Por Nicolas Zeolla

Con la ratificación del “stay” por la cámara de Nueva York y el pago a los fondos buitres la semana pasada, la Argentina puso fin a una situación judicial (y no de capacidad financiera) que le impedía desde hacía un año y medio pagar al 93% los acreedores legítimos que tenían títulos con sede de pago en el exterior y, sobre todo, emitir nueva deuda. Para ello se pago un costo muy alto: se emitió nuevo endeudamiento por u$s 12.500 millones a una tasa anual promedio del 7,5%, de los cuales ningún dólar va a entrar al país.

La arbitrariedad del juez, el rol del sistema financiero internacional frente a los buitres, la dinámica de los actores internos y externos durante la negociación y las mega-ganancias que se embolsó Paul Singer quedaran en otro capítulo de la discusión. Ahora estamos frente un nuevo contexto, donde la cuestión básica es saber cómo se sigue.

Desde la óptima del gobierno, al igual que como sostiene la teoría económica convencional, la participación en los mercados financieros va a generar una mayor disponibilidad de recursos que va a abaratar el financiamiento de la inversión, dinamizando la actividad económica y el crecimiento.

Sin embargo, nadie va a invertir por más barato que resulte el financiamiento. Si la economía no crece, cual es el sentido de aumentar la capacidad productiva si no tengo a quien venderle mi mayor producción.

Por ello, la cuestión central es otra y hace al funcionamiento de la economía argentina en este nuevo contexto. La economía necesita dólares, muchos y rápido, y el gobierno lo sabe.

La escasez de dólares para financiar el crecimiento o la restricción externa es un fantasma que recorre la economía argentina desde hace varios años. Sin embargo, lo que no pasaba antes y si pasa ahora es la cuestión del volumen y la rapidez en los que estos fondos son necesarios.

La urgencia ya venía recorriendo la coyuntura económica y se presento con mucha fuerza cuando se discutió la deroga ración de las leyes “cerrojo” y de “pago soberano”, era buitres o el abismo. Algunos cálculos indicaban la necesidad de contar con hasta u$s 40.000 millones de dólares adicionales a los que aportaría la cosecha de este año para cerrar el rojo fiscal, pagar deuda pública, deuda con importadores y remisión de utilidades pendientes.

El hecho de poder contar con financiamiento externo es un pilar fundamental en el que el gobierno basa la legitimidad de su plan económico: garantizar el circuito de dolarización del excedente. Por ello, la disponibilidad de dólares es hoy un instrumento de ordenamiento político ya que elimina cualquier riesgo de que se implementen medidas de control de capitales que afecte la fuga de capitales.

En este sentido, tener capacidad para acceder a los mercados financieros es un instrumento muy valioso, con el que no se contó en el pasado.

Sin embargo, a la luz de la historia argentina donde el financiamiento externo se aplico a cubrir gastos corrientes, el déficit comercial o la fuga de capitales, puede ser una salida delicada. La clave de la sostenibilidad del endeudamiento externo es que el destino estos fondos como inversión rindan, en divisas, una tasa mayor que lo que costará pagarlos.

Durante el anuncio del gobierno se comprometió a que era la última emisión de deuda del año. Veremos si cumple. Aún así, existe la posibilidad de que el ingreso de divisas provenga del sector privado, ya sea tomando préstamos en el exterior o manteniendo tasas en el mercado local que incentive el ingreso de capitales para la valorización financiera en el mercado local, favorecida por una política gubernamental de mayor integración financiera. El resultado en términos de mayor oferta de divisas seguiría siendo el mismo. Aunque, daría lugar a otros problemas como es el riesgo de incrementar la fragilidad financiera ante cualquier cambio en el contexto internacional que revierta el flujo de entrada de fondos. Por ello, en el fondo, la cuestión sigue siendo la misma. El flujo de dólares el que las empresas realizarían el repago de sus compromisos debe provenir de recursos legítimos sustentados sobre aumentos en la base exportadora de la estructura productiva nacional.