Por Martín Burgos

En su iluminador libro “Cuarenta años de inflación en la Argentina”, Guillermo Vitelli marca que existen 4 precios claves que ayudan a entender la dinámica inflacionaria en Argentina: el tipo de cambio, los salarios, la tasa de interés y las tarifas públicas. En cada uno el Estado tiene un rol definitorio, pero tal vez en ninguno como en las tarifas de servicio público.

En rigor, las tarifas no son un precio propiamente dicho, como lo son el precio de la manzana o un auto, sino que requiere de numerosas formalidades para que se puedan modificar. Todos recordamos de las Audiencias Públicas que se realizaron en 2016, luego de que el gobierno de Macri intentara aplicar incrementos de tarifas sin pasar por los debidos procedimientos.

Existen dos concepciones respecto de las políticas públicas tarifarias: la primera de ella es que las tarifas deben cubrir los costos operativos del servicio ofrecido, la segunda es que las tarifas no cubran la totalidad de los costos operativos, por lo cual el sector público tiene que pagar la diferencia a través de subsidios. La primera opción en la práctica no existe en ningún país del tamaño de Argentina, y menos en un país productor de energía. Por lo tanto, la verdadera discusión pasa por cuanto el Estado debe subsidiar las tarifas de servicio público. A mayor subsidio, el gasto público será mayor pero las menores tarifas deberían redundar en reducción de costos del sector productivo y en mejora de competitividad internacional. En el caso de los usuarios residenciales, mayores subsidios causarían menor gasto en el hogar y mayor disponibilidad de recursos para consumir.

A ese dilema, Argentina le agrega un escenario de inflación de dos dígitos desde hace más de una década, en el cual las tarifas también inciden. Según el debate vigente, una vertiente de la heterodoxia suele apuntar al incremento de tarifas como un factor de incremento de costos que se traslada a los precios. En cuanto a la ortodoxia, asume que la reducción de los subsidios aliviaría las cuentas fiscales, generaría menor presión monetaria al reducir la emisión monetaria y de esa forma apagaría el motor de la inflación. Una versión más sofisticada es la que expuso Sturzenegger en ocasión de los “tarifazos” de 2016, según el cual el incremento de tarifas desplaza ingresos desde otros bienes para pagar los servicios públicos, lo que redunda en caída de esos precios del resto de los bienes que terminan en un efecto neutro sobre la inflación.

La propia experiencia del gobierno de Macri nos permite asegurar que los incrementos tarifarios se trasladan a los precios y ponen en dificultad a las empresas y las familias por los incrementos de costos que eso implica. En una situación económica compleja para todos a consecuencia de la pandemia, recurrir a ajustes tarifarios fuertes no parece ser lo más auspicioso en términos políticos, e incluso podría dificultar el crecimiento económico y la recuperación de los indicadores sociales.

Pero el gobierno parece tener claro que dada la magnitud del déficit fiscal que dejó el esfuerzo de gastos realizados en 2020 en políticas de contención de la pandemia como el IFE y el ATP, no se puede sostener niveles de subsidios que irán creciendo al ritmo inflacionario a lo largo del año. En el mejor de los mundos, el objetivo de mejorar la distribución del ingreso y la producción industrial debería lograrse a través de segmentaciones adecuadas de las tarifas a los niveles de ingreso y los requerimientos de cada sector. Pero ese ejercicio de sintonía fina siempre resultó difícil de llevar a cabo, y parece imposible hacerlo antes de las elecciones de este año. Las lecciones de Vitelli sobre la inflación en Argentina nos permiten asumir que el impacto inflacionario de un incremento desmesurado en cualquiera de los 4 precios controlados por el Estado podría ser fuerte, y en consecuencia la moderación parece ser la mejor política para que los actores económicos puedan planificar de la mejor manera sus inversiones y sus gastos.

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(*) Coordinador del departamento de economía política del Centro Cultural de la Cooperación