a las comunidades de regantes de los valles, en donde la gestión del sistema de riego y uso del agua se regía por los usos y costumbres comunitariosⁱⁱⁱ. El avance del Estado subnacional sobre las fuentes de agua comunitaria marcó el surgimiento, en los territorios directamente afectados, de organizaciones cuyo accionar se estructuró en torno de la resistencia frente a la privatización de los sistemas comunitarios de riego. En 1997 nació la Federación Departamental Cochabambina de Organizaciones de Regantes (FEDECOR)^iv. El nacimiento de la FEDECOR constituye un punto de partida importante en la resistencia por la defensa de los bienes comunes, que aunque en un primer momento de carácter defensivo, más bien corporativo y anclado en lo rural, será la antesala del despliegue de la lucha por el agua que se llevará a cabo años después en Cochabamba^v. Los regantes del valle de Cochabamba poseían un conocimiento técnico relevante sobre la gestión comunitaria indígena del servicio del agua, en virtud de lo cual se convirtió en un actor con una fuerte legitimidad en la cuestión del agua y en una de las fuerzas más importantes de la Coordinadora por la Defensa del Agua y de la Vida y de las jornadas del 2000, conocida como la Guerra del Agua.

Como parte de la ofensiva neoliberal, en el año 1999 fue promulgada la Ley 2029^vi durante el gobierno del ex dictador Hugo Banzer (1997-2001). Al establecer que “el Estado fomentará la participación del sector privado en la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario” ^vii, esta ley creó el marco jurídico que permitió la masificación de la reforma privada del sector del agua^viii. En el Departamento de Cochabamba, la promulgación de la Ley 2029 estuvo acompañada por la transferencia de la concesión del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillados Sanitarios (SEMAPA) a la trasnacional Aguas de Tunari^ix. Dentro de la concesión quedaron incluidos los sistemas cooperativas de agua independiente construidos por las propias comunidades que históricamente habían quedado por fuera de la regulación estatal, tanto nacional como departamental.

Las transformaciones sociales, económicas y políticas ocurridas, contribuyeron a que se modificara el papel de los actores existentes y a que surgieran otros nuevos, a que se extendiera el predominio de lógicas privadas en la producción y reproducción de la vida y se incrementaran las desigualdades. Los cambios en la estructura de acceso y en los patrones de uso y distribución del agua potable, tanto en zonas rurales como urbanas, reflejan una determinada correlación de fuerzas sociales, en tanto generan consecuencias en las estructuras de poder (Swyngedouw^, 2007) Pero el avance del neoliberalismo frente al contexto crítico boliviano y los intentos oficiales por desconocer los derechos comunales de acceso y gestión sobre los bienes comunes, terminó por estrellarse contra una comunidad organizada que logró romper con los últimos vestigios que quedaban del pacto colonial entre las comunidades campesino-originarias y el Estado.

Hacia fines de 1999, y como respuesta a estos acontecimientos nace la Coordinadora por la Defensa del Agua y de la Vida, actor principal en las jornadas de lucha por la recuperación del agua en Cochabamba.

III. Las contradicciones de las reformas y las Guerras del Agua como límites políticos al neoliberalismo

El año 2000 constituyó un punto de inflexión en la continuidad y estabilización del orden neoliberal. La reacción frente a la privatización del servicio del agua en Cochabamba representó la primera derrota del neoliberalismo en Bolivia (Tapia, 2007; Garcia Linera, 2010) Asimismo, inauguró un ciclo de luchas populares por la defensa del agua y los bienes comunes, que se extendió luego hacia otras zonas del país. La Coordinadora del Agua obligó al Estado a sacarle la concesión a la multinacional anglo-americana y derogar la controvertida Ley 2029^x. El punto de inflexión a partir del cual se produjeron los levantamientos populares, ha sido el avance de la apropiación privada de lo comunitario. En palabras de Álvaro García Linera (2010), el quiebre con el neoliberalismo se da cuando se pasa “de la privatización de lo público estatal a lo público comunitario, a lo público no estatal”. Se trataba del avance sobre los sistemas autónomos de aguas, sobre los pozos y las instalaciones construidos y sostenidos por una multiplicidad de comités y asociaciones independientes.

