Introducción

A lo largo de este trabajo intentaremos poner en discusión una noción como la de “políticas culturales”, tratando de observar su relación y distancia respecto de las llamadas “políticas públicas” vinculadas con el accionar estatal.

Trataremos además de pensar estas “políticas culturales” en relación con el funcionamiento de la “esfera pública”, noción por demás problemática en la medida que la misma deberá pensarse en el cruce entre lo “político”, lo “público” y lo comunicativo, que en las sociedades modernas refiere a los medios masivos de comunicación.

Con el regreso de la democracia, estos medios de comunicación cumplieron con distintas funciones en relación con la recuperación de una suerte de “esfera pública ciudadana”, que eran a la vez tipos específicos de “políticas culturales”.

Ello también produjo, no sólo un reacomodamiento dentro del “campo periodístico” en Argentina sino vinculado con este –y con la esfera pública en general– dentro del “campo intelectual” que muchas veces se presenta vinculado con el “campo artístico”.

En la primera parte de este texto, intentaremos encontrar algunas precisiones conceptuales respecto de conceptos como “esfera pública”, “espacio público”, “campo intelectual” y “crítica-cultural”. Que una vez desarrolladas, implicarán una puesta en juego para poder analizar cómo se fueron presentando las “políticas culturales” en la “esfera pública”, para el caso particular de “las políticas públicas” desarrolladas desde el estado con los medios masivos de comunicación, pero también en la configuración del “espacio público” en la ciudad de Buenos Aires; en los modos de intervención “crítico-culturales” desplegados desde el “campo intelectual” y en algunas manifestaciones “alternativas”. Casos que serán abordados en la segunda parte de este trabajo.

“Esfera pública”, “espacio público”, “política” y “crítica”: entre el Estado, el mercado y las “multitudes” más allá de los medios masivos de comunicación

El primer concepto que analizaremos aquí será el de “políticas culturales”, en la comprensión que las mismas no representan solamente aquellas que se despliegan desde el estado capitalista sino que exceden –como indica Néstor García Canclini– lo solamente “estatal” para situarse en un cruce amplio, conflictivo y contradictorio, con otras políticas provenientes de ámbitos “autónomos” de la “sociedad civil” o del mercado.ⁱ

El problema teórico que se nos presentó en la investigación, es que en la relación que buscamos establecer, debíamos considerar que dichas “políticas culturales” se construyen para impactar en una “esfera pública” donde conviven instituciones regidas por el mercado e instituciones reguladas por el subsistema “político” o “estatal”: los medios masivos de comunicación comerciales y los medios masivos de comunicación ligados al “sistema público. Definiendo por otro lado, en relación con esa noción de “esfera pública”, cierta noción de “espacio público” (de importancia para analizar el modo de construcción de “lo político” –desde una visión burguesa dominante– presente en un gobierno como el de la ciudad de Buenos Aires).

El concepto de “esfera pública” es otro concepto complejo, que articula nociones provenientes del campo de la ciencia política con otras provenientes de la teoría de la comunicación. La relación entre “política” y “comunicación” en el marco del funcionamiento de una “esfera pública” viene de larga data, ya que se origina en los tipos de acciones retóricas desplegadas por los “seres políticos” al interior de la “polis”.ⁱⁱ

En una era moderna signada básicamente por la “escisión” entre lo “público” y lo “privado”, encontramos también un proceso de complejización social que implicó el abandono de la “comunidad” y la conformación de una “sociedad”ⁱⁱⁱ. Esta transformación de la antigua “comunidad” en una “sociedad” trajo aparejada una modificación de lo que se comprende por “política” y por ende también del modo de comunicación.

En principio porque es en la Modernidad donde encontramos las primeras “formaciones” que podríamos considerar “estatales”. El origen del “Estado” era considerado entonces como producto de la “escisión” (entre lo “público” y lo “privado”) producida al interior de una moderna sociedad “compleja”, como la “sociedad burguesa”.

Es esta conceptualización moderna la que lleva a considerar al “Estado” –la “sociedad política”– divorciado de la “sociedad civil” (burguesa) y conlleva además una caracterización de lo “político” como un ámbito ligado más a lo “estatal” que a una “sociedad” dedicada a la auto-reproducción.

Según la visión de Jürgen Habermas en su clásico Historia y Crítica de la Opinión Pública, es la aparición de una esfera de lo social separada de la esfera estatal, y de la absorción de lo “político” por parte de esta; lo que da cuenta de la aparición de una esfera de la “publicidad” que hace de “mediadora” entre lo “político” -el “Estado”- y las “opiniones” privadas (burguesas). Pero sostiene Habermas en otro texto inmediatamente posterior (Teoría y praxis) que luego de la “escisión” moderna, el Estado “absorbe” lo “político” en tanto que “techné” y no como aquella “praxis” comunicativa presente en la “polis”^iv.

Por eso es que para Karl Marx, la resolución de la escisión, es decir la vuelta a lo “comunitario”, no podía darse en el Estado, sino que debía darse en una sociedad civil, donde se encontraba una nueva clase social despojada de todo interés: el proletariado.

Aparecen en Marx consideraciones importantes. Primero porque al situar al proletariado como aquel grupo social “despojado” de todo interés, supone que éste puede “encarnar” el interés “universal” (la emancipación humana o “autorrealización”), reconciliando lo “político” y lo “social” más allá del “Estado”. Segundo, porque supone que para ello la comunicación “públicamente” desarrollada no es “burguesa” sino “proletaria”.

