Creadores, bajadas y derechos

Discos, películas, series, libros. Los contenidos están ahí, a un clic de distancia. Listos para ser descargados, desde sitios oficiales y no tanto, pagando por ellos o no. A esta altura del nuevo milenio, los consumos culturales han asistido a una especie de revolución. A tal punto que el objeto mismo, el CD o el DVD, fue perdiendo su consistencia material y borroneando aún más el límite entre original y copia. La aparición de la tecnología digital, computadoras personales e Internet mediante, hizo tambalear y envejecer en un par de décadas a las mismas leyes de derecho de autor que se mantuvieron en pie durante siglos. Mientras algunos actores de la cadena productiva en cuestión han visto mermar sus ingresos considerablemente, otros han encontrado nuevas posibilidades de hacer negocios millonarios. Acción convocó a representantes de distintos sectores de la cultura para debatir estas y otras cuestiones a la luz de un escenario cambiante e incierto en el que los intereses en juego trazan un mapa complejo, entre coincidencias y contradicciones.

PARTICIPANTES. Los convocados por Acción para intercambiar opiniones e ideas, de izquierda a derecha: Memelsdorff, Villafañe, Pulvirenti, Fernández y Busaniche.

-La entrada en escena de la tecnología digital e Internet y los cambios que produjeron en el panorama cultural, ¿se pueden comparar con lo que sucedió en su momento con la aparición de la imprenta?
Juano Villafañe: Desde el papiro a la imprenta Gutenberg, pasando por la industria cultural e Internet, hay todo un proceso. La etapa que inaugura de manera tan particular Internet atraviesa estas relaciones de autores y lectores. Y también establece falsos debates sobre el conflicto cultural y sobre el derecho de autor; y nuevas relaciones de campo entre los dueños de los medios, entre las asociaciones de gestión, entre el propio núcleo social de la cultura que actúa paradojalmente, y el público. El derecho de autor hoy tiene visibilidad y genera debates, como se vio con el caso del canon digital y su aplicación.
Juan Félix Memelsdorff: Las dos grandes estaciones que hay en el mundo del derecho de autor son la imprenta y, hace unos años, Internet. De alguna manera, el derecho de autor y el copyright en los países anglosajones surgieron como una reacción ante la necesidad de controlar, desde el punto de vista de los autores y de los editores, pero también de los reyes y de la política, todo lo que se imprimía. Y este sistema, tal como se creó, aguantó bastante bien todos los cambios tecnológicos, hasta Internet. Lo que ahora dispara el debate es la suma de Internet más tecnología digital, que permite duplicar, copiar, reproducir, bajar, muy rápido, con calidad idéntica y a costo casi cero, cosa que en todos los sistemas tecnológicos anteriores no se podía. Por la velocidad con que se impone este cambio, llega mucho más rápido que los jugadores dominantes en el mercado, que llegan más tarde, a la vez que produce una modificación en los hábitos culturales de importantes sectores de la población. Frente a este fenómeno, lo paradójico es que quienes la vieron más clara son grupos que venían de fuera del mundo de los contenidos. Un ejemplo es la empresa más grande del mundo de bajada legal de música: Apple es una empresa estadounidense que viene del mundo de la tecnología, no es una discográfica. Hoy la disputa no está tanto entre tecnología y contenido, sino entre distribuidores y tecnología. En esta disputa, hay que desmitificar cosas importantes, porque en ambos bandos hay importantísimos intereses económicos: de un lado, tenemos grandes corporaciones multinacionales y nacionales dueñas de derechos para ser explotados y, del otro lado, los servidores y proveedores de Internet, que cuanto más ancho de banda, mejor, no importa si el material que va por ahí está protegido por derechos o no.
Beatriz Busaniche: Estamos discutiendo sobre la base de una ley que data de 1933 en Argentina, que es la 1.193. El sistema actual de derechos de autor, a nivel global, ha sido diseñado de algún modo en el siglo XIX: es el mismo que se consolidó en el siglo XX con el auge de las industrias culturales. Pero esta legislación se va a los caños en el siglo XXI con el impacto del cambio tecnológico, porque la característica central que tienen las tecnologías digitales es justamente la copia. Todo lo que se hace en Internet es una copia. Incluso cuando estoy mandando un correo electrónico, lo que recibe la otra persona es una copia. Lo que hace Internet y las tecnologías digitales es traer a la mesa de debate a un actor que no estaba antes en esta cuestión: el usuario, que ahora puede hacer aquello que antes estaba regulado. Hace cinco décadas, la propiedad intelectual era un tema entre editores y autores: nunca iba a haber un pleito contra un usuario final o un lector. Porque uno como lector a lo que más podía aspirar era a copiar a mano o, eventualmente, fotocopiarlo. Pero el problema central ahora es que cualquiera de nosotros, que no contamos con una imprenta en casa ni somos editores profesionales, tenemos la facilidad de copiar de un modo que nunca antes fue posible. Hoy cualquiera le puede pasar una canción a un amigo, con la misma calidad. La diferencia entre la copia que vos le pasás a un amigo y la que comprás en la disquería es una cuestión de legalidad y nada más, porque ambas son copias de igual naturaleza: ninguna es un original.
Memelsdorff: Hay una diferencia, porque una cadena pagó para que eso exista y la otra no. En la copia legítima, vos vas para atrás en la cadena y terminás encontrando a la discográfica que pagó el máster.
Busaniche: En la copia ilegítima también se paga.
Juan Pablo Fernández: En la música, la discusión sobre estar en una compañía o ser un grupo independiente tiene que ver con el acceso a grabar y a editar. Los primeros conflictos con Internet tienen que ver con la copia del CD en los 90. Gracias a Internet aparece la posibilidad de tener la misma obra con la misma calidad. Y nuestro grupo, Acorazado Potemkin, cede su disco a la Web. El tema no es sólo Luis Miguel o la Sony: para un montón de grupos como el nuestro, Internet no ha venido a democratizar, por lo que se decía antes de las telefónicas y los servidores, pero de alguna manera ha ido quitando filtros, exclusividad, distribución, toda una serie de cuestiones que el músico siente que son obstáculos para llegar al público. Porque yo creo que, sin hacer demagogia y tomando a los usuarios como un punto de partida hacia nuevas leyes, la gran mayoría de los que producimos música no necesariamente apuntamos a ser parte de la industria cultural o a ajustarnos a los grande presupuestos que manejan las discográficas. Entonces habría que plantear qué hacemos con los miles y miles de grupos que hay en todo el mundo para ser protegidos y apoyados. Lo que nos permitió Internet, en nuestra pequeñísima escala, fue acercarnos a gente de distintas ciudades gracias a la repercusión que ha tenido Mugre, nuestro disco.

