I. Introducción

El objetivo de este trabajo es introducirnos al análisis de las políticas públicas de promoción de la economía social con el objetivo de encontrar los avances y retrocesos que estas implican para la construcción de la economía social y solidaria.

En este sentido es necesario primero plantearnos cómo pensamos a las políticas públicas e inevitablemente al Estado. Esto se plantea como una necesidad ante los procesos de cambio latinoamericanos que plantean la economía social como una opción pero también por ser esta propuesta un proceso en construcción, en donde incluso su propia definición es un debate.

Partiendo de esta realidad, entendemos al Estado como un espacio de disputa y a las políticas públicas como la forma en que se politiza la reproducción de la vida de las personas, aspecto que nos invita a profundizar el análisis sobre el rol de estas políticas.

Para realizar dicho análisis nos centraremos en algunos aspectos como ser la racionalidad que subyace a estas políticas, es decir, cómo se piensa a los actores a quienes están dirigidas, y esto es importante porque está totalmente relacionado con la forma en que se institucionalizan dichas políticas.

Es importante tener presente que los procesos de institucionalización no se llevan adelante sobre objetos, sino sobre sujetos. Es así que este proceso permite la reproducción de ciertas prácticas y estas pueden producir a su vez, reinstitucionalizaciones diferentes a la original. De esta manera, las políticas públicas no son un elemento estático y uniforme, sino que moldean y son moldeadas por las prácticas de los sujetos que intervienen.

Para lograr el objetivo del presente artículo, tomaremos como caso de análisis el Programa Nacional de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social. Se eligió este programa porque nace de la Ley 26.177 de Promoción de la Economía Social que tuvo el aporte de organizaciones que venían trabajando en el microcrédito, como aspecto innovador.

La metodología utilizada en el presente trabajo fue la utilización de información secundaria e información primaria como ser el material entregado a los grupos participantes del programa; también se trabajó con entrevistas a distintos participantes (tanto funcionarios públicos como organizaciones participantes). El eje central de este trabajo es indagar cuáles son las prácticas que aportan a la construcción de la propuesta de la economía social.

II. Las Políticas Públicas y la economía social

Las distintas concepciones de Economía Social plantean diferentes formas de relacionarse con el Estado. En este trabajo consideramos central la relación Estado – Economía Social, definida principalmente como una propuesta política de transformación de las relaciones económicas pero también sociales.

Según Oscar Oszlak y Guillermo O´Donnell:

Descubrir el problema del Estado lleva a plantear el tema de su relativa autonomía evitando pendular hacia una visión "politicista" según la cual toda la dinámica de la sociedad y del Estado puede ser develada desde el interior de él. Pero si lo dicho hasta ahora no es demasiado erróneo, esa autonomía relativa no es la de un Estado global frente a una sociedad indiferenciada. Hay, por el contrario, grados y pautas de autonomía muy diferentes según se refieran a unos u otros sectores sociales y según se trate de cuestiones que "importen" más o menos a unos y a otros.¹

Si en este espacio de disputa existen concepciones de economía social debemos conocerlas y potenciarlas para, justamente, ampliar ese espacio y ese poder. Ya que la transformación se dará según Mabel Thwaites Rey, a través de “luchar en y contra el Estado, al mismo tiempo, es luchar por clausurar sus instancias represivas y ampliar lo que tiene de sociabilidad colectiva”.²

En este mismo sentido las políticas públicas se presentan como una herramienta para lograr espacios de participación ya que,

(...) condensan hegemonía y tienen capacidad de normatizar y normalizar, en tanto el estado se constituye en un actor y en un ámbito en la producción de los problemas sociales, en la delimitación de su propia responsabilidad, en la definición de los sujetos merecedores de sus intervenciones y de las condiciones para dicho merecimiento. Son, en fin, la manera en que la cuestión social es constituida en cuestión de estado y en consecuencia, el resultado de la politización del ámbito de la reproducción.³