Siguiendo a Marx puede verse que las sociedades capitalistas son sociedades donde se desenvuelven clases sociales, que desarrollan prácticas y formas de comunicación que se encuentran en conflicto. Pero si el proletariado encarnaría las posibilidades de emancipación universal, por el otro lado se constituye como tal en el capitalismo a partir de un tipo de práctica que Marx denominó trabajo “alienado” o “abstracto”.

Si la conflictividad inherente al capitalismo resulta ser la dada entre “capital” y “trabajo”, y si el “trabajo abstracto” es el modo en el que el “capital” expresa al “trabajo”, esto implica que pueden haber otras formas de “trabajo” diferentes del “abstracto” (la “autocreación”) fuera del capitalismo. Del mismo modo también se pueden encontrar “otras formas” de comunicación^v más allá de aquellas (masivas, comerciales) cosificadas por el capital.

Habermas acierta en que la transformación de la forma capitalista modifica a la vez el funcionamiento de la esfera de la publicidad, pero su análisis no “lee” las ambigüedades presentes tanto en la esfera de la publicidad “burguesa” como en el Estado “burgués”, producto que ambas esferas se encuentran también determinadas por la expansión de la “forma mercancía” al conjunto de la “totalidad social”. Motivo por el que si bien puede plantear que el capitalismo “monopolista” modifica las características raciocinantes de la esfera de la publicidad burguesa y produce una “disolución psico-sociológica” de la “opinión pública”; no puede observar características emancipatorias en las intervenciones públicas comunicativas provenientes del movimiento de los trabajadores. Es decir que no puede ver que con el surgimiento de unas sociedades capitalistas basadas en la “escisión”, se transforma la vieja concepción de “lo político”, reservada ahora a las determinaciones de “instituciones” reguladas por un Estado capitalista, que a la vez presupone una forma “masiva” de producir una comunicación, que no es ya “política”.

Esto nos lleva a considerar diferentes cuestiones relativas a una teoría de la esfera pública. Sobre todo en lo que refiere a la aparición de distintas “esferas” públicas, que en muchos de los casos se encuentran en franca contradicción.

Siguiendo el punto de vista “totalizador” respecto del funcionamiento social fundamentado por Marx, esta contradicción se expresa entre una lógica del “capital” que construye una esfera pública “burocratizada” y por tanto regida por una racionalidad instrumental; y una lógica del “trabajo” que va a construir una esfera pública regida por otra racionalidad, “comunicativa”, basada en criterios no instrumentales, o bien sin una “finalidad” establecida. Pero está claro que en el marco de una sociedad conflictiva como la capitalista, esa perspectiva “comunicativa” no podría ser “consensual”, sino contradictoria.

En el marco de una esfera púbica regida por los criterios del capital, los medios masivos de comunicación, que son medios básicamente comerciales, juegan un rol de “reforzadores” del “control social” (de las normas y valores socialmente establecidos).

Desde lo “establecido”, la “política” es aquella que se desarrolla dentro del “sistema político”. Cualquier “disidencia” al respecto debería ser canalizada, institucionalmente, dentro de lo “establecido” y sin posibilitar una ampliación del debate por fuera de estos ámbitos; construidos como “espacios” delimitados por los medios masivos.

Frente a esto emerge otra esfera pública, sostenida a partir de prácticas comunicativas de “otro tipo”, contrapuestas a las prácticas determinadas por el “capital”, provenientes de ámbitos como el del “trabajo”; que dan origen a la vez a medios de comunicación también de “otro tipo”, y a una concepción de la política más participativa y democrática.

Ambas “esferas”, conviven, y se encuentran en conflicto; aún dentro del marco de esa “esfera pública” mayoritaria, que es la que se configura a partir de los medios masivos de comerciales de comunicación.

Entre un tipo de “esfera pública” (la dominante) y otra (crítica, a veces anticapitalista), encontramos los “sistemas” llamados “públicos” o “estatales” de comunicación de masas, que suponen también la producción de “mercancías” culturales propias de una cultura de masas, que se presentan, circulan y se valorizan en la “esfera pública”. Pero estos otros medios masivos de comunicación, estatales o públicos, que también son actores de mucha importancia en la esfera pública; presentan una diferencia con los medios netamente comerciales en la medida que se encuentran atravesados por la mediación “política”.

Pueden hacerse dos objeciones razonables a esta caracterización. La primera, sosteniendo que también los medios masivos comerciales sufren la mediación de lo político-estatal. La segunda, que asumiría la caracterización del Estado como Estado capitalista.

Sin embargo, aun asumiendo estas dos razonables críticas a lo dicho anteriormente; ello no obsta informar que a diferencia de los medios masivos comerciales privados (mucho más determinados por la lógica de la mercancía), estos medios de características “públicas” se encuentran atravesados por importantes contradicciones producto de una mayor “permeabilidad” respecto de la lógica política. Y es aquí donde podemos reintroducir el concepto de “políticas culturales” para pensar el funcionamiento de la “esfera pública”.

Porque en la medida que nos encontramos con una “esfera pública” mercantilizada dominante, en contradicción con otras formas de construcción de “esferas públicas autónomas” en relación con una “esfera pública estatal” que se encuentra dentro de la “dominante”, pero que presenta fuertes contradicciones; se hace necesario observar las políticas culturales desplegadas desde diferentes sectores y clases sociales para ver cómo estas son reflejadas o desechadas en la “esfera pública”, o en el “espacio público”.

