El desarrollo económico y social del país requiere el aporte de profesionales comprometidos con el mismo. En esa tarea, las universidades, especialmente las públicas, tienen una responsabilidad mayúscula. Sin embargo, salvo honrosas excepciones, la mayor parte de las facultades de economía están lejos de hacerlo. Bajo una errónea idea de universalidad del conocimiento científico, la mayor parte de ellas fomentan la copia de los programas de las universidades del exterior. De ésta manera, los profesionales que forman desconocen cuestiones mínimas indispensables del desenvolvimiento de la economía nacional.
Las retenciones, la inflación cambiaria, la brecha externa, los problemas de la industrialización, la formación de los precios agrícolas, la extranjerización empresarial, o la explotación de los recursos naturales, por mencionar algunos elementos básicos para la comprensión de la economía argentina, no son enseñados en la mayor parte de las universidades del país. A tal punto ha llegado el divorcio entre la formación profesional y la realidad nacional, que muchos estudiantes optaron por conocer la economía de su país por fuera de la currícula oficial, en seminarios, cátedras libres o charlas debates que desafían el colonialismo pedagógico que prima en los programas de estudio.
La importación acrítica de contenidos era funcional al modelo de país que regía bajo el menemismo, cuya principal salida para los egresados era el aeropuerto de Ezeiza. De esa manera se estructuraba una fuga de cerebros que constituía un subsidio implícito de nuestro país a las grandes potencias que lo dominaban. Y no era extraño reencontrar luego a aquellos profesionales formados en la universidad pública, en puestos jerárquicos de organismos internacionales o empresas multinacionales representando intereses contrapuestos a los de quienes le financiaron su educación.
Es por eso que los cambios producidos en el país en los últimos años exigen un cambio en los planes de estudio de las universidades, que no puede ser obstaculizado por burocracias gestadas en el pasado que utilizan la autonomía universitaria, no para fomentar un pensamiento crítico, sino para mantener sus cargos – y los ingresos derivados de ellos-. Desde que la política económica argentina no está más en manos del FMI, necesitamos el aporte de las facultades de economía del país para su diseño. Por favor, no nos priven de esa contribución. 40 millones de argentinos la necesitamos.

Andrés Asiain
Investigador del CCC y Profesor de la FCE-UBA