A trece años de su adopción en 2013, el Tratado de Marrakech —que establece excepciones al derecho de autor para permitir a bibliotecas y entidades autorizadas producir y compartir obras en formatos accesibles para personas con discapacidad para leer impresos— vuelve a ser evaluado en el Marrakesh Monitoring Report 2026, elaborado por la IFLA. Con 128 países adheridos, el informe examina hasta qué punto las leyes nacionales han alineado sus marcos jurídicos con los objetivos del Tratado, y advierte que, en muchos casos, se han incorporado requisitos administrativos que restringen su aplicación efectiva.

Entre las principales barreras burocráticas para las bibliotecas se identifican la obligación de verificar si ya existen copias accesibles en el mercado, la imposición de pagos suplementarios a los titulares de derechos y la exigencia de registros o reportes específicos para operar como “entidades autorizadas”. Estas condiciones, presentadas como salvaguardas del derecho de autor, generan demoras, incrementan los costos y reducen los recursos disponibles para producir materiales accesibles. En la práctica, trasladan a las bibliotecas una carga administrativa que contradice el espíritu del Tratado, concebido para superar la histórica “hambruna de libros” que afecta a las personas con discapacidad visual y otras dificultades de lectura.

La edición 2026 amplía el análisis a todos los Estados miembros de la OMPI e incorpora un nuevo indicador: si las legislaciones mencionan de manera expresa el intercambio transfronterizo de obras accesibles. El balance general es ambivalente: existe un avance normativo innegable, pero mientras persistan trabas burocráticas innecesarias, las bibliotecas seguirán encontrando obstáculos para cumplir su función social de garantizar el acceso equitativo a la lectura.

Fuente: www.ifla.org/news/delivering-on-the-promise-marrakesh-monitoring-report-2026/ 

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