La presencia pública de una “política cultural” depende de muchos factores, como ser el “enfoque” que presente la misma o bien los grupos sociales que interpele; sin embargo no es tampoco un detalle menor la cuestión de la configuración “espacial” desde donde la misma pueda emplazarse, sobre todo para aquellas clases sociales que pretenden incidir en la construcción de una “esfera pública” no dominante.

La cuestión de cómo se configura el “espacio público” es central, en la medida que existen espacios que pueden ser apropiados y por tanto convertirse en “territorios”, así como otros son propiamente espacios de “tránsito” o “espacios muertos”, o que directamente entorpecen el encuentro público (como el caso de las autopistas).^vi

Siguiendo al geógrafo norteamericano David Harvey en lo que respecta a su interpretación de lo “espacial”, pero que se conecta con la interpretación que hacíamos respecto del funcionamiento de la “esfera pública” (sobre todo aquella conformada en torno de los medios masivos comerciales de comunicación), puede verse que también el “espacio público” está atravesado por una “lógica del capital”, en la medida que es un “espacio” de generación de valor (un “espacio de capital”) y supone al mismo tiempo una lógica del “control social” fijada por el mismo proceso de reproducción del capital.^vii

Este proceso reproductivo se expresa además en la configuración de “políticas culturales” funcionales al capital, que se desenvuelven conflictivamente en la “esfera pública” y en el “espacio público”, desplegadas desde distintos ámbitos y sectores sociales –gubernamentales y no gubernamentales, estatales y no estatales– en el marco de la sociedad capitalista argentina actual. Como mencionamos en la introducción, no sólo analizaremos las “políticas culturales” públicas de comunicación de masas presentes en la “esfera pública” implementadas desde el ámbito estatal sino también la construcción de la noción de “espacio público” desplegada desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, así como su correlato en los medios masivos de comunicación privados. Y en relación con todo ello el impacto “público” promovido desde las distintas “usinas” pertenecientes a un “campo” intelectual funcionando con la suficiente “autonomía relativa” como para encontrarse en estrecha relación con el campo periodístico, artístico y cultural en general.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como “política cultural”, un estado de la cuestión hacia fines de 2012

Según el autor boliviano José Luis Exeni^viii, las políticas públicas son el conjunto de sucesivas respuestas del Estado ante situaciones que se consideran problemáticas. La iniciativa para formular una política pública no siempre nace del Estado, sino que también puede surgir de los distintos actores de la sociedad. A pesar de que el Estado no siempre es la fuente de estas políticas, sí es la instancia que asegura su aplicación.

Muchas veces los intereses sociales no coinciden con los planteos estatales, o bien, se dan fallas en la implementación de propuestas que, aun siendo interesantes, terminan fracasando. Fundamentalmente en el campo de las políticas culturales, esto hizo que se las considere en un sentido más amplio, es decir, trascendiendo los límites del estado.

En materia de comunicación, durante los últimos cuatro años el estado argentino desplegó una serie de políticas culturales cuyo origen se halla en un reclamo inicial de una mayor pluralidad de voces. Estas policies se plasmaron luego en por ejemplo las declaraciones de Carta Abierta, en la conformación de un observatorio contra la discriminación en el marco del INADI, en la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual (nº 26.522/09) que reemplazó al decreto-ley nº22.285 sancionado en 1980 por la última dictadura militar.

La LSCA se configura como una política cultural llevada a cabo por el Estado que le proporcionó un importante rédito al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incluso al interior del propio campo cultural. Esto cobra singular importancia si se considera que la normativa fue discutida y sancionada en momentos posteriores al conflicto con el sector agrario de 2008 en el que el Grupo Clarín se inclinó por la defensa de los ruralistas marcando el inicio de un fuerte enfrentamiento entre el conglomerado de medios y el Gobierno nacional. El debate sobre la ley de medios definitivamente acentuó las discrepancias entre ambos bandos. Además, la sanción de la medida se vivió desde el gobierno como un triunfo que permitió de algún modo paliar el sinsabor que significaron las elecciones legislativas de 2009. Asimismo, la sanción de la LSCA se inscribió en el clima celebratorio de los festejos por el Bicentenario de la República con una serie de eventos conmemorativos de 1810 que se llevaron a cabo en diferentes puntos del país.

La nueva ley tiene un espíritu más democrático puesto que contempla la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para diferentes sectores de la sociedad civil, como las organizaciones sin fines de lucro. Además, busca generar autoridades de aplicación más plurales, así como limitar la concentración de la propiedad.

La ley de la dictadura, en cambio, había diseñado un sistema de medios centralista con muchos sectores excluidos de sus derechos. Durante los 25 años de democracia que siguieron se generaron condiciones todavía menos inclusivas en los niveles de acceso y participación, en la medida que abrieron el camino para la conformación de los actuales oligopolios de la comunicación comercial de masas.

La ley 26.522/09 posiciona al Estado como garante de derechos sociales a la comunicación, pero de modo de poder también garantizar, en el marco del funcionamiento capitalista, las posibilidades de negocios de los medios comerciales actualmente existentes.

