La decisión de intervenir la empresa movió el avispero en el agro. Qué intereses hay detrás. 

por Nazarena Lomagno*

Sobre Vicentin ya se saben muchas cosas. En menos de una semana se masificó la información sobre la función de la empresa, los nombres de sus autoridades, la escandalosa deuda multimillonaria que posee con el Banco Nación y que le vale una causa judicial en curso, la decisión de intervenirla por parte del Estado y el término expropiación, que volvió a cobrar centralidad en la discusión política.

Tanto fue el exceso de información en los medios que se desprendió del torbellino generado por moverle el tablero al poderoso sector del agro, que algunas ideas tomaron un segundo lugar, cuando merecerían estar a la cabeza de las discusiones. Es el caso del alcance a la soberanía alimentaria, concepto que el presidente Alberto Fernández define como el paso siguiente al rescate de Vicentín.

Desde que el mandatario utilizó el término, el gobierno lo sigue reivindicando. El jueves, en diálogo con El Destape radio, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, explicó cuál era su significado: “Soberanía alimenticia es el derecho de los pueblos a garantizar la comida” . En este sentido es que Fernández, al anunciar lo propuesto para la compañía exportadora, aseguró que “todos los trabajadores de la empresa continuarán en su puesto de trabajo y  los 2.600 productores podrán seguir operando”. En diálogo con El Destape, Nahuel Levaggi, quién está al frente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y del Mercado Central, dijo: “No sola es la tierra, es la tecnología, es la semilla son los canales de comercialización, es el modelo de producción.” Para materializar la idea, que hasta ahora parece abstracta porque no ocupaba espacio en agenda gubernamental, basta ver con un ejemplo de cadena de producción en un alimento esencial, por ejemplo los fideos.

Todo comienza en la primera etapa de producción primaria, donde aproximadamente 40.000 productores cultivan el trigo. Luego, el grano pasa por un proceso de acopio, trabajo que involucra a 2430 agentes en el país. Llegada la etapa industrial, lo cosechado pasa por 183 molinos harineros. Ya con la harina en mano se distribuye en bolsas de 50kg principalmente para la elaboración de pan artesanal, tarea llevada adelante por 33 mil establecimientos a nivel nacional, pastas, realizadas por 46 industria fideeras y galletitas, fabricadas por 60 empresas. Terminado el producto, el destino llega al mercado interno o externo (Chile, Paraguay, Uruguay y EEUU), en donde el consumidor adquiere el producto final en cadenas alimenticias, comercios de barrio, hoteles, restaurantes, kioscos y otras entidades.  Al exterior se mandaron en 2018 25.234,8 toneladas.

¿Cómo podrían impactar los principios de la soberanía alimentaria en esta cadena de valor? La problemática es de larga data por la UTT, entidad que hace tiempo se pregunta qué hay detrás de lo que se come, de qué manera y dónde se produce, cuál es la calidad de vida de los productores de alimentos y cómo se mejoraría la comercialización de los productos.

Según un informe del anterior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, liderado por el ex funcionario Luis Etchevehere, el trigo candeal se cultiva en Argentina en una proporción muy inferior a la de trigo pan y su producción se da casi exclusivamente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Su cosecha se considera una especialidad y se trabaja por contratos para asegurar el abastecimiento de las plantas que realizan molienda de trigo candeal.

Por otro lado, Unión de Industriales Fideeros de la República Argentina (UIFRA) resalta que, de los 46 establecimientos nacionales elaboradores de pastas secas, son sólo cuatro los que producen a un nivel de 3000 y 15000 toneladas por mes. Así, se destacan Molinos Río de la Plata, Molinos Tres Arroyos y el Complejo Alimenticio San Salvador como las principales productoras. En cambio, muy distinta es la realidad de otras 20 industrias fideeras, que producen menos de 600 toneladas mensualmente. La concentración es un punto de inflexión para discutir soberanía alimentaria. “Lo podemos ver desde la cadena de la que yo vengo, que es la horticultura, pero también lo podemos ver a la hora de comprar un litro de aceite o un paquete de fideos. detrás de esos alimentos hay una estructura productiva y decisiones”, sostuvo Rosario Pellegrini, dirigente de la UTT, en su participación en el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, realizado por la organización. Además, agregó: “El tema es si se las dejamos al libre mercado o generamos políticas públicas que puedan intervenir para plantear otras reglas del juego que entiendan que los alimentos deben ser un bien común y no orientados al negocio puro y la especulación”

Para la institución, el pequeño puñado de empresas monopólicas y transnacionales imponen las reglas del juego no sólo a la hora de acceder a los alimentos, sino también para la formación de precios, muchas veces inaccesible a los sectores más vulnerables del país. “Nosotros entendemos la soberanía alimentaria como un concepto político y social de los pueblos, no como una acción individual de alguien que hace una huerta en su casa”, resaltó Levaggi. La disputa sobre el rol de las grandes compañías se reavivó tras el rumor de que Vicentín sea adquirida por el Grupo Louis-Dreyfus, conglomerado francés, o Cargill, corporación privada con base en Estados Unidos, ambas abocadas al rubro agrícola, pero para la UTT es un reclamo histórico.

Sobre la la cantidad de toneladas producidas, la UIFRA resalta que únicamente la producción de pastas secas se estimó en 348.343 toneladas en 2019 -últimos datos- ¿Semejante cantidad de toneladas no puede abastecer a 44.560.000 personas? “La planificación de la producción debe ser en base a la necesidad de alimentos y la cantidad de habitantes. Tiene que ser una comida sana, con una determinada cantidad de proteínas, repartido según la condensación de la población. Ha habido históricamente una ausencia de política alimentaria por parte de los gobiernos y del Estado”, reclamó el dirigente a cargo del Mercado Central.

Sobre el tema, ante una entrevista a Canal Abierto Pellegrini destacó: “Si a principios de año decíamos que había hambre, ahora se ven las colas de gente con el tupper en la mano para buscar comida” -no sorprende con más de un tercio de la población en la pobreza, aunque sí angustia-. Una posible solución para hacer de la asistencia alimentaria de las organizaciones populares una política pública es “la estatización de este tipo de empresas”, pero también se tiene que dar “accediendo a la tierra”, es decir, que los campesinos que producen las frutas, las verduras o los fideos puedan ser dueños de las tierras que trabajan, para mejorar el esquema agroecológico. En ese sentido, Levaggi concluyó: “El modelo puede ser el modelo dependiente o soberano. Hoy es dependiente, estamos presos de un modelo. Comer es muy caro en la Argentina porque lo hacemos a precio dólar cuando vivimos en pesos. Al estar dolarizada la renta de la tierra, producimos en base a un modelo agroexportador con un paquete tecnológico, agroquímicos y semillas de grandes multinacionales”.