Tierra del Fuego está en llamas. La decisión del Gobierno Nacional de reducir los aranceles a la importación de productos producidos en la provincia generó una ola de protestas, paros de trabajadores y descontento local. Esto generó debates cruzados en X, otras redes y medios, sobre la persistencia del Régimen de Promoción Fiscal y Económica de Tierra del Fuego (Ley N°19.640), si las empresas que se benefician del régimen lo ameritan y si constituye una política productiva.

En primer lugar hay que aclarar las diferencias de con quiénes discutir. Hay dos clases de economistas críticos con el Régimen: aquellos que creen que la política industrial es buena pero este no es el caso de buena política industrial, y aquellos que condenan toda forma de intervención en el mercado para beneficiar la producción y el trabajo nacional. El Gobierno pertenece a la segunda clase, y es con el Gobierno que se debe dar la discusión porque es quien instrumenta las medidas que está poniendo en jaque a la provincia.

La reducción arancelaria tiene por objetivo bajar los precios de la electrónica para los consumidores, como parte del plan del Gobierno de dólar bajo, importaciones baratas, viajes al exterior, estabilidad inflacionaria y que la capacidad de compra en dólares esconda la pérdida de poder adquisitivo. Es una medida absolutamente electoralista: busca beneficiar a su electorado sacrificando a los fueguinos. Pero, ¿es esto sostenible? La apertura importadora significa más salida de divisas, de ¿dónde pueden salir? No saldrán del campo, puesto que el año pasado con cosechas buenas y recesión no lograron acumular reservas, las inversiones del RIGI y Vaca Muerta están paralizadas y un tipo de cambio bajo desestimula las exportaciones industriales y de servicios. No, las salidas se financian con deuda, esa que el Fondo Monetario Internacional le prestó a Macri y luego a Milei y que condenan a la Argentina al ajuste y la desindustrialización. ¿Vale la pena generar desempleo en la isla para un veranito electoral?

Es importante decir primero que Tierra del Fuego no es cualquier lugar: por condiciones geográficas es un lugar aislado con alto costo de vida, y que a su vez tiene un rol estratégico en la geopolítica del mar del sur. Es decir, forma parte de la presencia argentina en el mar, con nuestro reclamo sobre Malvinas y las islas del Atlántico Sur,  y la porción argentina del Continente Antártico. Fomentar el poblamiento (la población pasó de 10 mil habitantes a 180 mil), el desarrollo industrial y la pertenencia fueron y continúan siendo medidas estratégicas para defender y recuperar lo que nos pertenece. Es importante notar que no fueron las fuerzas del mercado, sino el Estado, la planificación, las empresas públicas, la ciencia y la tecnología, las que permitieron garantizar la permanencia argentina en el sur de nuestro país, la Antártida y las islas del Atlántico Sur.

Ese fue en parte el espíritu de la Ley 19.640, creada por Lanusse en 1972. Eran tiempos en los que hasta los más liberales tenían al menos una veta desarrollista, y ya habían denunciado antes varios pensadores y políticos  la excesiva concentración productiva y poblacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Este proceso se vio interrumpido por 4 procesos liberales que dañaron las capacidades del Régimen: la última dictadura militar (su último ministro, Jorge Wehbe llegó a decir que “no permitiremos que Tierra del Fuego se convierta en otro Taiwán”, bastaría ver dónde está Taiwán ahora para comprender lo obtusa de la mirada), con el menemismo, con Macri y en la actualidad. La falta de previsibilidad afecta a la eficiencia de todo régimen de promoción.

Cabe aclarar que generar trabajo a distancia de los centros de consumo siempre es caro. Llevar y traer los productos desde Tierra del Fuego será siempre caro, con o sin régimen, si la logística no es buena. A la isla no llega el ferrocarril, ni directamente la ruta. Todo requiere el paso por Chile para acceder a la Provincia. En la última década y media se ha propuesto el Cruce por Aguas Argentinas y la creación de un Puerto Multipropósito en Río Grande, los cuales fueron demorados por los sucesivos gobiernos nacionales. Si tuviéramos una logística aceptable, los productos hechos en Tierra del Fuego serían mucho más baratos.

Tampoco es cierto que toda la industria sea poco competitiva o sin valor agregado. Ya en 2015, el coordinador del Departamento de Economía del CCC, Burgos (2015) había estudiado los costos de producir en Tierra del Fuego, y había encontrado en 2014 un ahorro de US$330 millones (aunque no en celulares). 

En el mismo sentido, un crítico informe de Fundar de Hallak et al (2023), sostiene que “si se compara el valor del kit importado con el valor internacional del producto final, la agregación local de valor que implica esta comparación —que a la vez es una medida del ahorro de divisas para Argentina— arroja un 0% para teléfonos celulares, un 17% para televisores y un 26% para acondicionadores de aire”. Asimismo, los precios en puerta de fábrica no necesariamente son caros respecto de su import parity: “el precio de los productos fabricados en Tierra del Fuego es considerablemente inferior al precio importado, siendo 35% más bajo en teléfonos celulares, 45% más bajo en televisores y 49% más bajo en acondicionadores de aire”. 