Industria virtual

La integración entre Internet y el televisor -o, mejor dicho, la pantalla de LCD- ya no es una hipótesis: es una realidad concreta. Una de las variantes que ha venido creciendo en los últimos tiempos es la de canales virtuales que ofrecen a sus abonados contenidos audiovisuales bajo demanda. Un modelo que parece partir de la experiencia de YouTube y que busca captar al público habituado a consumir ficciones a través de la red. «La gran cosa que tiene YouTube es que ahí está todo», acota Memelsdorff. «Hoy en día, los que compran películas y bajadas legales no piden exclusividad: casi todos los sitios tienen las mismas películas. Y lo que en realidad ofrecen es quién tiene más cantidad. Netflix, por ejemplo».
Osvaldo Pulvirenti: Puedo corregir algo sobre este tema, porque Netflix entra al país sin pedirle autorización a nadie. Por eso compite con proveedores eventuales argentinos del mismo servicio en desigualdad de condiciones. Porque Netflix es mundial y previó, entre otras cosas, un sistema de lanzamiento simultáneo en toda Latinoamérica, país por país, sin haber pedido ninguna autorización. Yendo a los esquemas de propiedad intelectual, el año pasado, en la FIAP (Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos), tuvimos una reunión donde estaba el representante de la India, que dijo que para combatir la «piratería» -denominación que no comparto-, el acceso ilegal a la propiedad intelectual, había que equiparar la figura del que bajaba un contenido con un terrorista. Obviamente, los productores dijeron «qué bárbaro»: parece que cuanto más represiva es la legislación, más «adelantados» estamos. La pregunta que hice yo fue a cuántos condenaron a pena de muerte por bajar contenidos. A nadie, porque no la pueden aplicar, lógicamente, dado que los usuarios van a seguir haciendo lo que están haciendo. Entonces, en medio de un cambio cultural de esta magnitud, lo que hay que ver es de qué manera el paradigma económico se reconstruye en virtud de esa nueva realidad que quiebra el esquema tradicional. Por eso el canon digital es una manera que han encontrado de tratar de encarar la cuestión. Debe buscarse una forma de armonizar ese derecho de propiedad intelectual con un acceso del usuario lo más democrático y abierto posible, porque el objeto cultural no solamente tiene la satisfacción del propio creador, sino en general a partir de su difusión.
Busaniche: Una de las cosas que ha pasado en las últimas décadas en las industrias del entretenimiento es que se han reducido notablemente las opciones culturales. En los cines, ¿cuántas salas están pasando cine diverso? Cada vez es más complicado escuchar músicas que no se editan acá, porque no son comercialmente relevantes para quienes tienen los derechos en Argentina. ¿Qué se compra en las librerías? Lo que van rotando en las vidrieras las grandes cadenas. Unos pocos actores fijan el canon de lo que se va a leer, lo que se va a escuchar, lo que se va a ver en el cine, por una cuestión de agenda comercial. Pero no necesariamente reflejan mi agenda como consumidora de cultura. Yo quería retomar la cuestión de la ley, que se caracteriza por ser una de las más rígidas del mundo. La excepción para bibliotecas, por ejemplo, que fue presentada por el diputado Heller, a partir de un proyecto elaborado por la Asociación de Bibliotecarios, ahí quedó: nunca se llegó a tratar. Y eso es algo ínfimo; de hecho, los reportes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dicen que sólo 20 países de los firmantes del Tratado de Berna no la han incorporado. Las excepciones para biblioteca son para préstamos interbibliotecarios. Yo me atrevo a decir, y probablemente suene a provocación, que si cumpliéramos la ley, yo, por lo menos, no tendría mi título universitario, porque no hubiera podido comprar todo lo que necesité leer para lograr un grado en una universidad pública. Y, como docente de la UBA, sé que todos mis alumnos fotocopian los artículos que tienen que leer. No sólo está la cuestión de los materiales cuyos autores vivos quieren poner o no en Internet.
