Por Ernesto Mattos

Las crisis económicas son expulsoras de fuerza de trabajo en cada rincón del globo. En Estados Unidos se decidió la construcción de un muro en la frontera con México para frenar a los millones de migrantes, aunque esa iniciativa no resolvió ninguna cuestión vinculada con las crisis de Internet y las hipotecas subprime. Cruzando el Atlántico, los fracasos de los objetivos de la estrategia de Lisboa (2000), que suponía una Unión Europea competitiva y desarrollada para 2010, se expresaron en la especulación financiera y la liberalización económica que terminó con diversas crisis en Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y España, amenazando con romper el respaldo del euro. Como respuesta a ello se propusieron ajustes estructurales y reducción del gasto social propuestos por el FMI. Arturo Jauretche nos diría: “Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador, escrito por el almacenero”. Acompañando las crisis económicas en los países europeos, se aprobó en el Parlamento regional en 2008 la directiva “Retorno”, como una solución conservadora a una crisis económica, la cual refiere al endurecimiento en el trato a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular dentro del territorio del macro–Estado europeo.

Esas políticas restrictivas a la movilidad humana son contra el migrante, sujeto que termina sin derechos y expulsado. Pero, en la mayoría de los casos, termina siendo fuerza de trabajo y contribuye al no envejecimiento de la sociedad europea. Este panorama internacional nos deja planteados tres ejes: la xenofobia, la persecución y la criminalización de la migración.

Las recientes manifestaciones xenofóbicas realizadas por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, sobre la “inmigración descontrolada”, van a contrapelo de las normas vigentes en la Argentina, como la Ley de Migraciones Nº 25.871, sancionada en el año 2003 y reglamentada en 2010, que conceptualiza a la migración como un derecho humano y establece que “el Estado, en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

La normativa citada ha sido considerada como un ejemplo a nivel mundial y pionera en la región. El Estado argentino tuvo como objetivo (2003-2010): la transformación social mediante la aplicación de las políticas económicas necesarias para revitalizar una redistribución del ingreso; se implementó la Asignación Universal por Hijo, diversos subsidios para los sectores productivos generadores de empleo, subsidios que complementan los salarios de diversas familias que están aun en el sector informal; ampliación de la población en edad de jubilarse y la Ley de Microcrédito. Estas políticas económico-sociales se complementaron con la “regularización” de los migrantes que fueron llegando desde los países hermanos; regulación bajo el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria “Patria Grande”: 423.697 fue la cantidad de personas inscriptas, se otorgaron 98.539 radicaciones permanentes, se dieron 126.385 radicaciones temporarias; y 187.759 de los inscriptos no completaron la documentación.

La mayoría de los radicados provienen del Paraguay (248.144), Bolivia (104.984) y Perú (47.455), según los datos de la Dirección Nacional de Migraciones. El 65 por ciento de estas personas tiene entre 18 y 40 años, o sea, son la fuerza de trabajo de la construcción, obreros textiles, servicio doméstico, niñeras, vendedores ambulantes. Pero no sólo el crecimiento económico y las políticas adoptadas por el Estado argentino han atraído a los hermanos latinoamericanos sino, también, a personas de los países centrales (Estados Unidos y Europa), que tras sus diversas crisis económicas (2001-2010) han expulsado fuerza de trabajo. Un dato importante es que los permisos de ingresos al país de forma temporaria para trabajar en diversas actividades nos arrojan lo siguiente: 5281 personas de Estados Unidos, 1275 personas de España y 1213 personas de Francia.

Mientras el mundo se sumerge en diversas crisis económicas, expulsa su fuerza de trabajo de sus países, la Argentina regulariza y asiste socialmente a las diversas personas que quieran habitar el suelo argentino para trabajar, no discriminando ni estigmatizando a las comunidades que en definitiva aportan cultural y productivamente al país. Para ir terminando, se nos caen estas palabras de don Arturo Jauretche: “Lo nacional no es lo xenófobo, lo nacional es lo universal visto por nosotros”. La Gran Nación Latinoamericana, el Abya Yala, abierta al mundo en un contexto de cierre de fronteras.

Ernesto Mattos, economista, Investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.