Tomando estas definiciones, entendemos como Economía Social

(...) a las prácticas que van construyendo segmentos crecientemente organizados por trabajadores asociados que siguen esa lógica reproductiva sobre la base material de la economía popular, que es hoy parte subordinada de la economía capitalista. Se trata de organizar un subsistema orgánico de economía social-mente consciente de los lazos intersubjetivos, intercomunitarios en diversas escalas y de las relaciones sociales y con la naturaleza que se van institucionalizando, que entre en tensión con la economía del capital y la economía pública junto con las cuales constituye una contradictoria economía mixta (...)⁴

Por esto es que debemos analizar las políticas públicas que hoy el gobierno presenta como de promoción de la economía social.

Entender a la economía social como una propuesta transicional, es decir, en proceso de construcción nos lleva a pensar que las políticas públicas también se encontrarán en construcción planteando una necesidad constante de replanteo.

III. Racionalidad e institucionalización

Un eje interesante a la hora de analizar las políticas públicas es cómo se piensa al individuo, ¿cuál es la racionalidad existente detrás de las prácticas propuestas?

La ideología económica hegemónica, que hoy se constituye como pensamiento único, sostiene la existencia de una única racionalidad. Esta afirma que los individuos nos movilizamos en todas nuestras acciones en la búsqueda de maximización del beneficio individual, esta lógica engloba a todos los medios y a todos los fines. Estos medios son escasos porque existen múltiples funciones para cada uno de ellos. Otro de los supuestos centrales de esta teoría es que los individuos somos capaces realizar un análisis del orden de preferencias completo de los bienes. Esta búsqueda individual de satisfacción de mis necesidades lleva a la mejor situación general, ya que la acción individual en la sumatoria repercute de la misma manera a partir de utilizar el individualismo metodológico.

Esta racionalidad que fundamenta todas las deducciones de la teoría neoclásica ha sido refutada por autores de distintas vertientes económicas e incluso por los datos empíricos.

Podemos citar a Franz Hinkelammert⁵ quien plantea que la primera falsedad está en recurrir a la libertad de elección. El ser humano no puede elegir entre acceder a un auto o acceder a los alimentos, primero debe comer porque el ser humano es un ser de necesidades antes que de preferencias.

El segundo punto, es el individualismo metodológico que puede ser refutado desde varios puntos, pero para poner un ejemplo podemos tomar los aspectos ecológicos. Supongamos que todas las empresas de un lugar y todos los individuos, al llevar adelante sus actividades económicas para buscar maximizar sus beneficios económicos contaminan un río. En este caso, recibirán su beneficio económico pero no lograran mejorar el bienestar del conjunto, y en el caso propuesto, empeoran las condiciones de vida de todos y del ambiente.

Sin embargo, Hinkelammert⁶ no plantea negar esta racionalidad, sino supeditarla a otras y desestimar los supuestos de agregados individuales. Esta tarea es compleja, dado que toda propuesta de cambio social que se plantea desde la realidad actual que transitamos se topa con que actualmente la racionalidad económica es la hegemónica.

En este marco de análisis, indagar sobre la forma en que se institucionaliza una política pública permite reflexionar sobre las prácticas que se promueven o que se pretenden promover. Dado que estamos hablando de prácticas, debemos tener en cuenta que los individuos no son entes estáticos, son actores sociales y como parte de esas prácticas, las retoman y resignifican reinstitucionalizando nuevas prácticas.

En este sentido, algunos temas centrales refieren a la búsqueda de cómo se piensa al individuo en una política pública, cuáles son las prácticas que se promueven, cuáles son los desafíos de la economía social que propone transformar la sociedad en una realidad donde predomina la racionalidad medio-fin.