Villafañe: El tema es resolver una ley global sobre el derecho de autor y no aquellas cosas tangenciales, porque estoy totalmente de acuerdo con que las bibliotecas hagan fotocopias de manera libre. El problema son los autores: en la Sociedad Argentina de Escritores consideramos que hay que reconocer al autor. Tenemos el canon digital, que tiene el aval de toda la sociedad de gestión; sin embargo, no se le da curso a propósito de un problema que también plantean los usuarios: ¿cómo me van a recargar a mí el impuesto del canon digital y del producto final que voy a comprar? Evidentemente, las relaciones que estamos planteando deben reconsiderarse desde el Estado. Porque estas nuevas relaciones son tangenciales, hasta paradojales. Si la SADE, por ejemplo, tuviera la opción de ser la entidad recaudadora de los derechos de autor, ¿quiénes se opondrían en primer lugar? Los escritores. El propio núcleo social de la cultura no confía muchas veces en los procesos de recaudación de los derechos de autor, que son los que nosotros tenemos que considerar y defender más allá de si está bien o está mal la forma en que se distribuyen. En la SADE estamos trabajando por el derecho colectivo, que sería una gran posibilidad para que el autor pudiera ser reconocido. El conjunto de las otras entidades recaudadoras del derecho de autor va a plantear el canon digital. Yo no sé dónde encontramos el problema, pero una buena redistribución del canon digital sería un ingreso para todos.
Fernández: No es un ingreso para todos; lamentablemente no hay control, no está socializado, no se paga cada cosa como corresponde. La mayoría de los medios de comunicación pagan un canon a SADAIC.
Memelsdorff: Un problema son los que hoy recaudan -como SADAIC- y cómo lo reparten. Otra cosa es el canon digital que se quiso implementar. Básicamente, es gravar el soporte y repartir el beneficio producido entre los distintos actores de la cadena. En el caso de los contenidos audiovisuales, es gravar el dispositivo que permite la reproducción.
Pulvirenti: Coincido con el doctor: en esta cadena siempre va a haber quien gana plata. La pregunta es cómo se reparte. Estamos hablando de Google, por ejemplo. Yo puedo entrar a un sitio de audiovisuales ilegales y ver publicidad de primeras marcas. Una propuesta que llevamos con el INCAA es blanquear: «Acá hay alguien que gana plata y que no está pagando nada y tiene que hacerlo». Hay un contenido pago que se está publicitando: no puede ser algo que le escapa totalmente al autor, lo deja completamente fuera de esa cadena. Alguien se está adueñando de esa posibilidad de emitir, y alguien está lucrando con la publicidad. Entonces, un esquema que ha pedido el INCAA, y que sí tiene la iniciativa norteamericana SOPA, es repartir la publicidad, porque ahí está el negocio que tiene que ver con Internet, que se financia básicamente con avisos. El punto es cuál es la cadena de valores y de qué manera se ha reconvertido el negocio, para saber quién tiene que tributar al Estado y al autor. Ahí falla en gran parte la legislación.