Pero si la Guerra del Agua representó el límite político del avance del proceso de neoliberalización en curso, ello se debió a la capacidad política de las organizaciones de trascender sus reclamos reivindicativos puntuales para convertirse en un actor político con la capacidad de desviar un proceso en marcha^xi. De la Coordinadora formaron parte una multiplicidad de actores, de trayectorias políticas heterogéneas que van desde la organización sindical hasta la campesina y la comunitaria^xii. Luego de más de una década de neoliberalismo, el conjunto de la clase política se encontraba asociada, en mayor o menor medida, a las políticas de capitalización y entrega del patrimonio público, a prácticas clientelares y prebendarías de la política. Por lo que el surgimiento de la Coordinador responde también a un cuestionamiento a los partidos tradicionales, a aquella política parlamentaria que era, a la vista de la población, esa vía de contacto automática que vinculaba la realidad nacional con el poder trasnacional. La Guerra del Agua representó, en términos de Gramsci, un salto del nivel corporativo al nivel ético-político. Este pasaje tuvo como base las propias redefiniciones que se operan al interior de las organizaciones tradicionales. Es el caso de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Cochabamba (FDTFC) –filial de COB^xiii-, en su intervención en las jornadas de la Guerra del Agua en Cochabamba como parte de la Coordinadora^xiv.

Desde hacía años, la FDTFC se había convertido en una referencia de lucha para el pueblo de Cochabamba. A pesar de su identidad sindical, habían emprendido una reconfiguración hacia el interior de su estructura tradicional y en su forma de construcción política. De esta manera, su actividad no estaba únicamente referenciada a los trabajadores asalariados, sino que venían emprendiendo un trabajo comunitario ligado a los problemas acuciantes de la ciudad de Cochabamba. La FEDECOR también trascendió su estructura corporativa anclada en lo rural, sellando en el marco de la Coordinadora la articulación entre lo rural y lo urbano por la defensa de los bienes comunes y por la recuperación comunitaria de la gestión del servicio del agua. Esto que comenzó como un proceso local se propagó al resto del país, consolidando así el pasaje de una estrategia defensiva de los movimientos sociales a otra ofensiva. Los mismos pasaron a ser protagonistas del escenario político nacional y marcaron la agenda política al calor de la defensa de los bienes comunes, cayendo tras su paso leyes, propuestas privatizadoras y gobiernos^xv. A modo de continuidad, resonancia y transmisión de aprendizajes colectivos y de imaginarios de lucha, en el año 2005 la ciudad del Alto será nuevamente escenario en la pelea por la recuperación del agua. Como decíamos, la Guerra del Agua en Cochabamba había logrado la primera victoria contra el neoliberalismo, y representó el punto de partida de un nuevo ciclo. Sumado a esto, las sucesivas batallas, desde los bloqueos y cercos indígenas a la Paz del 2001, a la Guerra del Gas en octubre de 2003, ya habían derrocado a un presidente y colocado en la agenda un conjunto de demandas de los movimientos sociales. La salida de Sánchez de Lozada ubica al presidente Carlos Mesa en un rol mediador, que debe desarticular y procesar el conflicto social a la vez que asegurar la continuidad del bloque económico-político dominante^xvi. En este contexto, en enero de 2005 más de 500 juntas vecinales de El Alto (La Paz) obligaron al gobierno de Carlos Mesa, a través de paros y movilizaciones, a rescindir el contrato con Aguas de Illimani (ver página 3)^xvii.

Así, nuevamente en la defensa del acceso al agua como bien común fundamental para la vida, se reactivan mecanismos de acción colectiva que trascienden los niveles corporativos de organización y de horizontes políticos. Las llamadas Guerras del Agua fueron un momento clave en el reclamo por la democratización radical del Estado y la sociedad boliviana, que condujeron en el período 2000-2005 a conmueven los cimientos mismos del Estado boliviano. En ambas experiencias se hablaba de una reapropiación social de los bienes comunes (Gutiérrez Aguilar, 2008). La apuesta era por lograr extender el proceso democratizador más allá de las organizaciones sociales, y alcanzar incluso el entramado institucional del Estado. Tal es así que en Cochabamba, luego de la salida de Aguas de Tunari, se inauguró una experiencia de gestión colectivo-comunitaria de la exempresa SEMAPA en manos de la propia Coordinadora. Por su parte, los vecinos del Alto estaban dispuestos a construir una empresa de propiedad pública social bajo gestión comunitaria, con participación popular rotativa y de base y con la posibilidad de revocabilidad de sus funcionarios. Aunque esto no resultó, la empresa AISA fue reemplazada por la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), la cual contó con representantes de la FEJUVE.