Para Martín Becerra, “es posible que los efectos buscados por la Presidenta con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en octubre de 2009 recién inicien una conflictiva activación en plenas elecciones parlamentarias de 2013”^ix. Esto se enmarca en un contexto signado por el fallido 7D (por diciembre), fecha que se había estipulado como límite para que el Grupo Clarín se adecuara a la norma. Sin embargo, el conglomerado de medios consiguió una prórroga para seguir, provisoriamente, fuera del pleno alcance de cláusulas esenciales de la ley.

Aún frente a este panorama, puede afirmarse que en varios temas, entre ellos la inclusión de nuevas voces, ya se han dado pasos importantes. Como la ley reserva el 33% del espectro radioeléctrico para organizaciones sin fines de lucro, gracias a ello ya se adjudicaron más de 365 licencias de AM y FM en todo el país. Se reservaron más de 1150 frecuencias para radios municipales, más de 50 para universidades, se crearon 130 radios en escuelas primarias y secundarias, y se abrieron 20 radios de pueblos originarios.

En lo que respecta a la TV, más de 50 cooperativas recibieron su licencia para operar en cable, se produjeron más de 4000 horas de contenidos televisivos y se realizaron 67 series de ficción. Hoy existen 9 polos audiovisuales y 39 nodos audiovisuales tecnológicos que articulan a más de 750 organizaciones. Los cableoperadores PyMEs producen 2800 horas diarias de programación, lo que generó 6000 puestos de trabajo en más de 700 localidades.

Una parte de la sociedad civil que hasta ahora había sido excluida del sistema de medios son los pueblos originarios. El 27 de abril de 2012, la Comunidad Potae Napocua Navogoh recibió la aprobación para operar el Canal 207, frecuencia 89,3 Mhz en la localidad de Laguna Blanca (Formosa). Y el 7 de diciembre de 2012 inauguró la primera señal de los pueblos originarios Wall Kintun, una novedad en el terreno de la comunicación local.

Asimismo, en el marco del artículo 151, el 27 febrero de 2013 inauguró sus transmisiones la primera radio Mapuche Tehuelche en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut. La emisora lleva el nombre de FM Trauwleiñ To Kom y se sintoniza en el 89.7 del dial.

A comienzos de 2013 el gobernador cordobés de la Sota, clausuró cinco antenas de televisión digital basándose en potenciales peligros al ambiente. Frente a esta situación, el titular de Afsca, Martín Sabattella, acusó al gobernador de buscar rédito electoral y de beneficiar al Grupo Clarín. Según publica el diario Página/12, en un informe de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) al que tuvo acceso el matutino, “las emisiones de Arsat son cinco veces inferiores a las que registran las señales UHF de Cablevisión. Todas estas antenas conviven en un mismo predio…de la Sota nunca presentó una queja, salvo en el caso de Arsat, que fue la única que clausuró”.^x

Las cinco antenas de TDA instaladas en la provincia de Córdoba tenían un alcance potencial de 2,7 millones de habitantes. El estado nacional ya había distribuido 107.000 decodificadores gratuitos que permitían unas 500.000 personas acceder a televisión digital.

La migración hacia la televisión digital posibilita la evolución de un modelo de radiodifusión caracterizado por una limitada cantidad de canales hacia otro compuesto por una multiplicidad de señales e interactividad. Estas ventajas se deben a que la señal digital ocupa menos ancho de banda que la analógica y que los bits comprimen la información y eliminan redundancias. Así se logra un uso más eficiente del espectro radioeléctrico.

El Gobierno decidió encarar el pasaje al mundo digital a través de Canal 7 y en su primera fase de la migración se trabaja en la expansión de la señal. Para eso se prevé la instalación de antenas de transmisión y repetidoras de aire distribuidas en cada provincia a fin de cubrir la totalidad de la superficie del país. En el marco del plan “Mi TV digital”, el Gobierno empezó a repartir en forma gratuita el equipo receptor para sintonizar TDT a aquellos sectores que tienen riesgo de ser excluidos durante el proceso de transición, por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro, titulares de la asignación universal por hijo, jubilados y beneficiarios de planes sociales, entre otros.

En este contexto nace también “Fútbol Para Todos” y luego “Automovilismo para Todos”. Se trata de programas de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que desde 2009 garantiza la transmisión en vivo a todo el país en forma abierta, gratuita y mediante los sistemas de televisión abierta TDA y TDT de los torneos oficiales de las principales categorías de la Asociación del Fútbol Argentino; así como la transmisión abierta, libre y gratuita a todo el país de las categorías más populares del automovilismo nacional: Turismo Carretera, TC Mouras y Turismo Nacional. Lo que configura toda una política cultural enraizada en la identidad popular de los argentinos, pero que sin dudas enfrenta al gobierno nacional con los diferentes sectores e intereses mediáticos oligopólicos.

La reconversión del “campo intelectual” en la –virtual– desaparición de las “palomas blancas” del progresismo vernáculo

El desarrollo del debate sobre la vigencia de la llamada Ley de Medios impulsada desde el gobierno y el estado nacional tuvo durante 2012 un impacto importante respecto del funcionamiento de la “esfera pública” así como dentro del “campo” periodístico, artístico e intelectual en general.

