La puja por el oro negro: modelo intermedio

15/03/2011

Por Diego Mansilla y Guido Perrone *

Como ocurrió en muchas otras áreas, durante la década del ’90 nuestro país sufrió un agudo proceso de desregulación, privatización y extranjerización de los recursos naturales que trastrocó profundamente la organización y el lugar de los hidrocarburos en la estructura económica argentina. El modelo instaurado en 2003 presenta, en la dinámica del mercado hidrocarburífero, signos tanto de continuación como de ruptura con la etapa previa.

Si se toma como referencia la historia energética argentina, es posible identificar tres grandes etapas. Primero, el Estado Planificador, desde antes del descubrimiento del petróleo en suelo nacional hasta 1989, donde el estado controlaba el sector mediante regulaciones y el accionar de las empresas públicas. Precios, volúmenes e inversiones se definían pensando en los recursos a largo plazo y se consideraba a la energía como un insumo estratégico para la industria nacional y un derecho de la población.

Desde 1989 se cambia radicalmente el sector y el papel de los hidrocarburos. El Estado se alejó de la economía, dejando en libertad a las empresas privadas (fundamentalmente extranjeras) para que organizaran los mercados en forma oligopólica. Los precios anteriormente estipulados políticamente y de acuerdo con los costos se alinearon con los valores internacionales, se malvendieron las empresas públicas y se desarticularon los organismos de control estatal. Esta “larga década neoliberal” se extendió hasta la caída de De la Rúa en 2001.

A partir del colapso del régimen de Convertibilidad, y fundamentalmente desde el año 2003, nuestro país vivió una recuperación económica sin precedentes. En el sector hidrocarburífero, sin embargo, no se ha registrado una reversión de su deterioro. Tanto las reservas como la extracción de gas y petróleo han caído y los niveles de inversión continúan por debajo de los niveles de la estatal YPF. No obstante, se distinguen algunas transformaciones relevantes en el upstream:

Retenciones: A diferencia de lo que sucede con otros gravámenes a las exportaciones, la consecuencia más importante de las retenciones a la exportación de petróleo y gas no provino de su aporte como recursos fiscales, sino de la posibilidad de mantener el precio interno por debajo del internacional. Actualmente, los exportadores obtienen 42 dólares por barril, quedando la diferencia para el Estado y manteniendo bajos los precios internos. Esto generó que en lugar de exportar crudo, se aumentara la venta externa de combustibles, que tiene menor arancel. Sin embargo, como no se acompañó este crecimiento con inversiones en la refinación, esto condujo a un nivel de utilización de la capacidad instalada que supera los máximos tolerables en materia de seguridad.

Provincialización: Las bases legales del mercado hidrocarburífero actual fueron creadas durante la década del ’90. La principal modificación regulatoria a partir del 2003 fue la “provincialización” de las reservas desde 2006, es decir, el traspaso del control de las concesiones de hidrocarburos a los gobiernos provinciales.

En un mercado petrolero internacional fuertemente concentrado, en el que los hidrocarburos incrementan su peso geopolítico y los países con reservas se preocupan por garantizar su soberanía petrolera, Argentina dividió la suya cediendo el poder de decisión sobre su riqueza natural a las “provincias petroleras”. A partir de esta ley, se profundizó el modelo de desregulación implementado en los ’90, y muchas provincias entregaron nuevas concesiones y prórrogas a pesar de los incumplimientos de las petroleras y, en el caso de Neuquén, la letra de la propia Constitución provincial.

Enarsa: Desde la privatización de YPF, Argentina era el único país de la región sin empresa petrolera estatal. La creación de Enarsa en 2004 se presentó como el regreso de la participación estatal en el sector hidrocarburífero. No obstante, nunca tuvo un papel relevante en el sector, sino que operó simplemente como una oficina de negocios, encargada de realizar las licitaciones del área energética. Con las áreas más promisorias del Mar Argentino, la empresa firmó permisos de exploración con empresas como Repsol, Petrobras o Enap Sipetrol, siempre con una participación minoritaria. Estas licencias significaron la entrega de esas zonas a manos de empresas extranjeras y sin licitación alguna.

Merece una mención aparte su participación en Venezuela. Además de encargarse de la importación de gasoil en época invernal, cuenta con varios proyectos en común con Pdvsa, entre los que se destaca el Bloque 6 “Ayacucho” de la Faja Petrolífera de Orinoco, cuyas reservas exceden el total de las reservas argentinas.

En conclusión, podemos caracterizar al accionar del Estado desde el 2003 como “intermedio” entre las dos experiencias históricas mencionadas. Si bien se reivindicó la participación del Estado en la regulación y se aplicaron medidas en ese sentido, no fue consolidado con una nueva organización sectorial. A diferencia de lo que puede observarse en otros sectores energéticos (como la electricidad o el transporte y distribución de gas natural), en el upstream petrolero y gasífero es donde se observan los mayores puntos de continuidad con la etapa previa. No obstante, aún en el mercado petrolero, la participación estatal fue relevante, especialmente mediante la aplicación de retenciones que permitieron separar los precios locales de los internacionales, atenuando el impacto sobre la inflación interna.

* Economistas, investigadores del departamento de Economía Política y Sistema Mundial del CCC. Autores de "ENERGIA EN ARGENTINA - Evolución Reciente, Actualidad y Perspectivas" en el marco del CEMOP.

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