IV Y con Evo Morales, ¿qué? El agua, entre la apertura democratizadora y la incapacidad institucional para llevarla a cabo.

La cuestión de la propiedad de los servicios públicos y de los principales bienes estratégicos del país había marcado el ciclo ascendente de luchas que lo colocaron a Evo Morales en el poder. La agenda de octubre^xviii se había transformado en el proyecto político propio de los movimientos sociales y marcó los pasos del primer gobierno indígena de Bolivia. En este contexto se llamó a una Asamblea Constituyente que pudiera iniciar una refundación del Estado sobre nuevas bases y acabar con las características coloniales y neocoloniales de dominación. Esto significaba desterrar el carácter colonial de dominación étnica-cultural encanado en el Estado así como el componente neoliberal del mismo (García Linera, 2005). El proceso constituyente que tuvo lugar en Bolivia tras el ascenso de Morales, dejó como saldo la creación de una nueva Constitución política, momento inaugural de la refundación del Estado y la sociedad. La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada por referéndum en el mes de enero de 2009, incorporó una nueva concepción del agua, en tanto la misma fue asumida como bien común y derecho humano fundamental. A partir de aquí se escribe, no sin contradicciones, una nueva historia, que incluye la configuración de viejas y nuevas tensiones, algunas como producto de las herencias neoliberales y neocoloniales y otras propias de este nuevo proceso.

Las preguntas que se nos abren a partir de este momento son: ¿cómo sigue el después de las Guerras del Agua y cuáles son las tensiones de la gestión estatal y comunitaria que Estado tiene lugar a partir de aquellas jornadas?, ¿cuáles son las contradicciones del plurinacional y como se expresan en el caso específico del agua? En el 2007 Tapia puntualizaba que todavía quedaba pendiente avanzar en un aspecto importante: saldar la no correspondencia entre las instituciones políticas del Estado, representativas, liberales, delegativas, propias de la forma occidental de organización política, y las instituciones y formas de organización de pueblos y culturas existentes en el país. En este mismo sentido concluía Stefanoni (2007) que debía pensarse una nueva institucionalidad estatal que combinase formas de democracia representativa pero que a la vez incorporara formas de democracia directa enraizadas en las tradiciones del mundo indígena boliviano, formas desplegadas y recreadas a partir del ciclo de movilizaciones del año 2000. Por su parte, Raquel Gutiérrez (2008) identificaba como principal desafío el expandir y legalizar las formas colectivas propias de decisión y gestión, las prácticas sociales directas de auto-regulación de lo social, el tipo de instituciones políticas comunitarias originarias. En este mismo sentido, en una reunión de la Asociación de sistemas independientes y cooperativas de agua potable de la zona sur de Cochabamba (ASICA), sus integrantes se preguntaban como constituir autonomías indígenas, en donde se decida y gestionen los bienes públicos. Se decía que la constitución en municipios autónomos debía convertirse en el eje legal, y no sólo legítimo, de organización del país. Y que el horizonte era que las prácticas de autogestión y de organización ensayadas en Cochabamba y en El Alto, tal como hemos reseñado en este trabajo, puedan constituirse en formas permanentes de administración de lo común. Sin duda, a esta dimensión clave del proceso de democratización –que es al mismo tiempo de descolonización- también le llegó su turno, y uno podría decir que se ha materializado en la Ley de Autonomías promulgada en el año 2010. Pero también podríamos preguntarnos por las tensiones que esta misma ley ha inaugurado en el caso del agua en Cochabamba. Las autonomías indígena campesinas no ha logrado dar solución a los problemas de escasez de agua de la zona periurbana de Cochabamba. Paradójicamente y a pesar de ser uno de los reclamos principales, su implementación ha repercutido en el sector del agua como un mecanismo que incrementó el aislamiento, fragmentación y disputa entre comunidades campesinas que en otro momento habían ensayado estrategias conjuntas (Cooperativa 1° de Mayo).