Del autor al público

Cerca de la resignación, algunos productores aseguran por lo bajo que es casi imposible que una generación, la de los adolescentes actuales, llegue a plantearse la posibilidad de pagar por contenidos -discos, películas- que hoy consigue sin pagar un centavo. La cuestión, de todas formas, traspasa las barreras etarias y abarca a la sociedad en su conjunto. ¿Una nueva legislación podría introducir un cambio en los hábitos de consumo? «Yo no estoy del todo segura de que la pregunta tenga que ver con la costumbre de pagar o no pagar por la cultura», retruca Busaniche. «De hecho, cuando uno observa estudios hechos en distintas universidades de Estados Unidos, Canadá, Europa y Brasil, lo que queda bastante claro es que la gente que descarga gratuitamente es, a la vez, también la que más consume. Y que la variable de pagar o no pagar depende más de la disponibilidad de plata que tenga una familia para invertir en cultura que de si puede acceder o no gratuitamente. Lo que sí va cambiando es la dirección de hacia dónde va el dinero: antes tal vez lo invertía en un disco y ahora en juntar un poco más e ir a un recital. Pero la gente que tiene 100 pesos para cultura los gasta en cultura, ya sea para ir al cine o a un show».
Fernández: Es la gente la que tiene un interés concreto por la cultura. En ese sentido, revindico lo que, de alguna manera, es asumir cierta derrota económica: se trata de que vos puedas facilitarle las cosas al que quiere tener tu material. Nosotros subimos nuestros discos a Internet y recibimos muy poco como donaciones, pero triplicamos el público que nos va a ver. Y ahora podemos tocar en todo el país. Generamos una forma de ser sustentables: es un emprendimiento de la banda, lo capitalizamos nosotros. Pero igual pasa algo raro, porque aunque uno acepte que no va a ganar un peso, encuentra trabas en los sitios desde los cuales se puede bajar lo que vos subiste. A mí me llamaba la atención, tiene que ver con las licencias, con quién las administra, quién tiene el canal de YouTube, quién tiene ese material audiovisual.
Villafañe: En tanto creadores, podemos acordar que ustedes como grupo renunciaron a ese derecho de autor en la medida de la libertad de cada uno, que puede hacerlo porque quiere. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es cómo se implementan los derechos de autor de tal manera que el usuario, que es un agente que hay que tener en cuenta, el propio núcleo social de la cultura, que es el que se va a beneficiar con ese derecho de autor, el Estado, las sociedades de gestión, que son las que intervienen en esta relación, establezcan una nueva política. Porque, en algunas circunstancias, lo que ocurre es que el derecho de autor, por omisión o por políticas, se establece desde el propio sector social de la cultura que se ve beneficiado, o no considera a las sociedades de gestión como distribuidores de derechos de autor. Y, por otra parte, existen a su vez condiciones no muy democráticas de distribución de derechos de autor.
Fernández: Hay otro debate sobre lo que es el derecho de autor: cuánto se cobra, qué parte es realmente del artista. Porque de los derechos que se ceden cuando un grupo decide firmar un contrato, el porcentaje que se llevan las compañías sigue siendo muy alto. Hay que poner en crisis eso también, para que nos sirva realmente a los creadores. Algo que no sucede salvo en los grandes negocios en los que se beneficia a un músico en particular. Pero, como artista independiente, defender el derecho de autor poniéndome del lado de una compañía para cobrar, no sé, 0,80 pesos por cada disco... Ya lo hicieron grupos como Metallica cuando se produjo el conflicto con Napster. No me interesa: si ese es mi derecho, no quiero esa migaja.
