Hacia un Fondo Federal Climático en Argentina. Financiamiento Verde y Justicia Territorial en el Marco del Federalismo Fiscal

Antonella Gervagi y Ana Laura Jaruf

Argentina enfrenta una creciente vulnerabilidad climática que se refleja en inundaciones, sequías e incendios, cuyos impactos económicos y sociales continúan intensificándose. Según la base de datos EMDAT (International Disaster Database), desde el año 2000 los eventos hidrológicos representan aproximadamente el 50% de los desastres extremos registrados, con pérdidas concentradas mayormente en inundaciones. Si bien la respuesta ante daños y pérdidas es indispensable, la evidencia internacional demuestra que cada dólar invertido en adaptación puede evitar costos significativamente mayores en reconstrucción, pérdidas productivas y asistencia post-desastre. En otras palabras: prevenir es más eficiente —económica y socialmente— que reparar.

Argentina cuenta con instrumentos fiscales ambientales, en particular el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (Ley 23.966), cuya recaudación ronda el 0,5% del PBI (aproximadamente USD 3.100 millones anuales). Sin embargo, estos fondos no se destinan actualmente a políticas climáticas, y las actualizaciones irregulares del impuesto han provocado una pérdida recaudatoria estimada en USD 1.200 millones solo en el primer semestre de 2025. Esta desconexión entre origen fiscal ambiental y destino presupuestario limita la capacidad del Estado para anticipar riesgos y reducir vulnerabilidades.

En el marco del federalismo fiscal argentino, en el cual el porcentaje de correspondencia fiscal por jurisdicción ronda el 29% -es decir que las provincias dependen en promedio en un 71% de recursos nacionales-, existe una oportunidad estratégica: crear un Fondo Federal Climático que reasigne progresivamente parte de esta recaudación hacia acciones de adaptación y resiliencia. Este fondo tendría una doble función: por un lado, brindar respuesta rápida ante desastres —especialmente en jurisdicciones con menor capacidad fiscal— y, por otro, destinar la mayor parte de los recursos a intervenciones preventivas que reduzcan la exposición y vulnerabilidad territorial.

Transformar un impuesto de carácter regresivo en una herramienta de justicia climática permitiría no solo fortalecer la resiliencia del país, sino también asegurar que los recursos generados por actividades contaminantes se utilicen para reducir riesgos futuros, proteger a las poblaciones más expuestas y evitar costos crecientes en daños y pérdidas. Apostar por la adaptación no es solo una decisión ambiental: es una estrategia inteligente de desarrollo y sostenibilidad económica frente al mayor desafío del siglo XXI.