Creemos que la experiencia de gestión social/municipal del servicio que le sigue a la Guerra del Agua en Cochabamba, refleja las dificultades con la que se encuentra el gobierno de Evo para avanzar hacia la profundización de la democratización en ciertos sectores, como en el caso del agua, con las capacidades institucionales heredadas. Asimismo, este caso refleja las dificultades para construir la infraestructura requerida para extender la cobertura del servicio hacia los sectores históricamente postergados, ante la falta de asistencia financiera y frente a las trabas impuestas por la comunidad financiera internacional. Problemas técnicos y políticos que emergen más allá de la genuina voluntad transformadora del gobierno en curso, dificultan el avance hacia una gestión social con capacidad de dar respuesta a problemas sanitarios estructurales que padece la población rural de más bajos recursos^xix.

A pesar de la radicalidad de la Guerra del Agua y de la capacidad de articulación política de intereses diversos frente a los intentos privatizadores, la salida de la corporación Bretchel estuvo acompañada por procesos complejos y contradictorios. Algunas de las demandas articuladas al calor de la resistencia en contra de la privatización del servicio, como las exigencias por la disminución de las tarifas, lograron cristalizarse institucionalmente en la nueva administración de la empresa municipal SEMAPA. Sin embargo, las demandas por la solución efectiva de los problemas estructurales de la escasez de agua en las zonas periurbanas fueron constantemente sacrificadas, mientras que la recuperación de la consigna política de control social se materializo en el ingreso de directores ciudadanos, a pesar de lo cual no se logró una revisión general de las reglas de juego y las normas que estructuraban la prestación del servicio en el periodo previo^xx.

Los problemas de la empresa municipal para diseñar un plan que pueda dar solución sustantiva a los problemas sanitarios estructurales de la ciudad de Cochabamba tienen una doble raíz. Por un lado, el Estado históricamente no ha aportado ninguna solución a la cuestión sanitaria en los territorios periurbanos, lo que en el mejor de los casos ha provocado la organización comunitaria en la autogestión de sus problemas. A esta modalidad histórica de vinculación entre Estado y sociedad de impronta neocolonial, responden las cooperativas y sistemas de riego comunitarios autoconstruidos. Pero este no es un escenario del pasado, pues está arraigado, cristalizado, en el entramado institucional del Estado, y forma parte del saber hacer del Estado hacia la sociedad, y de la sociedad hacia el Estado. Pero las herencias institucionales no lo explican todo. A ellas se suma la debilidad política y financiera del Estado boliviano que impide construir las capacidades estatales requeridas para saldar deudas históricas con los sectores más postergados. Pero eso no es todo. También resulta necesario dar cuenta de la incapacidad de los protagonistas de la Guerra del Agua para articular ahora esa heterogeneidad propositivamente en un proyecto político de gestión alternativa. La gestión social de SEMAPA se redujo a la participación de miembros de las cooperativas comunitarias y de otros actores protagonistas de las jornadas del 2000 en el directorio de la empresa, lo cual ha demostrado ser insuficiente, pues, en ausencia de un proyecto político real, se ha traducido en la rotación de personas encarnando intereses corporativos, e incluso individuales. La represalia de la comunidad financiera internacional luego de la salida de los operadores internacionales también es un elemento a tener en cuenta. El recorte de la asistencia económica por parte de los organismos internacionales de crédito se ha reforzado en el sector del agua, lo que profundizado la desinversión de la empresa y del Estado boliviano para hacer frente a las necesidades y problemas estructurales del agua. En este marco se comprende la ausencia de un plan departamental que tenga por objetivo fortalecer las capacidades de la empresa para extender la cobertura a todo el territorio de la concesión de SEMAPA. La incapacidad técnico político de la empresa municipal se expresa también en la incidencia cada vez mayor de la cooperación internacional y ONG´s en la planificación y financiamiento en materia sanitaria en Cochabamba.

El Plan Bolivia (2003) y el Plan Nacional de Saneamiento Básico 2001-2010 (2001) reconocían el mejoramiento del servicio en las zonas urbanas y periurbanas como uno de sus desafíos. Y para ello se establecía, a modo de solución...

desarrollar servicios de agua y saneamiento a gran escala, gestionados centralizadamente con altos niveles de inversión obtenidos mediante créditos externos, y la recuperación de costos a través de los consumidores. (Bustamante, Butterworth y Faysee, 2007: 72).