Hemos mencionado en trabajos anteriores que el impulso a la sanción de dicha ley tuvo el mayor impacto en la “esfera pública”, junto con otra serie de “políticas culturales”, como ser en su momento la desarrollada durante los festejos del Bicentenario, o la sanción de “otra ley” emblemática como la de matrimonio igualitario, u otras acciones político- comunicacionales como la implementación de “Fútbol para todos” o “Automovilismo para todos” y la “TV Digital”, etc. Todas ellas implicaron un fuerte reconocimiento a las acciones del gobierno, permitiendo que el mismo recupere un importante “consenso” social, rubricado en la reelección de Cristina Fernández de Kirchner en 2011.

Todas estas “políticas” desplegadas desde el estado, pueden ser comprendidas como “políticas culturales” que repercuten y configuran una “esfera pública” en la medida que logren “enmarcarse” en un sentido general (lo que algunos teóricos entienden como framing”^xi) que se apoya en una “articulación” de diferentes grupos o clases sociales. Pero a la vez, dentro de la “esfera pública” encontramos “políticas culturales” en conflicto, que disputan sentido entre sí.

Reconociendo la importancia de los medios masivos de comunicación en la conformación de la “esfera pública”, como instrumentos de difusión de sucesos o bien de opiniones; cabe agregar la importancia del “campo periodístico” como del “intelectual” o “artístico” en dicha configuración, por su misma presencia dentro de esos mensajes emitidos. Esta situación fue reconocida por el gobierno durante la llamada “crisis del campo” desarrollada en 2008 y parte de 2009; lo que motivó como es sabido la aparición del nucleamiento intelectual “Carta Abierta” como luego la sanción de la “ley de medios”.

Considerando la noción de framing, podríamos decir que si bien tanto el nucleamiento intelectual como la sanción de la ley tuvieron presencia mediática, no lograron el consenso “general” que si pudo observarse durante los festejos del Bicentenario (donde la contraposición con la “política” macrista de reapertura del Colón, fue enorme hacia la política desplegada desde el estado), o con la sanción de la ley de matrimonio igualitario.

Esto fue posible en la medida que estas “políticas” en sentido discursivo, pudieron articular el imaginario “nacional-popular” propio del peronismo, con una perspectiva de defensa de las instituciones democrático-formales. Algo que ya se podía vislumbrar en cierta perspectiva desplegada desde el “peronismo menemista”, pero donde lo “nacional popular” hacía referencia primero a lo “nacional” (ubicación de la nación en “el primer mundo”) por sobre lo “popular” (que quedaba reducido a una manifestación folclórica tradicionalista). Aquí en cambio, lo “nacional popular” es reivindicado en términos de redescubrimiento de la “intervención estatal” como contraposición al discurso neoliberal del libremercado, es decir, como construcción discursiva contradictoria con las políticas que llevaron a la penosa situación de diciembre de 2001. Pero además, por diferencia con el tipo de construcción discursiva no neoliberal presente en sectores “peronistas” más ortodoxos, con un perfil más “progresista” que incluía la política de “derechos humanos” o de igualdad sexual (un límite para la “ortodoxia” de los Duhalde, De la Sota, etc.).

Esta combinatoria discursiva que articulaba lo “nacional-popular” con el “democratismo progresista” articulado en torno al accionar del “Estado”, era coherente con cierto “revisionismo” presente en el peronismo de la “renovación”, durante los años ochenta; cercano al discurso de la revista Unidos dirigida por “Chacho” Alvarez (a diferencia del contenido presente en la contemporánea revista Jotapé). Un “revisionismo” ubicado dentro de las visiones de lo “nacional popular” también como forma de crítica hacia la historiografía liberal, diferenciado de las visiones reaccionarias del “revisionismo” europeo; pero que implicaría un balance crítico de los sucesos y/o posiciones de los años setenta.

No fue casual la elección para conducir el Instituto Dorrego de un personaje mediático como “Pacho” O’Donnell (un funcionario-intelectual primero alfonsinista, luego menemista), acompañado de toda una serie de figuras mediáticamente importantes como ser Felipe Pigna, Hernán Brienza o el periodista Eduardo Anguita.

Este núcleo con fuerte impacto mediático, dentro del campo intelectual, funcionó en combinatoria con “Carta Abierta” en el posicionamiento dentro de la “esfera pública” e incluso al interior del “campo periodístico” y de cierto “campo artístico”.

Enmarcados en la discusión respecto de la ley de medios y teniendo como contrincante el monopolio mediático del Grupo Clarín, estos grupos intelectuales conformaron un circuito de “defensores” de la ley, en tanto que la misma cobraba la forma de toda una “política cultural” que plantea recuperar el poder del estado frente a los imperativos del mercado.

Ahora bien, si al momento del conflicto con “el campo” pudimos encontrar tres agrupamientos intelectuales, como el mencionado “Carta Abierta”, como el de intelectuales vinculados con una visión más “republicana” y articulados en torno al matutino “La Nación” (en ese momento con una “línea” más clara que lo que podía verse en Clarín), y aquel que ligó a diversos sectores de la izquierda (firmantes de la solicitada “Ni K ni campo” o firmantes de la solicitada “Otro camino”); en 2012, el panorama parece aún más fragmentado. Y es así en la medida que tenemos que entender a los grupos de intelectuales y sus políticas culturales en relación con propuestas políticas más amplias; de modo que entendemos que dicha fragmentación corre paralela a la desorientación y fragmentación mostrada por la llamada “oposición” al gobierno nacional.

