El impuesto a las ganancias, las elecciones y la puja distributiva | Centro Cultural de la Cooperación

El impuesto a las ganancias, las elecciones y la puja distributiva

17/02/2021

Por pablo Villareal 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó la semana pasada un proyecto de ley para subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. El proyecto comenzará a debatirse la semana que viene en audiencias informativas, de las que van a participar sindicatos, jubilados y pensionados, entidades empresarias, el Ministerio de Economía y la AFIP.

El proyecto comienza su recorrido parlamentario por la Comisión de Presupuesto y Hacienda,  presidida por Carlos Heller, y el objetivo es que se puedan aplicar los cambios a partir de Marzo. Para eso, se necesita llevar el proyecto al Congreso lo antes posible, por lo que el presidente Alberto Fernández deberá incorporarlo al temario de sesiones extraordinarias a través de un decreto de ampliación.

Los datos

Con las modificaciones que propone el proyecto, el piso del impuesto a las ganancias pasa de $72.000 a $150.000 para los trabajadores solteros, en términos de remuneración mensual bruta; y a $152.000 para los jubilados y pensionados, lo que representa un monto cercano a los ocho haberes mínimos. Con esto, cerca del 63% de los contribuyentes dejarán de pagar ganancias, lo que en números absolutos significa aproximadamente 1.267.000 trabajadores. Como indicó el jefe de bloque, Sergio Massa, el objetivo del proyecto es volver al histórico 10% de trabajadores de mayores ingresos que pagaba el impuesto. 

Si analizamos los números desde los sectores de la economía, podemos ver que los trabajadores alcanzados por la medida se distribuyen de la siguiente manera: 178 mil (58%) de la industria manufacturera; 133 mil (65%) del transporte, logística y almacenamiento; casi 106 mil (74%) de comercio mayorista y minorista; 48 mil (46%) del sector financiero y casi 27 mil (54%) del rubro de la construcción.

Cuando vemos los datos con un criterio federal, según el impacto en las provincias, los trabajadores que dejan de pagar ganancias quedan distribuidos de la siguiente manera:  

El absurdo, las luces y las sombras

La futura sanción de las modificaciones en el impuesto a las ganancias también viene a corregir una situación que llegó al absurdo y significa un desajuste grave en la economía. Pensemos que en la actualidad, la línea de ingresos mínimos para no caer en la pobreza es de $47 mil pesos para un grupo familiar de cuatro personas, mientras que el piso mínimo de ganancias es de $72 mil. Esto significa que hay una distancia de ingresos demasiado corta entre la jefa o el jefe de familia que se ubica apenas por encima de la pobreza y aquél que tiene que pagar ganancias.

Para destacar, el proyecto que se comienza a debatir elimina distorsiones que son dañinas para la economía del país. Un segundo efecto positivo es que le devuelve progresividad al impuesto a las ganancias, y con esto, a uno de los principales componentes del sistema tributario. Además, a partir de las modificaciones, el gobierno espera generar un aumento del poder de compra de los trabajadores formales de clase media. Con esta recuperación relativa del ingreso también se recuperará la demanda en el mercado interno, que según declaraciones de la vice jefa de gabinete, Cecilia Todesca, explica el 70% del PBI argentino.

Veamos algunas limitaciones o posibles efectos negativos de esta nueva medida que el gobierno tendrá que seguir de cerca. En primer lugar, si bien es un alivio de las cargas impositivas para algunos trabajadores, no es una recomposición salarial. Dicho de otro modo, es un cambio que beneficia a los asalariados que están en blanco y son trabajadores estables, sin atender a aquellos de menores ingresos, que ya no pagaban ganancias, pero que necesitan recuperar sus salarios.

Por otro lado, es una salida que no aborda la puja distributiva. El que termina pagando estas modificaciones es el Estado al dejar de percibir ingresos tributarios, sin que los grandes poderes económicos concentrados resignen participación en la distribución del ingreso. Según los cálculos mencionados en el mismo proyecto, el Estado deja de percibir $40.000 millones de pesos, y no se menciona un mecanismo que permita compensar esta perdida. Cabe destacar que del análisis del presupuesto 2021 se desprende que el monto exacto de la exención impositiva en ganancias de los miembros del Poder Judicial nacional y de las provincias alcanza los $41.285 millones de pesos. No hay mucho más que agregar.

Por último, hay que señalar que esta decisión puede ser el puntapié inicial para empezar a discutir una reforma impositiva más integral, que le permita al país tener un sistema tributario realmente progresivo.

La política detrás de la medida

Yendo a la cuestión política, la medida cuenta con un amplio apoyo en el Congreso, por lo que se espera que se apruebe sin sobresaltos. Los interbloques de Juntos por el Cambio, Federal y la Unidad Federal para el Desarrollo ya declararon que van a acompañar la medida, aunque sugieren que el proyecto también contemple a los trabajadores autónomos.

Acompañar la medida es lo menos que puede hacer el bloque de Juntos por el Cambio luego de la estafa electoral del 2015, cuando Mauricio Macri prometió en campaña que en su gobierno “ningún trabajador iba a pagar ganancias”. Cabe recordar que en el año 2015, un 12% de los trabajadores pagaban este impuesto; mientras que cuatro años después, cuando terminó el gobierno de Cambiemos, el impuesto a las ganancias alcanzaba al 25% de los trabajadores.

La medida puede tener dos consecuencias políticas positivas para el Frente de Todos: por un lado, genera un gran impacto electoral de cara a las elecciones legislativas de octubre; por otro, estabiliza las relaciones al interior de la alianza, dando lugar a un reclamo recurrente de los sindicatos (sobre todo la CGT). Además, esto se suma al perfil que le está dando el gobierno a las negociaciones paritarias, en las que no va exigir un techo al incremento de los salarios para que puedan ubicarse por encima de la inflación, coincidiendo con el deseo de los gremios.

Este movimiento es coherente con lo que viene haciendo Massa en términos de construcción política en el Frente de Todos: buscar la articulación con fuerzas políticas territoriales y con sectores sociales y productivos que no están alineados con el oficialismo. Lo importante es que en esos espacios políticos, cada voto ganado es un voto menos para Juntos por el Cambio.

Por último, si vemos la disputa política en el campo social más amplio, una relación afianzada entre el gobierno y los sindicatos será vital en un año de elecciones, en el que además, la decisión política del gobierno es recuperar el poder adquisitivo de los salarios. El proceso social central del 2021 será la disputa por cómo se distribuye el ingreso, y las elecciones serán la prueba de fuego para ver si se puede avanzar o no.

En este sentido, contar con el acompañamiento de las centrales obreras va a ser decisivo, no solo para ganar en los comicios, sino también para mantener los acuerdos salariales y de precios mientras estos tengan vigencia, o para dar la disputa por la distribución si esos acuerdo fallan. 

 

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