La intensión es conformar modelos de gestión eficientes y sostenibles a través de la creación de grandes empresas regionales o metropolitanas, asociadas a los sistemas de agua cooperativos construidos por las propias comunidades. La propuesta incluye incentivar financieramente a los sistemas cooperativos con el objetivo de que se invierta en infraestructura y lo que fuese necesario^xxi. Estas asociaciones estarían orientadas en el corto plazo a integrar los sistemas pequeños y dispersos, de modo tal que fuese posible consolidar un mercado de estos servicios. En el largo plazo su objetivo es promover la intervención del sector privado o promover asociaciones público-privado (Bustamante, Butterworth y Faysee, 2007) El problema con el que aquí se encuentran es que estos modelos exitosos en otras experiencias en el mundo entran en tensión con las complejidades del uso del agua en distintas zonas y las características de los sistemas de agua históricamente constituidos en Bolivia. Los nuevos marcos legales luego de la Guerra del Agua, y su pretensión de integrar el desarrollo de la infraestructura con el desarrollo institucional y la participación comunitaria, han habilitado nuevas tensiones y conflictos.

Estas nuevas políticas del sector se expresan en Cochabamba con la confección del Proyecto Mancomunidad Colcapirhua y Tiquipaya (Proyecto MACOTI), a cargo de la conformación de una nueva área del servicio. El proyecto de conformar una gran empresa metropolitana con capacidad de atraer inversiones, destinadas a la extensión del servicio del agua y saneamiento hacia zonas actualmente desconectadas, no ha logrado ser implementado aún. Y ello se explica por la resistencia de los propios sistemas cooperativos, pero, ¿a qué se debe dicha resistencia?, ¿qué supone dicha asociación para los sistemas de agua cooperativos autoconstruidos?

El primer problema del Proyecto MACOTI es que la asociación ha sido planteada en un primer momento como la integración de la infraestructura de los sistemas de agua en una empresa metropolitana bajo gestión estatal, lo cual ha sido inadmisible para las comunidades que ante la ausencia de política estatal han creado ellas mismas dichos sistemas. En el caso de las zonas periurbanas de Cochabamba, no están dispuestas a quedar subsumidas a la empresa SEMAPA, ni transferir al Estado las inversiones comunitarias realizadas. Pero además el rechazo también se debe a que, en buena parte de los casos, las formas de gestión comunitaria son mucho más eficientes que la empresa municipal a la cual pretenden ser integradas. Además, dicha integración significaría aumentos tarifarios derivados de la implementación de las categorías tarifarias de la empresa que son diferentes al de las cooperativas. Por otra parte, la vieja SEMAPA se encuentra desfinanciada y requiere de importantes inversiones para poder construir las capacidades institucionales requeridas para resolver los problemas estructurales del agua. Y lo cierto es que ni el Estado nacional ni organismos financieros internacionales están dispuestos a invertir en la empresa sin que la misma encare previamente un proceso de reestructuración. El rechazo al proyecto MACOTI por parte de las cooperativas a la nueva política sectorial en materia sanitaria mostró los límites de la estrategia de “reconducir la empresa municipal”. El reconocimiento de esto último por parte de las cooperativas de las zonas periurbanas de Cochabamba, implicó una redefinición de su propia estrategia, y ello se expreso en la creación de Asicasur -organización que nuclea las cooperativas del sur-, así como la creación por parte de los Fabriles de la Universidad del Agua, entre algunas de las instancias que se fueron conformando luego de la Guerra del Agua en Cochabamba.

Después de la Guerra del Agua, tuvimos la esperanza de que SEMAPA, el municipio y la gobernación, (…) nos pudieran dar cobertura con servicio de agua, ¿verdad? Ese era el compromiso (…) Era una esperanza… Pensaban que se podía recuperar [SEMAPA] (…) Pero, lamentablemente, nada de eso. Hasta el día de hoy. Entonces dijimos al cabo de tres o cuatro años después de la Guerra del Agua: ¿y ahora qué? ¿Para qué hemos peleado? Entonces consigamos nuestro financiamiento nosotros mismos y para eso necesitamos organizarnos. Entonces, diferentes comités de agua del sur, nos reunimos para organizar Asicasur. Y con eso hemos conseguido el sistema de alcantarillado en otros lugares, sistemas de agua. Hemos conseguido tanques (…) de manera autogestionada. (Cooperativa de Agua 1° de Mayo).

