Un avance hacia la defensa y desarrollo de la industria nacional

14/06/2012

Por Juan Carlos Junio

La actual etapa de la crisis económica mundial, con epicentro en los países centrales del sistema capitalista, está particularmente marcada por la aguda recesión europea y tiene por consecuencias la existencia de una típica sobreoferta de productos industriales que no pueden ser colocados en sus propios países ni en sus mercados habituales. Así es que la normal competencia entre los mercados capitalistas cobra un alto grado de agresividad en su búsqueda por la sobrevivencia y el sostenimiento de la tasa de ganancia. En ese contexto, la protección de nuestra industria nacional y del trabajo de nuestro pueblo resulta una necesidad vital y debe ser acompañada por políticas de Estado.

El sector de bienes de capital es fundamental para garantizar el desarrollo económico y social del país. Este núcleo productivo está conformado principalmente por pequeñas y medianas empresas y es el que provee de maquinarias a los demás sectores industriales, incorporando tecnología nacional en los procesos de producción. Su crecimiento significa garantizar sustentabilidad y perdurabilidad al modelo económico al reducir el componente importado en las inversiones.

En marzo de 2001, se produjo la vuelta de Domingo Cavallo como ministro de Economía en un vano intento por salvar la convertibilidad. Entre las medidas tomadas se implementaron los “planes de competitividad” (Decreto 730/01) por los cuales se eliminaban los aranceles a los bienes de capital, desprotegiendo la industria nacional y rompiendo de hecho el acuerdo por el Arancel Externo Común del Mercosur. Los productores argentinos de bienes de capital supuestamente se verían compensados por el otorgamiento de un bono fiscal mediante el decreto 397/01.

Los efectos reales de esa medida cavallista fueron una más severa competencia de los productos importados. En la nueva etapa que se desarrolla a partir de 2003, signada por un gran crecimiento en la actividad industrial, se genera un fenómeno especial: resulta imprescindible la importación de bienes de capital para facilitar la recuperación de un parque industrial mutilado y, a la vez, se genera un incremento de la salida de divisas, la cual es sustentada por fuertes ingresos de dólares provenientes de las exportaciones. Entre 2005 y 2011, el valor de los bienes de capital importados se duplicó, pasando de 7000 millones a más de 14.000 millones de dólares. Esos bienes representaron el 20 por ciento del total de las importaciones del año pasado.

El restablecimiento del arancel de 14 por ciento a los bienes de capital que se importan fuera del Mercosur va en el camino correcto, ya que permitirá sustituir parte de las importaciones en un contexto en el que la pelea por cuidar las reservas internacionales se vuelve fundamental para afirmar el modelo económico vigente de crecimiento.

El anuncio presidencial otorgándole continuidad al bono fiscal implica un avance muy trascendente, ya que permite el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas mejorando el precio de sus mercaderías frente a los productos importados. Es muy justa y necesaria, también, la exigencia de requisitos de cumplimiento obligatorio para obtener y conservar el beneficio, principalmente mantener la plantilla laboral del mes de diciembre pasado, mes que pertenece a un trimestre estacionalmente alto de ocupación. Se ratifica de este modo la política de defensa del empleo otorgándole a esta medida un carácter eminentemente social, compartiendo responsabilidades entre los empresarios y el Estado.

En suma, el anuncio realizado por la Presidenta no deja dudas acerca del carácter industrialista de esta decisión política y, muy particularmente, por el marco internacional donde el proteccionismo formalmente sigue siendo una herejía. Las organizaciones internacionales conformadas durante el auge neoliberal, como la Organización Mundial del Comercio, siguen imponiendo su perspectiva librecambista y castigando a los países que se apartan de las reglas impuestas por ellos. Es de esperar que en el contexto de la actual crisis mundial se renueven esas instituciones anacrónicas, cuya principal función parece ser impedir que los países más necesitados tomen las medidas necesarias para defender sus industrias.

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