Como indicamos, al momento la “política cultural” desplegada por sectores ligados al gobierno nacional pudo articularse en el “campo intelectual” a través de Carta Abierta; pero también se plasmó en el “campo artístico” (con la adhesión de populares figuras como Víctor Laplace, Federico Luppi, Florencia Peña, Susana Rinaldi, etc.) y en el periodístico (con el apoyo de periodistas de renombre como Víctor Hugo Morales, Eduardo Aliverti, Jorge Dorio, Pedro Brieger, Jorge Halperín).

Pero además la “política cultural” del oficialismo nacional –como fue también en el caso de los festejos del Bicentenario- buscó cierta ampliación, al plantear incluso la incorporación de debates públicos, televisados a través de un programa de televisión como “6, 7, 8”. El primero de los casos registrados de este tipo fue el de la participación en ese mismo programa de Beatriz Sarlo, reconocida intelectual crítica hacia la política del kirchnerismo; al que ahora se agregaba el del panel de debate entre Edgardo Mocca (panelista de “6, 7, 8”) y Roberto Gargarella, quien manifestó en su momento fuertes críticas al gobierno en relación con la política minera extractivista y con la sanción de leyes que suponen una forma de “criminalización” de la protesta social. Y posteriormente otros, llevados a cabo entre Horacio González, José Pablo Feinmann, etc.

La medida de estos intentos de ampliación de la “política cultural”, puede verse en la escasa presencia pública de otro agrupamiento intelectual como es el denominado “Plataforma 2012”, donde participan los mencionados Sarlo y Gargarella, que es un espacio que podríamos definir en algún sentido como “republicano” por un lado y “progresista” por el otro. Pero estos valores –de “política cultural”– dentro del “campo intelectual”, no son diferentes a los que representa por ejemplo “Carta Abierta”.

El “verdadero” problema es que estos nucleamientos intelectuales no parecen mostrar un sustento político coherente. Se encuentran en sintonía con lo que sucede por ejemplo con el Frente Progresista; que se ubica en una “centroizquierda” (con puntos en común con el kirchnerismo), pero muchas veces termina encontrando coincidencias con posiciones “republicanas” y “formalistas” que terminan siendo conservadoras.

Es este el motivo por el que en un reciente texto Omar Acha se haya referido a la “licuación” del “viejo progresismo” dentro del “campo intelectual”^xii. Quedando como discurso de confrontación, el encarnado por la derecha intelectual (Grondona, Aguinis, Botana, Romero o Sebreli), con mayor espacio en los medios masivos de comunicación.

En el medio, nos encontramos con la opción desarrollada por el Frente de Izquierda, desde las elecciones de 2011, a partir de la conformación de una asamblea de docentes que decidió apoyarlo, entre los que podían encontrarse Eduardo Grüner, Hernán Camarero, Pablo Pozzi, Daniel Link. Esta opción, que presenta un peso mayoritariamente académico, también mostró algunos apoyos “críticos”, como los de Guillermo Almeyra o Claudio Katz, que generaron discusiones al interior de la asamblea y dentro de los partidos del frente.

Si bien esta asamblea fue conformada a partir de las elecciones de 2011, la misma continuó durante 2012, y podría evaluarse su mayor presencia pública a raíz del conflicto desarrollado entre los docentes y el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), por el incumplimiento de la ley de jubilaciones por parte de este último. Por esta medida unilateral se veían afectados no sólo integrantes de la asamblea del FIT sino además miembros de Carta Abierta como Horacio González, de modo que el reclamo tuvo repercusión pública en medios como Clarín o La Nación, pero también en Página 12, El Argentino, Miradas al Sur o en Radio Nacional y Canal 7.

Las “políticas” respecto del funcionamiento del “espacio público” en el actual Gobierno de la ciudad de Buenos Aires

Desde que asumió en diciembre de 2007 como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri inicio un proceso de cercamiento de algunas plazas y parques. Aunque este hecho no fue excluyente del macrismo^xiii, Macri aseguró en reiteradas oportunidades que “es una de nuestras metas principales como gobierno fomentar y velar por el uso adecuado de nuestro espacio público a través de la recuperación de sus lugares más representativos, el embellecimiento de sus fachadas, la garantía del derecho de circulación y accesibilidad para todos y la reducción de la contaminación visual”.^xiv

En este sentido, el gobierno porteño, a través del ministerio de Ambiente y Espacio Público, cerró las principales plazas y parques de la ciudad con un argumento básico: cuando estos espacios están abiertos se vuelven inseguros ya que son “intrusados” y “apropiados” por vándalos, delincuentes, linyeras. En consecuencia, se torna necesario, imprescindible, cerrarlos y controlar cómo se usan y quienes ingresan.

El gobierno porteño había anunciado en agosto del año pasado el enrejado y “puesta en valor” del Parque Centenario, con el argumento de que estaba visiblemente deteriorado. A partir de ese momento, un grupo de vecinos empezó a reunirse para oponerse a esta iniciativa, bajo la consigna “libertad a parques y plazas”.