A través de Asicasur las cooperativas de la zona sur de Cochabamba han elaborado un proyecto alternativo, que supone la coordinación entre los Municipios y las cooperativas, pero sin perder estas su autonomía en términos de gestión y administración comunitaria.

V. A modo de conclusiones, siempre provisorias

Si tenemos en cuenta la doctrina neoliberal, como cuerpo teórico y como discurso que se vuelve dominante a escala global hacia los años ochenta, sin duda los procesos y las prácticas de neoliberalización no se correspondieron de manera homogénea con la ortodoxia de dichas recetas, y encarnaron diferentes formas en cada uno de los territorios nacionales, de acuerdo a especificidades históricas y al particular desarrollo de las fuerzas políticas (Harvey, 2005). Entendemos al neoliberalismo no como un conjunto de instrumentos técnicos, no como un paquete definido de medidas económicas, sino sobre todo como un proyecto político tendiente a restablecer las condiciones para la acumulación de capital y restablecer el poder de las elites económicas, a través de una forma específica de apropiación por parte del capital del excedente social producido (Harvey, 2005; Duménil y Levy 2005; Thwaites Rey y López, 2005; Felder, 2007, 2009).

Los procesos de reforma estructural, tal como han sido caracterizados en este trabajo, condujeron a profundas crisis en buena parte de la región. Y las mismas fueron acompañadas por el ascenso de gobiernos que tomaron distancia respecto de las propuestas ortodoxas de las décadas anteriores. Si bien no podemos plantear que estemos frente a una era pos-neoliberal en términos globales, sí podemos reconocer áreas y momentos de ruptura neoliberal, como en el caso boliviano. Creemos que en Bolivia el proceso de cuestionamiento de los pilares neoliberales que se despliega y expande a partir del año 2000 con la Guerra del Agua, comienza a delinear una agenda pública pos-neoliberal, centrada en la recuperación de los recursos naturales^xxii. La lucha por el agua en Cochabamba significó un quiebre respecto del avance de las políticas neoliberales, de las respuestas sociales frente a la privatización, y de la forma de organización y articulación de ese repudio popular. Si el neoliberalismo en América Latina supuso renovadas formas de mercantilización de diferentes esferas de la vida social, en Bolivia se comienza a delinear una forma distinta de concebir el agua, que a la vez que por la negativa impidiera su mercantilización, afirmara mecanismos horizontales y participativos para garantizar su acceso, uso y distribución de manera no capitalista.

Estos procesos de cuestionamiento radical de la gestión no sólo privada, sino incluso estatal de los bienes comunes, abre todo un abanico de posibilidades políticas y promete nuevos horizontes. En los últimos años se materializan los valores y demandas planteadas hace ya casi una década por los movimientos sociales. No obstante, la gestión del agua que le siguió a dichos procesos no estuvo exenta de contradicciones y límites, y mostró las tensiones entre la participación social y comunitaria y la dinámica estatal. Nos preguntamos, entonces si pueden pensarse en formas de gestión de lo público que combinen el dinamismo de la autogestión popular con la organización institucional que aporta el andamiaje estatal. El gobierno de Evo Morales, así como los movimientos sociales que le dan sustento y vida, asumen el desafío de transitar la contradicción entre la institucionalización de las demandas en el mero dominio de lo estatal, y la fuerza comunitaria. No obstante esto, la materialidad propia del Estado opera en estos procesos, trazando límites a la voluntad transformadora de individuos y actores sociales que descubren, a poco de andar ,los obstáculos que este impone a los proyectos de democratización de sus propias estructuras, por lo que no hay proceso de transición para el cual el Estado no aparezca, cuanto menos, como problema.

Las alternativas ensayadas en Bolivia se transforman en preguntas para el debate, en canales que cuestionan y desestabilizan viejas recetas; en iluminaria, no que ciega y se pierde en romanticismos, sino que contribuye al pensar y al hacer proyectos políticos emancipatorios.

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Notas