Teniendo en cuenta estos interrogantes, a continuación se realiza el análisis de la política pública titulada Programa Nacional de Microcrédito como Herramientas para la Promoción de la Economía Social

IV. Programa Nacional de Microcrédito como Herramienta para la Promoción de la Economía Social.

IV.1. Aspectos generales del Programa y la Ley

En el año 2006 fue sancionada la Ley Nacional Nº 26.117⁷ de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social. De esta manera, el Estado Nacional irrumpe en el debate sobre el microcrédito y toma posición explícita y concreta respecto a la incorporación del microcrédito como herramienta para el desarrollo de la economía social.

Es importante resaltar que el Estado introduce el término economía social cuando implementa el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, en el año 2003. Este Plan consideraba un componente de microcrédito y donde se incorpora el Programa de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social.

Esta Ley compromete al Estado Nacional a tener un rol activo en la promoción del microcrédito y establece la creación de la Comisión Nacional de Microcrédito (CO.NA.MI.), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación.

Según lo prevee la ley, en esta comisión se define al microcrédito como:

Aquellos préstamos destinados a financiar la actividad de emprendimientos individuales o asociativos de la Economía Social, cuyo monto no exceda una suma equivalente a los DOCE (12) salarios mínimo, vital y móvil.⁸

También define la población objetivo:

Destinatarios de los Microcréditos: Las personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos, que se organicen en torno a la gestión del autoempleo, en un marco de Economía Social, que realicen actividades de producción de manufacturas, reinserción laboral de discapacitados, o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y en unidades productivas cuyos activos totales no superen las CINCUENTA (50) canastas básicas totales para el adulto equivalente hogar ejemplo, cifra actualizada por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (INDEC), por puesto de trabajo⁹.

Entre los rasgos generales de la Ley y el Programa, podemos mencionar los siguientes:

1. El programa define al microcrédito como una de las herramientas para el desarrollo de la economía social.
2. Se entiende que el microcrédito no elimina la pobreza. Con esta idea se separa de la concepción de Muhammad Yunus quien entiende que el microcrédito es la forma de salir de la pobreza, idea que se sostiene en el argumento que el problema de la pobreza es la falta de crédito, porque las personas de bajos recursos no califican para acceder a un préstamo bancario tradicional. En contraposición se crean “bancos de los pobres”. El programa se sale de esta concepción y el Estado toma un rol activo en el fomento del microcrédito, aspecto que no se contempla en la modalidad Yunus.
3. El microcrédito no fomenta la creación de nuevos emprendimientos; si bien los préstamos están dirigidos a estos últimos, la idea es potenciar un proyecto o actividad ya existente, dado que no consideran viable la creación de nuevos proyectos productivos a través de un microcrédito.
4. El programa trabaja con organización sociales ya constituidas y que tienen trabajo en el territorio. El objetivo de trabajar con estos actores refiere a lograr que el microcrédito se convierta en una herramienta de construcción social, en sentido que articula distintos actores en un mismo territorio, genera y fortalece lazos sociales entre quienes participan, de alguna manera contribuyen al desarrollo de emprendimientos productivos y comerciales.
5. Asistencia crediticia para pequeños emprendedores en el marco de la economía social.
6. Es un instrumento dirigido a reforzar la dinámica económica del emprendimiento, inicialmente la finalidad es fortalecer el capital de trabajo de la unidad económica a través de la compra de materiales, insumos y mercaderías, y en los créditos sucesivos, apunta a la compra de capital fijo –maquinas y herramientas- para que mejore la productividad de la unidad.
7. El procedimiento metodológico que se propone es la combinación de crédito con instancias de capacitación, asistencia técnica y organización, en este caso, grupos solidarios. En relación a lo mencionado, cabe destacar que el interés en observar cómo a través de la ejecución del programa se puede diferenciar qué es y qué no es microcrédito, y por otro lado, se lo define constantemente como una de las herramienta de la economía social y no como la única, se plantea que no sirve para todo tipo de necesidades y no se lo plantea como la solución, inclusive el programa plantea la acción conjunta con otras instancias gubernamentales u organismos, para atender en forma integral las necesidades del sector de la economía social.