En la madrugada del 28 de enero de este año, varias cuadrillas de trabajadores, bajo una fuerte custodia de la Policía Metropolitana, vallaron con chapones el perímetro externo del parque. Por la noche hubo incidentes, seguidos de represión policial: 21 personas fueron detenidas. Sobre lo sucedido, el jefe de gabinete porteño Larreta dijo que “los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires no tienen ese nivel de violencia. Está claro que la mayoría es de afuera" y agregó que "el vandalismo en la Ciudad es tremendo, para que la gente pueda disfrutar de las plazas y de los espacios verdes, se las enreja y se las cierra a la noche, pero durante todo el día están abiertas"^xv. Para el funcionario, “los de afuera” son peligrosos para el espacio público, son los que tienen altos niveles de violencia, y en contraposición, muchos “vecinos” del barrio de Caballito sólo piden la reja para disfrutar en familia. Aunque un amparo frenó las obras por dos días, la Justicia porteña finalmente permitió que se colocaran alrededor de 800 metros de rejas para cercar el perímetro externo de este espacio verde, de 12 hectáreas.

El 21 de febrero, se produjo la reapertura del Centenario. En la oportunidad, Larreta sostuvo que: “El parque enrejado va a ser mucho mejor para la gente”^xvi. El parque podrá ser utilizado entre las 8 y las 21 en verano, y hasta las 20 en invierno. Con respecto a la seguridad, hay 25 cámaras y se prevé que diez agentes de la Policía Metropolitana custodien el parque Centenario. Según el jefe de gabinete porteño, el enrejado fue pedido por "la mayoría de los feriantes y vecinos de la zona” que “está de acuerdo con las rejas". “Hemos puesto rejas en muchísimas plazas y parques, estamos terminando de enrejar plaza Flores, pusimos en parque Patricios, estamos con el proyecto de Parque Lezama. Siempre a pedido de los vecinos. Las plazas enrejadas se cuidan mejor"^xvii, advirtió.

La idea de “recuperar” el espacio público a través de las rejas suena como una paradoja. Recuperar el territorio controlando el acceso al parque (tendrá solo cuatro entradas) es una forma de exclusión social. Se busca recobrar algo que está perdido, en este caso el espacio de la plaza, ya que el mismo fue invadido y destruido por la inseguridad, la delincuencia, por los de “afuera”.

Dentro del discurso del PRO, el espacio público tiene usos legítimos e ilegítimos. Se plantea que existen algunos sectores sociales que no realizan un uso correcto del espacio público, es decir que no cualquier actividad se puede desarrollar en ellos. Se privilegia la libre circulación, el tránsito rápido, el disfrute sin huellas ni marcas de ningún tipo, el paseo, el descanso familiar. Nada que tenga que ver con una excesiva permanencia.

Con el avance del neoliberalismo, a mediados de los años ochenta, todas las medidas y regulaciones del modelo económico se trasfirieron a las calles de la ciudad, así las poblaciones debieron empezar a lidiar con esta nueva experiencia de la exclusión del individuo no deseado. El individualismo en el mercado y la exclusión en lo social, fueron los elementos comunes de ese modelo. Todas las medidas sociales logradas hasta el momento en formas de integración y protección social comenzaron a perderse en pos de la eficiencia de la gran empresa. Hay quienes están adentro y hay quienes quedan afuera, las plazas funcionan aquí como una metáfora del modelo neoliberal. Así, planteamos que la raíz de toda política pública del neoliberalismo tiene dos caras bien definidas: el individualismo y la exclusión social.

Esto tiene que ver con la sensación de inseguridad que se vive en la Capital Federal que dio lugar a la medida del macrismo de cercar plazas y parques. La solución de este problema: la exclusión a través de la restricción en el acceso a las plazas, pero al mismo tiempo, tener controlados a quienes circulan por ese espacio. Los “extraños” han sido expulsados, los espacios controlados y vigilados a partir de guardias y cámaras de seguridad. El espacio público ya no funciona como un espacio para relacionarse con el otro donde se busca la inclusión.

Como decíamos al comienzo de este trabajo, la presencia pública de una “política cultural” depende de muchos factores, como ser el “enfoque” que presente la misma o bien los grupos sociales que interpele; sin embargo no es tampoco un detalle menor la cuestión de la configuración “espacial”, y ello sobre todo, para aquellos sectores o clases sociales que pretenden incidir en la construcción de una “esfera pública” no dominante.

Si antes citábamos dos ejemplos de construcción de un “espacio público” restringido, el de la construcción de autopistas en la Ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001; el enrejado del Parque Centenario en los primeros meses de 2013 debe ser visto en clara sintonía con estos.

La estrategia discursiva utilizada por el PRO para justificar la colocación de rejas es acompañada por los dos diarios de mayor tirada a nivel nacional: Clarín y La Nación. En el caso analizado, el principal argumento es que el Centenario es inseguro y se ha deteriorado por la acción de conductas “desviadas” que exceden las “normas y valores sociales vigentes” (en el capitalismo neoliberal). Los medios masivos comerciales, como sostuvimos antes, refuerzan esas normas vigentes, es decir, el “control social”.

En este sentido, analizamos la cobertura mediática sobre el enrejado del Parque Centenario que realizaron los diarios Clarín, La Nación, TN y Página/12.

Tanto Clarín como La Nación manejan en sus notas una noción del espacio público asociado a un lugar abierto para todos, de libre tránsito y circulación, y por eso mismo, se habla de un espacio inseguro al que se debe poner barreras, limites y controles. Las noticias hablan del espacio público como un lugar que fue tomado o invadido por los delincuentes y “cirujas” que duermen en las calles y plazas. Aparece así un discurso que asocia el espacio público con lo inseguro. Casi nunca se lo relaciona a la libertad de los derechos y de la participación ciudadana. Mayoritariamente se habla del espacio público como un espacio abierto a la comunidad pero –para el macrismo y estos medios dominantes- en el que no es legítimo dejar marcas de conflictividad política.