La industria en Tierra del Fuego implica un 30% del PBG y emplea directamente unas 8.000 personas. Algunas de las empresas industriales de la isla están cerca de la frontera de producción global, lo que demuestra que el régimen de promoción no sólo atrajo trabajadores para ensamblar productos, sino que generó capacidades productivas genuinas.

No obstante ello, hay mejoras para hacerle al régimen tributario de la isla. La falta de objetivos claros, la duración/ extensión de los beneficios, la falta de transparencia ni medición de sus resultados, el hecho de que no haya una clara definición en su diseño que explique el porqué del mismo para alcanzar determinados resultados, ha favorecido y alimentado la aparición de un discurso contrario al mismo. Ello puede resolverse alineando incentivos, incrementando las exigencias y los mecanismos de vigilancia. 

 Es posible que, si bien demostramos que el Régimen genera valor agregado, empresas dinámicas, capacidades y costos relativamente competitivos a puerta de fábrica, se puede realizar algún estudio detallado sobre los celulares para evaluar si amerita la protección. La electrónica de consumo masivo como los celulares posee la dificultad de competir con países con alta eficiencia en su escala, como China o India. Pero eso no significa que no se pueda optar por variantes con menor escala como la producción de radares, la industria militar, desarrollos científico-tecnológicos, programación,  en cooperación con empresas nacionales como ArSat, INVAP y las universidades nacionales. Se pueden mantener los empleos, y aprovechar las capacidades existentes para producir bienes en la frontera tecnológica y de manera competitiva.

En ese sentido, el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas firmó la Resolución 228/22, que incluía la creación del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva de Tierra del Fuego (FAMP-F), que servía para detraer una porción de los beneficios de las empresas del Régimen (lo cual las forzaba a ser más competitivas) e invertir eso en nuevos sectores. Sin embargo, la trayectoria de ese fondo no fue la mejor: a pesar de haber acumulado unos 80 millones de dólares, no se ha financiado nada aún en esta gestión. Resulta llamativo que los que denostan el Régimen no hayan usado el dinero para generar encadenamientos positivos.

También han tenido un significativo crecimiento otros sectores como el hidrocarburíferos, la construcción, la pesca y los servicios turísticos. Tierra del Fuego es el principal productor gasífero del país (y durante años se vio obligado a venderlo a precio subsidiado) y cuenta actualmente con explotación offshore para exportación. Cabe destacar que la Nación le debe unos USD 300 millones de regalías en el marco del fideicomiso austral. En cuanto a la pesca, si bien la salmonicultura está prohibida. La provincia exporta marisco y productos de pesca de altura. Al mismo tiempo, Ushuaia está teniendo un crecimiento exponencial del turismo de lujo que está atrayendo inversiones hotelera. Es decir, que la reconversión de la matriz productiva ya se viene dando, pero no es un proceso que se pueda definir de un día para el otro en un cierre de campaña de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, las gestiones nacionales han frenado proyectos positivos de reconversión. En el 2015 había un anuncio importante de inversión de la china Shaanxi Coal Group conformando la subsidiaria Tierra del Fuego Energía y Química. Esa inversión fue frenada durante el gobierno de Mauricio Macri. También se bloquearon durante el gobierno anterior las inversiones chinas en el Puerto Multipropósito, y hace un año se dificultó el crédito del Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura para la construcción de un parque eólico. A la militancia anti China debe contraponerse el hecho de que el gran beneficiario de truncar los proyectos fue Mirgor, de Nicolás Caputo, amigo de Macri y primo del actual ministro de Economía. Pero Mirgor tampoco completó estos proyectos. Tal vez antes de abrir la economía serviría hacer terapia de familia.

En conclusión, la protección o la liberalizacion deben ser herramientas para potenciar las capacidades de la isla, no un fin en si mismo. Con infraestructura, sectores alternativos y una reforma gradual del régimen que permita dinamismo, mayor control y diversificación se puede tener una reconversión positiva, que potencie las capacidades. Lo que no se puede hacer es dejar a la gente en la calle, sin alternativas y perdiendo densidad industrial.

Y un mensaje para los compañeros que festejan: se puede ser crítico del Régimen sin avalar un proceso netamente destructivo como el actual, que solo pavimenta un verano electoral insostenible, ni abandonar a los fueguinos como ofrenda al mercado. Aceptar esto no lleva a una industria fueguina más eficiente, sino al despoblamiento de la Provincia, y al avance extranjero sobre el Atlántico Sur, como hace Gran Bretaña en Malvinas y el Comando Sur de los Estados Unidos en Ushuaia.

Departamento de Economía Política CCC