IV. 2. Regulación y redistribución

La Ley 26.117 de Microcréditos, también contribuye a regular en cierta manera, las actividades asociadas a las “microfinanzas” y microcréditos otorgados por las instituciones de microfinanzas (IMFs).

Un punto relevante en este sentido es el límite impuesto al cobra de la tasa de de interés no puede exceder el 6% anual para otorgar microcréditos. De esta manera, el Estado subsidia la operatoria crediticia y parte de la tasa de interés, aspectos que benefician el acceso a crédito de los sectores sociales de más bajos recursos, con la finalidad de contribuir a la redistribución del ingreso.

Por otro lado, la regulación de la tasa de interés tiene como función incidir en la oferta de microcréditos a la tasa fijada, obligando a los privados y otras instituciones sin fines de lucro, a redefinir su tasa de interés. Es importante recordar que en el momento que la ley es promulgada las instituciones llegaban a cobrar tasas superiores al 80% anual.

IV.3. Participación de las organizaciones

La Ley en este punto tiene varias innovaciones. Desde su nacimiento contó con la participación de las organizaciones que denominaron “pioneras”, que son aquellas con trayectoria de trabajo con microcrédito en forma sostenible.

En este sentido, otro objetivo del programa es “el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las políticas sociales” donde se fomenta y desarrolla un espacio de Gestión Asociada, que diseña un modelo de Gestión Asociada. Este modelo es una nueva forma de relación de cooperación entre el sector público y el privado. En la práctica, se pudo observar que el modelo no refiere a un mero formalismo de transferencia de fondos que deriva en una tercerización de funciones del Estado sino que hay un desafío en la generación de trabajo articulado. Este proceso favorece que las políticas públicas sean asumidas y ejecutadas por varios actores sociales; es decir, las asociaciones discuten y deciden junto al Estado como otorgar estos microcrédito en los espacios denominados Consorcios.

Estos espacios de trabajo conjunto no plantean los lineamientos generales del programa y tampoco están presentes en las discusiones acerca de la prioridad del microcrédito como política, pero sí contribuyen a generar nuevas formas de institucionalización y construcción colectiva que derivan en una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil.

Las modalidades existentes en el programa son:

• Consorcios de Gestión Asociada: son espacios donde se encuentran organizaciones de la sociedad civil y representantes del Estado, que pueden ser del nivel municipal o provincial. Los directorios de estos consorcios están compuestos por integrantes de todos los espacios que lo componen. Así, de manera conjunta, planifican procesos organizativos territoriales, como también discuten la política crediticia local y administran en forma conjunta el fondo de microcrédito.
• Redes de Gestión Asociada: son grupos de entidades afines, que a la vez, son ejecutoras de microcrédito en su lugar de procedencia. En general son organizaciones con una tradición anterior en microcréditos.
• Bancos Populares de La Buena Fe: Los “banquitos” surgen desde una línea de trabajo del Plan “Manos a la Obra” del Ministerio de Desarrollo Social. Tienen como beneficiarios a personas individuales o familias que desarrollen proyectos socio-productivos vinculados a la producción de bienes y servicios. Todos los proyectos tienen que ser presentados por medio de una ONG y se otorgan microcréditos de hasta 500 pesos a devolver en seis meses como máximo. Los microcréditos se otorgan con metodología participativa (trabajan en forma conjunta y participativa organizaciones comunitarias y el Estado) y garantía solidaria. Según datos del ministerio actualmente son más de 90 Bancos conformados funcionan como comunidades organizadas en medio de los barrios más vulnerables de las diversas provincias en donde se lleva a cabo esta experiencia.

Cada una de estas modalidades cuenta con varias organizaciones de microcrédito asociadas. Incluso los Banquitos que son anteriores a los consorcios participan en muchos de ellos. Estas modalidades y formas de llevar adelante el programa, permitieron una rápida expansión del microcrédito llegando al día de hoy a más de 1400 organizaciones ejecutoras.