Conclusiones

Hemos intentado dar cuenta a lo largo del texto, de algunas “políticas culturales” presentes en la “esfera pública” a lo largo de 2012; indicando que dicha presencia estuvo signada por el conflicto entre las diferentes políticas culturales (oficialistas o de la oposición) que se articularon en torno a la discusión respecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009. Esto tiene que ver con la propia naturaleza de las “políticas culturales”, que son tipos de políticas que exceden el marco de lo “público-estatal” para incorporar elementos provenientes de distintos ámbitos de la totalidad social.

Como en las modernas y complejas sociedades capitalistas contemporáneas, que son además sociedades de masas, la “esfera pública” se encuentra determinada por el funcionamiento de unos medios masivos comerciales de comunicación que la constituyen pero que son además actores dentro de la misma; dicha ley se constituye como un problema fundamental.

Hemos mencionado en anteriores trabajos que el gobierno de Fernández de Kirchner pudo comprender la importancia asignada a los medios masivos, así como que la Ley debía ubicarse como un eslabón importante de toda una serie de “políticas culturales”, que permitían al gobierno posicionarse al interior de la esfera pública. Lo que de ninguna manera resultaría fácil con el funcionamiento de un “sistema de medios” masivos comerciales monopólico y concentrado, determinante en dicha esfera pública.

La estrategia de los diferentes sectores que apoyan la ley fue justamente plantearla como una legislación que buscaba la “democratización” de las comunicaciones de masas y que la misma no podía concretarse en la medida que el funcionamiento del “sistema” de medios masivos comerciales se encontraba fuertemente concentrado.

La reacción desplegada desde el sistema de medios masivos comerciales ante la sanción de esta ley fue formidable, y supuso un claro ataque hacia la misma, desde el mismo momento en el que se anunció alguna posibilidad por parte del gobierno de regular la actividad radiotelevisiva (esto es, incluso desde antes que la ley fuera presentada en el Parlamento). Su estrategia discursiva tuvo dos lineamientos: plantear por un lado que los “multimedios” (monopolios de comunicación de masas) respetaban el “pluralismo” de voces, y por el otro que el “espíritu” de la ley implicaba un cercenamiento a la “libertad de prensa” (en realidad comprendida como libertad para la obtención de ganancia empresaria).

Esta visión encontró por cierto eco en asociaciones de empresas periodísticas internacionales, quienes repetían una y otra vez estos argumentos; pero además dentro del “campo periodístico” local, así como dentro del “campo artístico” e “intelectual” vernáculo. Dentro del “campo intelectual” la crítica se desarrolló no sólo contra “la ley”, sino contra el gobierno en general, desde las páginas del matutino La Nación (con las intervenciones de Grondona, Botana, Sarlo), así como desde las diferentes “usinas” radiales y televisivas del Grupo Clarín (donde pueden verse, leerse y escucharse las opiniones de Bonelli o Lanata), y desde toda la red de medios masivos comerciales de comunicación que representan a nivel nacional; así como también desde la intervención pública de conocidas figuras del campo “artístico”, como el director de cine Juan José Campanella y el actor cómico Enrique Pinti.

Pero frente a esto, también la estrategia de la “política cultural” gubernamental se amplió más allá del funcionamiento del “sistema de medios” público-estatal para incluir importantes figuras del espectáculo y del campo periodístico y cultural en general, que se desempeñan laboralmente en el sector mediático privado.

En términos de “política cultural”, esta contraposición o disputa desarrollada en el ámbito de los medios, fue complementada con la iniciativa de la creación del Instituto “Manuel Dorrego” y con una importante presencia pública por parte de los intelectuales nucleados en Carta Abierta, que buscaron a la vez mostrar la existencia de una importante protección y benevolencia mediática hacia iniciativas políticas provenientes del actual Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Hemos ya mencionado cómo existía una coincidencia en la construcción discursiva y cultural respecto del “espacio público” entre el actual Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el matutino Clarín. En términos de toda una “política cultural” hacia el “espacio público”, podemos encontrar en ambos actores una concepción donde el “espacio público” se vuelve un ámbito de “control social” y de “estigmatización” de lo diferente. Donde la “política” hacia el “espacio público” es en realidad una concepción donde no se favorece el encuentro y el debate y la discusión pública entre los ciudadanos, es decir, se construye como un “espacio” anti-político por excelencia. Un lugar que sólo puede ser utilizado por los “vecinos” y las “familias”, el ámbito “privado” donde en realidad se muestra la “eficacia” del “control social” (como forma de reproducción de las normas y valores vigentes en “la sociedad”). Lo que es coincidente con cierta “funcionalidad” que se presenta en los medios masivos comerciales de comunicación.

Pero como vinimos planteando a lo largo del trabajo, existen de modo contrapuesto “otros” espacios y esferas públicas, construidos “desde abajo”, desde ámbitos sociales diferenciados de la lógica del capital. Que pueden impactar en la “esfera pública” y también hacerse presente al interior del estado forzando la implementación de “políticas” populares, más allá de los modos de operación hegemónicos, que siempre buscarán retrotraer todo a la reproducción del statu quo.

Notas