Busaniche: Tendríamos que lograr que el autor pueda pararse en una posición negociadora para proteger su propia creación. Muchas veces nos dicen: «Ustedes quieren que la gente descargue gratis». La condición de los músicos menos beneficiados muchas veces tiene que ver con las condiciones materiales de la propia industria en la cual están metidos. Y la zanahoria que les han puesto, en muchos casos, es la de hacerles pensar que porque le entregan la sangre y el ADN de su tatarabuela a una discográfica en algún punto van a ser Bono. Y Bono y Madonna son casos excepcionales.
Memelsdorff: Pasamos de hacer crema el derecho de autor a estar defendiéndolo y haciendo fuerza para que los autores puedan negociar más y mejor.
Villafañe: Hay que encontrar una organización que no sea desautorizada. Argentores es un ejemplo excelente: en Argentina, dentro de la cultura del teatro, no hay ningún dramaturgo que renuncie a pasar por Argentores.
Busaniche: Yo conozco a algunos autores que no han podido poner su obra en teatros porque no querían pagarle el canon a Argentores.
Fernández: Yo no puedo elegir no pagar SADAIC, porque te lo vienen a sacar de la recaudación.
Memelsdorff: Lo paga el usuario, no lo pagás vos. Uno de los problemas que tiene la gestión colectiva en Argentina es que se ha dedicado básicamente a recaudar, mientras que puso poco énfasis en la defensa y promoción de los autores. Pero, conceptualmente, la gestión colectiva no es un mal sistema. El derecho de autor y el copyrigth son formas de resolver la diferencia de intereses entre el individuo y la sociedad desde hace 300 años. Probablemente haya que revisar cuál es el punto entre los creadores y los intérpretes, quienes difunden y el público, que además ahora es interactivo. Seguramente hay que discutir nuevamente cuál es el punto de equilibrio. Y, a partir de ahí, contemplar distintas posiciones sabiendo que se van a tocar intereses.
-¿Cómo se resuelve la tensión entre el derecho de autor y el de libre acceso a la cultura?
Memelsdorff: Internet cruza todos los campos y obliga al debate. Y cuando vos debatís el derecho de autor, inmediatamente después vas a estar discutiendo el rol de la sociedad de gestión, porque están de la mano. Quienes están en el copyleft van a decir «no quiero derecho de autor». En mi visión, tiene que seguir existiendo el derecho de autor, reconociendo los nuevos hábitos del público.
Busaniche: Para discutir una ley, hay que introducir la relación entre los autores, el público, la industria y el Estado. Acá tenemos un problema, y es que la propiedad intelectual en todos sus campos tiene que ver con las políticas públicas. Y de algún modo los Estados, a partir de la firma de los tratados de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio y demás, han ido abandonando la discusión sobre el tema. Frente a los tratados de libre comercio, los que tienen que tomar las decisiones, que son los parlamentos y los ciudadanos de cada país, han quedado ajenos a esta discusión. Así, hemos ido renunciando a darnos una política pública. Lo que hemos hecho en el software libre, el Creative Commons y los distintos movimientos en que hemos tratado de encontrar un camino, es una solución privada partiendo de un problema público. Y, como tales, son soluciones limitadas, ineficientes en muchos casos. Es un tema que necesita debate público, además de investigación académica, acerca de cuál es el impacto y cuáles son las implicancias.

Juan Andrade
Producción: Silvia Porritelli

Publicado originalmente en Revista Accion Nº 1114 (Enero 2013)