Es interesante analizar estas experiencias en línea con el planteo de Boaventura de Souza Santos¹⁰ sobre la necesidad de la descentración del Estado, es decir sacar al Estado del rol de centro de control total. Esto no significa un debilitamiento, pero sí un cambio. Así el Estado pierde el control de la regulación estatal, pero gana el control de la metarregulación, es decir, de la selección, coordinación, jerarquización y regulación de aquellos agentes no estatales que por subcontratación política adquieren concesiones del poder estatal¹¹.

En este sentido estas formas de gestión abren la posibilidad de encaminarnos hacia la democratización de las políticas públicas y en ese mismo sentido del Estado. Aún estamos en un proceso muy incipiente en materia de democratización de las políticas públicas y del Estado, al igual que la conformación de poder por parte de las organizaciones de la economía social, no obstante, se abren espacios de participación donde se pone en debate cómo llevar adelante la política, no se cierra la participación y el debate en cómo enfrentar la escasez de crédito para determinados sectores de la sociedad.

El objetivo de fortalecer institucionalmente a las organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboren con el cumplimiento de las políticas públicas, reconoce y expresa en una Ley la intención de normativizar esa participación. Esta nueva forma de trabajo asociado no consiste en una simple tercerización, sino en un trabajo conjunto y en una nueva forma de institucionalizar una política pública, y donde se pueden empezar a pensar nuevas prácticas entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil.

V. El sujeto y la racionalidad en las políticas públicas

Según la normativa, el programa está dirigido al otorgamiento de préstamos a sectores de bajos recursos, con el objetivo de promocionar la economía social. En este punto nos queremos detener para analizar a través de las prácticas, cómo el Estado lleva adelante la promoción y cómo los actores toman los lineamientos y los amoldan a sus formas de hacer cotidianas.

Tal como menciona Alberto Gandulfo, Coordinador Nacional de la CO.NA.MI., el microcrédito es

“una herramienta de promoción social, de forma tal que “con el acceso al microcrédito, el sujeto de la economía social se posiciona como una fuerza social amplia, heterogénea, diversa (...) [y] la fuerza política liberada por la economía social resulta sustancial para profundizar el proceso de distribución de la riqueza.¹²

De acuerdo a esta noción, se reconoce la heterogeneidad de las prácticas de la economía social, y su aporte tanto económico como político para centrar el debate y disputar distribución del ingreso. Con ello podemos decir, que no se toma un estereotipo de individuo racional, sino que en la economía social nos encontramos con prácticas diversas que implican lógicas de acción distintas y con ello, racionalidades diferentes.

Como hemos mencionado con anterioridad, la economía liberal ha absolutizado la racionalidad medio-fin negando la supeditación a valores que incluso la economía de mercado requiere. Hinkelammert¹³ también plantea que “los valores de la competencia, la libre empresa y los derechos de propiedad. Pues poco sentido tendrían que las ley los sentencie como tales, si la sociedad no las interioriza”. Estos valores acompañan la definición de economía que plantea la corriente liberal y que la asocia a que los hombres se relacionan en términos de medios y fines.

Es en este sentido que Hinkelammert¹⁴ plantea

(...) la acción racional medio-fin, aunque necesaria y útil en contextos parciales ya acotados, resulta ser una acción que tiene un núcleo irracional, por lo que es necesario transcenderla, superarla (aunque no abolirla), supeditándola a una racionalidad más integral del respeto al circuito natural de la vida humana a la que llamaremos, racionalidad reproductiva.

Sin embargo, los autores no se proponen imponer esta racionalidad sino “hay que partir de la racionalidad medio-fin, de su enfoque de las relaciones medio-fin, para luego trascender este tipo de racionalidad”¹⁵, es a partir de esta frase que nos planteamos analizar el sujeto que se piensan en las políticas públicas.

