¿Es necesario modificar la Ley de Glaciares?

Roberto Adaro

La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en diciembre de 2025 para reformar la Ley N° 26.639 (Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial), genera mayor confusión e inseguridad jurídica.

El PEN argumenta que la ley actual genera incertidumbre sobre qué se protege y qué actividades se prohíben, conspirando contra el desarrollo económico. Sin embargo, la ley vigente es clara si se lee en su conjunto todo el marco normativo y documentos técnicos que lo integran: el Artículo 1° define que el objeto de protección son los glaciares que actúan como reservas estratégicas de recursos hídricos, y delega en un organismo científico (el IANIGLA) su identificación a través del Inventario Nacional de Glaciares (ING).

De igual modo, la propuesta en debate busca transferir competencias a las autoridades provinciales que éstas ya detentan: las provincias ya poseen atribuciones para realizar las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), aprobar o rechazar proyectos. No obstante, bajo el "Federalismo de Concertación" (Art. 41 de la Constitución Nacional), corresponde a la Nación fijar el umbral mínimo y uniforme de protección para todo el país, algo que la propuesta en cuestión desvirtúa.

Los cambios sugeridos por el PEN introducen redundancias legales y contradicciones, que aumentan la incertidumbre y seguramente aumenten también la litigiosidad.

Baste recordar que los argumentos mediante los cuales el Poder Ejecutivo Nacional pretende justificar su propuesta (incertidumbre y freno a las inversiones), son los mismos que diversos actores utilizaron para intentar declarar inconstitucional la ley vigente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya desestimó estos argumentos en 2012 y 2019, ratificando la constitucionalidad de la ley, el carácter de bienes públicos de los glaciares y la obligación de armonizar los derechos de propiedad con los derechos de incidencia colectiva.

El verdadero problema es la falta de implementación y presupuesto. El Estado debería enfocarse en aplicarla correctamente. El Inventario Nacional de Glaciares ha sufrido una grave falta de apoyo institucional y desfinanciamiento presupuestario. El debate real debería ser cómo afrontar los estudios científicos necesarios para conocer cuánta agua hay y aportan los glaciares a las cuencas y ambientes que los sustentan. En definitiva, si cumplen o no con su carácter de “reservas hídricas estratégicas”.

En conclusión, si la verdadera intención era brindar claridad técnica para el desarrollo productivo, la reforma propuesta hace más bien lo contrario. El proyecto construye un texto contradictorio que expone la gestión ambiental a seguras controversias judiciales de difícil pronóstico, generando en consecuencia mayor incertidumbre.