Como se describió anteriormente, si bien quienes inicialmente participan lo hacen por el interés de recibir un crédito (racionalidad medio-fin), lo que podemos llamar prácticas cuya lógica es la racionalidad medio-fin, en el proceso de relacionarse con otros para recibir el crédito o trabajar conjuntamente en la gestión de los recursos, la racionalidad se va transformando. Un punto a favor que plantea el programa es el trabajo con organizaciones pre-existentes, para intentar evitar la constitución de organizaciones para recibir fondos. Esta pre-existencia implica la presencia de una trayectoria organizativa que es transferida a los nuevos sujetos que ingresan y que moldea las prácticas de estos últimos.

En el caso concreto de la modalidad de bancos comunales, se puede decir que tiene el mismo punto de partida: la gente se asocia por la utilidad. Sin embargo esta racionalidad medio-fin comienza a supeditarse a valores que se van construyendo en la práctica a través de la toma de decisiones en asamblea la solidaridad se institucionaliza desde la práctica, desde pensar al otro. Entonces se establece un cambio, se pasa de la búsqueda de acceder a un crédito (racionalidad medio - fin) a desarrollar un proyecto comunitario donde la solidaridad se va dando a medida que decido, como parte del banco, prestarle a un vecino, amigo, etc.; así como también, se generan instancias participativas de gestión y la democratización del uso del dinero dado que los recursos son del grupo.

Si bien actualmente estas prácticas tienen algunas limitante y se dificulta categorizarlas dentro de la racionalidad reproductiva que plantean Hinkelammert y Mora¹⁶, podemos plantear que estas prácticas hacen un quiebre y generan o al menos promueven otra racionalidad con arreglos a valores distintos a los planteados por la absolutización de la racionalidad medio-fin.

La institucionalización de esta Ley se da a través de las Redes de Gestión Asociada y/o Consorcios, espacios y prácticas que apelan a la construcción de una racionalidad distinta, posibilitando la organización y la transformación de la cultura existente en el Estado y en quienes tienen una relación dialéctica con este¹⁷.

VI. Conclusiones

Existe la necesidad de ir transformando el Estado en búsqueda de la defensa y reivindicación de la mayoría, convirtiendo luchas de larga data en derechos institucionalizados que en definitiva permitan la inclusión de todos. Según Coraggio,

(...) las formas de gestión participativa a nivel local, la creación de foros participativos para definir políticas sectoriales, las instituciones del presupuesto participativo o de la planificación estratégica participativa, así como la organización de frentes de acción colectiva para modificar las políticas del Estado a favor de regular la economía y los mercados capitalistas, de fomentar -incluso normativamente- la economía social, y de practicar en general la democracia participativa, son recursos que hacen parte fundamental de una economía social que no se plantea ser antipolítica sino pro democracia participativa.¹⁸

De acuerdo a lo mencionado, entendemos que existe una necesidad en relación a que las políticas públicas que se implementen, sean asumidas como políticas de Estado y no de gobierno, ya que parte del proceso de institucionalización debe traer consigo una continuidad. Como bien menciona Valmor Schiochet¹⁹, “las acciones de gobierno como planes, programas y proyectos no se institucionalizan en cuanto sean solo eso y subsume a los derechos de la sociedad y los deberes del Estado a una política de gobierno en cuanto esta no sea asumida como una política de Estado”.

Es así que hemos arribado, a partir de estos ejemplos, a las siguientes conclusiones:

1. En todas las prácticas enmarcadas en estas experiencias, están presentes ambas racionalidades, el tema es cuál subordina a cuál, la disputa es permanente. La racionalidad instrumental es la hegemónica y por lo tanto es la primera que usamos al pensar un proyecto, sin embargo estamos tratando de ver cuáles son las características de las política pública que quiebra con esta racionalidad, que si bien está buscando “atraer” desde la racionalidad instrumental, buscan romper con esta. Buscamos indicios de una racionalidad más cercana a la reproductiva que propone Hinkelammert²⁰, que genere políticas públicas participativas, y de esa manera debemos institucionalizar la economía social.
2. Será necesario partir desde la racionalidad medio-fin, reconocerla y supeditarla una racionalidad ampliada con valores que garanticen la reproducción ampliada de la vida de todos y todas, reconociendo también al hombre como parte de la naturaleza.
3. El cambio de esa racionalidad debe ser desde la práctica, y no aplicado con una institucionalización desde afuera. Lo dicho no quiere decir que no puedan ser política públicas que partan del Estado, ya que la economía liberal ha pasado siglos implementando sus valores desde las políticas, sino que las políticas deben plantear el ejercicio de la solidaridad y la participación no solo la enunciación.
4. Es central la forma en que se logra institucionalizar los procesos, ya que estos producen reinstitucionalizaciones y prácticas que reproducen determinados comportamientos, un una racionalidad determinada. Es así que las políticas de economía social no pueden ser focalizadas, y por lo tanto nuestro objetivo debe ser ampliar ese espacio que hoy se les da, y que además de ser una herramienta para los sectores más vulnerables se convierta en una opción para toda la sociedad. Sin embargo no puede dejarse de lado la necesidad de construir un espacio político, que pueda aportar a la construcción de las políticas públicas como espacio de la economía social y no desde cada emprendimiento aislado.

Estas primeras conclusiones sirven para reafirmar que la economía social está en un proceso político en construcción. En este sentido es importante el planteo de Schiochet²¹, “que solo como política pública la economía solidaria podrá salir de su confinamiento y experimentalismo social para conformar una fuerza contrahegemónica capaz de construir otra economía, plural para unos, socialista y autogestionaria para otros”. Si no se plantea la construcción política de la economía social no se puede hablar de proyecto a futuro.

Por otra parte, hay que considerar el planteo que sostiene Susana Hintze en cuanto a que

(...) en las políticas de promoción de economía social y solidaria, confluyen dos tipos de cultura (que no constituyen conjuntos internamente homogéneos) y que tienen raíces y prácticas diferentes: la que proviene del estado, y las que lo hacen de organizaciones de la sociedad civil. La construcción de una nueva cultura compartida, será resultado de la institucionalización de valores, normas y asunciones que soporten una nueva forma de entender y actuar la relación entre los funcionarios públicos y actores de la economía social y solidaria²².

Desde este punto sostenemos que es justamente esta “nueva forma” que si bien en construcción, no deja de ser concreta y se institucionaliza en su práctica.

En el caso analizado de la CO.NA.MI. podemos decir que el reconocimiento de esta institucionalización en una ley es un gran avance para poder comenzar a legislar desde esta nueva forma de entender que plantea la autora, y a su vez, permite una dinámica de co-construcción una vez establecida la ley, desde quienes sostienen prácticas de economía social y la construcción ciudadana desde esta perspectiva, así como también el reconocimiento del estado de una necesidad de legislar a las mismas.

El Programa de Promoción de Microcréditos desde su implementación tuvo logros importantes como ser la participación de más de 1400 organizaciones que gestionan fondos públicos. Estas organizaciones han conformado redes y consorcios de trabajo que han permitido generar acciones que exceden la mera discusión de temas asociados al microcrédito como fue el 1° Congreso Latinoamericano de Microcrédito celebrado en noviembre de 2010, donde organizaciones sociales conjuntamente con la CO.NA.MI., llevaron adelante el encuentro generando un espacio de intercambio, debate y reflexión en torno al microcrédito, la economía, la política y la integración latinoamericana. La presentación el microcrédito como una herramienta de organización reconoce la necesidad de la construcción de un espacio de la economía social para que ésta tenga mayor visibilidad y por lo tanto injerencia.

La importancia de analizar estos procesos para profundizar la cogestión nos permite observar el paso de la gestión de fondos a la construcción de programas, aunque tenemos aún un gran desafío y es el lograr la verdadera descentración del Estado que plantea Boaventura de Souza Santos.

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Notas